Propuesta Conpes para asegurar recursos

Mininterior e indígenas, si es posible

Por: Alejandro Arias  
Correo: alejandroarias@dialnet.net.co

Pasado un mes luego de la respuesta que publicáramos de Gloria Amparo Rodríguez a la columnista del periódico El Tiempo María Isabel Rueda me di a la tarea de averiguar qué avances se han dado en la relación Gobierno Nacional,  indígenas y minorías atendiendo, a mi juicio, las más relevantes complejidades de esa relación según la respuesta de Rodríguez.

Precisó en su oportunidad  Gloria Amparo que “efectivamente se presentan obstáculos con la consulta previa, los cuales nos convocan a todos (sector institucional, grupos étnicos y a la sociedad en general) a superarlos en el marco de un Estado que según la Constitución, debe caracterizarse por ser democrático, participativo y pluralista”.

Hoy el Gobierno Nacional y delegados de los pueblos indígenas de Colombia han acordado una hoja de ruta que culminaría – en julio de este año – en una propuesta de documento Conpes que aprueba y articula la política pública integral para estas comunidades.

El Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, afirmó que “el objetivo es que en el mes de julio haya una propuesta conjunta, una propuesta Conpes para que los recursos se puedan asegurar en el plan de inversión del próximo año”.

Por su parte, el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, señaló que: “uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo es desarrollar una política pública construida participativamente con las comunidades indígenas. Luego de recibir propuestas de los delegados, y al cabo de varios espacios autónomos de decisión, elaboramos un cronograma que contiene todo el proceso de construcción colectiva y socialización de esta política intersectorial”.

La Mesa Permanente de Concertación determinó que durante éste y el próximo  mes las autoridades indígenas liderarán un proceso autónomo en las regiones para articular contenidos a partir de las experiencias y propuestas que tienen la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Confederación Indígena Tayrona, entre otras.

Por otra parte, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, se reunieron con líderes de los pueblos indígenas de Wiwa, Arhuaco, Kogi y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta; reiterando el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas.

Durante este encuentro se acordó conformar una Mesa Intersectorial que liderará el Ministerio del Interior la cual se encargará de hacer seguimiento a los temas que el Gobierno Nacional trabaje con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Otro de los temas tratados en esta reunión fue el de Consulta Previa. Frente a este punto, precisamente el Gobernador Kankuamo, Jaime Arias, solicitó que se aclare que no son las comunidades indígenas las que tienen detenidos los procesos de consulta previa sobre algunas leyes y pidió que se realice un protocolo para esta mecánica.

Por su parte el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, resaltó que desde ya se va a empezar a trabajar en la reglamentación de la Consulta Previa, la cual se realizará con las propias comunidades y va ser uno de los temas que se incluirá en la Mesa Intersectorial.

Una de las preocupaciones sentidas de Gloria Amparo Rodríguez fue la de establecer el momento clave para saber cuál es la forma más idónea para garantizar el derecho a la consulta previa en medidas legislativas, entre otras.

En su oportunidad Rodríguez precisó que era “importante tener claro entonces, cuáles son las normas que deben consultarse ya que existe gran incertidumbre al respecto. Así las cosas, es posible también que exista seguridad jurídica en la garantía de los derechos de estos pueblos y por eso el Tribunal Constitucional ha instado al Congreso y al Gobierno para adoptar una reglamentación sobre la forma y el procedimiento para realizar la consulta”.

Al indagar sobre esta inquietud el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, expuso que la intención del Gobierno Nacional es construir conjuntamente con las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas y palenqueras y ROM protocolos para seguir profundizando y materializando el derecho fundamental a la Consulta Previa. “La idea es que se establezca de manera conjunta reglas claras en aspectos aun no reglamentados para que con esto se logre avanzar en los procesos de consulta sin que se vulnere el derecho que le asiste a las comunidades” acotó.

Si bien hay mucho trecho por recorrer, comparto el alcance de las palabras del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, en Valledupar con ocasión de la presentación del informe de gestión 2012: se notan los cambios, se pueden palpar favorables avances.

¡RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL¡

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR 

En la agenda mundial temas como cambio climático, activos ambientales, servidumbres ecológicas, daños ambientales y su responsabilidad; economía, costos y régimen tributario ambiental; medio ambiente urbano y ordenamiento jurídico medio ambiental, y seguridad y soberanía agroalimentarias y cadenas productivas, entre otros, son de tratamiento urgente, donde se busca un doliente, sea sociedad, industria ó instituciones.

