La impronta del progresismo en la historia de Colombia

Mario González Vargas

Patéticos han resultado los contenidos de la nueva reforma a la salud y el trámite con el que se ha procedido en la comisión séptima y en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin novedades que la distingan de la que naufragó en la comisión séptima del Senado, pretendió el gobierno adornarla de singularidades improbables que ocultaran sus vicios de origen que hacen imposible la viabilidad del sistema por la incapacidad manifiesta para garantizar los recursos indispensables para cubrir los gastos en salud de los colombianos, sin los que ninguna cadena de prestación de servicios que demande altas capacidades tecnológicas, logra sus metas y escapa a la condena de operar bajo una condición de déficit recurrente.

Las proyecciones de la Andi demuestran que el país no tendría “la capacidad de soportar a nivel fiscal la reforma a la salud del gobierno, cuyo déficit alcanzaría en los próximos diez años 163 billones, en el 2025, faltarían 9.2 billones, en el 2026 el faltante sería de 13 billones; en el 2027 de 9.5 billones; en el 2028 de 10.5 billones; en el 2029 de 13 billones, en el 2030 de 14,3 billones de déficit; en 2031 llegaría a $ 15,5 billones; en 2032 sería de $ 17 billones; en 2033 llegaría a la abismal cifra de $ 19 billones y en 2034 sería de $ 19,9 billones”, proyecciones que el gobierno ha desdeñado olímpicamente.

Una vez más Petro insiste en anteponer su credo ideológico a las realidades que vivimos, lo que explica que el Ministerio de Hacienda no haya entregado un concepto fiscal vinculante, ni en el primer proyecto de reforma que se hundió en su trámite, ni en este que cursa en el Congreso, porque en ambos casos se han presentado documentos que no son técnicamente avales fiscales. Enceguecido, se rehúsa a la evidencia que demuestra que Colombia carece absolutamente de la capacidad de soportar fiscalmente sus desvaríos progresistas. Para ello, acude a estimular las más vituperables conductas que se han enraizado en el Congreso y sacudido los cimientos de nuestra democracia.

Denigrante ha sido el comportamiento de los partidos políticos. Los liberales desoyen, sin consecuencia alguna, las razonables críticas que su jefe único ha venido reiterando. Los conservadores, más solapados, colaboraron con el quorum, el partido de la U respondió a su naturaleza de origen gobiernista cualquiera que sea la orientación ideológica de quien ostenta el poder, la mayoría de Alianza Verde apostató de sus principios fundacionales y los partidos cristianos a la espera de consumar, sin incomodas reticencias, dan por bienvenidos los pecados ofrecidos.

”Carpe diem” parece ser hoy la brújula predominante y predilecta de las organizaciones partidistas en el Congreso. Todos a una como en fuente Ovejuna, sin consideración distinta a los gajes que premiarían sus díscolas conductas, ni de los daños inferidos a los ciudadanos que en mala hora les dispensaron su confianza, y a la propia democracia que se marchita por obra de sus ocultos intereses. Sepultaron su vocación de poder para trocarlo por las dadivas que se dispensan para asegurar su sumisa complacencia.

El sistema de salud agoniza por obra de la consentida aplicación del shu shu shu anunciado y aplicado por Petro, y de la sistemática renuencia a ajustar la UPC, con lo que se ha puesto en inminente riesgo la operación del sistema que hoy empieza a colapsar con la resistencia de clínicas y hospitales a atender al enfermo, que el desalmado ministro niega contra toda evidencia. El desfinanciamiento del sistema de aseguramiento es hoy insostenible y la atención médica se convirtió en improbable para cualquier patología. A su vez, las clínicas y hospitales públicas y privadas se han visto obligadas a restringir sus servicios, algunas hasta el extremo de su abstención, con lo que se amenaza de manera cierta y actual la vida de los pacientes.

Cuantos colombianos sobreviviremos a la hecatombe es incógnita que no trasnocha al gobierno, ni hace parte de sus prioridades para su continuidad en el poder. La prevalencia de los imperativos ideológicos con los demenciales resultados ya comprobables en el vecindario, no alterarán su hoja de ruta Esa será su impronta en la convulsionada historia de Colombia.

El dinero malgastado que le duele a los colombianos

Por Bernardo Socha Acosta

Cuando una determinada transacción con los recursos del estado tiene una contraprestación en beneficio nacional, no se catalogaría como un gasto, sino una inversión productiva.

Y eso sería lo que cada una de las dependencias debería considerar como una misión de estado responsable en beneficio de sus gobernados.

Por sentido común, las metas que las ramas del poder público deberían fijar como un objetivo de misión estatal de carácter obligatorio, sería la reinversión productiva, para que se acabe tanta vagancia, irrespeto por los colombianos y la rampante corrupción que esta llevando a todos los peores males al país.

Pero las faltas que se cometen en ese ámbito (por sus funcionarios) debieran ser castigadas sin ninguna contemplación, como en otros países, para sentar un precedente. Pero por la falta de los merecidos castigos, es que nacen todos los males que Colombia está atravesando: hambre, prostitución, drogadicción, trata de personas, delincuencia de todos los órdenes, violencia, asesinatos, aumento de las guerrillas, reclutamiento de menores para la guerra, incremento de los cultivos ilícitos y muchos otros que se derivan, casi con la complacencia de quienes deben formular y aplicar rigurosamente las disposiciones, o para mejor entender, los que integran las tres ramas del poder, son los responsables de lo que le ocurre el país.

