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domingo, 26 de agosto de 2012

¡Motocicletas, motos y motocicletas…!


Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)

Esta columna de opinión su objetivo es hacer reflexionar a las autoridades de tránsito como la misma administración, sobre una gran problemática que cada día crece en la ciudad de Bucaramanga y su Área metropolitana. La pregunta que hago es: ¿cuántas motos o motocicletas ingresan al parque automotor? El numero según un diario local, dice: “que en el Área metropolitana hay 19 motos por cada 100 habitantes (…) todo esto a raíz de un estudio del Ministerio de Transporte y las direcciones de tránsito de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca dentro de un estudio Sociodemográfico de los usuarios de las motocicletas.
Igualmente, cuál es el problema que existe cada día con los accidentes ocasionados por estos velocípedos, y en el caso más grave la muerte del conductor o el acompañante. Será que han dado resultado los decretos para tomar medidas estrictas o la tolerancia de las autoridades, cuando existe día tras día la reseña de la accidentalidad. ¿Dónde están las sanciones, las campañas de prevención vial y toda una cantidad de trabajo de campo para evitar la siniestralidad y el buen uso de estos velocípedos…? ¿Permiten que el código de tránsito exista como letra muerta…?
Los diarios locales son notarios de este acontecer diario de la ciudad y sus vecinos municipios; haciendo memoria y buscando archivos, en el año 2007 hasta el presente año 2012, llevamos cinco años de análisis, decretos de pico y placa, prohibición de parrilleros en los horarios nocturnos los fines de semana y la conclusión es que se empeora en las infracciones y el número de muertos en las vías de conductores y peatones. Causados por estas máquinas a motor y dos ruedas.
Según datos, hace 5 años se vendían 1500 a 1800 motos mensualmente; ya no es 19/100, sino una moto por familia en el Área metropolitana y hasta dos y más motos, en los estratos medio y bajo; quienes han adquirido los pases de conducción directamente de las concesionarias, donde se le vende al cliente la moto con su paquete completo.
Insisto que uno de los problemas en la conducción de estos aparatos estridentes y contaminantes –motocicletas- es el incumplimiento de las normas –tolerancia- a la permisibilidad del Estado y sus gobiernos regionales, llámense,  Secretarías de tránsito o Direcciones, apoyados por la policía, donde la actuación es “sin Dios, ni ley”.
Para la muestra un botón: Girón tiene matriculadas 166.048 motocicletas, lo que representa el 79% del rodamiento de estos velocípedos por el Área metropolitana, mayor a la población que existe allí en este municipio y en sus vías donde más accidentes se presentan.
Vuelvo e insinúo existe una irresponsabilidad en las licencias. En España y algunos países europeos como el norte americano, para obtener una licencia de conducción aprobada, tarda un tiempo entre 3 a 6 meses y en nuestro medio se entrega en 24 horas, sepa o no sepa conducir.
En conclusión, el Estado y sus gobernantes deberían ir pensando desde el Ministerio de Transporte de comenzar a cobrar el impuesto de rodamiento de motos, como peajes y multas más duras para minorar el incremento de esta plaga mecánica en las ciudades, para tener un control de la irresponsabilidad con que se hace uso de este medio de transporte como el mototaxismo que crece.
No lo digo, lo sienten los peatones en la calle. Las motos jamás transitan una detrás de otra, sino en montón, quien lleva la delantera, ya sea por el centro, por la derecha o la izquierda; algunos por adelantar los vehículos se toman los andenes, irrespetando el derecho que tiene el peatón.
Y como perlas de algunos, no todos, estos señores magos de los manubrios, llevan de pasajero, la señora y hasta dos hijos, menores de edad, circulando a los ojos de las autoridades, sin decirles nada, porque ellos son los amos de la velocidad.
Qué bueno sería que esos programas de cultura ciudadana, como “la calle segura o la vía segura”, campañas de educación y prevención en cabeza del Fondo Nacional de Prevención vial, no sea   publicidad de un día para gastar presupuestos, sino un modelo para evitar que existan más muertes en las vías ocasionadas por la irresponsabilidad y la adrenalina de estos seres humanos que no aman la vida, sino la velocidad de una motocicleta.
Poeta y Escritor 

