¿Licencias de conducción, o tortura y sometimiento?

                                         Por: Bernardo Socha Acosta

Cuando vemos las interminables colas, la serie de trámites y los abusos de especulación para efectos de renovar la licencia de conducción, nos da la impresión de que al estado colombiano (ciertos despachos como el Ministerio del Transporte) goza viendo el sufrimiento del pueblo.

Nadie puede pensar lo contrario, pues lo lamentable es que esas normas las aprueba una rama del poder público que se llama Congreso de la república, organismo que supuestamente representa a los colombianos.

Para nadie es ajeno pensar que si el gobierno nacional se inventa estos trámites, es el mismo estado el que debe financiar los costos de este documento que le está saliendo a los ciudadanos un gasto  imprevisto que solo está beneficiando  las arcas oficiales y el bolsillo de los especuladores de los exámenes. Esta disposición está basada, entre ellas en las Leyes 769 de 2002 y 1383 de 2010, lo que indica que los señores padres de la patria no pueden decir que nada tienen que ver con  lo que muchos han denominado el ‘regalo’ del año del gobierno.

Es claro y repito, que si el gobierno se inventa cambios en los documentos de los ciudadanos, pues el estado debe asumir los costos o al menos parte de ellos, pero no sacrificar el escaso presupuesto de los colombianos en un documento que para muchos es la fuente del sustento de la familia.   

El gobierno debería pensar que para una persona que devenga el salario mínimo y en estos momentos debe destinar un promedio de $150.000, si no es más, es un asalto a su escaso presupuesto.  Algunos  de la burocracia dirán que el valor de la licencia, no son sino $38.000, pero no prevén que los especuladores están haciendo su agosto con los exámenes, lo cual encarece el documento  tres o cuatro veces más y eso es responsabilidad del gobierno; o es que estas cosas son para facilitarle a los especuladores quitarle de frente lo que corresponde al pan de la familia.

En una palabra, el  Ministerio del Transporte  improvisó y ésta falta de planeación no la están pagando sino esos colombianos a los que está sometiendo, no solo a la tortura de hacer colas por un día infructuosamente,  sino quitarle el pan a sus hijos  para dárselo al sistema de gobierno que en ese caso debiera haber sufragado una parte de los costos y facilitar la realización del trámite.

Ahora falta que terminen los 3 meses de plazo para comenzar a poner los costosos  comparendos  y ahondar aún más el desespero, la zozobra, la ira, la angustia y el asalto del bolsillo de los  sufridos ciudadanos.

Y decimos que hay improvisación del Ministerio del Transporte, pues de lo contrario las dependencias que realizan los trámites y el suministro de la información al Registro único Nacional de Tránsito, llamado RUNT, no se vieran congestionadas, que como resultado, es  someter a las prolongadas demoras a quienes por infortunio del destino y disposición del estado, tienen que realizar esa gestión.

Ojala que hubiera al menos un congresista que intentara, al menos llevar al Ministro de esa cartera para que responda por qué no se hacen las cosas bien. Todo está mal y por eso el ánimo y la indignación de los colombianos es cada día peor. 
Es lamentable que cuando el presidente Santos quiere mejorar las cosas con lo dispuesto en la norma antitrámites, otras dependencias del Estado que solo piensan en agrandar las arcas, compliquen más las cosas con estas disposiciones que muchos han calificado como un atropello. En resumen, se borra con el codo lo que se hace con la mano...

CATACLISMO MORAL

-------------------------------Por: Gerardo Delgado Silva

En cualquier tipo de sociedad, por primitiva que sea, se dan una serie de reglas, las normas sociales, que sancionan de algún modo los ataques a la convivencia tal como la concibe un grupo social. Estas normas sociales forman el orden social.

La justicia penal es uno de los instrumentos más aptos para la formación del bien moral, de aquel súmmum bonum que es el fin último de la convivencia humana. Un imperativo categórico, según Kant.

Lo único que faltaba. Al tétrico panorama de descomposición en que se encuentra el país, por el profundo letargo moral del anterior Gobierno,  que degradó la augusta misión del Estado Social de Derecho, hay que sumarle ahora, otra abominación: El ultraje a la justicia.