Aquí nadie se salva de estas responsabilidades, pero quizás una de las que más trafica con las necesidades de los colombianos son las llamadas mayorías del CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

Esas llamadas mayorías que hacen lo que les plazca para burlarse de los colombianos, son las tutoras de las catástrofes que ya asoman y que muy pronto se acentuarán, no solo contra quienes se burlan, como los congresistas, sino en general, porque el país no aguanta más atropellos contados politiqueros que el pueblo en mala hora los ha elegido, para que se conviertan en sus verdugos.

Las tragedias que se avecinan, si no hay un alto en los abusos de quienes creen tener el país en sus manos, no es para seguir burlándose y pisoteando al país, mientras 296 personas como son los representantes a la Cámara y Senadores disfrutan de unos PRIVILEGIOS incalculables, comenzando por los millones en sueldo que reciben inoficiosamente cada mes. Estos son los dineros peor malgastados en Colombia.

Si esos BILLONES fueran productivos, pues bienvenidos porque el país los multiplicaría en bienes, servicios y bienestar para 50 millones de colombianos, pero son pagos billonarios que solo empobrecen al país. Por algo se dice en diferentes medios de opinión que, en América Latina, actualmente, Colombia es el segundo país con la mayor desproporción entre el salario de los Congresistas y el salario mínimo de los trabajadores. El salario mensual de un congresista equivale a 34.4 SMLMV (salarios mínimos) y para qué. Esos dineros pagados, serían más productivos echándolos a un caño de aguas negras.

La trágica agonía del gobierno del cambio

Mario González Vargas

El presidente y su equipo económico no supieron entender que sumar una tercera reforma a las presentadas por Ocampo y Bonilla reunía todas las condiciones que caracterizan un proceso condenado a una muerte anunciada. Son múltiples las carencias, errores y maquillajes que empujaron a las instituciones competentes a extraviarse en la consecución de metas cada vez más lejanas de las realidades, que afectaron progresivamente la comprensión del buen juicio que debe guiar la toma de las decisiones de las que dependen el acertado manejo de la economía nacional.

El populismo rampante de Petro y su apego a principios ideológicos desuetos, acompañados de supina ignorancia de los principios que procuran una economía sana, se vieron estimulados por la degradación paulatina del DANE en la lectura acertada de los datos indispensables para la construcción de las políticas públicas, que afectaron no solamente su transparencia, sino también su independencia, indispensables para construir estadísticas que consulten las realidades de la economía del país. Metodologías caprichosas arrojan resultados caprichosos, como los que recientemente afectaron al sector agrícola que arrojaron crecimiento del sector mientras los precios de los insumos subían y la oferta de productos agrarios bajaba, con lo que se logró la evidente contradicción de un supuesto PIB agrario boyante y los tres millones de agricultores en la inmunda. Los caprichos metodológicos han afectado también el cálculo en la fijación del salario mínimo incoherente en relación con el bajo crecimiento económico.

Esas son las fuentes que le permiten al presidente presentar resultados que no corresponden a la realidad y sermonear a la oposición, de la que sospecha por su testarudez de no querer aceptar los imaginados éxitos de su gestión que le permiten sostener mentirosamente que nuestra economía es la sexta de mejores resultados entre los países de la OCDE, y sentirse autorizado para proseguir su proceso de estatización que se traduce también en que las organizaciones populares deben ser las grandes contratistas del estado, cobijadas por una engañosa oferta de una democracia participativa. No contento con ello, y para tapar el debilitamiento progresivo de la Fuerza Pública que adelanta desde el primer día de su mandato, culpa a la desaprobación de la ley de financiamiento de la disminución de las capacidades de la Fuerza Pública que sistemáticamente ha golpeado desde el día de su posesión.

Al olvido condenó a las recomendaciones de la señora Mazzacuto, contratada con bombos y platillos, que le aconsejó una aproximación audaz a una política industrial que representara una expresión atractiva y lograra reverdecer el papel del estado como modelador del mercado, una versión supuestamente incluyente y sostenible de un aparente capitalismo en proceso de evolución. Vano ejercicio cuando el destinatario es militante de la versión más trasnochada y totalitaria del socialismo y de sus herederos, que hoy se disfraza del engañador ropaje de progresismo que pretende imponerse bajo el alero del globalismo que lo alimenta.

La derrota en el Congreso de su reforma tributaria provocó la ira non santa de Petro y la de sus más conspicuos alfiles. Al mando de un gabinete que en su inmensa mayoría ha sido incapaz de ejecutar los presupuestos que les han sido asignados, es inevitable la sospecha de que los recursos de la tributaria estaban destinados a sumarse a los no ejecutados y guardados a buen recaudo para irrigar los debates electorales que se avecinan. Lo inesperado asoma con su carga de insolidaridades y diferencias en las filas del gobierno y en las fuerzas políticas que lo acompañan. Las rabiosas reacciones en defensa de lo indefensable denotan una pérdida de autocontrol vedada a los gobernantes. Prematuramente, Petro ha logrado colocar el sol a sus espaldas y trasladar la inesperada conversión del shu shu shu con la que destruye la salud a su propio gabinete y a la ya maltrecha cohesión del pacto histórico. Parece una fuga hacia adelante que seguramente tendrá un desenlace final semejante a los que caracterizan las tragedias de los clásicos dramaturgos e historiadores griegos.

