Reminiscencias de la Inteligencia para Colombia

Mario González Vargas

El deterioro de la seguridad en el país desde la posesión del presidente Petro constituye una realidad inocultable. Lo atestiguan gobernadores y alcaldes que se ven avasallados por la violencia ejercida por todas las organizaciones criminales y abandonados por un gobierno desubicado que solo apuesta a una paz total que se le ha convertido en quimera. Ni quejas ni plegarias elevadas a la presidencia han merecido la atención de quien tiene a su cargo la conservación del orden público en el país.

Según el CERAC, en los primeros cinco meses del año, 447 municipios se vieron afectados por la violencia como consecuencia de la expansión del clan del Golfo (56 nuevos municipios), el EMC (36), y el Eln (24), a los que se agregan los perjudicados por los combates entre estos beneficiarios de la pretendida paz total. Razón asiste a los mandatarios territoriales en su sentimiento de impotencia del gobierno de reaccionar con contundencia, proveer seguridad y lograr conservarla.

Nada distinto podía esperarse después de la decapitación de 65 generales de las Fuerzas Militares y de Policía que significó irreparable daño a sus labores de inteligencia y con ello a la capacidad de las fuerzas en el manejo del orden público. El conocimiento táctico depende de la experiencia y el éxito de las operaciones militares se halla íntimamente ligado a la calidad de los servicios de inteligencia. Pareciera no entenderse que las tareas de inteligencia, para ser exitosas, dependen de la experticia de quienes las asumen que no deben ser retirados por el solo hecho de haber servido en gobiernos anteriores. El primer resultado de estas equivocaciones se tradujo en las facilidades del Tren de Aragua para instalarse en Bogotá y varias regiones del país.

El tardío intento de recuperación del Cauca y del Pacifico colombiano para ser exitoso demanda, a la vez, recuperar la seguridad y responder a las necesidades sociales y económicas de una región devastada por la violencia y afectada por los conflictos propios de una pobreza que perdura. Exigirá proyectos de recuperación de su economía y de la paz que aún no asoman, para no verse reducidos a solicitudes de perdón a Iván Márquez por muerte de uno de sus tenientes en legitimo combate con el ejército, y a la incapacidad de ejecución crónica del gobierno que asegurarían su fracaso.

Pugnacidad e improvisación no deben afectar la gobernabilidad del presidente y su gobierno. Al sentimiento de abandono que se extiende entre alcaldes y gobernadores no debe sumarse la cancelación de la COP16 de la ONU que comprometería el interés internacional de coadyuvar[U1] al país en la superación de sus problemas. Los ceses al fuego concedidos a quienes propagan la violencia solo han favorecido a los violentos para diseminar sus actos criminales, fortalecer el control territorial, asegurar sus rentas ilegales y facilitar el control ciudadano. El país debe llenarse de primeras líneas, propugna Iván Márquez. Convertir a la DNI en cabeza de la inteligencia y dotarla de una comisión judicial para el seguimiento de sus actividades es una envenenada propuesta presidencial, que implicaría “personal técnico idóneo haciendo actividades de contrainteligencia, verificación e inspección” que el Director identifica como “compañeros que desde el M-19 me acompañan en lo fundamental que es defender un proyecto político de identificarnos en las acciones que nos corresponde hacer”. Reminiscencias de la KGB y de la Stasi para gobernar a Colombia.

El poder de facto de Fecode

Mario González Vargas

Las crisis que afectan a los sistemas educativos en muchas naciones se han convertido en prioridad de las sociedades que aspiren a fortalecer la educación con la inmersión en las diversas herramientas tecnológicas y científicas que hoy se multiplican y abren nuevos horizontes en los procesos de cambio que surgen por toda la extensión del orbe. No ha sido, ni podía ser tarea fácil enfrentarlos, y su comprensión ha desbordado ampliamente las rigideces ideológicas que han caracterizado las controversias sobre las arquitecturas de las sociedades desde los inicios del siglo XX. El apego a postulados que han perdido arraigo y vigencia, explica la incertidumbre que se experimenta en todos los claustros de la enseñanza y del saber y también la enconada resistencia de quienes insisten en permanecer anclados en axiomas hoy carentes de significación. La ideologización de la educación conspira contra la libertad de pensar, núcleo esencial de todo proceso creativo.

Ninguna reforma educativa puede escapar a este nuevo marco político que exige creatividad y capacidad de adaptación a las nuevas realidades que nos circundan, si no se quiere pagar el inconmensurable precio de ignorar o despreciar sus consecuencias. El proyecto de reforma educativa del gobierno respondía más a las estrechas y reiteradas formulaciones ideológicas de boga en el siglo pasado en sectores de la izquierda que a las exigencias de transformación que imponen el cumulo de nuevas realidades en las ciencias y en el ámbito de los nuevos conocimientos que brotan por doquier. Reproducía, además, las falencias propias de nuestro sistema, a todas luces ineficiente y de espalda a las nuevas exigencias en la transmisión del saber, en la formación del educador y en las herramientas de evaluación de su desempeño profesional.

