Antes de que sea tarde

Mario González Vargas

Las pretensiones del Comité del Paro para adelantar un proceso de negociación con el gobierno, más que una propuesta constituye un ultimátum. Sin duda, obedece no solamente a la necesidad de aferrarse a una representación de todos los sectores que conforman las marchas, de la que evidentemente carece, sino también a ganar espacio y tiempo para su oculto propósito de someter o derrocar las autoridades legítimas. El gobierno tiene que lograr claridad sobre la estrategia y los fines de sus oponentes. Nadie vence en una confrontación si no conoce a su adversario y desentraña sus objetivos.

La realidad de la situación es bien diferente a la planteada por el Comité, como distintos son también las razones y los objetivos de quienes concurren a las calles del país. Mientras el Comité formula ultimátum y las organizaciones criminales financian bloqueos y vandalismo que persiguen la remoción del gobierno y la humillación de la institucionalidad, los sectores sociales claman por sus legítimas reivindicaciones para una sociedad que responda mejor a sus expectativas de educación, empleo, equidad y garantías culturales y sociales con las que avizoran su futuro. Hay entre ellos un abismo sideral que el gobierno debe entender en la conducción de los acuerdos que restablezcan la convivencia y el orden indispensables a una normalidad con futuro.

No será tarea fácil porque se ha entronizado en medios nacionales y en la órbita internacional una narrativa que desfigura lo que acontece y que pretende atribuir a las instituciones y las fuerzas del orden propósitos que les son ajenos. El que marcha protesta, pero el que bloquea o vandaliza delinque, aunque se pretenda asimilarlos para erosionar la legitima acción de la institucionalidad. La normatividad internacional dispone que “el ejercicio del derecho de reunión pacífica solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas en la ley”, que comprende razones fundadas en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la protección de los derechos y libertades de los demás ciudadanos. Iguales mandatos hacen parte de la ley colombiana. A pesar de su activismo, los agitadores políticos no lograrán esconder que el hampa controla retenes en el Valle del Cauca y el Cauca y que los múltiples bloqueos en otras regiones del país atentan contra la vida, la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos inermes e indefensos ante semejante atrocidad humanitaria. El costo es inmenso en vidas y en el aparato productivo de la nación, que arroja suma superior a los 500 mil millones diarios, que crecerá al ritmo de la prolongación del paro y sus desmanes. Frente a esa orgía de destrucción, el gobierno debe hacer gala de creatividad que facilite acuerdos con los jóvenes y distintos sectores sociales, así como la recuperación económica. El aguante ciudadano tiene límites a los que se está llegando. La cancillería de Marta Lucía Ramírez fortalece al gobierno, y debe acompañarse de mayor representatividad y participación de sectores nacionales. Antes de que sea tarde.

Entre destruir y construir

Mario González Vargas

En el país crecen la incertidumbre y el desconcierto por razón del sentimiento creciente de que el caos que se avizora termine convirtiéndose en una supuesta e ignota normalidad. Es un temor justificado por la prolongación de las marchas, bloqueos y vandalismo que las han acompañado y que demuestran que los fines perseguidos desbordaban el supuesto objetivo del retiro del malhadado e inoportuno proyecto de reforma tributaria. El 28 de abril constituyó el abrebocas de un festín de mayores alcances, al que concurren diversos sectores en ejecución de una planificada estrategia de sustitución del régimen político y de sus instituciones. La buena voluntad del gobierno de abrir amplio diálogo que permita entendimientos sobre políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad colombiana, se ha visto maltratada por la displicencia de Comité de Paro en acudir a ese llamamiento, mientras proliferan las acciones delictivas en ciudades y regiones de Colombia.