El proyecto no se le cayó al gobierno; se le cayó al pueblo

Así le pagan las mayorías del congreso de la república al pueblo que los eligió

Por Bernardo Socha Acosta

Nadie tenía en su agenda de fin de año, que los “honorables” congresistas fueran a sorprender a los sectores más necesitados de Colombia, con un inesperado regalo NAVIDEÑO. Así le paga el diablo a quien bien le sirve.

Si, un regalo representado en la peor BOFETADA que colombiano alguno haya recibido de uno de los “grandes” poderes públicos, donde se hace lo que le convenga a sus integrantes y a quienes amasan grandes fortunas y posiblemente financian las campañas políticas que hoy mantienen a esos congresistas en el poder, olvidados de quiénes los eligieron.

Quiénes son los damnificados de esta absurda decisión

Pues nada más que los sufridos usuarios de la energía de la región Caribe, el deporte, los campesinos que necesitan contar con maquinaria para arreglar las vías terciarias; los pensionados, los subsidiados de la salud entre otros. En esta lista hay una interminable franja de la población damnificada por esa decisión de los PADRES DE LA PATRIA. Son muchos más los sectores afectados, como la población vulnerable

Es que, las llamadas mayorías de representantes a la cámara y los Senadores, que el pueblo en mala hora eligió dio el peor golpe a muchos colombianos.

Y para los colombianos que no están muy al tanto de esta otra TRAGEDIA, pues les decimos que, las mayorías de congresistas TORPEDEARON y sepultaron un proyecto de Ley denominado de Financiamiento que creaba mecanismos para arbitrar recursos que serían destinados a esas necesidades que afectan más a los sectores marginados de la mano oficial. Los CONGRESISTAS mayoritarios, sepultaron la iniciativa porque creaba tributos dirigidos a los sectores que manejan los inmensos capitales y que son los que muchas veces pagan menos tributos, comparados con los que paga el pueblo, por, ejemplo en el IVA, donde está, una de las peores injusticias, porque la población vulnerable tiene que pagar ese tributo si quiere comer.

Por eso, hoy los damnificados, no son solo los que la naturaleza con los fenómenos naturales ha dejado en la miseria, sino otros sectores como los millones de usuarios de la energía de la Costa CARIBE y los usuarios de los servicios públicos (estratos 1-2 y 3) que recibían un alivio a través de un subsidio. Pues por decisión de esos CONGRESISTAS en adelante tendrán que pagar las tarifas plenas, todo por el FLAMANTE REGALO de esos voceros del pueblo que devengan mensualmente MILLONES Y MILLONES DE PESOS, con un trabajo que solo va en detrimento de los colombianos.

Y muchos se les llena de agua la boca ignorantemente diciendo que se le cayó el proyecto al gobierno. El proyecto no se le cayó al gobierno (Brutos). Se le cayó el proyecto a los colombianos, que era una iniciativa social y estaba orientada a beneficiar muchos sectores populares. Ya no se beneficiarán, sencillamente porque hay unos congresistas que así le pagan a quienes erráticamente los eligieron. Y téngalos en cuenta para las próximas elecciones. Y si quieren premiarlos, elíjanlos y si quieren olvidarlos, pues ni recordar sus NEFASTOS NOMBRES y menos aquellos ilusos que dicen ser precandidatos presidenciales. Sería un pueblo de masoquistas, si los premiara con su voto.

El fuego amigo y la debacle ética del petrismo

Mario González Vargas

Todo parece indicar que el gobierno del cambio se ha complacido en el ejercicio de procurar el paroxismo de los defectos y pecados que han venido envenenando el ejercicio de la política y deslegitimando el accionar de las instituciones del régimen democrático. Sin dubitaciones ha caído en el uso permanente de las herramientas que solía combatir y descalificar en el ejercicio de la oposición, sin sonrojos, pero valido del rabioso entusiasmo que semejante piñata despierta entre sus incompetentes activistas hoy encumbrados en el gabinete presidencial.

Los cupos indicativos, ideados por Juan Manuel Santos, desde el ministerio de hacienda, para permitir el canje de dineros por gobernabilidad, se incrustaron de manera progresiva en las relaciones del ejecutivo con el congreso hasta alcanzar los niveles delincuenciales que han minado la democracia y hoy estremecen la contrita conciencia ciudadana. La práctica recurrente de ese artificio se deshizo de toda confidencialidad porque se fue convirtiendo en herramienta de elegibilidad a las instituciones de elección popular y en instrumento necesario de gobernabilidad del ejecutivo que con el tiempo alteró la ética, el equilibrio de poderes y la propia independencia de los poderes del Estado.

Petro no tardó en identificar los constreñimientos que suponían la continuidad de cierta tecnocracia, que aún se resistía a los continuos embates de los usufructuarios de las nuevas destrezas, y procedió a su progresivo desmantelamiento en las instituciones del estado en las que tuviera oportunidad de intervenir, ministerios, y planeación nacional, que hoy extiende a las entidades adscritas y vinculadas a los ministerios, con el deleznable argumento de que “la técnica neutra, vuelta tecnocracia, solo es un engaño mental, no es más que poder de los más ricos de la sociedad y del mundo”.

