La Policía es una institución
fundamental para la seguridad y convivencia en el Estado Social de Derecho. La
Constitución así lo contempla al considerar que “su fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz.” Su existencia es imprescindible y su accionar exige el estricto apego y
respeto a los derechos fundamentales y de los valores que sustentan el régimen democrático.
El martes pasado. el
presidente de la República y su ministro de Defensa dieron a conocer la
identidad del nuevo director de la institución y del equipo de mando que lo
acompañará, decisión esperada que pone fin a una situación indeseada que
requería pronta y atinada superación. Acertó el gobierno con la designación del
Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia en la dirección de la Policía
Nacional, porque se trata del alto mando con mayor experiencia y reconocimiento
en el ejercicio profesional, a lo largo de sus tareas y servicios a la
institución y al país.
Ciertamente, le espera al
general Vargas una ardua labor, sembrada de obstáculos, de imprevistos y de
incomprensiones, que tienen mucho que ver con la errática creencia de que al
cuerpo policial le corresponde asumir tareas que no hacen parte de su misión y
que las diversas autoridades se rehúsan a cumplir. Esas atribuciones de apagar
incendios desconocen la naturaleza de la Policía y violentan la vocación que
anima a cada uno de sus efectivos y que constituye la mejor garantía para su
buen desempeño.
El combate a toda forma de delincuencia
exige esfuerzos sin pausa en planeación estratégica, formación permanente,
reclutamiento selectivo y progresivo, administración de personal, actualizaciones
de doctrinas y protocolos, progresos en los controles disciplinarios y penales
transparentes y un régimen sancionatorio con carácter correctivo, acciones que
a lo largo de los últimos 25 años se han fortalecido, pero que por su
naturaleza requieren atención permanente y la disposición de los gobiernos para
su necesaria financiación y ejecución.
En Colombia se ha logrado, en
medio de escenarios y situaciones complejas, construir un cuerpo policial
profesional de elevados quilates y reconocimiento internacional, que debemos
celosamente cuidar para potenciarlo en su carácter garantista de derechos y
libertades y en aprecio y confianza de la ciudadanía. No será fácil blindarlo
contra la violencia y corrupción con las que las organizaciones criminales
quieren someterlo, ni será despreciable la intención política de algunos de
infiltrarlo o demeritarlo, y menos aún la agresión planificada y sistemática
que se observa en el mundo en contra de las organizaciones policiales, pero
estamos en el camino correcto que se mantendrá en la medida en que la Policía
fortalezca su profesionalismo y mantenga el apoyo y la solidaridad de la
ciudadanía.
En medio de la violencia que
se acrecienta en varias regiones del país como consecuencia de las gabelas
concedidas al cultivo de la coca y a la cadena del narcotráfico durante la
negociación de la Habana, nuestra Policía es la única institución presente en
todo el territorio y la mejor herramienta para incentivar y asegurar la
presencia del Estado en toda la geografía colombiana.
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