Esas circunstancias fueron las que alentaron y permitieron los acuerdos logrados en la Comisión Primera del Senado y permitieron la elaboración de un proyecto consensuado por todas las fuerzas políticas, inspirado en las nuevas exigencias del mundo cambiante en el que vivimos, y que podía servir de inicio de una ambiciosa tarea de construcción de un sistema educativo que respondiera a las exigencias de estos tiempos, que remozara y potenciara todo el sistema educativo en Colombia. Significativo que el acuerdo convocara a muchos con aspiraciones presidenciales y representantes de las distintas corrientes ideológicas en el país, y además fuera recibido con beneplácito por la ciudadanía y aún con el apoyo de la ministra de educación que suponía la adhesión del gobierno.

La insurrección de Fecode atemorizó al gobierno y a sus congresistas con unas consecuencias políticas inesperadas que supone un nuevo escenario y un entramado inconveniente que cobrará precio inesperado en la gobernabilidad del ejecutivo y en las potestades del presidente. Fecode ejerció con éxito un poder de facto que señala líneas rojas infranqueables y erosiona las competencias presidenciales, que podría extenderse a los cambios proyectados en las carteras ministeriales. Un nuevo escenario de cogobierno, otros lo llaman cohabitación, inédito en Colombia asoma, debilitando la presidencia, que ya es considerada más pendenciera que ejecutiva. Si hoy el presidente sigue desentendiéndose del ejercicio de sus competencias, mañana estará sujeto a vetos de Fecode y otras organizaciones del mismo talante que terminarán imponiéndosele, como acaba de suceder con la reforma de la educación.

La incógnita de nuestro destino

Mario González Vargas

El país ha entrado en una espiral de desaciertos del presidente que han exacerbado la violencia que hoy se manifiesta sin control en distintos ámbitos y territorios del país. Nada parece vedado a la multiplicación de escenarios en los que se violan los más elementales derechos ciudadanos y las competencias institucionales, con la inaudita complacencia del núcleo duro del Pacto Histórico, con el atemorizado silencio de quienes aún esperan actos de contrición imposibles y con el estremecedor lamento de sus inocentes víctimas.

En vez de gobernar prefiere desencadenar acciones y conductas que mantengan en vilo la seguridad y la convivencia pacífica y expandan cortinas de humo sobre las investigaciones que lo cercan y limitan sus ansias de perpetuarse en el poder. Se siente cómodo en medio de los conflictos que desata a pesar de la natural propensión de los ciudadanos a la paz y a la tranquilidad que constituye el deseado espacio para el desarrollo de sus vidas.

Por ello, hoy extiende su manto sobre la autonomía universitaria pretendiendo convertir los claustros en santuarios de delincuentes que hagan imposible la resolución pacífica de las diferencias y prohíban los naturales debates que las ciencias exigen para su desenvolvimiento. Coarta las libertades de pensar y de expresarse para señalar que fuera del mandato providencial del presidente no hay salvación para una sociedad a la que se le prohíbe el lujo de aportar soluciones, o aún el de ser díscola.

Cuando arden el Cauca, el Valle del Cauca y crece el control territorial de las dialogantes organizaciones criminales en supuestas tratativas para una paz total, emprende viaje al exterior para disertar sobre la paz en Gaza o en Ucrania, sin importarle que la paz en Colombia carece de rumbo y de posibilidades por incapacidad del presidente de configurar un acervo estratégico político, indispensable para la acción de las Fuerzas Armadas y que, por su esencia, ninguna institución puede proveerle. Los atentados en Jamundí despertaron la preocupación del secretario de la COP-16 a celebrarse en Cali, cuando expresó que la seguridad de los delegados, más de 12000 visitantes, es la máxima prioridad para la ONU y por ello se mantienen bajo constante revisión de la situación. Petro parece olvidar que soldado advertido no muere en guerra.

En dos años el gobierno se encuentra desfinanciado, pero prohíbe las exportaciones de carbón a Israel, que representan 650.000 millones de pesos anuales, hasta que “se detenga el genocidio” incumpliendo compromisos internacionales que tendrán impacto sobre el desarrollo del país. Cayeron la inversión y el ahorro y por lo tanto el recaudo de impuestos se contrajo drásticamente. El faltante presupuestal superó los 60 billones que no se recuperan con las medidas de disminución del gasto de solo 20 millones. La incompetencia de muchos de los ministros parece calcada de la gestión presidencial que parece dañar todo lo que toca. El Congreso de los Estados Unidos se apresta a un recorte sustancial de la ayuda. Nada de eso alterará las acciones y objetivos del presidente. Seguirá en campaña enardeciendo a sus más radicales partidarios, mientras Laura Sarabia trata de administrar el día a día, y los más avisados miembros del gabinete intenten limitar errores y sus consecuencias. La adversidad toca a la puerta y con ella la incertidumbre, pero ni Petro se conmueve ni la oposición se torna creativa. De seguir así, pobre destino el que nos espera.