Con pocas excepciones, los ministros y las cabezas de los organismos del estado son predominantemente reconocidos activistas, con equipos que se les parecen, inexpertos que solo comprenden los soliloquios del presidente e ignoran la complejidad inherente a sus tareas y el peligro que los circunda en cada decisión que les corresponda, y del que suelen percatarse cuando son llamados por la justicia. Con ello, solo se ha logrado introducir conductas que se pretenden legitimar y justificar con las promesas del presidente, así sean violatorias de la ley y acreedoras a las sanciones que para tal efecto contempla el ordenamiento jurídico. A nadie debe extrañar esta situación si el propio presidente estima que su ministro Bonilla resultó víctima del “mismísimo sistema político y de un relato periodístico que “busca destruir alternativas políticas”, esguince con el que pretende ocultar la avasalladora podredumbre que se esparce por gran parte de las entidades del gobierno del cambio.

El desastre ético que alimenta la hecatombe y amenaza el desempeño de muchas de las agencias del gobierno, ha desatado un fuego amigo, que no se logrará extinguir con procedimientos como el que tiene hoy a Benedetti en la oficina contigua a la del presidente. Por el contrario, aunados a las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, se verán replicados en otras dependencias en una migración que parece incontenible. A los testimonios de Sandra Ortiz y María Alejandra Benavides se sumarán muchos otros más, en búsqueda de beneficios procesales, así como señalamientos inesperados, pero repetitivos, como los del exministro Bonilla que abrió fuego amigo contra el ampliamente cuestionado presidente de Ecopetrol y el hijo adoptivo de Petro, recogiendo sindicación ya conocida pero aún huérfana de confirmación judicial.

Tardías las advertencias del embajador en Londres, curtido en el manejo de estos escenarios, que reclama poner fin a un ejercicio que califica de autodestrucción, como si fuera a estas alturas posible, cuando ya se ha caído en las deleznables prácticas políticas que ataño se denunciaban, magnificaban y se acompañaban de estallidos de violencia para pavimentar el sendero hacia el poder. La apurada propuesta de Petro de un pacto por la transparencia total resulta una distracción similar a la inalcanzable paz total. El país clama por el rescate de la ética como pilar insustituible en el ejercicio del poder, indispensable a la legitimidad del régimen democrático y reto imprescindible para la restitución de sus valores que exige capacidad de innovación y mayorías que la respalden.

La monstruosa práctica de la política corrupta

La amenaza de hábiles y tradicionales ladrones agazapados en falsa pulcritud

Por Bernardo Socha Acosta

Hoy cuando por fortuna se destapa uno de los más peligrosos monstruos que nos venía envolviendo en los últimos años en las garras de la ambición, poder y codicia, como es la corrupción, los padres o tutores de ese agazapado monstruo tratan de lavarse las manos para aparentar ante sus simpatizantes o mejor los colombianos, una falsa pulcritud, utilizando hábilmente medios de comunicación.

Una falsa pulcritud que solo se oculta tras las máscaras de la envidia, la trapisonda política y la sombra maquiavélica que esconde el afán por volver a recuperar el manejo del estado porque no se resisten haber perdido la gallina de los huevos de oro que representan los colombianos con el pago de BILLONES Y BILLONES por impuestos que no se reflejan en cuantía equitativa por culpa de esos millonarios desfalcos.

Gracias a los investigadores que lograron descubrir en este gobierno, que en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD - se escondía desde hace varios años, uno de los más peligrosos y viejos engendros convertido en bestia humana que devoraba el presupuesto nacional y que enriquecía a los más encopetados funcionarios, no solo de esa entidad, sino de otras ramas del poder, (y muchas) de una manera cómplice, razón por la cual nadie se denunciaba y así seguía el circulo vicioso campante, como un agresivo cáncer que venía socavando las bases económicas y morales del país. Ese cáncer solo se ve reflejado en el desempleo, el hambre, la inseguridad y la violencia que hoy agobia a Colombia, todo por esos malditos corruptos, que no solo estaban en la UNGRD, sino que se encuentran camuflados en muchas otras importantes entidades de todas las ramas del poder, como la peor amenaza para los colombianos.

Y como esas “ganancias” del asalto a los recursos del estado, beneficiaban a muchos cómplices, pues nadie tenía la valentía de hacer las denuncias, (en la UNGRD) hasta que llegó este gobierno y los descubrió porque ellos tenían sus fichas ahí para seguir cometiendo sus asaltos disfrazados y al amparo de los fenómenos naturales. Así transcurrieron largos años y nadie se percataba del inmenso robo.

Pero, para infortunio de los colombianos esos tutores de la arraigada corrupción, siguen actuando con la misma mala intención y mala fe para enlodar a funcionarios actuales y se rasgan las vestiduras en un ABERRANTE comportamiento que solo cabe en los ladrones de cuello blanco, para tratar de convencer a la opinión, de que ellos son los buenos y otro son los malos. Y por desgracia esos ladrones de cuello blanco que hoy hacen contradenuncias para sacudirse de la pestilencia corrupta, son más escuchados por algunos grandes MEDIOS DE COMUNICACIÓN, a quienes les abren sus canales para que sigan fortaleciendo su malintencionado juego ilícito. Hay algunos periodistas que se dejan engañar de esos falsos pulquérrimos y así lamentablemente siembran dudas y cizaña para posar como blancas palomas.

Los corruptos son los lobos más sanguinarios que tienen arruinado al país, y se disfrazan con piel de oveja, y así actúan para apoderarse anualmente de algo más de $50 BILLONES según cifras reveladas la Revista Portafolio. Es un dinero que pagamos los ciudadanos por impuestos y se lo roban esos delincuentes amparados por una cáfila de fracciones políticas hábilmente preparadas.

