No sorprende el reajuste ministerial que llevó a cabo el presidente Petro. Todos estábamos advertidos, desde la campaña electoral, de que el radicalismo ideológico del mandatario tarde o temprano lo empujaría a la conformación de un gabinete exclusivo, con la sola representación del más conspicuo sector de la coalición de izquierda. Las reformas a la salud, pensional y laboral aterrizaron su trasnochada visión del papel del Estado, de la estructura de la sociedad, de la organización de la economía y del aparato productivo, pero no debilitaron la cortesana actitud de los partidos adictos a los beneficios burocráticos y contractuales, que solo se han estimado tolerables mientras permitan el asentamiento de los nuevos dueños del poder.
Lo que no anticiparon los bisoños gobernantes fueron sus propias falencias, improvisaciones y desgreño en el manejo de lo público que se tradujo en un veloz deterioro de la favorabilidad popular, como lo demuestran las encuestas de opinión, que agrieta la confianza ciudadana y forzó la conversión del nuevo gabinete en trinchera defensiva contra sus propios errores. Se abre así la puerta para un populismo rampante que ya se había inaugurado con el espectáculo del balcón en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño y que se escenificará nuevamente el 1 de mayo, a manera de amenaza para el disenso, para estimular nuevamente el retorno al canje de votos por prebendas, apetecido por no pocos de los huérfanos de poder.
El cambio implica sacrificios dirán los nuevos gobernantes, y aceptarlos engrandece a los heraldos de nuevos tiempos, aunque ellos se asemejen más a experiencias ya vividas y sufridas, cuyo recuerdo se desvanece en la pobre memoria colectiva de los pueblos condenados a su repetición. El gobierno de “emergencia” que se instala, no escatimará esfuerzos por atraer a sus redes a cuanto congresista de los partidos pueda seducir, sustrayéndolos de la tutela de sus jefes confinados al retiro obligado, como ya se observa en el partido liberal con la carta protesta de 18 representantes dirigida al expresidente Gaviria y elaborada en el Palacio de Nariño.
Pero la consolidación del nuevo poder no se satisface únicamente con la jubilación anticipada de jefaturas partidistas. Procura también la cooptación de las instituciones y del control del poder armado del Estado. Para ello se crean nuevas Cortes, se dispone de nuevas vacantes en la Rama Judicial, entre ellas la Fiscalía, y precisa el control absoluto de las organizaciones encargadas de la seguridad y defensa. La paz total aseguraría una guardia pretoriana para la necesaria transición al nuevo régimen y un nuevo diseño de la institucionalidad que calificarán como más incluyente.
Es la fórmula que el Pacto Histórico quiere incorporar al Sistema Interamericano modificando su Carta Constitutiva, la Carta Democrática y todos los instrumentos de los Derechos Humanos, de tal forma que puedan albergar al régimen cubano, garantizar el regreso de Nicaragua y la representación del régimen autocrático del sátrapa de Maduro. Implicaría borrar la democracia como elemento fundamental de la existencia de la OEA y los derechos humanos como valores y principios intrínsecos al régimen democrático. Con la amenaza de “estallidos sociales”, Petro cierra la puerta a la convergencia y el entendimiento. Inútiles serán las dilaciones. No entenderlo, sería transitar por vía sin retorno.
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