Nubarrones políticos

Carlos A. Ibáñez M.

Después de las elecciones al Parlamento Europeo llego nuevamente la oscuridad a Europa, revive el medioevo, la derecha con sus lastres aborda un nuevo ciclo político con su violencia e irracionalidad, trascenderá en América, esos vientos huracanados traspasarán nuestras fronteras, ¿la razón ? los pueblos no encontraron en la izquierda ni en el centro la meta de sus ilusiones. El intervencionismo de Estado no fue eficaz, los gobernantes de izquierda se diluyeron en lo ideológico, en lo social no logró sus metas de bienestar .El retorno se inicia en Europa, No conocen la historia los Europeos y por eso están condenados a repetirla; reencarnarán en sus dirigentes a un nuevo Hitler, un remozado Mussolini que causó miles de muertos y embarcó a Italia en la segunda guerra mundial, o a un Dictador como Franco que causó dos millones de muertos españoles en la guerra civil.

Le apuestan a la derecha, al libre comercio y de empresa, al crecimiento económico, al libre mercado, a la prevalencia de lo individual sobre lo colectivo, al desmonte de subsidios, a la privatización de los servicios públicos , al sacrificio de las libertades individuales y de expresión, al contubernio de la iglesia con el estado en la educación, no admiten a los transexuales, a los negros, a los inmigrantes, y a los indígenas. A todos ellos los miran con desdén y repudio y lo más oprobioso es que quienes destilan odio y segregación es la advenediza clase media convertida en furiosa enemiga del progresismo, que por su complejo de que en la escala social están más abajo que arriba, optan por emular a los poderosos en sus comportamientos y actitudes, lo que se llaman arribistas, a sabiendas que no tienen donde caer muertos y no les llegan a las mangas de los pantalones a los poderosos.

Ojalá ese tránsito sea efímero y regrese el siglo de las luces, de la intelectualidad, de la cultura, de la tolerancia, del trato igualitario sin distinción de ideología, religión, sexo y raza.

Carlos Ibáñez Muñoz

junio 10 del 2024

Los peligros de una cadena de embustes

Mario González Vargas

La búsqueda de instrumentos que permitan tramitar y aprobar las reformas que el presidente juzga indispensables para los cambios institucionales que se propone ha dado lugar a sucesivas propuestas, desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente, o a un Referendo, hasta la puesta en marcha del denominado proceso constituyente, una especie de participación ciudadana ajena a la Constitución, fundada en la noción de poder constituyente ideada por un filósofo postmarxista italiano: “una forma externa al sistema jurídico, es una suerte de catástrofe que interviene abriendo y marcando posibilidades de una nueva Constitución, es decir, a un nuevo poder constituido”. Esa noción ha sido promovida por el Grupo de Puebla y servido de herramienta para el ascenso de las dictaduras de nuevo cuño en el hemisferio.

Álvaro Leyva se sirve de ella para sostener que el acuerdo de paz con las Farc habilita al presidente para convocar una Asamblea Constituyente sin cumplir las normas constitucionales vigentes, fundado en un párrafo del acuerdo que expresa la posibilidad de “convocar a todos los partidos, movimientos políticos, y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional”, que convierte caprichosamente en mandato. Eduardo Montealegre, el consueta constitucionalista del excanciller, se ha sumado al despropósito, calificando al acuerdo como “especial” y que por su naturaleza constituye un acuerdo internacional y haría parte del bloque de constitucionalidad.

La Corte Constitucional ha reiterado que los acuerdos de paz son de naturaleza política, no son autoejecutables y su carácter normativo depende del procedimiento democrático que permita esa característica. El acuerdo de paz ni es un acuerdo especial, ni tampoco un acuerdo internacional. Los acuerdos especiales atañen a la protección contemplada por el DIH en los conflictos internacionales y no a los que se suscriben en la terminación del conflicto armado, porque contemplan la regulación y no la terminación del conflicto. Tampoco es un acuerdo internacional porque los alzados en armas no son sujetos del derecho internacional público, se ven limitados al cumplimiento del DIH y no tienen calidad de grupo beligerante. Mas grosera aún la pretensión de calificar de declaración unilateral la carta en la que el expresidente Santos informa y remite el texto del acuerdo de paz para el conocimiento de la ONU. Ni en el acuerdo ni en la carta enviada a la ONU se hace mención a constituyente alguna. Todo este entramado de ficción se explica por la pérdida constante de credibilidad de un presidente acosado por sus propios errores y descabellados ingenios, y por su tozudez de querer imponernos a la fuerza sus marchitas concepciones ideológicas. En ese despropósito parece insistir, como lo ha expresado el senador Wilson Arias al llamar a todas las organizaciones criminales involucradas en “la paz total” a defender el proyecto del Pacto Histórico, a las que se sumarían las guardias campesinas e indígenas y todas las expresiones de delincuencia organizadas que serían cobijadas por un perdón social general. Decretar un estado de excepción lo habilitará a gobernar por decreto y a culminar un “golpe blando”. La desmesura no tiene límites, como empiezan a sentirlo algunos en el entorno ministerial, la propia institucionalidad y una ciudadanía que defenderá sus libertades. Se impone la cordura de saber administrar tiempo y procurar persuasión para evitar la catástrofe.