Si no se hubiera hecho ese hallazgo (el robo en la UNGRD) habría terminado el actual gobierno y seguramente los peligrosos politiqueros (diciendo que ellos son los buenos y otros los malos) se harían apoyar por el pueblo con argucias, patrañas y sofismas para recuperar el poder y seguir apoderándose del fruto del trabajo de los colombianos. Ahora, de los electores dependerá que el país después de 2026, siga transitando por piso firme, o por el contrario, navegando en la falsa ilusión que trae la politiquería y que finalmente conducirá al país al abismo de la destrucción, por hambre y violencia, como ya parece desembocar nuestra Colombia.

Las amenazas de un rampante globalismo

Mario González Vargas

No sorprende el pronunciamiento del secretario adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que reitera su inconformidad con las decisiones de la Corte Constitucional colombiana en las que “persiste la sanción de inhabilitación o destitución de funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal, contrariando el artículo 23.2 de la Convención Americana y su objeto y fin".

Esa norma, que fue introducida a las volandas y casi que subrepticiamente en la Convención en tiempos de gobiernos militares en gran parte de los países de las Américas, además de anacrónica y desueta, se ha convertido en ley incontrovertible, inapelable e inmodificable, que hace parte de un proceso de expansión y sometimiento de los países a un globalismo feroz que se ha venido consolidando en los distintos organismos internacionales y que constituye el mayor desafío a las instituciones democráticas de sus países miembros. Vano sería combatirla con acomodamientos o interpretaciones jurídicas propias de los estados-nación, sin entender que lo que está en curso es la imposición de una legitimidad globalista, encarnada por una tecnocracia elitista, no elegida, sino conformada por cooptación, supuestamente filantrópica, que apunta a la gobernanza de un mundo diseñado a la usanza de un saber técnico y científico que suponen no hallarse al alcance de las instituciones de la democracia. Hoy los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la CIDH, si bien son postulados por los estados miembros, resultan escogidos por un panel de expertos, no previsto en la Convención, agentes ajenos a la voluntad de los estados miembros y que obran de conformidad con unos estándares diseñados por ellos mismos. La única excepción a ese procedimiento se logró con la elección a la CIDH del exmagistrado de la Corte Constitucional colombiana, Carlos Bernal Pulido, que dignamente rehusó someterse a ese procedimiento.

El globalismo, tan caro a los progresistas, se nutre de una concepción colectivista y totalitaria que exige una nueva ingeniería social que prescinda del pueblo, y cuya omnímoda voluntad condicione la legitimidad del poder y exija nuevas instituciones habilitadas para crear un ordenamiento jurídico para todos los ciudadanos del orbe. Esa maltrecha utopía parece haber perdido gran parte de su ímpetu en un presente que, por incierto, confía en la democracia como depositaria de la soberanía de los pueblos. Se observa una recuperación del estado-nación y de la soberanía que le es consustancial, como lo atestiguan las crisis e incapacidades que padecen las organizaciones internacionales que tendrán que volver y adaptarse a su papel primigenio de instrumento de colaboración para la paz y el desarrollo que han venido olvidando como consecuencia de la marchita pretensión de diseñar un mundo ajeno a la voluntad del “demos”. Las elecciones al Parlamento Europeo que arrojaron amplia mayoría de quienes reivindican la soberanía de los estados, y los resultados de los comicios que se han venido celebrando en Europa y los Estados Unidos constituyen inequívoca demostración de la primacía de los valores fundantes de las democracias y una confirmación de las ventajas que depara su ejercicio democrático.

El secretario de la CIDH tendrá que entender que las ordenes que imparte para que se modifiquen los ordenamientos constitucionales que consagren la supremacía de instituciones y burocracias apátridas con pretensiones de ignorar la voluntad de las naciones, lo condenan a arar en el desierto. Las constituciones son el alma misma de cada pueblo y la historia de sus crisis y dificultades. Por ello son diversas, pero no incompatibles, y ejemplo, si lo que se quiere es el fortalecimiento de las libertades y de los derechos que de ella se derivan.

Cualesquiera que sean los retos que depare el futuro difícilmente podrán ser resueltos sin el apoyo de la creatividad que dispensan las libertades y sus capacidades para resolver sus encrucijadas, apacentar la paz y fortalecer la cooperación internacional.

¿Habrá un rudo giro en elección presidencial 2026?

Por Bernardo Socha Acosta

Con incertidumbre encontró el equipo de investigación de esta web, el pensamiento de muchos colombianos frente a lo que se vislumbra para las elecciones presidenciales y de congreso en los comicios de 2026.

El análisis realizado con diferentes sectores sociales relacionado con la crisis de inseguridad que está atravesando el país, sorprendió a los interlocutores, al recibir respuestas contundentes durante conversaciones con representantes de comunidades y gremio.

Los comentarios coincidieron, en que el comportamiento violento de grupos armados y delincuencia común, obliga a que los electores elijan a un presidente que sea capaz de enfrentar el fenómeno, a como de lugar, para frenar la anarquía de terror que los violentos quieren imponer contra el pueblo y contra el mismo gobierno que creyó de buena fe en la posible voluntad para adelantar unos diálogos que hoy son un fracaso.

Indicaron los entrevistados que los grupos armados desaprovecharon la oportunidad de la mano tendida que les ofreció el gobierno actual con la paz total, a la cual están respondiendo con más violencia, como una forma de rechazo.