domingo, 20 de mayo de 2012

Policía ejerciendo labores de tránsito


CASO MERLANO: MENOS MAL FUE EN BARRANQUILLA
Por: Alejandro Arias
Si el senador Merlano hubiere decidido manejar su borrachera no en Barranquilla sino en Santa Marta seguramente el brigadier general Óscar Pérez Cárdenas, comandante de la unidad policial en la capital del departamento del Atlántico, no estaría anunciando sus vacaciones (Ver EL TIEMPO: bit.ly/JGHnvZ).
Es más, ni siquiera los policiales se hubieran molestado en molestar a Merlano sólo porque en Santa Marta ni uno solo de estos agentes tiene competencia para imponer comparendos.
La historia empieza por donde termina: la Alcaldía Distrital de Santa Marta no ha renovado y/o suscrito convenio alguno, con la Policía Nacional, con el cual pudiera legitimar a los cuerpos especializados de agentes de tránsito y en consecuencia evitar que sus actuaciones no resulten ser eventuales arbitrariedades o procedimientos viciados de ilegalidad.
La explicación jurídica puede abordarse con el artículo 6 de la ley 769 de 2002 que dispone que son organismos de tránsito “en su respectiva jurisdicción”: los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito; los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito; las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos; las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales y las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito.
Disposición que se complementa con lo consagrado en el artículo 7 de la misma ley el cual precisa que “Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción”. Regla que va de la mano con el artículo 134 de la misma ley, que es igualmente fundamental y precisa que “Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción”.
Por su parte el artículo 4 de la ley 1310 de 2009 atribuyó jurisdicción a “los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural de sus municipios”. Ahora, en virtud a esta premisa se concreta que los procedimientos administrativos especiales de control de tránsito y los de carácter preventivo y sancionatorio regulados en la ley 769 de 2002, solo pueden ser adelantados por la autoridad de tránsito “competente”.
La pregunta a resolver entonces sería ¿cómo se reconoce u otorga esa competencia a los cuerpos especializados de agentes de tránsito de la Policía Nacional?
Los entes territoriales por mandato constitucional gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y en tal virtud tienen el derecho de “Ejercer las competencias que les correspondan”. En ese orden, el artículo 4 de la ley 1310 de 2009 los posibilita a la celebración de los expresados convenios, con la Dirección General de la Policía, a efectos de implementar y habilitar el cuerpo especializado de agentes de tránsito conforme al parágrafo 4 del artículo 7 de la ley 769 de 2002.
Es decir, si el ente territorial no celebra estos convenios en ejercicio de la autonomía que la Constitución le reconoce no puede ser obligada a hacerlo y esa omisión trae como consecuencia que el ente territorial tampoco habilitaría, en razón del factor de competencia, a los agentes de tránsito de la policía para el ejercicio de dichas funciones y mucho menos los legitimaría para ejercer potestades sancionatorias.
Recordemos que los agentes de tránsito de la Policía Nacional carecen de competencia para actuar en las carreteras departamentales, y estas obviamente no forman parte de la infraestructura distrital y municipal de transporte de acuerdo con la ley 105 de 1993.
Hoy el Distrito de Santa Marta no ha suscrito dicho convenio.
Razón por la cual, y salvo que los agentes de Policía de Santa Marta hubieran decidido incurrir en verdaderos actos arbitrarios o en procedimientos viciados de ilegalidad, a Merlano jamás le hubieran podido haber impuesto sanción alguna.
Nos salvamos de la vergüenza, menos mal esa borrachera la “manejó” Merlano en Barranquilla.

martes, 2 de agosto de 2011

ENFRENTAMIENTOS


----------------------------------Por: Pedro Gerardo Tabares C

En la evolución y el progreso siempre habrá un enfrentamiento, porque se encuentran quienes esgrimen pretextos para oponerse al desarrollo  que permite el mejor estar para conservar las costumbres del pasado con menosprecio en la evaluación del presente y el futuro.

Entre nosotros, en Santander hay muestras de tal acontecer. Hubo dificultades cuando se anunció bus articulado, y se han dado las consecuencias de su existencia con  deficiencias tales como la existencia de vía inutilizada, en el centro de la ciudad, porque probablemente se cree que esos equipos no observan normas de tránsito; ahora surge la posibilidad de revivir el proyecto de la carretera que pasará por un páramo y por ello las voces de inconformidad se oyen con insistencia. Si en los países que tienen estaciones se opusieran a construir las vías a las montañas en donde se encuentran glaciares y constituyen fuente de economía, también nos privaría de  observar en la televisión grandes equipos ascendiendo con dificultad.

Cuando se enfrenta la protección del entorno con menoscabo de obras para el futuro, nos queda analizar si hay razón en evitar que la tecnología, los servicios y la utilización de la naturaleza, puedan frenarse, para preservarla o creer en que los proyectos que se desarrollan pueden prestar servicios a generaciones presentes y futuras. Se crean esquemas altruistas que permanecen en la utopía para muchos intelectuales, pues en vez de buscar soluciones para las dificultades que impiden el desarrollo, se cae en frenarlo. Es necesario conciliar el pensamiento de quienes defienden con pasión concepciones  altruistas con aquellas orientaciones estatales que con base en presupuestos pretenden apoyar a quienes se debaten económicamente en la producción de mercancías. 

No se puede enfrentar a proyectos que cuestan muchos miles de pesos a frases de inconformidad llenas de buenos deseos mientras no se tengan estudios serios de la inviabilidad de los proyectos, puesto que los que se desarrollen deben tener el acompañamiento de soluciones que prevengan con el mínimo de daños la utilización de la naturaleza a la cual ningún viviente con inteligencia puede destruir.

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