Nota del Editor.- El siguiente artículo publicado el sábado 20 de junio de 2009 cobra hoy actualidad, tras el fallo de la Corte constitucional que declaró inexequible la Ley 1354 que convocaba un Referendo para facilitarle al presidente Uribe una segunda reelección. Por el contenido en el que se afirma que las aspiraciones eran violatorias de la Constitución, por el desconocimiento del orden jurídico, publicamos los apartes más destacados de este documento:
GOLPES DE ESTADO: OTRA EPIDEMIA
-------------------------Por: Gerardo Delgado Silva
En vista de los actuales acontecimientos en los cuales el Presidente “providencial” y el congreso uribista, se coaligan entre si, en dañado concierto, para pasar por encima de la Constitución y las Leyes de la República, es necesario que insistamos en defender los principios fundamentales de la Carta Política, que son, ante todo, contornos éticos, realidades transcendentes situadas por encima del Estado, que la razón puede descubrir y que se entiende como derecho natural o moral social.
La Constitución es un orden jurídico fundamental, integral y estable impuesto a todos los miembros de la sociedad, lo mismo a los gobernados, que a los gobernantes.
No contento aún, el Presidente Uribe, con la primera inexequibilidad de su reelección, encubriendo su obsesión autoritaria, nacida de la ambición poder, echa a un lado los atributos constitucionales y se apresta a otra reelección inconstitucional, ahora por vía de un Referendo, tramposo, para enmascarar la dictadura bajo una apariencia democrática. Otro golpe de estado.
El Comité del Referendo, desconoce los caminos jurídicos también, como una satánica conspiración de malvados contra el Estado Social de Derecho, liderado por el nefasto personaje LUIS GUILLERMO GIRALDO - ¿Recuerda el hecho punible, de los años ochenta, destacado como “El robo a Caldas”?- Ahora, con agazapadas trapisondas, distorsionó los límites señalados por la ley a los aportes; como los de DMG, para la recolección de firmas. Contó don LUIS GUILLERMO, en esta marcha de oprobio, con la silenciosa complicidad de la Asociación Colombia Primero, para inducir en error a la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, subsumiendo las conductas en el DELITO DE FRAUDE PROCESAL, que traduce la descomposición moral en que se encuentra el país.
Con el ascendiente del Presidente milagrero, el Congreso consideró que lo de menos es qué se vota, y aprobó el proyecto, con diferencia de fechas – de ahí la conciliación probablemente prevaricadora- que le permitiría a Uribe un tercer mandato, sin una idea clara sobre el porvenir constitucional de la nación.
El Congreso, olvidando los intereses nacionales fue convertido en un negocio de trastienda venal, en el que aparecen comprometidos los gamonales del país político y el Gobierno de Uribe con sus desmesuras fascistas. La aprobación del proyecto en esta atmosfera turbia, nos explica porque se procedió con tanta presteza e ingravidez, en el sentido moral del vocablo, con displicencia de la Constitución y la Ley. Es por eso, precisamente, que lo hicieron en ausencia del pronunciamiento del Concejo Nacional Electoral y la Registraduría que aun no se conoce, no obstante constituir un presupuesto fundamental, para que se formaran juicios verdaderos sobre la “verificación de la autenticidad de los respaldos”, los aportes máximos, etc; en fin, la certificación del CNE, acerca del cumplimiento inexcusable, de todas las pautas que la norma atingente ha señalado para una iniciativa popular. Estamos presenciando los colombianos y el mundo entero, una comedia de equivocaciones morales y jurídicas en directo detrimento de nuestras instituciones. Un nuevo golpe de Estado.
De esta manera es claro se desató en la patria, el vestigio tenebroso de las furias del Averno. Las de esos regímenes antiguos, con las iniquidades del poder ilimitado y devorador de todos los tiempos: fascismos y comunismos, con su inenarrable destrucción del Estado de Derecho.
Pues bien. La investigación que ha comenzado la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo su “sagrado y terrible ministerio” que llamara Carnelutti, por el delito de prevaricato, cometido por los 86 parlamentarios, no se refiere al voto en sí, al “privilegio” consagrado en el Articulo 185 de la Constitución, sino a las conductas omisívas de análisis y síntesis de las certificaciones previas al voto, que debía primar por seguridad jurídica, uno de los valores fundantes del Estado de Derecho. No entienden de modo cabal cual es su misión en la rama legislativa y en qué consisten sus responsabilidades, ni para qué son sus funciones dentro del contexto jurídico con el cual contamos. Así mismo, deberán investigar como antecedente el hecho concreto, e individualizado en el deprimente espectáculo del Ministro Valencia Cossio, con ese cabildeo ante algunos congresistas. Episodio que la opinión pública pudo apreciar por televisión, con el propósito de “convencer” posiblemente, a quienes se manifestaban remisos, por medio de gajes y prebendas, haciendo uso de sus encomiendas burocráticas, como se puede inferir lógicamente. Las respuestas no las ignoramos. Otro golpe de Estado.