Los colombianos aceleran los niveles endémicos

La solución: la medicina alternativa, económica y más efectiva

Por Bernardo Socha Acosta

La excesiva dependencia entre un altísimo índice de la población, por el consumo de medicamentos químico, está llevando al sistema de salud colombiano a un completo y peligroso fracaso.

Y es peligroso porque ya ni las farmacéuticas ni cualquier presupuesto    alcanza para cubrir la excesiva y nunca vista demanda de esos productos. Hay consumos de medicamentos absolutamente necesarios para hacer frente a las urgentes condiciones de salud de los pacientes, pero hay quienes los han convertido en un vicioso peligroso.  

Muchas personas toman medicamentos hasta para los guayabos de la excesiva ingesta de licor cada fin de semana y puentes festivos, y qué decir y con justa razón, de quienes sufren de altos niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar, y solo se afianzan a recurrentes medicamentos.  Pero muchas personas toman también pastillas para los dolores de cabeza, reumatismo, ácido úrico, dolores de estómago,  dolores musculares y de muela, y un sinfín de patologías, muchas de estas creadas  sicológicamente.

Y es que, pareciera que un alto número de personas haya sido preparado para consentir el trastorno de la hipocondría. Lástima grande que ese estado de ánimo, no  se empleara mejor para crear condiciones saludables, seguramente porque el estado que siempre anuncia campañas preventivas de salud, no las hace y menos el sector privado.

Es lamentable porque de esta forma Colombia avanza, a convertirse en un país de los más entecos o enfermizos.

Pero, el excesivo consumo de medicamentos no es lo grave, lo peligroso es la dependencia por un lado y por el otro, la generación de nuevas enfermedades con el uso de los químicos, porque estos son buenos para aliviar (no se cura la persona) pero en cambio sí causan traumas en otros órganos del cuerpo. Como por ejemplo… quienes se vuelven casi adictos a tomar pastillas de analgésico fuertes y no se dan cuenta que al cabo de un tiempo resultan gravemente afectadas del hígado,   riñones, el corazón, los ojos, oídos, la piel y el cerebro entre otros. Muchas personas de estas consumidoras solo hacen camino para ingresar a tratamientos de   DIÁLISIS, operación del corazón como mínimo, porque destruyeron las mejores partes del organismo sin darse cuenta.

Y así sucesivamente pasa con otros medicamentos que, si bien son hechos para aportar algún alivio, el mayor beneficio lo reciben las arcas económicas   de los laboratorios farmacéuticos en el mundo.

Esta condición social, pareciera que a las personas las enseñaran a cuidar la salud, primero consumiendo medicamentos químicos, en cambio de enseñarles reglas de prevención que los conduzca a conseguir mejores estados saludables.

Creo que en la educación de los niños y jóvenes debiera profundizar rigurosamente a la adopción de mecanismos de buenas comidas (naturales) y  de disciplinas física especiales para conservar el estado de ánimo y pensamientos saludables, de lo contrario vamos de mal en peor.

Con esta grave emergencia que están atravesando los pacientes que no encuentran sus medicamentos, es ya hora de comenzar a también a una transición de los medicamentos tradicional a la medicina alternativa que es más económica y muchas veces más efectivas a corte, mediano y largo plazo. Y la medicina alternativa no es solo para aliviar los padecimientos, sino para curar.

Y para finalizar quiero hacer un paréntesis para recordar acerca de lo que expresó en estos días la médica Olga Lucía Zuluaga, directora la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, refiriéndose a la situación de emergencia en salud que esta viviendo Colombia. Al respecto afirmó: “En ese orden, el sector salud solamente aporta el 20% de las soluciones del sistema. Podemos seguir incrementando significativamente los recursos de la UPC, pero si no hay un fortalecimiento de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la identificación de riesgos, como parte de esos determinantes sociales, seguiremos en crisis progresivamente y las dificultades se profundizarán”  y también agregó: hay otras situaciones que afectan las finanzas del sector y enfatizó: “A la corrupción por parte de muchos agentes, flagelo que es muy grave, se le suman otras cargas a la UPC: como los servicios sociales, que si bien son necesarios para la garantizar la dignidad en el acceso a la salud de millones de ciudadanos, deberían estar cargados a otras fuentes de financiación.

Los axiomas del conflicto

Mario González Vargas

La paz total nos regresó a los dantescos escenarios que vivimos en los años finales del 90 y en algunas de las décadas siguientes, con la violencia indiscriminada contra las poblaciones y la destrucción sistemática de las infraestructuras de productividad, seguridad y bienestar de la sociedad. Los ataques contra las cabeceras municipales por las organizaciones armadas en tratativas con el gobierno y cobijadas por ceses del fuego bilaterales, sumados a los enfrentamientos entre ellas, se han multiplicado al amparo de diálogos estériles y de mecanismos de verificación prácticamente inexistentes.

