Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR
En la agenda mundial temas
como cambio climático, activos ambientales, servidumbres ecológicas, daños
ambientales y su responsabilidad; economía, costos y régimen tributario
ambiental; medio ambiente urbano y ordenamiento jurídico medio ambiental, y
seguridad y soberanía agroalimentarias y cadenas productivas, entre otros, son
de tratamiento urgente, donde se busca un doliente, sea sociedad, industria ó
instituciones.
En Colombia, pese a los
esfuerzos políticos y jurídicos, las decisiones del usufructo de los recursos
naturales han estado sujetas a los intereses particulares de los gobiernos y
funcionarios de turno, donde las licencias ambientales a multinacionales
explotadoras de minería se entregan a mansalva, y las explotaciones ilegales,
en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección
ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al
hacerse sin ningún control, están ocasionando daños irreparables a ecosistemas
protegidos.
Esta grave dispersión de
gestión administrativa por parte de la autoridad ambiental e institucional del
orden nacional, regional y local, ha generado una gran cantidad de conflictos y
distanciamientos entre los usuarios de los recursos naturales y los
responsables de aplicar la compleja y contradictoria normatividad ambiental en
todo el territorio nacional.
“Una discrecionalidad en la
interpretación y aplicación normativa que sumado a la autonomía de las
corporaciones e instituciones ambientales del Estado, generan inseguridad
jurídica en la aplicabilidad de las normas ambientales, cada institución para
el mismo caso produce un acto administrativo diferente en su trámite,
procedimiento y parte resolutoria. Este conflicto estructural y organizativo en
el Sistema Nacional Ambiental SINA, lleva a una dualidad de funciones entre los
entes administrativos y los funcionarios públicos que lo conforman,
presentándose una sistematicidad y una discrecionalidad ineficiente e incapaz
en la aplicación de la normatividad ambiental; así el derecho ambiental con su
pretensión de ser general, único, coherente y sistémico, pierde espacios y se
torna complejo en sus propias especificidades técnicas, jurídicas y
administrativas; llegando en muchos casos a la arbitrariedad, desigualdad,
ineficiencia e inseguridad jurídico administrativa del sistema ambiental y de
sus normas”1
Por esta carencia de normas
ambientales unificadas, coordinadas y eficaces, vivenciamos la destrucción del
patrimonio cultural y paisajístico donde la violencia contra la naturaleza y el
paisaje, (conducta antrópica), se expresa en el mercado irregular del suelo, la
flora, el agua y la fauna que se exponen y venden al mejor postor. La
destrucción de comunidades humanas y poblaciones conformadas por elementos
naturales (ecosistemas)- etnias en la Sierra Nevada de Santa Martha, grupos
poblacionales en Zona Andina, Choco y Amazonas. Un ejemplo especifico, El
paramo de San Turban en Santander, donde se ha priorizado la generación de
empleo con la explotación minera; y la comunidad para hacer valer el interés
general sobre el particular, ha tenido que hacer múltiples marchas de
concientización y sensibilización rural y urbana, logrando detener por lo menos
temporalmente la licencia y explotación a cielo abierto, sobre este magno y
macro ecosistema.
El 30 agosto de 2011,
posterior a un debate de Control Político Sobre Minería y Medio Ambiente que
realice en plenaria de Cámara sobre denuncia del usufructo irregular de la
minería en Colombia, presente el macroproyecto de Articulación al SINA y
posteriormente como resultado, se creó la Comisión Accidental de Seguimiento al
tema de Minería, Concesiones Mineras, Hidrocarburos, Arrecifes Coralinos y
Páramos y la Política Minera, con mi participación, además de los
representantes Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Cesar Augusto Franco Arbeláez, Didier Alberto Tavera Amado, Jack Housni
Jaller, Augusto Posada, Juan Diego Gómez Jiménez, Juan Manuel Valdés, Ivan
Dario Agudelo Zapata y Wilson Arias Castillo.
Además con la oportuna y
acérrima contribución en investigación y propuesta de la Universidad
libre-Seccional del Socorro, bajo el liderazgo de la Dra Amanda Parra Cardenas,
y su equipo co-investigador, vamos hacer la presentación del proyecto de
Articulación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el cual busca crear una la
jurisdicción ambiental-agraria y minera en Colombia Sistematizada, articulada,
integrada y transversal; el próximo 20 de julio radicaremos del macroproyecto
lo que compete a la creación del nuevo Código Sustancial y Procedimental
Ambiental; el cual desde el año 1974 no se actualiza.
“Resulta bastante ambiciosa la
idea de unificar la legislación ambiental, de ahí que se considera este como el
momento histórico para Colombia de establecer un instrumento jurídico,
codificado recogiendo temas existentes ya reglamentados, o nuevos que en
últimas solo buscan preservar el medio ambiente, como un bien público,
responsabilidad de las Instituciones Estatales y sociedad en su conjunto,
expresó su autora, Dra Amanda Parra Cardenas.”.
1 pag. 3 Documento Ejecutivo,
Universidad Libre de Colombia – Seccional Socorro, Facultadad de De Derecho y
Ciencia Políticas ,Dra Amanda Parra Cardenas y su equipo Coinvestigador.
