El pueblo podría ir más allá de una Consulta

"El referendo podría terminar en la revocatoria del Congreso"

“Si el ministro hace las cosas bien, los triunfos son del presidente, pero si le va mal, es un problema del ministro”

Revista Semana

EN PLATA BLANCA El expresidente Andrés Pastrana habla del problema suscitado por la reforma a la Justicia, de sus relaciones con los conservadores y de la salud de Angelino Garzón.

Sábado 23 Junio 2012

MARÍA JIMENA DUZÁN: El presidente Santos, a última hora, decidió no promulgar la reforma a la Justicia. ¿Usted cree que por esa vía se desactiva realmente esta reforma?

ANDRÉS PASTRANA: La propuesta del presidente no resuelve el problema porque hay quienes aseguran que jurídicamente no es viable. Si quería frenarla pudo haberlo hecho durante los dos años que estuvo debatiéndose en el Congreso. Pero ya aprobada el tema es más difícil: como se trata de una reforma constitucional no requiere la firma del presidente. Es decir, estamos en una encrucijada y el país puede ser arrastrado hacia un limbo jurídico que podría ser aprovechado por varios de los funcionarios del anterior gobierno para salir de la cárcel.

M.J.D.: Según el presidente Santos, lo malo de la reforma fue la conciliación. Pero otros como el exmagistrado Hernando Yepes creen que lo malo es el espíritu de la reforma. ¿Usted en qué orilla está?

A.P.: La reforma es un esperpento y la considero un golpe de Estado a la Constitución. Y lo que estamos viendo es que ni los académicos, ni los medios, ni, lo que es más importante, el pueblo colombiano la han entendido. Además, no es una reforma a la Justicia, sino una contrarreforma al Congreso. Por eso, por primera vez los colombianos vamos a hacer uso del artículo 377 de la Constitución, que les da la posibilidad a los ciudadanos de convocar a un referendo para que sea el pueblo colombiano el que eche para atrás ese adefesio. Esa es la única forma.  Pase a Revista Semana

La Consulta y La Providencia del Tribunal

Ing. Florentino Rodríguez Pinzón

Nueva andanada se prepara en el Congreso de la Unidad Nacional contra la Constitución de 1.991 y os principios fundamentales que esta consagra; entre estos, la obligación del Estado de servir a la comunidad, defender la soberanía del pueblo y la protección de sus riquezas culturales y naturales.
Otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la educación pública gratuita, a la salud, al trabajo digno y estable, al derecho para que prime el interés público o social sobre el privado, el derecho a la equidad social, al acceso a la tierra, la autonomía universitaria, el derecho a la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlo y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y brindar protección de ecosistemas, están también  amenazados.
A altos intereses económicos y políticos están estorbando las formas de participación democrática como la acción de tutela, la descentralización administrativa y la autonomía regional.
En forma irracional se pretende someter la constitución y las leyes al servicio de la inversión extranjera, so pretexto de exiguas regalías y enormes concesiones fiscales otorgadas durante el gobierno anterior.

Nuestra autonomía territorial, para la protección del suelo, biodiversidad, aire, agua y el paisaje, importante logro de nuestra constitución, está en peligro.
Los movimientos ciudadanos y su fuerza de movilización cívica y pacífica, haremos frente al  apetito voraz de las multinacionales mineras y a los negociantes del todo vale.
Debemos afrontar lo que se avecina de la mano de las cortes y sus honorables magistrados, estando atentos a defender nuestra constitución y a los servidores de la justicia.
Conocida la providencia del Tribunal Administrativo de Santander que declara inconstitucional la  Consulta Popular del Agua su contexto y pregunta, esta debe ser acatada, respetada y aplicada.
Ha recordado el Tribunal Administrativo de Santander, que existe mandato constitucional y leyes suficientes que ordenan la protección de los ecosistemas esenciales y el agua, caso Santurbán. En  conclusión, es responsabilidad del Estado y de las autoridades ambientales defender nuestro territorio y las fuentes de agua amenazados por los proyectos de mega minería.
Un agradecimiento a nuestros magistrados y su meridiana claridad El Movimiento Conciencia Ciudadana y el Comité para la Defensa del Agua reafirmamos nuestro compromiso y firmeza en defensa del agua de los santandereanos.