¿La letra, con sangre entra?

                                                  Horacio Serpa

Hace más de medio siglo se utilizaba la férula con los niños desaplicados. Era como decir, “si no es a las buenas, a las malas”, y a punta de reglazos se buscaba que todas y todos aprendieran las operaciones elementales, al mismo tiempo que a escribir y a leer. El objetivo era acabar el analfabetismo.

Aún hay analfabetas. Ahora se les llama iletrados. Los programas oficiales no son suficientes. Cuando fui gobernador de Santander tuvimos éxito con un sistema cubano que aplicamos mediante un convenio con la Embajada del país hermano. Pero en todo el país hay viejos y campesinos que aún no saben las primeras letras.

Cuando ahora se habla de cobertura universal y de calidad educativa tenemos que saber que se trata de una obra colosal. Si pasa lo que mencioné en la primera grada de la educación, de ahí en adelante la situación es dramática. Solo un porcentaje de los jóvenes termina bachillerato y  únicamente la mitad de estos puede matricularse en una Universidad. De ellos escasamente el 50% termina profesión. Para qué hablar de los estudios de posgrado.

De calidad, ni hablar. Es indigno para el país haber aceptado que la educación privada tiene que ser mejor que la pública. Es injusto con los niños pobres y de clase media que no puedan acceder a las aulas sino para empezar la primaria, cuando los que pueden matricularse en establecimientos privados comienzan a formarse tres o cuatro años antes.

Por desgracia, muchos de nuestros niños nacen desiguales. Y el sistema educativo los hace más desiguales. La educación pública es deficiente por falta de recursos, porque el Estado no propicia una adecuada formación de los docentes y porque estos, dados los malos ingresos que reciben, tienen que practicar “el rebusque” que les impide una completa dedicación a sus tareas oficiales. En los pueblos, en las veredas, en los barrios pobres, los muchachos no tienen como aprender lo mismo que otros de su edad alcanzan en las ciudades.

El Presidente Santos “cogió el toro por los cachos” en materia educativa. La educación será su principal bandera para derrotar la desigualdad y lograr que la paz sea estable y duradera. Un cometido extraordinario. Cuando el Mandatario dice que Colombia será el país más educado del hemisferio, está afirmando que “la va a meter toda” para que sus gobernados, sin distingos de clase o condición, se formen adecuadamente.

No será con garrote ni con fuete. Con recursos económicos, con establecimientos bien dotados, con maestras y maestros bien formados, con los mejores materiales pedagógicos, con internet para todos, con becas completas para los pobres, con oportunidades de capacitación a los más altos niveles, en el país y en el exterior.

Si a partir de este año el presupuesto para la educación es mayor que el de la guerra, vamos por buen camino. Seremos, por fin, una sociedad en paz, equitativa y bien educada. ¡Enhorabuena!

Bogotá D.C., 09 Agosto del 2014

Una fuerza política aniquilada por las armas

Reparar a la Unión Patriótica

Tomado de: Anarkismo.net

Tomado de Kienyke

Por Antonio Sanguino | 

Tenemos suficientes razones para sentir vergüenza ante el mundo. Una de ellas es el genocidio de la Unión Patriótica. Una sociedad que permita la eliminación a sangre y fuego de un movimiento político tiene pocos motivos para enorgullecerse. Paradójico que la UP concebida como un instrumento de paz terminara en un baño de sangre. Fundada en 1985 en el marco del fallido proceso de paz entre el Gobierno Betancourt y las FARC, buscaba ofrecer un mecanismo de participación política legal para cuando esta organización guerrillera firmara la paz.

Pocos casos similares se pueden enumerar. Seguramente las sangrientas dictaduras militares de Centroamérica y el Cono Sur. Pero en democracia es difícil encontrar una fuerza política a la que hayan asesinado dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y tres mil quinientos militantes y activistas. Un verdadero genocidio puesto en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cometido por una alianza criminal de agentes del Estado, grupos paramilitares, bandas de narcotraficantes, empresarios agrícolas y políticos tradicionales. Un torbellino de razones se trenzó en esta matazón. Pero el investigador Mauricio Romero en su trabajo “Autodefensas y Paramilitares” defiende la hipótesis de que fue una ofensiva contra las reformas derivadas de la paz de los ochentas.

Nos dirán que, sin embargo, tenemos la democracia más antigua del continente. Que elegimos sin interrupción y por voto popular durante todo el Siglo XX y lo corrido del XXI -salvo la breve y consentida dictadura de Rojas Pinilla- Presidente y Congreso de la República, Concejos municipales y Asambleas Departamentales. Y más recientemente Alcaldes y Gobernadores.

Nos recordarán que tenemos partidos históricos que como el Liberal y el Conservador son de los más antiguos de América. Y que la mujer colombiana adquirió ciudadanía política desde 1957, mucho antes que muchas democracias consolidadas del mundo. Por todo ello, la estabilidad institucional se esgrime como un valor de nuestro sistema político.

Pero estos argumentos no alcanzan para explicar la atávica violencia que caracteriza el régimen político colombiano. Es un rasgo permanente acudir a la violencia para dirimir nuestros conflictos públicos. Como también ha sido una costumbre usar la violencia para perseguir al opositor político. Desde la “Patria Boba” hasta nuestros días, para solo hablar del período republicano.

Por ello, erradicar el uso de la violencia con fines políticos es quizás el principal desafío de la democracia colombiana. Es una tarea inmensa. La paz con las guerrillas contribuye a ello. Pero se requiere una verdadera revolución cultural en la manera como asumimos y tramitamos los conflictos políticos. Y actos reparativos que envíen el mensaje de la no repetición. Restituir la personería jurídica de la UP y otorgar favorabilidades adicionales para esta fuerza política puede ser uno de ellos. Y un acto verdadero de reconciliación que cumple además los artículos 151 y 152 de la Ley de Víctimas sobre reparación colectiva de Organizaciones Políticas. Los victimarios sabrán con ello que fracasaron en su intento de asesinar a la UP. Y el mundo, que estamos dispuestos a encarar nuestras vergüenzas.