Los 12.657 procesos que se
indican por la autoridad competente creada recientemente para la protección del
Estado, y que acepta promedio de estimación de 1.700'000.000 de pesos por cada
proceso, causa estupor, como también lo causó aquello que en el pasado
constituyó la ingente desaparición de dineros que se desviaron de una entidad
que en los últimos años no ha manejado ese
tipo de recursos.
El error judicial tiene una
orientación que no se alcanza a definir.
Se determina la razón lógica
de la condena a inocentes que deben acudir a demandar, no porque el daño deba
resarcirse, sino porque en cada persona hay un mínimo de ética que le da valor
para reaccionar ante el Estado cuando lo atropella.
Sin embargo, notamos que
cuando se elabora una demanda de esa magnitud, nadie se preocupa por examinar
el fondo de la situación que la produce, puesto que en verdad ya no interesa la
persona que actúo, sino una demostración de que quienes manejan el Estado en
este caso, la rama judicial no son
idóneos para hacerlo, y cada día se aumenta esta deficiencia. Por eso
habrá necesidad de examinar así sea equivocadamente alguna razón para tan
lamentable situación.
La creación del Consejo
Superior de la Judicatura, fue una aspiración perfecta del constituyente, pero
con sólo la aspiración frustrada de suprimirlo se puede deducir que no dio los
resultados anhelados, puesto que en sus manos han pasado 20 años para dirigir a
los administradores de justicia, en cabeza de jueces y las sanciones para
abogados, al lado del manejo del presupuesto de la rama judicial.
Loable también fue considerar
la carrera para funcionarios y empleados y a cada funcionario colocarle un buen
número de empleados que hagan lo que le corresponde a aquel, desde el entendido
que físicamente le es imposible evacuar las sentencias que se le imponen y en
oportunidades surge la aplicación de caprichos tradicionales o también una
ambición desmedida de poder, desconociendo las normas para resolver, de tal
manera que en el primer caso se institucionalizó una posibilidad de dejar
pasar, dejar hacer, en contrario a la dinámica que crean las leyes; en la
segunda connotación con un reconocimiento profesional sin que interese cuál es
la responsabilidad de quien presta el servicio gratis, se tornó en esa facilidad
para tomar decisiones sin la mesura necesaria; pero a ello hay que agregar el
cambio radical de la orientación de la justicia penal que de la investigación
que hacia el Estado, pasó a la influencia del interesado en obtener una condena
sin que interese a quien se la impongan, usando medios de presentación de
prueba que le den fuerza a la acusación y luego, finalmente a la decisión del
juez, con las consecuencias que se anotan. Seguramente que si se analizaran
estas elementales situaciones, partiendo de la integridad moral de cada uno de
los funcionarios habría horizonte.