Indicaron los consultados, que, así como en los estados Unidos, los electores prefirieron a un candidato que anunció mano dura y hasta la pena de muerte contra los asesinos de estadounidenses, podría ocurrir en Colombia frente a las propuestas que hagan los aspirantes al primer cargo de la nación.

Todos los comentarios fueron de rechazo total contra los violentos y hasta contra quienes con las llamadas protestas sociales quieren arrinconar a los colombianos que muchas veces ya no pueden movilizarse por las carreteras nacionales y hasta por las calles y carreras de las ciudades. En esas protestas parece que las autoridades defendieran la violación de las normas, a preferir la defensa de la institucionalidad, para garantizarle a todos la utilización de los bienes públicos como son las carreteras. EL bloque de vías, con la máscara de protesta social, es una violación de la Constitución Nacional, al mandato de garantías de la LIBRE LOCOMOCIÓN, hechos contra los cuales las autoridades no actúan como debiera ser.

Para finalizar los comentarios durante las conversaciones, donde se auscultó el pensamiento bien guardado de muchos colombianos, puntualizaron a manera de ejemplo, el por qué en el pasado reciente, surgieron las mal llamadas autodefensas, en momentos que el país se encontraba en la peor zozobra porque las guerrillas y la delincuencia común, mantenía encerrados a los ciudadanos de bien y hasta las mismas autoridades, sin que se viera una salida legal.

Luces y sombras de las elecciones presidenciales

Mario González Vargas

El prematuro salto al ruedo electoral de Vicky Dávila marca el inicio de una contienda electoral anticipada que pudiera, sin embargo, favorecer la comprensión de lo que se halla en juego para el país en las elecciones de congreso y presidencial del 2026.

El transcurrir de los días desde la posesión de Petro ha despejado con creciente claridad los objetivos políticos del gobierno y los instrumentos para realizarlos, fundados en la artera y pródiga compra de conciencias de una clase política en su mayoría acostumbrada a la veneración de las ventajas dispensadas por Don dinero que, rápida y cuidadosamente el presidente replicó sin tardar en sus propias filas, como si con ello confirmara el poder corruptor de la democracia y del capitalismo. Ello explica la aplicación del dogma progresista de la supuesta “deconstrucción creativa” con la que se pretende, a costa de las libertades individuales, entronizar el estatismo autoritario que siempre se ha traducido en favorecer la conculcación de los derechos y la generación de pobreza de la ciudadanía para someterla al arbitrio de un poderoso leviatán que se considera redentor.

No contento con la abrupta caída de todos los índices de crecimiento económico y social, Petro se ensaña ahora con el Icetex y la financiación de los estudios de la juventud colombiana con el propósito de marchitar la educación privada, aplicándole el mismo procedimiento con el que ha castigado con éxito al hoy moribundo sistema de salud. Sin compasión alguna por la vida y tranquilidad de los ciudadanos y de sus comunidades, ha prohijado sistemáticamente el deterioro de la seguridad y del control territorial, que se ha acompañado de laxitud y permisividad para con todas las estructuras armadas delincuenciales, a las que convoca en vez de combatirlas, favoreciéndolas con las purgas en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y con las limitaciones que les son impuestas en sus capacidades de combate y protección de la población civil. Simultáneamente, pretende el control de todos los poderes del estado, tarea que paradójicamente se ha visto facilitada por quienes serán sus primeras víctimas.

Ese insólito escenario en el que hasta un expresidente se abstiene de defender su legado, los certámenes electorales del 2026 serán inéditos en nuestra historia y exigirán estrategias nuevas, que permitan superar los peligros que encierran. Desuetos y contraproducentes serán los llamados a coaliciones entre los dos partidos históricos y la U, que no han ahorrado su apoyo subrepticio a las iniciativas del presidente, con el que ahuyentan al elector que sabe de las prebendas que se dispensan.

Los colombianos se aprestan a la búsqueda de nuevos liderazgos que interpreten las angustias ciudadanas y ofrezcan tesón y capacidad para la defensa de la democracia y la recuperación de las instituciones que la rigen. La candidatura de Vicky es la primera, pero no será la última, que opte por explorar y transitar nuevos esquemas de comunicación y de expresión que resalten su carácter independiente y privilegien más cercanas y confiables relaciones con los ciudadanos. Ese ejercicio ya asoma entre quienes se postulan en los dos partidos de oposición que deben dar ejemplo de consentir matices que favorezcan el debate plural al interior de sus filas. El dedazo les es prohibido. La construcción de un nuevo país es la mayor preocupación de los colombianos. Por ello los candidatos no serán juzgados solamente por sus virtudes, sino también por sus propuestas y la capacidad de sus equipos en la consecución de sus metas. Los enfrentamientos personales son naturales en la contienda, pero subsidiarios de las capacidades de las relaciones de confianza que deben tejerse con la ciudadanía. La ventaja está en el campo de la independencia. Eso parece entenderlo Petro que no halla candidatura viable en sus filas y tendría que optar por imponerse con una disrupción de las elecciones, o la de apoyar a alguien que no sea de su entorno partidista, que para ser viable tendrá que marcar diferencias con su malogrado legado.

