Como un pugilato
político es considerado por entendidos la disputa que libran la Corporación Autónoma
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Área Metropolitana de
Bucaramanga (AMB), en razón a quién se queda con la sobretasa ambiental del
área metropolitana, desde la suspensión de la Directora Elvia Hercilia Páez y
el nombramiento del nuevo director, y los movimientos de la Directora del Área
Metropolitana, Consuelo Ordóñez de Rincón.
Algunos dicen
que existen intereses políticos y económicos por la torta presupuestal; una puja
que busca el quiebre del cuello al cisne. El Presidente de la República, Juan
Manuel Santos, para cerrar las venas rotas de los dineros públicos; dictó un
decreto el año pasado –que se cayó- haciendo fuertes señalamientos al trabajo
técnico de las Corporaciones Autónomas Regionales.
El documento
hacía referencia, qué es lo que tiene que hacer la autoridad ambiental. En ese
decreto firmado por el Consejo de Ministros, se hacían fuertes señalamientos al
manejo de la cuenca hidrográfica de los municipios de Matanza, Vetas,
California y Suratá.
Pero como en río
revuelto la ganancia es de pescadores, en el Congreso se estudiaba un proyecto
para quitarle autoridad ambiental y entregarlo a las Áreas Metropolitanas, allí,
nuestros padres de la patria cavilaban como hacerse a la gallinita de los
huevos de oro. Pero afortunadamente, este proyecto de ley también se cayó.
Una historia empezaba:
la gran disputa. Ganada en el primer round por el movimiento Político PIN,
liderado por el Gobernador Richard
Aguilar Villa, bajo la sombra de su padre el Coronel® Hugo Eliodoro
Aguilar Naranjo y colocando como director de la CDMB al Abogado Ludwing Arley
Anaya. Demandado después de su posesión porque no cumplía con los requisitos
para ocupar tan importante cargo.
Al mes de su
elección de Arley Anaya, la ex directora Elvia Hercilia, olvida las
contradicciones con la directora del Área Metropolitana, Consuelo Ordoñez y empieza
a urdir lo de la Autoridad Ambiental Metropolitana, con estructura, funciones y
asignaciones salariales para su funcionamiento y se dicta el 31 agosto 2012 el Acuerdo
Metropolitano No. 016, para acoger a los funcionarios que fueron despedidos en
la CDMB (con el guiño de los senadores que apoyaron la elección del Alcalde de
Bucaramanga)
Ante esta
situación, ¿quién se queda con el manejo de los 16 mil millones de recaudo que
hace en los Municipios del área metropolitana de Bucaramanga, la sobretasa
ambiental que se paga con el impuesto predial? Y comienza una interpretación
jurídica y la capacidad de quien tiene el poder para administrar el dinero.
Las voces desde
los organismos de control político (Asamblea y Concejo) se hicieron escuchar e
igualmente los organismo de control fiscal Municipal y Departamental
(Contralorías) con un Control de Advertencia a los funcionarios públicos
encargados de recaudar los dineros de la sobretasa ambiental y aprobar los
presupuestos año 2013.
El tema
ambiental y el manejo de los 33 mil millones, con radio en 13 municipios de la
Provincia de Soto, despertó a los Mac Pato, mucho dinero. ¿Qué dice la ley y el
Decreto1339 del 27 de junio de 1994, que reglamenta la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables?
De acuerdo a las
transferencias de los recaudos que envían los tesoreros de los municipios y
distritos a las Corporaciones Regionales por concepto de dicho porcentajes
ambientales y en los términos de que trata el numeral 1º. del Art. 46, deberán
ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe
el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada
año subsiguiente al periodo de recaudación.
Las Corporaciones
Autónomas Regionales destinaran los recursos de que trata el presente
artículo a la ejecución de programas y
proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios
del área de su jurisdicción. Para le ejecución de las inversiones que afecten
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental
que la ley establece, sin dejar de lado el objetivo de la tasa que es el de
reducir los vertimientos contaminantes a los ríos, además la generación de
recursos para financiar la gestión e inversión ambiental.
Ante esta
pugilato por los dineros (del impuesto), en nuestro estado social de derecho, recuerdo
el escolio del escritor y filósofo, Nicolás Gómez Dávila que escribió: “cada
vez que me levanto y contemplo por la ventana de mi casa el panorama de la
corrupción en Colombia, termino añorando los tiempos pasados, cuando la
corrupción era más poquita”.
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