El Pacifico colombiano es hoy escenario de la brutalidad del Eln, el Clan del Golfo, el Emc y la Nueva Marquetalia que se agudiza en la medida en que las dubitaciones se acrecientan en el alto gobierno que parece carecer de la capacidad o voluntad de enfrentarlos, mientras las estructuras del crimen organizado aumentan su presencia y su control, animadas por la ausencia de medidas eficaces y contundentes por parte del gobierno. El Chocó, el sur de Bolívar, el Valle del Cauca, especialmente en las inmediaciones de Cali, el Cauca y Nariño, son teatros de ignominia por parte de las organizaciones al margen de la ley, con una fuerza pública limitada por ceses al fuego que solo ella respeta, y sin saber lo que pasará con los secuestros, la extorsión, el desplazamiento y reclutamiento de menores. Pobre respuesta la del Ministro de Defensa al calificar la situación después de dos años de gobierno: “no es el fracaso de la política de seguridad. Lo que pasa es que no hemos logrado, todavía, alcanzar los plenos resultados que esperamos”;

El gobierno carece de estrategia política, y sin ella no es posible elaborar y ejecutar acciones militares apropiadas, porque el uso de la fuerza constituye un instrumento político legitimo para alcanzar la preservación de seguridad y convivencia propias de la vida social. En situaciones como las que vivimos, corresponde al gobierno definir los objetivos y las metas, y a las Fuerzas Armadas la consecución de los mismos. El estadista debe tener claridad sobre las características del conflicto y los objetivos y resultados que se propone, que determinan a su vez el accionar de la fuerza pública y los medios para alcanzarlos.

Para el presidente, los objetivos militares deseados parecieran no corresponder a sus objetivos políticos. Esa percepción desorienta al mando de la Fuerza Pública, porque trastorna la definición de los tiempos y de las acciones requeridos para el alcance de sus legítimos objetivos, a la vez que desconcierta a la ciudadanía, desencantada e indefensa, que termina descreída de su apoyo y compelida a someterse a los dictados de los delincuentes. No cabe ignorar el nuevo arsenal de los delincuentes que altera la relación de fuerzas. Equivocarse sobre la naturaleza del enemigo conduce inevitablemente a la derrota. Es un axioma de la guerra desde los tiempos de Sun Tsu, que no debería ignorar el presidente. Ninguna de las organizaciones armadas que asolan el territorio nacional ostenta naturaleza o carácter político, ni representa postulados ideológicos que supuestamente guíen su accionar. Su pretensión de cobijarse bajo banderas de insurrección política ya no tiene vigencia y no entenderlo aumenta sus pretensiones y debilita a las autoridades. Victimizarse y descorazonar a sus fuerzas militares no traza propiamente el sendero de la victoria.

El síndrome de la rumiación acabará con los políticos

Por Bernardo Socha Acosta

La rumiación mental se está convirtiéndose en otra de tantas enfermedades degenerativas y hasta contagiosas que amenazan con la destrucción de las personas y  los pueblos.

Dicen los psicólogos que el síndrome de la rumiación mental, es un estilo repetitivo de las personas que la sufren, por la obsesión incontrolada que padecen con pensamientos negativos que los atrapa y ansían causarle el mal a sus contradictores por encima de sus propias consecuencias.

Y, la maldita rumiación, no es una metáfora figurativa, sino una realidad que vivimos y nos está tratando de someter como los efectos de una pandemia.

Y, lamentablemente parece que buena parte de la clase llamada dirigente, está siendo víctima de ese síndrome, la rumiación, al demostrar siempre acciones negativas que amenazan a los conglomerados sociales.

Ya esta condición anormal, se ha globalizó porque hizo metástasis en otras zonas del mundo, donde la rumiación se ha apoderado de quienes se creían con simpatía, eran los grandes hombres constructor del bien, pero hoy todo ha cambiado y se han convertido lamentablemente en los grandes destructores de la humanidad.

Y lamentablemente nuestro medio no es ajeno y la anormal condición, está atacando de forma despiadada y destructiva, y no solo está atacando a los llamados dirigentes sino a muchos débiles seguidores que actúan con la misma sevicia destructiva sin importarles el bien común. Cada palabra que pronuncian o escriben estas personas parece esgrimir el veneno de la maldad y la destrucción.

Tomada de Psicólogos Madrid

La condición ENFERMA de muchos políticos, es pensar erróneamente que solo ellos pueden seguir llevando las riendas del país, en una peligrosa maniobra que acarrea toda clase de estancamiento social y económico, sin que esos actores se den cuenta que no están afectando a sus contradictores, sino a ellos mismos y a la sociedad entera, sociedad que sin duda más tarde puede cobrársela.