No pretendo hacer nueva una historia que el país conoce de principio a fin. Algo entre la farsa atroz y la tragedia griega. Empero, el señor Uribe  toleró las triquiñuelas y practicas corruptas, ruines y dañinas de los paramilitares y sus funcionarios públicos, enemigos también de la comunidad, es decir, las tapó con las mismas sabanas de impudor como en la turbadora mascarada con sus aliados parapolíticos.Compartieron ese rincón oscuro de la conciencia colombiana, donde duermen las pesadillas de la razón. Es la omnipresente autoridad que yace  junto al fascismo. La suspensión del Estado Social de Derecho y el desconocimiento de los derechos humanos. Explicable porque pareció el señor Uribe, mas preocupado por ajustar cuentas, que por contribuir al advenimiento de la paz y la justicia. En puridad de verdad, los sistemas autoritarios esconden los conflictos en lugar de solucionarlos.

La colosal tragedia de la patria estaba entronizada en la Secretaría Jurídica del Presidente anterior, señor EDMUNDO  DEL CASTILLO, que tiene estrechas relaciones con el satánico cartel de los Nule. No como socio pasivo, sino como promotor. Esto explica que el enriquecimiento indebido de los Nule, se haya extendido como una mancha de oprobio por la nación contaminada. Resulta entonces muy significativo el contrato leonino con ICBF, relacionado con la bienestarina. Existen rumores acerca de la adulteración del alimento, una conducta horrenda contra la niñez, en la cual el Estado tiene una responsabilidad que no puede seguir eludiendo. Es otro testimonio abrumador de la degradación ética y política del anterior gobierno, que llevó a que esas maniobras tortuosas, se toleraran, convertido así el Gobierno en alcahueta de la codicia y la venalidad. 

Conspirando abiertamente contra la CORTE SUPREMA se reunió con “Job”, que cumplía órdenes de Don Berna. No oímos en esos momentos de dañado concierto, de la enredadas mallas con esos grupos, las voces del Presidente fijando una posición de franco rechazo, ni registramos su protesta.Su actitud inmoral va mas allá de la simple desfachatez personal para comprometer a la Institución Política que presidió. Los Nule, allegados del señor Uribe de tiempo atrás fueron consagrados con agua bautismales, cada vez que lo visitaba en la “CASA DE NARI”.

Eso no es todo. En AGROINGRESO SEGURO, surgió el triunfo de las componendas del señor Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, para las defraudaciones, el turbión de peculados, el derroche de los dineros públicos, como una perversión política de Colombia.

El DAS, puso de manifiesto que torció su rumbo de las disposiciones legales para aliarse con los paramilitares. Acontecimiento que realizaron “Jorge 40“ y Jorge Noguera, director de esa entidad.Sus criminales interceptaciones y seguimientos, auspiciados desde la”Casa de Nari”,por la ruta del Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno. La DIAN, piedra de escandalo público con la pirotecnia de los impuestos. Deplorables hechos punibles que han creado pánico en la sociedad. En gigantesco  dislocamiento,  la institución se convirtió en territorio  donde campeó el lavado de activos, excepcional ocurrencia en toda la historia judicial del país.

Y en contravía de la ley penal, los  entonces ministros del Interior Sabas Pretelt y Diego Palacio de Protección Social, íntimamente ajenos al alcance ético de sus actos, persuadieron dolosamente a Yidis y Teolindo, para pactar la venta de sus votos en el congreso, encaminados a la reforma inexequible de la Carta, para lograr la vituperable reelección del señor Uribe. El contrato ilícito se consumó y a cambio los parlamentarios recibieron una partija de notarias.

Los recientes escándalos de la salud, con la dialéctica canalla de las EPS y los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), revelan  las características afrentosas de la enfermedad moral que nos aqueja y el silencio horadante y cómplice del Gobierno anterior. ¿ Acaso, el exministro de Protección Social fue intrépido defensor de los intereses nacionales?.¿O al contrario, propicio la devastación del patrimonio moral de su ministerio? Un desconocimiento atroz y evidente de los valores y principios fundamentales de la Constitución.

Dentro del rosario de abominaciones y desenfrenos ilegales, podemos agregar los descubiertos e investigados en INVIAS, INGEOMINAS, INCODER, MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, FONDELIBERTAD, ICBF, DNE, etc. Todo un impacto tenebroso que ha cortado en dos la historia nacional.  Pasa a la siguiente página