Crece la polémica por revelar coordenadas

  “Uribe debe ser investigado por espionaje”

Autor: SEMANA. El representante a la Cámara 
es reconocido por su conocimiento en materia penal.

Tomado de Semana

POLÉMICA  Germán Navas dice que el expresidente incurrió en ese delito por su famoso trino de las coordenadas.

Navas Talero, quien demandó recientemente a Uribe por traición a la patria, por su responsabilidad en la defensa de la nación previa al fallo de La Haya sobre San Andrés, escarbó en el Código Penal y encontró que en el artículo 463 de esa norma se sancionan conductas como la del expresidente Uribe con su polémico trino, calificado de “irresponsable” por el presidente Juan Manuel Santos.    

Dicho artículo, incorporado en el capítulo de delitos contra la seguridad del Estado, define el espionaje de la siguiente manera: “El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado”, y la sanción que establece es la prisión entre 64 a 216 meses, es decir entre 5 y 18 años de cárcel.

Navas, en su interpretación dice que Uribe obtuvo indebidamente un secreto político y militar de seguridad de Estado, lo empleó y lo reveló. “Ahí está muy claro”.

El congresista del Polo descartó por ahora denunciar al expresidente Uribe por este delito porque el fiscal general anunció una investigación. Navas considera que el camino es abrir un expediente por espionaje. Fuente: Semana

Y... la pérdida de 75 mil kilómetros...

¿Apenas comienzan los pleitos?

Horacio Serpa                       

Han sido nueve días de indignación, opiniones diferentes, controversias, debates sobre el fallo y denuncias contra la comisión que representó los intereses de Colombia. También contra los gobiernos que actuaron a lo largo de los once años que duró el proceso. En el Congreso hablaron de declarar traidores a la patria a los funcionarios que resulten responsables de la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el Caribe.

La verdad es que si llegaren a deducirse responsabilidades políticas y gubernamentales, los únicos que no tendrían “velas en ese entierro” serían el actual Presidente de la República y su Canciller. Solo les tocó mirar las últimas actuaciones del equipo de defensa, conformado diez años antes, y conocer el fallo de la Corte Internacional. Los dos gobiernos anteriores nombraron a los delegados colombianos que representaron a Colombia, contrataron asesores internacionales, asumieron la competencia de la Corte, presentaron excepciones, aceptaron que se descartara el meridiano 82 como frontera, presentaron pruebas, alegaron, en fin, corrieron con la responsabilidad de atender el pleito.

El buen juicio indica que a este respecto no deben asumirse actitudes precipitadas. Ni que se hagan linchamientos morales, políticos o éticos, sin conocer a ciencia cierta todo lo que pasó y por qué pasó. Por fortuna el gobierno informó que ya cuenta con un comité asesor diferente para emprender las tareas que corresponden a buscar las aclaraciones necesarias, pedir revisión en lo que sea dable y denunciar ante las Naciones Unidas los desconocimientos y atropellos que se han advertido. Es lo que se pretende hacer, según informaciones públicas.

Entre acatar el fallo y rechazar la sentencia, ha surgido una tesis muy importante que debe estudiarse. No es posible  reconocer ni aceptar ni acatar un fallo que no se puede ejecutar. Opinión del exministro Jaime Pinzón, en Ola Política.

Varias razones se han expuesto para sustentar el planteamiento: con base en el meridiano 82 como línea de frontera, Colombia suscribió tratados limítrofes vigentes con Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Panamá. Si se acata el fallo se desbarata la geografía del Caribe y se desconocen olímpicamente los derechos de seis naciones.

Nicaragua no debiera precipitarse a ejercer vigilancia sobre los 75.000 kilómetros cuadrados a que se refiere la sentencia de La Haya, hasta que no se resuelvan los recursos y denuncios de Colombia y se sepa si la providencia es ejecutable. Todo indica que no lo es.

Como han dicho que Nicaragua reclamará más áreas marinas y que sus propósitos contra Colombia no cesarán hasta no quedarse con el Archipiélago, hay que estar atentos a los movimientos que se den en la República centroamericana. Por cierto, ya vienen sus barcos y se van a encontrar con los colombianos.