Y esa enfermedad que es psicológica, para infortunio del país, cada vez es más aberrante y peligrosa, porque quienes la sufren, se transforman en actores maniáticos extravagantes que no se sabe a dónde los pueda llevar. Con esas conductas, los llamados dirigentes parecen no interesarle la suerte de su país, viéndolos como actúan en una alta corporación como el Congreso de la república. Eso de negarle al pueblo colombiano la oportunidad de tener logros para superar tanta pobreza y hambre, no es de dirigentes normales, sino de dirigentes mezquinos que no piensan sino es su propio bienestar.

Por eso, es ya hora de que el pueblo no siga siendo cómplice del fracaso nacional y de una vez por todas cambie a quienes en las cámaras legislativas solo se dedican a cobrar sus altas mesadas mensuales que, reciben sin ninguna contraprestación en favor del pueblo. Parece que ellos reciben las grandes millonadas mensuales solo para hacerle la maldad a los Colombianos.

Debe ser el pueblo el que actúe en las urnas para eliminar todo lo incompetente que hay y que bastante mal le ha causado a la nación.

Y hay que actuar porque en nuestro país, hay quienes prefieren jugarse a Colombia, que aceptar la voluntad popular y trabajar positivamente para forjar nuevamente una sociedad de progreso.

Pero, lamentablemente se ve con tristeza que el futuro no avizora sino catástrofes, como las que está trayendo la cruda y despiadada violencia, que no es otra cosa que la respuesta a los errores y abusos del pasado político.

Los actores de la rumiación no quieren reconocer que tantos años del abuso de poder político y económico, es la causa de la desdicha que los colombianos estamos pareciendo.

En nuestro medio la rumiación mental se extendió en este cuatrienio por la frustración de las llamadas mayorías políticas, frustración que hace que quienes la sufren se obsesionen por el poder que hoy no tienen y que no podrán alcanzarlo si continúan con el ATAQUE AL PAÍS. Es que es tanta la ceguera política, que no se dan cuenta que sus actitudes mediocres y repetitivas los continuará alejando de la simpatía popular.

La maldita rumiación, que no es una metáfora figurativa, sino una realidad que vivimos, será necesaria derrotarla con el apoyo de la sociedad de bien, porque si no se actúa, las consecuencias serán desastrosas dice Pilar Conde al analizar en términos generales esta condición de la rumiación obsesiva.

2026 y un nuevo acuerdo nacional

Mario González Vargas

El desastre de la gestión de gobierno de Petro lo ha conducido a violentar los tiempos y a abrir las compuertas para el inicio de las elecciones de Congreso y presidenciales del 2026. El presidente así lo entiende, y conturbado por los índices decrecientes de aceptación ciudadana a su errático y disparatado desempeño, ha escogido alimentar la polarización que le permite galvanizar a los propios e intimidar a sus críticos, incendiando el alma de los suyos y acentuando la inseguridad de sus opositores.

Apuesta a los réditos que le pueden proporcionar los beneficios de expandir una burocracia inepta para el cumplimiento de sus tareas, pero comprometida en los beneficios que dispensa en la tarea electoral; confía en el reparto de subsidios a los más vulnerables; simula ignorar el asalto de sus alfiles a los presupuestos de las entidades públicas; y se vale de la rampante corrupción que aqueja a muchos de los operadores políticos para controlar congresistas de diversos partidos.

Con desaciertos y sin otra estrategia que la de procurar sumar a la paz total a todas las organizaciones armadas criminales, se ha visto obligado a la confrontación militar con ellas, siempre y exclusivamente animadas por las riquezas que procura el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, pero que, con sus hordas, han extendido su control territorial y la vulneración de los derechos fundamentales de las poblaciones sometidas a su barbarie.

Un fracaso más, que explica la desazón de la opinión pública que se evidenció en la rabia expresada por la juventud en su encuentro con el presidente el pasado miércoles, conminado a trabajar en vez de pronunciar discursos populistas que nada resuelven. Es la suma de un electorado que se consideraba propio, a las tribulaciones que padecemos los colombianos, y que se agrega a la inseguridad rampante, la desaceleración económica, la caída de la inversión, el aumento del desempleo y el estancamiento del crecimiento; una tempestad que afectará a todos los estamentos de la sociedad.

Constituyente ni referendo habrá; no tiene Petro como construirlos, pero insistir en ellos induce a batallas desgastadoras que buscan hacer tardía la necesaria alternativa que convoque al país a la recuperación de un destino posible y a la construcción de una arquitectura institucional que responda a los vientos de cambio que hoy sacuden al orbe entero. Es una esperanza que animó la marcha del 21 de abril y que debe concretarse antes de que sea tarde. Alguien ya la calificó de “pospetrismo”, y no da espera su realización.

