La difusión del informe de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHPDC), que hace una evaluación sobre las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos en la región, desencadenó una lectura sesgada de los sectores de izquierda sobre los alcances y éxitos del Plan Colombia, sin duda la más importante iniciativa de seguridad que se ha ejecutado en el país. Promovida y ejecutada por el gobierno de Andrés Pastrana, tuvo continuidad durante las dos administraciones de Álvaro Uribe y arrojó importantes resultados en el combate contra las organizaciones insurgentes y en la reducción sistemática de los cultivos de coca en Colombia. Estimuló la modernización de la doctrina, equipamiento y estrategias de las Fuerzas Militares, que se tradujo en la drástica reducción de las acciones subversivas, y permitió la significativa disminución de los cultivos ilícitos, fuente principal del financiamiento de las organizaciones terroristas. Por ello, la aseveración de que el Plan Colombia tuvo éxito en el combate de la insurgencia y fracasó en la lucha antinarcóticos solo encuentra fundamento en su abandono paulatino en los años de las dos administraciones de Juan Manuel Santos, que paralizó las acciones militares y promovió incentivos perversos para el crecimiento exponencial de las áreas sembradas de coca que hoy suman más de 212.000 hectáreas e irrigan de sangre y muerte las regiones que las padecen. Después de años de concesiones a las FARC-EP para que se aviniera a un acuerdo de paz que les concedió amnistía, lavado de sus cuantiosos activos, regaladas curules en el Congreso, justicia propia con impunidad garantizada, resulta por lo menos ridículo culpar al Plan Colombia de todas las franquicias que hoy nos inundan de coca, impiden la erradicación forzosa y potencian la criminalidad en vastas zonas del país, sometidas al imperio de organizaciones criminales fortalecidas por el narcotráfico y protegidas por el sátrapa Maduro.
El informe de la WHPDC debería favorecer un nuevo análisis de la administración Biden que conduzca al robustecimiento de las acciones del gobierno colombiano en la erradicación masiva de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la seguridad y control de los territorios afectados, que son funcionales a las exigencias de la seguridad hemisférica. Lo que se consiga en Colombia en el combate contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico se extiende a Méjico y Centroamérica y debilita y entorpece las acciones de protección del gobierno de Caracas a las organizaciones criminales y las posturas de las colectividades de la izquierda continental adversas a toda colaboración estadunidense en la región.
El gobierno colombiano, a pesar de los obstáculos legales, financieros y políticos que confronta, ha ejecutado acciones importantes dirigidas a superarlos que deben ser valoradas en su justa dimensión, si lo que se quiere es contribuir a su ejecución y su éxito. Cumplir las metas de erradicación, desarticular la red de valor del narcotráfico y desarrollar una estrategia integral de seguridad, desarrollo, prevención y cooperación internacional, son las finalidades de las políticas del gobierno del presidente Duque. Merecen la atención internacional.
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