La situación  no es fácil. Todo menos la guerra, que es improbable. Entonces, tocará seguir pleiteando. Ojalá que para enfrentarlos, los nuevos defensores de nuestros derechos examinen a fondo de que se trata y nos eviten nuevos dolores de cabeza.

Bogotá D.C., 27 de Noviembre, 2012

NuevoSiglo

¡RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL¡

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR 

En la agenda mundial temas como cambio climático, activos ambientales, servidumbres ecológicas, daños ambientales y su responsabilidad; economía, costos y régimen tributario ambiental; medio ambiente urbano y ordenamiento jurídico medio ambiental, y seguridad y soberanía agroalimentarias y cadenas productivas, entre otros, son de tratamiento urgente, donde se busca un doliente, sea sociedad, industria ó instituciones.

En Colombia, pese a los esfuerzos políticos y jurídicos, las decisiones del usufructo de los recursos naturales han estado sujetas a los intereses particulares de los gobiernos y funcionarios de turno, donde las licencias ambientales a multinacionales explotadoras de minería se entregan a mansalva, y las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al hacerse sin ningún control, están ocasionando daños irreparables a ecosistemas protegidos.

Esta grave dispersión de gestión administrativa por parte de la autoridad ambiental e institucional del orden nacional, regional y local, ha generado una gran cantidad de conflictos y distanciamientos entre los usuarios de los recursos naturales y los responsables de aplicar la compleja y contradictoria normatividad ambiental en todo el territorio nacional.

“Una discrecionalidad en la interpretación y aplicación normativa que sumado a la autonomía de las corporaciones e instituciones ambientales del Estado, generan inseguridad jurídica en la aplicabilidad de las normas ambientales, cada institución para el mismo caso produce un acto administrativo diferente en su trámite, procedimiento y parte resolutoria. Este conflicto estructural y organizativo en el Sistema Nacional Ambiental SINA, lleva a una dualidad de funciones entre los entes administrativos y los funcionarios públicos que lo conforman, presentándose una sistematicidad y una discrecionalidad ineficiente e incapaz en la aplicación de la normatividad ambiental; así el derecho ambiental con su pretensión de ser general, único, coherente y sistémico, pierde espacios y se torna complejo en sus propias especificidades técnicas, jurídicas y administrativas; llegando en muchos casos a la arbitrariedad, desigualdad, ineficiencia e inseguridad jurídico administrativa del sistema ambiental y de sus normas”1

Por esta carencia de normas ambientales unificadas, coordinadas y eficaces, vivenciamos la destrucción del patrimonio cultural y paisajístico donde la violencia contra la naturaleza y el paisaje, (conducta antrópica), se expresa en el mercado irregular del suelo, la flora, el agua y la fauna que se exponen y venden al mejor postor. La destrucción de comunidades humanas y poblaciones conformadas por elementos naturales (ecosistemas)- etnias en la Sierra Nevada de Santa Martha, grupos poblacionales en Zona Andina, Choco y Amazonas. Un ejemplo especifico, El paramo de San Turban en Santander, donde se ha priorizado la generación de empleo con la explotación minera; y la comunidad para hacer valer el interés general sobre el particular, ha tenido que hacer múltiples marchas de concientización y sensibilización rural y urbana, logrando detener por lo menos temporalmente la licencia y explotación a cielo abierto, sobre este magno y macro ecosistema.

El 30 agosto de 2011, posterior a un debate de Control Político Sobre Minería y Medio Ambiente que realice en plenaria de Cámara sobre denuncia del usufructo irregular de la minería en Colombia, presente el macroproyecto de Articulación al SINA y posteriormente como resultado, se creó la Comisión Accidental de Seguimiento al tema de Minería, Concesiones Mineras, Hidrocarburos, Arrecifes Coralinos y Páramos y la Política Minera, con mi participación, además de los representantes Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Cesar Augusto Franco Arbeláez,  Didier Alberto Tavera Amado, Jack Housni Jaller, Augusto Posada, Juan Diego Gómez Jiménez, Juan Manuel Valdés, Ivan Dario Agudelo Zapata y Wilson Arias Castillo.