La ruptura constitucional de Petro no prosperó. Fuera del pacto histórico, ninguna fuerza política se aventuró a semejante dislate. Las Fuerzas Militares recordaron que su mandato es la defensa de la Constitución y las obsecuentes mayorías del gobierno en el congreso se han esfumado. El discurso de Petro el 1 de mayo puso pesada lápida al desquiciado propósito de sustitución constitucional por una aventura ya conocida y sufrida en estas latitudes por apesadumbradas naciones, hoy huérfanas de libertades y democracia. Está abierto el camino para un nuevo acuerdo nacional que se imponga por sobre la pretensión de continuidad del petrismo y que convoque desde el centro izquierda hasta la derecha para el cambio en democracia. Ojalá sepamos transitarlo.

Más y no menos democracia

Mario González Vargas

Gobernar nunca ha sido tarea fácil, mucho más cuando se cumple en periodos en los que las sociedades se ven confrontadas a la inminencia de cambios que los pueblos reclaman para avizorar mejores horizontes que permitan la satisfacción de sus legítimas expectativas. Ese parece ser el reto que confrontan todos los gobiernos en el agitado periodo de la historia que nos ha correspondido vivir.

A los colombianos las exigencias del presente nos sorprenden con un timonel al mando que aún permanece anclado en credos ideológicos que hicieron crisis en la octava década del siglo pasado, hoy percibidos como quimeras para sortear las realidades y las incógnitas que afrontamos. Ello explica no solamente sus desaciertos, sino también sus fracasos, que siembran cada día más inquietudes sobre su capacidad de guiar a la nación por senderos inexplorados que difícilmente se acoplan con las certidumbres de un pasado agotado en sus premisas y concepciones.

En los 21 meses de su gestión todos los indicadores le son adversos, sin quebrantar el espíritu del gobernante que aún insiste en sus desvaríos fundado en un supuesto mandato intangible surgido de una mínima mayoría electoral en el 2022, además contrastada por los resultados de las elecciones del 2023. Ello explica el creciente cúmulo de insatisfacción ciudadana ante la terca reiteración de fórmulas erradas que se han visto acompañadas de escándalos como el haber infringido los límites del gasto en su campaña a la presidencia, y de corrupción desbordada en la UNGRD que involucraría a ministros y congresistas afines al gobierno, que minan aún más la credibilidad del gobernante y de su gestión.

Anticiparse a desconocer los resultados de las investigaciones que se adelantan constituye una ruptura constitucional que pretende convertir en insurrección popular con la realización de asambleas populares, a manera de poder constituyente, que le permitiría atornillarse en el poder. Al supuesto golpe blando que atribuye a la oposición, le opone el golpe de estado desde las alturas del poder, que describe sin ambages: “Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia”. Apología de un delito contra el orden constitucional para suplantarlo por uno constituido a su antojo “por asambleas populares en todos los pueblos de Colombia.”

Nadie debe confiarse en el adagio de que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una situación de estos alcances y naturaleza despierta interés en el Eln, el Emc y la Nueva Marquetalia, hoy empoderados, que no escatimarán la posibilidad de una participación en el nuevo régimen. Al fin y al cabo, se consideran hermanados con el actual gobierno en las metas que se propusieron con la subversión y en la destrucción del actual andamiaje institucional. Confrontamos la mayor amenaza reciente contra el orden constitucional y el régimen democrático que debe ser confrontada por el Congreso, las Cortes, los Órganos de Control y los partidos políticos que tienen en sus manos el destino de nuestra democracia, defendiéndola en sus cimientos y perfeccionándola en sus contenidos, tareas que exigen nuestro permanente respaldo. El cambio requiere más y no menos democracia.

Preservar la democracia, prioritaria tarea de un Acuerdo Nacional

Mario González Vargas

Las marchas convocadas por Petro el día de los trabajadores, si bien registró más o menos la mitad de los manifestantes del 21 de abril, le permitió pronunciar un discurso de un populismo rabioso, con el que ajustó cuentas con propios y extraños. Los primeros fueron notificados de que el Rey no tiene herederos y que son vanos e inaceptables todos los esfuerzos de moderación que habían expresado Iván Cepeda, el ministro Velasco y la asesora predilecta. Fustigó la sensatez que todavía parece subsistir en algunos integrantes de su gabinete, invitando a sus innominados ministros a dar un paso al costado. Para sus contradictores, no ahorró calificativos injuriosos que acrecentaron los fundados temores que se ciernen sobre la seguridad y vida de sus opositores.

Calificar de marchas de la muerte a las del 21 de abril, que fueron expresiones de esperanza a pesar de los desafueros y desatinos de un presidente enardecido y sembrando odios, no permite ni resquicios de confianza en un futuro que se cierne azaroso para una democracia que solo demanda acuerdos para su perfeccionamiento. Escogió la intolerancia para notificarnos de que el cambio por él concebido no tiene reversa. Así, y con la fantasiosa acusación de que se quiere matar al presidente, pretende ocultar la ineptitud de su gestión, la sombra de corrupción que se extiende hasta su propia familia y que marca en buena parte sus relaciones con el Congreso.