Peripecias de Petro para alterar las elecciones del 2026

Mario González Vargas

La confiabilidad en el organismo encargado de dirigir el proceso electoral y determinar sus resultados es indispensable para la legitimidad del sistema democrático. En las últimas décadas han sido constantes los esfuerzos para mejorar las capacidades de la Registraduría y fortalecer los instrumentos que garanticen transparencia en las elecciones presidenciales, del Congreso y de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en los ámbitos departamentales, y municipales, y con ello asegurar la legitimidad de sus resultados. La expresión y concreción más certera de esos esfuerzos acompañaron la elección de Gustavo Petro a la presidencia de la República.

Por ello sorprende y preocupa que el gobierno lleve a cabo un hostigamiento reputacional y presupuestal encarnizado contra la autonomía e independencia de la Registraduría, sin asidero ni antecedentes en nuestra historia desde los tiempos del Frente Nacional. Pareciera que su objetivo sea el de minar la confianza en las reglas de la democracia, afectando su ejercicio mediante intervenciones que impacten las distintas etapas del proceso electoral.

Pero las intenciones de Petro no se reducen al ejercicio del control o debilitamiento de la Registraduría. Entiende que el debate electoral no pude versar sobre su calamitosa gestión de gobierno que la inmensa mayoría de los colombianos padece y rechaza, constatación que lo impulsa a la definición de un campo de batalla que induzca a extender una cortina de humo sobre su gestión, y sea lo suficientemente sugestiva para capturar la atención ciudadana y habilitar el despliegue de su intolerancia, el torrente de sus odios y de sus ridículas galácticas fantasías.

Maestro de la falacia, con el supuesto animo de aportar a la construcción de la paz el presidente sorprende al país con la designación como gestores de paz de los 18 más connotados exjefes paramilitares, todos perpetradores de delitos de lesa humanidad, incluyendo aún a los que todavía se encuentran en las cárceles de los Estados Unidos pagando las condenas que con la severidad que ameritaban no supimos o no pudimos imponerles en Colombia. Concederles verdad a sus pronunciamientos equivale a una abierta denegación de justicia y a una insoportable e intolerable revictimización de las innumerables personas y estamentos sociales que padecieron su violencia y salvajismo. Suponer que quienes no han entregado verdad ni reparación sean capaces de contribuciones a la paz mediante “su conocimiento y experiencia en actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales", no deja de ser una crueldad sin límites para sus innumerables víctimas y un insoportable cinismo, además de un desafiante insulto y un maligno reto a los más elementales principios de la justicia. No extraña entonces que la Corte Suprema de Justicia haya denegado toda posibilidad de libertad para Mancuso y cuestionado que se le tuviera como gestor de paz. Rechazó el beneficio de la libertad por querer favorecerlo “sin contraprestación y contención alguna, pese a la ausencia de contribución real a la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado”. Nuevamente la justicia cumple con su deber y señala las exigencias que son ineludibles en un estado de derecho.

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no toleran amnistías ni indultos y exigen además de verdad, la severidad de las penas que merecen y la reparación integral de sus víctimas. El que los integrantes del M-19 hayan escapado a la aplicación de esos principios no liberan las conciencias de los que perpetraron esas conductas. Muchos honraron sus compromisos, contribuyeron a la construcción de la Constitución de 1991 y se granjearon el respeto de los colombianos que hoy no debe sacrificarse por el dogmatismo ideológico del presidente. El país anhela paz y reconciliación, sentimientos que el presidente no debe subestimar ni atropellar, si quiere perdurar, aunque sea tímidamente, en la historia de Colombia.

La causa eficiente de la Paz

Mario González Vargas

En medio del creciente desconcierto que ha generado la mentada Paz Total con el exponencial crecimiento de las acciones militares y masacres y el consiguiente poder territorial de los distintos grupos armados ilegales, se pensó ingenuamente que la toma del Plateado por las fuerzas militares, en ejercicio conjunto, implicaba retomar la estrategia de garrote que fortaleciera la seguridad y favoreciera negociaciones que languidecían al ritmo impuesto por los delincuentes en las más de 9 mesas instaladas a las volandas y sin mayores consideraciones estratégicas.

Por el contrario, el gobierno, no solo redujo en más de 20.000 los efectivos de las fuerzas, tarea que acompañó con la devolución por el ministro de defensa de más de 800.000 millones de pesos de su presupuesto, sino que procedió a desmantelar los comandos conjuntos de excelentes resultados, con lo que aceleró la desarticulación de las estrategias de seguridad e inteligencia con las que se afectaron sensiblemente las capacidades de planeación y operacionales de las Fuerzas Militares.

El presidente y su ministro de defensa parecen no haber entendido que están obligados, si pretenden resultados favorables, a actuar en medio del enfrentamiento armado y tener como principal objetivo la recuperación del control territorial. Ajenos a cualquier consideración estratégica a largo plazo que permita nuevas lecturas políticas y los ajustes consiguientes en las acciones militares, han optado por mantener los ceses al fuego con cada organización convocada a mesa de dialogo, y a abstenerse de cualquier intervención en los enfrentamientos entre las distintas organizaciones criminales por las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el dominio territorial, sin importarles los confinamientos y desplazamientos a las que los criminales someten a las comunidades indefensas.

A nadie extraña entonces las actitudes despreciativas del Eln, o la suficiencia de alias Mordisco, o la concesión de la tarea de gestores de paz a quienes a ciencia y paciencia de la Fiscalía delinquen en libertad sin que se conozcan sus aportes a la tranquilidad de los colombianos. El resultado perverso se ha venido traduciendo en la aparición de nuevas estructuras de los diferentes grupos armados organizados, que se confrontan por el control territorial y por los negocios del narcotráfico en plena libertad, y además usufructuarios de las gabelas que desde las autoridades se les conceden.