En Colombia, pese a los esfuerzos políticos y jurídicos, las decisiones del usufructo de los recursos naturales han estado sujetas a los intereses particulares de los gobiernos y funcionarios de turno, donde las licencias ambientales a multinacionales explotadoras de minería se entregan a mansalva, y las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al hacerse sin ningún control, están ocasionando daños irreparables a ecosistemas protegidos.

Esta grave dispersión de gestión administrativa por parte de la autoridad ambiental e institucional del orden nacional, regional y local, ha generado una gran cantidad de conflictos y distanciamientos entre los usuarios de los recursos naturales y los responsables de aplicar la compleja y contradictoria normatividad ambiental en todo el territorio nacional.

“Una discrecionalidad en la interpretación y aplicación normativa que sumado a la autonomía de las corporaciones e instituciones ambientales del Estado, generan inseguridad jurídica en la aplicabilidad de las normas ambientales, cada institución para el mismo caso produce un acto administrativo diferente en su trámite, procedimiento y parte resolutoria. Este conflicto estructural y organizativo en el Sistema Nacional Ambiental SINA, lleva a una dualidad de funciones entre los entes administrativos y los funcionarios públicos que lo conforman, presentándose una sistematicidad y una discrecionalidad ineficiente e incapaz en la aplicación de la normatividad ambiental; así el derecho ambiental con su pretensión de ser general, único, coherente y sistémico, pierde espacios y se torna complejo en sus propias especificidades técnicas, jurídicas y administrativas; llegando en muchos casos a la arbitrariedad, desigualdad, ineficiencia e inseguridad jurídico administrativa del sistema ambiental y de sus normas”1

Por esta carencia de normas ambientales unificadas, coordinadas y eficaces, vivenciamos la destrucción del patrimonio cultural y paisajístico donde la violencia contra la naturaleza y el paisaje, (conducta antrópica), se expresa en el mercado irregular del suelo, la flora, el agua y la fauna que se exponen y venden al mejor postor. La destrucción de comunidades humanas y poblaciones conformadas por elementos naturales (ecosistemas)- etnias en la Sierra Nevada de Santa Martha, grupos poblacionales en Zona Andina, Choco y Amazonas. Un ejemplo especifico, El paramo de San Turban en Santander, donde se ha priorizado la generación de empleo con la explotación minera; y la comunidad para hacer valer el interés general sobre el particular, ha tenido que hacer múltiples marchas de concientización y sensibilización rural y urbana, logrando detener por lo menos temporalmente la licencia y explotación a cielo abierto, sobre este magno y macro ecosistema.

El 30 agosto de 2011, posterior a un debate de Control Político Sobre Minería y Medio Ambiente que realice en plenaria de Cámara sobre denuncia del usufructo irregular de la minería en Colombia, presente el macroproyecto de Articulación al SINA y posteriormente como resultado, se creó la Comisión Accidental de Seguimiento al tema de Minería, Concesiones Mineras, Hidrocarburos, Arrecifes Coralinos y Páramos y la Política Minera, con mi participación, además de los representantes Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Cesar Augusto Franco Arbeláez,  Didier Alberto Tavera Amado, Jack Housni Jaller, Augusto Posada, Juan Diego Gómez Jiménez, Juan Manuel Valdés, Ivan Dario Agudelo Zapata y Wilson Arias Castillo.

Además con la oportuna y acérrima contribución en investigación y propuesta de la Universidad libre-Seccional del Socorro, bajo el liderazgo de la Dra Amanda Parra Cardenas, y su equipo co-investigador, vamos hacer la presentación del proyecto de Articulación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el cual busca crear una la jurisdicción ambiental-agraria y minera en Colombia Sistematizada, articulada, integrada y transversal; el próximo 20 de julio radicaremos del macroproyecto lo que compete a la creación del nuevo Código Sustancial y Procedimental Ambiental; el cual desde el año 1974 no se actualiza.

“Resulta bastante ambiciosa la idea de unificar la legislación ambiental, de ahí que se considera este como el momento histórico para Colombia de establecer un instrumento jurídico, codificado recogiendo temas existentes ya reglamentados, o nuevos que en últimas solo buscan preservar el medio ambiente, como un bien público, responsabilidad de las Instituciones Estatales y sociedad en su conjunto, expresó su autora, Dra Amanda Parra Cardenas.”.

1 pag. 3 Documento Ejecutivo, Universidad Libre de Colombia – Seccional Socorro, Facultadad de De Derecho y Ciencia Políticas ,Dra Amanda Parra Cardenas y su equipo Coinvestigador.