Su instrumento favorito para establecer un régimen dictatorial es su concepción del poder constituyente, pensado como un proceso de asambleas populares con el que arrasaría con el ordenamiento constitucional vigente y consagraría la nueva arquitectura jurídica que le permitiría eternizarse en el poder. A eso lo llama “abrirle las puertas al poder popular” figura conocida desde tiempos de Fidel Castro y hoy replicada en Venezuela y Nicaragua, desastres que todos conocemos. Ese es el trasfondo de su iniciativa que requerirá de la participación y guarda del Eln, el Emc, y la Nueva Marquetalia, de consuno con las guardias indígenas y campesinas, alineadas gracias a incontables beneficios monetarios.

Para alcanzar su objetivo intenta derrumbar la institucionalidad vigente. Empezó con el debilitamiento de las Fuerzas Militares y de Policía, confinadas en sus cuarteles, desmoralizadas y hasta desarmadas, como se lo ha propuesto con la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, proveedor del armamento indispensable para la seguridad nacional y de todos los instrumentos propios de las tareas de comunicaciones e inteligencia, ciberdefensa y ciberseguridad. Viene el turno del Congreso con prebendas a granel, de desenlace incierto por el conocido apetito de muchos de sus miembros. Mañana será el Poder Judicial, señalado desde la Plaza de Bolívar por las banderas del M-19, a manera de simbólica y trágica advertencia de un pasado que podría convertirse nuevamente en realidad. La provisión de vacancias en las altas Cortes y los procesos de elección de Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo constituyen el próximo objetivo del incontenible presidente.

Ojalá no caigamos en el contrasentido de que sea en el seno del Congreso, que simboliza y convierte en realidad la participación política del ciudadano, en donde se sacrifique la democracia. Salvaguardarla constituye la primeara tarea de “Un Acuerdo Nacional”.

La participación ciudadana vs el transfuguismo

Mario González Vargas

Las multitudes de ciudadanos que se expresaron en las marchas del 21 de abril constituyen la manifestación más genuina de la insatisfacción de los colombianos con la política tal como la ejercen desde el Palacio de Nariño y en los numerosos partidos políticos que han terminado por representar solamente los intereses de sus directores y de sus representantes en las corporaciones de elección popular. Rechazaron a la vez la ineptitud del gobierno y la decadencia de los partidos que, por gracia de la financiación del estado, la “mermelada” dispensada por los gobiernos y la expedición de avales, han convertido su desempeño en un negocio lucrativo que se ejerce hoy con impudicia en el Congreso, las Asambleas departamentales y los Concejos municipales.

No extraña entonces que la respuesta a la movilización ciudadana haya sido la tramitación del proyecto de ley de transfuguismo con el que pretenden reducir la representación política y las obligaciones que de ella se desprenden al favorecimiento de sus inconfesables intereses. No en vano el respaldo al transfuguismo convoca a representantes de casi todos los partidos políticos, los tradicionales como los nuevos, usufructuarios de la propensión a facilitar la participación en semejante botín de todas las nuevas colectividades que han obtenido graciosamente personería para ser partícipes de la piñata que se vislumbra. Pretenden justificar el transfuguismo en la diversidad de opiniones en el seno de los partidos, como si ellas no fueran propias de la naturaleza del debate democrático que encuentra en los propios estatutos de los partidos los mecanismos de resolución de conformidad con las mayorías prevalecientes en cada discusión.

El proyecto auspiciado por el gobierno e impulsado por su bancada procura despojar a los partidos y organizaciones políticas de las curules para endosárselas a los particulares sin importar el conflicto de intereses en la que incurrirían los congresistas al aprobarlas y favorecerse a si mismos. La intención del gobierno es propender por la unificación de las fuerzas que integran el pacto histórico y atraer congresista de otras bancadas con miras a las elecciones del 2026.

El propósito que subyace es el de fortalecer la posibilidad de un un partido único de Gobierno que estaría compuesto por todos los que integran el Pacto Histórico y por quienes cedan a los gajes ofrecidos y dispensados por el dueño del poder ejecutivo. Al tiempo que el presidente estimula la polarización, sus ministros procuran acuerdos para revivir la reforma a la salud y facilitar la aprobación de sus otras iniciativas, todas dirigidas al imperio de la estatización que hoy padecen en otros países que capitularon mansamente ante las dictaduras que los aquejan. Parece ser la actitud de los liberales, víctimas impávidas del conejo presidencial sobre el umbral para cotizar en Colpensiones que pasará del 2.3 al 4% en el texto final que aprobará la Cámara. Triste papel de los partidos atragantados de beneficios que entregan su dignidad y sus idearios al sátrapa en ciernes. Las marchas del 21 de abril entronizaron un nuevo instrumento de participación en la política que producirá alcances insospechados en la democracia colombiana. Expresan mandatos para la contención de dictaduras, la degradación de la política y el advenimiento de una mayor participación ciudadana que pongan fin al deterioro que confronta nuestra democracia.