Además con la oportuna y acérrima contribución en investigación y propuesta de la Universidad libre-Seccional del Socorro, bajo el liderazgo de la Dra Amanda Parra Cardenas, y su equipo co-investigador, vamos hacer la presentación del proyecto de Articulación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el cual busca crear una la jurisdicción ambiental-agraria y minera en Colombia Sistematizada, articulada, integrada y transversal; el próximo 20 de julio radicaremos del macroproyecto lo que compete a la creación del nuevo Código Sustancial y Procedimental Ambiental; el cual desde el año 1974 no se actualiza.

“Resulta bastante ambiciosa la idea de unificar la legislación ambiental, de ahí que se considera este como el momento histórico para Colombia de establecer un instrumento jurídico, codificado recogiendo temas existentes ya reglamentados, o nuevos que en últimas solo buscan preservar el medio ambiente, como un bien público, responsabilidad de las Instituciones Estatales y sociedad en su conjunto, expresó su autora, Dra Amanda Parra Cardenas.”.

1 pag. 3 Documento Ejecutivo, Universidad Libre de Colombia – Seccional Socorro, Facultadad de De Derecho y Ciencia Políticas ,Dra Amanda Parra Cardenas y su equipo Coinvestigador.

Responsabilidad social empresarial en Colombia

Nota del editor: El representante de la Federación santandereana de pequeños, medianos mineros y de pequeña escala –FESAMIN- nos envió la siguiente Crónica a propósito de un foro minero realizado en el municipio de Californo.  El documento expedido es el siguiente:

FORO: MINERIA A QUE PRECIO…?

Por: Luis Alfredo Muñoz

Representante legal

La federación santandereana de pequeños y medianos mineros saluda al concejo municipal de California por este importante evento democrático que impulsa la “política de las cien flores y que se abran cien escuelas del pensamiento”, evento que  analizará la causa y los efectos de los distintos proyectos mineros, pero ante todo la unidad  y la  decidida respuesta de la comunidad en general de este municipio para defender la autonomía de nuestros recursos naturales y el derecho al trabajo de los lugareños;  toda vez que la mal llamada “responsabilidad social empresarial” no deja de ser otro engaño más y es el señuelo que les tienden las empresas extranjeras a las poblaciones y comunidades mineras; (ahí están los ejemplos en el departamento del Cesar y la Guajira) Ampliación

La niñez y la juventud en camino al abismo

Por: Bernardo Socha Acosta

La ascendente carrera que llevan, la niñez y la juventud  hacia un futuro  escalofriante parece no tener control ni remedio.

Las autoridades buscan, como dice el adagio, la calentura en las sábanas, seguramente por respeto o ignorando simplemente el origen del gravísimo fenómeno.

Desde las pequeñas sociedades, la familia,  muchos niños y jóvenes, comienzan el camino del delito, amparados por las normas que les han dado  nuestros legisladores, seguramente de buena intención, sin conocimiento de lo que significa con todos los elementos vitales, la formación de un ser humano, desde sus primero años de vida. Esto no es solo que los niños lleguen y ocupen cunas de oro y que no les falte el alimento. Esa misión representa mucho más de lo que desprevenidamente pensamos.

Hoy cuando lamentablemente los padres de familia son amedrentados por muchos niños y jóvenes   para que  no se interpongan en el libre 'albedrío,' se acabó la autoridad en el hogar y esa nueva sociedad está en el peor, triste y lamentable   camino de  destrucción y de representar el peor de los riesgos de un país que volverá seguramente a las viejas y arcaicas prácticas de la ley del más fuerte y mucho peor. Eso es lo que se puede visualizar cuando vemos algunos niños y jóvenes que les pegan a sus padres y hasta atentan contra sus vidas.  Pero qué decir de los vergonzosos  actos que esos, algunos, alumnos cometen en las escuelas y colegios, contra sus mismos compañeros y ahora últimamente contra los educadores, a quienes intentan eliminar.  

