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Luis Guillermo Pardo, columnista online Medellín -Tomado de elcolombiano.com/
Publicado el 13 de octubre de 2008
“Art. 213. Estado de conmoción interior. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana…, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior…., por término no mayor de 90 días prorrogable hasta por dos períodos iguales…”.(Constitución política de Colombia, Termimpresos-Medellín, 2006, página 144).
Definitivamente no le quedó bien al presidente Uribe la reciente declaratoria de conmoción interior (o estado de excepción) por una simple huelga de los funcionarios del poder judicial, en ejercicio del poder democrático de organizarse y protestar para solicitar el cumplimiento de los derechos adquiridos en función de su oficio, derechos reconocidos en su momento por el gobierno nacional no cumplidos hasta el momento, en lo pertinente a la nivelación salarial en la base de la pirámide de la Rama Judicial. En verdad que desde el fatídico y autoritario estatuto de seguridad del gobierno Turbay en 1986-90, Colombia no apelaba a dicha medida extrema y que para nada afecta el orden público nacional.
Bastante paradójico resulta que lo que no ha logrado la guerrilla o el narcotráfico o el paramilitarismo o la pobreza, lo haya logrado el actual paro de jueces, fiscales y empleados logísticos, que fue tildado en su momento por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura como un paro fantasma y minoritario, recurriendo a la manida actitud autoritaria de minimizar y macartizar la protesta social o las expresiones huelguísticas de los trabajadores, pero que en la concreta ha mostrado su unidad y su fortaleza. Qué tristeza da observar al Ministro del Interior y de Justicia aceptando una solución de fuerza, cuando gran parte de su discurso se fundamentaba en la valoración del diálogo y la salida concertada a los grandes problemas nacionales, incluida la guerra interna.
Se quiere reducir el problema del paro judicial a un asunto económico y esta es la sensación que existe en el ambiente, avalado incluso por el mismo sindicato, lo cual no deja de ser un error, ya que el paro se gestó en plena crisis de poderes, cuando desde Palacio de Nariño -¿a espaldas del Presidente?- se urdieron planes contra la Corte de Justicia por el asunto de la parapolítica y sus investigaciones y la huelga debería opinar sobre el asunto, ya que en la esencia de la democracia no está solamente la defensa de los derechos laborales sino la primacía de la defensa de la estructura del régimen democrático, que se fundamenta en la división de poderes y todo ataque desde cualquiera de los 3 poderes al otro, obedece a un discurso profundamente antidemocrático y autoritario; y ni el autoritarismo ni el populismo son las mejores salidas democráticas a las crisis institucionales tal como lo está demostrando la crisis Boliviana, bajo la tutela de la UNASUR.
Según nos enseña la historia, el autoritarismo “se hace acompañar” de la corrupción y en este sentido es bastante notorio que en Colombia la guerra interna ha acrecentado los niveles de corrupción de las instituciones comprometidas con la “lucha contra la delincuencia”, tal como está aconteciendo con miembros de la fuerza pública en ciudades como Cali y Medellín, la costa caribe y la pacífica. Y son estos altos niveles de corrupción los que deberían haber propiciado la declaratoria de la conmoción interior, ya que sin la DEPURACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA, será imposible dar solución de fondo a la crisis de transparencia que hoy vive nuestro país, incluyendo a las Cámaras de Comercio, según hemos conocido sólo de la de Bogotá, por ahora, ¡eso sí!
Lo que está pasando en Colombia con la fuerza pública -incluyendo la Fiscalía y el DAS, es una vergüenza y el presidente Uribe debe enfrentar sin rodeos o concesiones, la actitud y la actividad corrupta, que además es su mayor obstáculo para alcanzar la victoria definitiva de su estrategia de seguridad democrática. Sin la transparencia en las fuerzas institucionales será imposible, por ejemplo, ganarle la guerra al narcotráfico y menos aún a la guerrilla, siendo la corrupción un tema estructural y no coyuntural como creen ingenuos ciudadanos.
Según el último informe de Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción en Colombia es de 3.8 sobre 10, lo cual es altamente frustrante y decepcionante y que compromete altamente no sólo al sector público sino al sector privado que fue, extrañamente, quien le pidió (¿ordenó?) al presidente en su congreso de ANIF, decretar la conmoción interior por lo del paro judicial, cuando el verdadero cáncer está es en la corrupción, sin cuyo combate -a fondo- será imposible ganar la guerra o por lo menos controlar definitivamente al narco. A Venezuela, por supuesto, no le va mejor, ya que tiene un vergonzoso 1.9 en la escala de 1 a 10.
Rajados entonces en corrupción, sólo nos queda esperar que el presidente Uribe, tan enérgico con los huelguistas cañeros o judiciales, se dé la pela global y decida la declaratoria de la conmoción interior para combatir la corrupción en los organismos de seguridad del Estado y concrete la depuración definitiva de la fuerza pública ya que, de lo contrario, no ganará la guerra y Medellín jamás podrá salir del círculo vicioso del conflicto urbano, dada la alta infiltración de los organismos de seguridad, sobre quienes aún no se ven acciones concretas de depuración, ya que con la detención del ex director de fiscalías o la renuncia del ex comandante de policía nada está resuelto, ¿o sí? > Volver a Inicio > Titulares >
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