Da pena ajena, mendigar, frente al despilfarro histórico de los recursos públicos

Rasreos de los daños por invierno

El lacónico espectáculo de 18 horas por los damnificados de la ola invernal de Santander  “da pena ajena”.

Es ridículo limosnear y pedir la solidaridad de un pueblo pobre que paga los impuestos cuando el mayor despilfarrador de los recursos públicos es el mismo estado.

Ningún senador y representante a la cámara se hizo presente a pesar de sus abultados salarios de 25 millones mensuales, ni ningún contratista corrupto  ò alguno de los implicados en el escándalo del carrusel de las pensiones.

Da tristeza ver a abuelitas y niños que son asaltados en su buena fe y dan las escasas moneditas que han ahorrado con mucho sudor y esfuerzo.

Si en verdad amamos a Santander, debiéramos pedir la renuncia de su inepta clase política que por años ha saqueado el departamento;  ¡de todos modos no sirven para nada y el departamento sigue igual de pobre y atrasado que hace 100 años!

Los recursos públicos de la ola invernal a nivel nacional han sido saqueados, esa es una constante histórica del inepto Estado Colombiano.

No le pidamos Solidaridad a los más pobres, cuando los más insolidarios son los representantes de la  clase política y el mismo estado que despilfarra miles de millones en corrupción.

Al joven Gobernador;

“le recomendamos que se asesore mejor, antes de acometer estas salidas en falso, ya que el 70% de la población en reciente encuesta a nivel nacional manifestó que uno de los entes más corruptos es el estado”,  se ve  mal salir a pedir a los pobres, cuando ha sido histórico el despilfarro de los recursos públicos en el departamento.

“Nos da pena ajena mendigar cuando se despilfarran miles de millones en nomina y corrupción”

Comité de los indignados

Veeduría la lupa

Sergio Eduardo Toledo

Agro ingreso segurísimo para los ricos

Fuente: Lapatria.com >

Ha sido escandaloso saber cómo la casi totalidad de los recursos de este supuesto noble y protector estímulo al sector agrícola quedaron en manos de unos pocos y además de unos pocos ricos.
__________________________Luis Felipe Gómez Restrepo SJ

El gobierno de Uribe, tanto el primero como el segundo, se ha caracterizado por jugarle a fondo a los incentivos al capital. Y evidentemente en Colombia, con una de las tasas de desigualdad en la distribución del ingreso más malas de toda América Latina, esta fórmula se convierte en un instrumento que aumenta dicha inequidad. La opinión pública ha podido ver en los últimos días el debate sobre el programa de Agro-Ingreso Seguro, de cómo la política de incentivos al agro quedó atrapada en las manos de unos cuantos ricos.

¡Qué afrenta tan grande a un país con tantos campesinos pobres! Qué cinismo del Estado.

Ha sido escandaloso saber cómo la casi totalidad de los recursos de este supuesto noble y protector estímulo al sector agrícola quedaron en manos de unos pocos y además de unos pocos ricos. El ex ministro Arias se defiende diciendo que se optaron por unos criterios, por una especie de licitación pública. Pero la pregunta de fondo es que si se quería beneficiar a los pequeños y medianos campesinos había que diseñar una manera para que los campesinos de verdad tuvieran acceso. Pero la verdad es que los grandes latifundistas ya sabían del asunto y cuando se abrió la recepción de postulantes quedaron en los primeros puestos y agotaron los recursos.

Veamos una imagen, es como si se organizara una carrera de carros. Todas las reglas se dispusieran, pero pudieran competir desde un Renault 4 hasta un Ferrari. Es obvio que el Ferrari en menos de diez segundos estará en la meta, ¡cuando el Renault 4 todavía lo estén calentando para arrancar! Y esto es producto de la insensibilidad y falta de conocimiento (para no decir que hay una maldad…) de la realidad nacional, de tener una verdadera opción por los que están pasando hambre y dificultad en el campo.

Pero este es uno de los casos. Ya con la rebaja del impuesto al patrimonio y en la reinversión de utilidades en las empresas, también se cayó en la misma perversidad. Es para que los ricos sean más ricos. Y esto no hay derecho en un país con tantos sufrimientos sociales. Es triste que los recursos escasos del presupuesto nacional lleguen a las billeteras rechonchas de unos pocos.

Colombia requiere de una política social consistente, que desarrolle sistemas para que los pobres puedan satisfacer sus necesidades básicas, para que el emprendimiento de las personas sin capital pueda ser una realidad. Un verdadero Estado preocupado por los pobres no puede darse el lujo de este tipo de errores.
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