No obstante, que el artículo 185 de la Constitución ya citado, les otorga a los congresistas el “privilegio de la inviolabilidad”, “por las opiniones y votos”, no se ve por donde, pueda ser tan absurdamente absoluto en la norma que consagre una patente de corzo a la impunidad, rebasando uno de los Principios Fundamentales de nuestra Constitución, que consagra la responsabilidad ciudadana ante la ley y con mayor razón la de los “servidores públicos”, que son los congresistas (Artículo 6, C. N )
Refiriéndose al alcance del artículo 185, mencionado, de la Carta Política , el gran jurista JORGE CORDOBA POVEDA, en 1998, cuando denuncie a los representantes que precluyeron la investigación contra el Señor Presidente SAMPER, expresó: “Piensen ustedes que mañana a través de una Ley del Congreso, por ejemplo, le entregáramos las islas de San Andrés y providencia a Nicaragua. ¿Podemos decir que las personas que hicieron la Ley no tienen que responder ante el País y ante la Ley penal?”.
El Congreso, que según clásica definición es el cuerpo soberano de la República, negocia con sus atributos, y deja de ejercer su función crítica, halagado por el poder clientelista en contra de los intereses nacionales. Otro golpe de Estado…
…Todo, a ciencia y paciencia de un Gobierno que ha contado con el abominable ex asesor JOSE OBDULIO GAVIRIA, que cumpliendo como testaferro, órdenes superiores, de la “Casa de Nari”, lanza denuestos contra la Corte Suprema, en el vano intento de deshacerse de la mala sombra que lo acompaña, como allegado y ex asesor también, del más grande capo del narcoterrorismo, su primo Pablo Escobar.
Hoy en Colombia hay unos estados dentro del Estado, con el predominio de los paramilitares, con la complicidad de funcionarios del poder público, imposible de concebir en otros tiempos y en otras situaciones. De ahí la audaz y degradante visita de “JOB” el vocero de DON BERNA, a la “Casa de Nari”, entronizada por el también poderoso narcotraficante GUSTAVO TAPIAS OSPINA. ¿Qué pactaron sórdidamente con el fin hostigar y mancillar a la Corte Suprema?.
Las interceptaciones y seguimientos criminales, están encaminados en igual forma para servirle a los delincuentes “parapoliticos y narcotraficantes”, como altavoz contra la justicia, que tiene un carácter independiente y soberano.
La historia ha demostrado, que la peor desgracia de un pueblo es vejar su justicia. Y desde luego, sin justicia, la autoridad de cualquier país es ilegitima.
Esta deformidad estatal, nos tiene en el umbral totalitario, como el descrito por Zamiatin en su obra Nosotros, en donde sus habitantes se encuentran ubicados en horribles ciudades, con sus casas de vidrio, para que el poder ejerza su inescrupuloso imperio, manteniendo a los ciudadanos en la postración y en la indignidad
No sabe uno si reír o llorar, pero el Gobierno descaradamente ofrece doscientos millones de pesos, como recompensa a quienes denuncien a los delincuentes incursos en las interceptaciones y la vigilancia policial. Esto, nos hace recordar el adagio latino: “Nemo auditor propriam turbitudinem allegans” (No puede oírse a quien alega su propia torpeza)
Y bien. ¿Quiénes son los que cohonestan el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, y respaldan la inconstitucional reelección, como un destino sacralizado por Uribe?, cualquier colombiano lo sabe: los bribones de una cuantiosa cosecha de contratos, con sus negocios venales; la casta de burócratas, con sus intereses particulares y desprecio por el país, que se dividen a su antojo los dineros públicos; los “parapoliticos” y paramilitares genocidas, que conocen los medios para intimidar a los ciudadanos, conducta comprendida en los delitos contra los mecanismos de participación democrática, en sus “distritos electorales”, creados por Jorge 40 en el país. Esta es la nueva clase económica prepotente y enriquecida de la noche a la mañana, que ahora cuentan con una amnistía disfrazada bajo el nombre de principio de oportunidad, como sí sus genocidios equivalieran a delitos políticos; así mismo, las clases media y alta atrapadas en el orden formal que encubre el desorden real...
...Uribe, ha soslayado, en términos inconcebibles, las medidas destinadas constitucionalmente a proteger a la infancia cruelmente vulnerada en sus mínimos derechos, es el reflejo del fracaso sociopolítico…
