Mario González Vargas
Cuatro años después de la
firma del Acuerdo de Paz el país se interroga sobre la negociación, sus
resultados y sus consecuencias en la vida nacional. La integración del equipo
negociador y la benevolencia dispensada a la fuerza insurgente desde el inicio
de los contactos mostró una predisposición inocultable a la concesión. No de
otra manera puede interpretarse la renuncia del gobierno al principio de que la
situación militar en el terreno determina la relación de fuerzas en la
negociación, lo que se tradujo en la suspensión de la presión militar sobre la
agresiva contraparte. No extrañó entonces, que la delegación del gobierno se
fuera ajustando con actores políticos afines ideológicamente al asesor de la insurgencia,
hoy secretario general del partido comunista español.
El acuerdo respondió a los
propósitos, finalidades e intereses de las FARC-EP, y fue presentado y
divulgado por los medios y la mayoría de los sectores políticos como “el mejor
posible” y garante de una paz duradera. La prepotencia y vanidad desbordadas indujeron
al expresidente Santos a convocar un plebiscito ciudadano, que tuvo la sensatez
de rechazar el adefesio, a lo que el mandatario respondió violentando la
voluntad popular, con la complicidad del Congreso y la anuencia de la Corte
Constitucional. Condenaron al acuerdo a la ilegitimidad de la que hasta hoy no
ha logrado redimirse.
Ninguno de sus objetivos se ha
cumplido. La paz prometida se vio desmentida por una violencia que recrudeció
con el acuerdo y se ha convertido en nuevo conflicto con el ELN, Clan del
Golfo, Disidencias farianas, Nueva Marquetalia y toda la gama de actores del
narcotráfico, auxiliados desde Venezuela. La polarización se impuso a la
mentida reconciliación y afecta a todos los estamentos de la sociedad. La
verdad y la justicia, en manos de una jurisdicción y una comisión integradas
con inocultable sesgo ideológico, no han producido ni sentencias, ni verdades,
a pesar de sus costosos presupuestos y abultadas nóminas. Solamente actuaciones
que las demeritan y deslegitiman. La reparación es un mito puesto que las Farc
solo han entregado el 0.7% de sus bienes registrados. Lo único verificable es
el incumplimiento del partido Farc, el que, además de sus bienes, no ha
entregado verdad, ni las rutas del narcotráfico, ni la identidad de los
integrantes de los Carteles que fueron sus socios, y al parecer esconde hechos
no aclarados, como los de sus cuentas bancarias en Turquía o los sugeridos en
la carta de alias “Romaña”.
Colombia padece las
consecuencias de una paz fallida. El narcotráfico, acrecentado por los
incentivos perversos que se prodigaron durante la negociación de la Habana,
sigue siendo la principal amenaza a la vida de los colombianos y a la seguridad
nacional. No deja de ser paradójico que los incondicionales del acuerdo de paz
sean los furiosos adversarios de combatir y erradicar el cultivo de la coca, y
que sea la justicia, demeritada en su misión, la que los cobije. Buscar
consensos para superar el problema debe ser el resultado de las próximas
elecciones.