Ahora, como un padre de familia o un educador no puede  corregir a los menores, porque según las normas se les está violando sus derechos, el estado tendrá que responder más tarde por su responsabilidad. Cuándo se veía (hace unos 40 o más años) que en una forma tan generalizada los hijos se levanten contra sus padres y los alumnos saquen corriendo de los establecimientos educativos a sus educadores, (si se les puede decir así,)  porque ya no son educadores, amen de las normas que los ha convertido en una guías; educar significa tener autoridad para poder formar.  Y… la responsabilidad ¿de quién es? Pues de esas normas que aunque respetables, han abierto la puerta sin ningún control  para que la sociedad del futuro se convierta en un bumerán...

En manos de los legisladores y el gobierno, está  la búsqueda de una solución, no construyendo más  Centros para resocialización del menor y cárceles para castigar a los ciudadanos, sino previniendo lo peor que se le avecina a Colombia, tomando como base lo que ya estamos  viviendo lamentablemente y que permanecerá como infortunio social por algunos años, y se incrementará o se solucionará, de acuerdo a como actúen ya  nuestros gobernantes y quienes tienen la misión de legislar.

Esque, construir la sociedad  que queremos, no se hace con normas que derrumben las leyes naturales, desautorizando  a quienes desde tiempos remotos han tenido la misión de orientar y formar a cada uno de los futuros ciudadanos.

Hoy con los factores de desigualdad social y económica, miseria, hambre, delincuencia, prostitución y muchos factores más, si le sumamos la tolerancia de anarquía de la niñez y la juventud,  no sabemos hasta dónde vamos a llegar.  O será que estamos esperando que veamos algo peor.

INSTITUCIONALIDAD

-------------------------------Por: Pedro Gerardo Tabares. C.

La institucionalidad no es solamente un concepto que tenga interpretaciones según corresponda hacerlas a quien profesa determinada disciplina. Es elementalmente la defensa de la pirámide que contempla la legislación en todas sus estructuras.

Quienes no acceden a cargos, que tienen responsabilidad, dentro del Estado se les puede aceptar sus conceptos erróneos, a veces con la defensa equívoca, so pretexto de constituirse en voceros sociales, pero cuando se trata de intérprete, de quien aplica la ley, se le exige desde un punto de vista práctico la responsabilidad que esas calidades y se hacen más exigentes cuando con pretendidas aspiraciones de pulcritud, encuentran con oportunidad para iniciar investigaciones y tomar competencias que posteriormente indican como ignoradas o que no tienen; esta situación se torna en desestabilización de vastas proporciones, que merecen examen a todo nivel, no solamente en el legislativo que tantas críticas tiene, pero sin embargo no es lo que pensemos algunos, sino que aquello que se determina en cada estatuto debe cumplirse, gústenos o no, aunque no tiene explicación frente a las calidades que se exigen para acceder a cualquier cargo del Estado. Hay oportunidades en que pareciera ser que las pasiones políticas son el reflejo de cierta inconformidad por no tener acceso a ciertos salarios o prebendas que enturbia el pensamiento de quien decide sin pensar que con sus decisiones contrarias a la normatividad contribuyen a la desestabilización de las instituciones.

Se ha tornado en costumbre fallar antes de investigar, a través de mecanismos que inclusive se prohíben en normas procesales, lo cual por el conocimiento masivo contribuye a esa desestabilización.

Es necesario que no solamente se tenga una preparación idónea para cada cargo, sino que también quien lo ocupa, se preocupe por investigar cuáles son sus funciones, hasta donde alcanzan las competencias y que se tenga convicción de la primordial mesura que debe acompañarlo, cuando a su disposición está la libertad, la dignidad de las personas, y otras circunstancias que cuando se desconocen de manera consuetudinaria, el descuido conlleva a la desestabilización de la institucionalidad y la aspiración que pueden reflejar un pueblo en su participación democrática de una manera imperceptible para muchos, pero real para el Estado.