Más grave aún resulta la continua rogatoria al Eln, que se considera a sí misma como una organización de carácter binacional, que recibe protección del régimen de Maduro, para que se decida a aceptar todas las concesiones que se le han propuesto y que implicarían una Reforma Constitucional que abarcaría el sistema económico, hipótesis que no deja de entusiasmar por igual al Clan del Golfo y a la Nueva Marquetalia, y que increíblemente no han suscitado las inquietudes que merece en las fuerzas políticas y en la propia opinión de los colombianos.

Alcanzar la paz, sumidos en esos escenarios, resulta una meta lejana para el gobierno de Petro, como se comprobó después de que la delegación del gobierno nacional y la delegación del Eln se reunieran en Caracas para discutir la situación de la Mesa de Diálogo en búsqueda de salidas a una solución pacífica entre las partes, que terminó en el anuncio de un paro armado indefinido en el Chocó, con el argumento de que la Armada Nacional patrullaba en el Chocó con lanchas artilladas y Buque de Guerra.

Llegó la hora de desprenderse de la narrativa que nos han impuesto los progresistas atinentes al conflicto armado que tantos réditos procura a los inveterados “pazólogos”, que abundan y se lucran con las negociaciones intemporales. No se puede seguir hablando de conflicto armado para justificar negociaciones cuando el narcotráfico no es un delito político, sino el combustible de la violencia y el instrumento para crecer en riqueza, en poder y control territorial que son los que blindan hoy el lucrativo negocio.

Entenderlo puede ser la causa eficiente de la paz definitiva.

Perecer o innovar, las opciones de la civilización occidental

Mario González Vargas

La comprensión de los tiempos transcurridos desde el final de la Segunda Mundial nos remite a Oswaldo Spengler y su obra la Decadencia de Occidente, en la que sostuvo la tesis de que las civilizaciones en su devenir no escapan a las etapas que son propias de la vida humana, desde su nacimiento hasta el último estadio de su existencia. Los tiempos que vivimos parecieran corresponder al declive de los valores que marcaron el génesis, el desarrollo y el eventual decaimiento de la cultura occidental y de sus fundamentos y valores que perduraron por centurias, porque se edificaron sobre elementos que recogieron a la vez enseñanzas del pasado y valores nacientes que sembraron las semillas de la nueva sociedad.

Esos nuevos tiempos se inspiraron en los mejores legados de las civilizaciones que los antecedieron, el racionalismo griego, el derecho romano y el monoteísmo judeo-cristiano. Paulatinamente, se consolidaron los elementos esenciales que han presidido desde entonces la vida de la nueva civilización: la separación de los poderes temporal y espiritual, el imperio de la ley, el pluralismo social; fundamentos de la sociedad civil que desde entonces hemos procurado conservar y mejorar a lo largo de la historia.

El respeto al individuo fomentó y perfeccionó la observancia de los derechos humanos y el reconocimiento y defensa de las libertades individuales, que ninguna otra civilización ha alcanzado en la historia y que permitieron la abolición de la esclavitud y la igualdad de género que no se observan ni se reconocen en las demás civilizaciones del planeta. Introdujo la democracia y las libertades que la sustentan y prohijó el progreso social en proporciones nunca vividas en la historia, estimuladas por la libre empresa que consolidó la creatividad y el ingenio con los que se dignificó la vida de los ciudadanos. Hoy, esa civilización prevalece en Europa, las Américas y la Oceanía y encuentra réplicas en Asia y el África, cuyos aportes son susceptibles de enriquecer nuestra civilización, hoy bajo asedio y amenazada desde el interior de sí misma por las expresiones colectivistas y estatizantes que suponen la antítesis de los fundamentos que han prevalecido en la civilización occidental.

Pareciera que occidente ha venido perdiendo la capacidad de oponerse al asalto de las civilizaciones revanchistas que la asedian, o a las imperfecciones propias que se han multiplicado por desidia propia, o por el resurgimiento con fuerza, en su propio seno, de las tesis que en el pasado reciente carecieron de aceptación, pero que hoy regresan con nuevos ropajes e identidades sugestivos, como las de “progresismo”, o de la cultura “woke” (despertar) para sumar incautos a su tarea de deconstrucción a la que ellos le confieren capacidad creativa.

A su amparo se estimula la violencia en sociedades, aún atónitas e indefensas por obra del supuesto derecho de protesta con el que se justifica y legitima el vandalismo como un derecho necesario para erradicar las inequidades enraizadas en un supuesto régimen opresor de las libertades. En el ejercicio de la política el populismo rampante se ha traducido en la desvalorización de los partidos, transformándola en vil negocio, sin relación alguna con el bien común.

Al contagio que afecta a la América Latina y golpea a una Europa dividida, se suma la incertidumbre de la elección presidencial en Estados Unidos signada por la retórica incierta y desabrochada del candidato y por los silencios de la candidata sospechosos de ocultamientos sobre sus reales propósitos.

Podemos encontrarnos en el umbral de la profecía de Benjamín Franklin: “Los pueblos de occidente tienen que permanecer unidos hasta la tumba, o labrarse la tumba por separado”. Predicción que nos concierne porque el futuro pertenece a quienes entiendan que el mestizaje se está convirtiendo en el rasgo común de las sociedades occidentales.