¿El alcalde de Bogotá incumplió programa de gobierno?

Revocatoria: ¿todo está claro?

                                                Horacio Serpa

La Revocatoria del Mandato es consecuencia de una institución constitucional: el voto programático. El aspirante a la Alcaldía inscribe su propuesta de gobierno y se compromete a ejecutarla si gana las elecciones. Si no lo hace, el pueblo, mediante votación democrática, lo sanciona con la pérdida de sus funciones. En otras palabras, vota para sacarlo de la alcaldía, por mentiroso e incumplido.

Nadie sabe si en el caso Petro se hizo un análisis serio, responsable, al término del cual se concluyó que el Alcalde de Bogotá incumplió su programa. ¿Ese examen se puede hacer con objetividad y realismo cuando aún no se lleva siquiera la cuarta parte del mandato? Recuerdo que antes  de que se terminara el primer año de gobierno se anunció la revocatoria. ¿Odios personales? ¿Revanchismo político? Alguien debe aclarar las razones por las cuales se pide la revocatoria y por qué razón, cuando faltan dos terceras partes del periódo.

Sobre las firmas también hay que aclarar varias situaciones. ¿Es cierto que su verificación la hicieron las mismas personas que aparecieron involucradas en el chanchullo de Cali? Por otra parte, es claro que si un Partido Político, unas Organizaciones No Gubernamentales o un grupo de personas plantean la revocatoria mediante firmas, ellas y sus afines deben recoger las firmas. ¿Cómo es eso de que se contratan empresas  que nada tienen que ver con el caso, para que hagan el trabajo a cambio de un pago? ¿Es eso honesto? Además, ¿Cuánto costaron? ¿Quién pagó? ¿Cómo? ¿Por qué?

También tiene que aclararse jurídicamente cuales son las normas que se van a aplicar al caso que se controvierte. Recientemente se aprobó una reforma sobre las condiciones que deben llenarse para que operen los mecanismos de participación ciudadana, mediante una ley estatutaria que debe ser aprobada por la Corte Constitucional para que se pueda aplicar.  Habiendo sido expedida y aprobada después de la elección del actual Alcalde, ¿opera para el Alcalde Petro? ¿Desde cuándo las leyes tienen efecto retroactivo?

Todos los días inventan planes truculentos para perjudicar a Bogotá. No tienen con la cantidad de inconvenientes, escándalos y desastres  que se acaban de presentar. Surgen críticas y reparos por todo y en todas partes. Se cuestionan las políticas oficiales.   No se aprueban los  proyectos del Alcalde. Se denuncian sus actuaciones. Ni siquiera se le permite cambiar un cuadro y rendir homenaje al Libertador. ¿Así, qué resultados de amplia satisfacción se pueden exigir? El que no ayuda puede criticar, pero no reclamar ni mostrarse hipócritamente como salvador de la ciudad. Al contrario, le hace daño.

Los amigos de la revocatoria deben saber que si se llegare a aprobar, digamos, en Septiembre, la elección de nuevo Alcalde sería  en noviembre o diciembre, y al elegido solo le quedarían dos años de gestión. El primero para organizarse, revisar lo que recibe y planear su administración. El otro se irá en las elecciones del nuevo Burgomaestre. Es decir, 8 años perdidos. ¿Lo merece Bogotá?

Bogotá D.C., 11 de Junio del 2013 (Columna semanal del Nuevo Siglo)

Todos contra la Corte Suprema

Tomado de LaPatria.com

Esta Corte es la misma institución que en 1985 padeció los rigores de la toma del Palacio de Justicia. Los actuales magistrados cumplen las funciones que cumplieron aquellos mártires encabezados por Alfonso Reyes Echandía.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura acaba de tumbar una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual había sancionado penalmente a la representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez por el uso ilegal de un bien público durante su campaña al Congreso en el 2006. La representante interpuso ante el Consejo Superior de la Judicatura una acción de tutela contra esta sentencia de la Corte y se produjo el adefesio jurídico de que la Sala Disciplinaria de este tribunal tumbó la sentencia de la Corte Suprema, en un hecho que trasgrede de manera grave el orden jurídico y judicial. Es ni más ni menos la suplantación del juez natural.

Ya la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había producido otros adefesios jurídico-penales, como cuando ordenó la modificación del texto de la sentencia que condenó a Yidis Medina por cohecho en el famoso caso de la Yidispolítica, y dispuso que todo lo referente al ministro Diego Palacio quedara por fuera.

Hacen carrera los desafueros de este tribunal creado por la Constitución de 1991, y crece la inconformidad por su manejo y funcionamiento. La intención del constituyente fue buena en cuanto a la creación de este tribunal, pero su diseño tuvo un lunar: el nombramiento de los magistrados de la Sala Disciplinaria por parte del Congreso de la República de candidatos enviados por el Gobierno Nacional. Y este pequeño detalle ha dado para que este órgano judicial, específicamente esta sala, sea un fortín de políticos, funcional y servil al gobierno.

Sus miembros no brillan propiamente por su formación jurídica o trayectoria académica, han sido políticos que han obtenido el cargo como un premio de consolación o por ser fichas políticas sin ningún argumento adicional que sus conexiones. Dos casos palpables son Ovidio Claros, de quien se han hecho denuncias delicadas sobre su comportamiento como funcionario público, y Angelino Lizcano, funcionario por largo tiempo del Congreso de la República.

Y no sólo desde este tribunal se ponen palos en la rueda contra la Corte Suprema. Recientemente el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dio declaraciones a manera de amenaza velada contra los investigadores de la “parapolítica” que anunciaron viajar a Estados Unidos para obtener más información de parte de los jefes paras extraditados sobre este trascendental y grave fenómeno, que trastornó de manera radical la vida nacional.

Ya desde una dimensión más siniestra están las grabaciones ilegales que se han hecho contra magistrados, y muy especialmente contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, el investigador clave en los procesos de parapolítica. Desde el DAS se han empecinado en hacerle un espionaje minucioso, con el agravante de que funcionarios del alto Gobierno han quedado mal librados en este siniestro episodio, que por más que se denuncia no para.

Detrás de todo está el papel que ha venido jugando la Corte Suprema básicamente en las investigaciones de la parapolítica y de hechos delictuosos en que pueden haber incurrido funcionarios públicos en episodios relacionados con la primera reelección del Presidente y eventualmente en la segunda que se está cursando. Así de sencillo.

La Corte Suprema ha sido un referente de la división del poder público en Colombia, y esto parece no gustarle al Gobierno, especialmente ahora, cuando su intención de perpetuarse en el poder ha quedado manifiesta, y cuando se ha anunciado que se hará todo lo que sea menester para lograr dicho objetivo.

Esta Corte es la misma institución que en 1985 padeció los rigores de la toma del Palacio de Justicia. Los actuales magistrados cumplen las funciones que cumplieron aquellos mártires encabezados por Alfonso Reyes Echandía. Es fundamental que se respete y se proteja la autonomía de este tribunal por razones de largo aliento y coyunturales. En las de largo plazo está la salvaguarda del diseño de la democracia, que tiene en la autonomía de la justicia uno de sus pilares fundamentales, así sus decisiones puedan no gustarle o incomodarle a un poder con alta popularidad, como en nuestro caso el que ejerce el presidente Uribe. De coyuntura, todavía falta mucho por conocer y decidir en los procesos de parapolítica, por ejemplo, con testimonios de los jefes paras extraditados. También en la Yidispolítica, y por qué no, en lo que se pueda surtir en materia penal en esta segunda reelección. --------------------Volver a Inicio