Miércoles, 17 de noviembre de 2010
-----------------------------------Por Horacio Serpa
La corrupción es el cáncer de la democracia. Y está haciendo metástasis en Colombia. Con razón el Presidente Santos ha encendido las alarmas y ha fijado la derrota de ese delito en el mismo nivel que el terrorismo.
No hay cifras concretas de cuánto de la riqueza nacional se queda en los bolsillos de los corruptos, llámense contratistas, dirigentes políticos, empresarios, organizaciones criminales. La pobreza aumenta de manera vertiginosa de la mano de estos delincuentes que se roban la plata del desarrollo y el bienestar social, para financiar sus proyectos personales o grupales.
El caso más aberrante es el desfalco a la salud. Para nadie es un secreto que en muchos lugares del país esos recursos se han desviado hacia particulares, pero principalmente a los paramilitares, que saquearon la red hospitalaria y convirtieron los centros médicos en sitios de mala muerte, literalmente, en donde la gente va a morirse no a sanarse, en manos de personal que no recibe salarios durante años y no cuenta con elementos para realizar sus labores.
Basta escuchar las declaraciones de los paramilitares en Justicia y Paz para constatar esa realidad y visitar los hospitales de las zonas de influencia paramilitar para constar dicha realidad. No en vano el sistema de salud está quebrado. La plata se la roban de manera descarada los corruptos, armados y desarmados, sin que nadie haga nada para evitarlo. Pero así ocurre en todo el país, además, con los recursos para la educación, el agua potable, las carreteras, y un largo etc.
En los últimos días los medios de comunicación se han encargado de destapar muchas de esas ollas podridas. El olor es nauseabundo. El más notorio es el caso de los Nule, cabeza de los carteles de la contratación en Bogotá.
También se han destapado actos de corrupción en Fondelibertad, el Das, Incoder, Dirección Nacional de Estupefacientes, Banco Agrario, Inpec, Dian, Ingeominas e Inco. Tremenda labor tienen ante sí los órganos de control para identificar y castigar a los culpables de semejante tragedia nacional.
El Gobierno Nacional tiene que poner la lucha contra la corrupción como un objetivo nacional, si es que queremos avanzar en el fortalecimiento de la democracia, el logro de la paz y la generación de garantías para la inversión extranjera. No podemos seguir siendo una nación que se vanagloria de ganar la lucha contra el terrorismo, pero pierde todos los días la lucha contra los corruptos, que son langostas que se devoran el bienestar colectivo.
Esa cruzada nos involucra a todos los colombianos, pero debe comenzar con la aprobación de una ley anticorrupción que le otorgue verdaderas herramientas al Estado para desmontar ese flagelo. El Congreso tiene que demostrar que sí es digno de nuestra confianza. Nos merecemos ser una nación donde ser honesto sea una virtud y no una rareza. Hay que borrar el criterio de que la política es para enriquecerse y el Estado para esquilmarlo. La impunidad no puede ser el sello de nuestra nación.