No tienen prisa, porque hay que darle tiempo al despliegue de todas las acciones que debiliten la autoridad legítima y socaven el apoyo ciudadano. Convirtieron la protesta social pacífica en acciones delincuenciales que vulneran los derechos de las personas a la vida en medio de la pandemia que soportamos, a la seguridad alimentaria de la población, a la salud pública, al libre tránsito de personas y de bienes, a la fluidez de exportaciones e importaciones, y con ello a la recuperación del aparato económico y del empleo. Son los gestores de pobreza y muerte. Las dimensiones de esas afectaciones crecen al unísono del dominio progresista en los medios nacionales e internacionales de información y del pobre desempeño diplomático de los agentes del gobierno, con la valiente excepción del embajador ante la OEA, y que parecen ignorar que la diplomacia no consiste en callar sino en saber decir.

Se percibe la dramática soledad del gobierno en los partidos y movimientos políticos que notifican, aún antes de su presentación, que no aprobarán reforma alguna; en el silencio de la mayoría de los aspirantes a presidente; y en la desatención del propio gobierno a los llamados para fortalecerse con la recomposición de su gabinete. Mientras tanto, detrás de bastidores, Petro incita a la rebelión, Álvaro Leyva asoma la posibilidad de elecciones anticipadas y el Arzobispo de Calí llama a un gobierno de transición que prohíje la salvación nacional, en la consideración de que la legalidad carece de legitimidad. Es un explícito llamado a la insurrección que no puede pasar desapercibido y merece la protesta que corresponde. El tiempo se agota y exige acciones urgentes. En política actitudes correctas valen por miles de palabras y deben acompañarse de decisiones acertadas. El orden es consustancial a la convivencia y la autoridad la responsable de su mantenimiento. Sin él prevalece la anarquía. La mayoría de los colombianos quieren el orden que garantice las libertades de la democracia y el ejercicio y preservación de sus derechos fundamentales. Se trata de escoger entre destruir lo que tenemos y construir lo que anhelamos.

El pueblo es superior a sus gobernantes…

Por: Bernardo Socha Acosta

La azarosa temporada que estamos, finalizando de desorden y de acciones de transgresión, es apenas una campanada de alerta dirigida a las tres ramas del poder público y los entes de control que han manejado a su arbitrio y en su favor las obligaciones para lo cual fueron creadas, desconociendo los derechos de la población.

 Cada rama del poder, comenzando por la ejecutiva, debe comenzar una etapa de contrición, para seleccionar las fallas en orden prioritario y comenzar a corregirlas.

Y qué decir de la rama legislativa, donde se han anquilosado unos grupos de poder político y han creado unas MONARQUÍAS desde las cuales han influenciado en la ejecutiva para en conjunto preparar y luego aprobar muchas normas que a pesar de lo punibles se aplican como normatividad favorable para un país que poco a poco ha venido cayendo en la peor confusión de su historia.

Y esa rama legislativa (congreso de la república) es quizás la responsable de la mayor parte de las flaquezas que está viviendo Colombia. Desde el Congreso de la república es donde se hace y se deshace, una gran parte de actos lesivos para el país y por ende para la sociedad.

Mientras no se reforme el Congreso de la república, Colombia seguirá soportando lo que ha comenzado a vaticinarse. Pero cómo se va a reformar un ente de poder como este, si los intereses politiqueros de las BANCADAS que se ufanan de tener el poder, no cesan en atacar y pretender competir unas con las otras en pro de sus malditos e insaciables intereses.

Pero al pueblo se le está rebozando la taza y los 11 días de expectativa y revueltas que se han registrado en Colombia, es solo una voz de alerta de lo que puede suceder, y si los abusos de poder de los principales entes que gobiernan al país no le permiten algo a quienes los sostienen (el pueblo) con el pago de exagerados impuestos, sobretasas y contribuciones, son impredecibles las consecuencias de un futuro.

Y para ser más didácticos y para finalizar, cuando hablamos de las normas punibles que  se aprueban como legales, hablamos de aquellas normas que facilitan la consumación de la corrupción, que como es de conocimiento público, ésta se apodera anualmente de algo más de $50 BILLONES, sin que sus responsables paguen lo que deberían resarcir. Muchos son juzgados y la mayoría absueltos, y algunos condenados y enviados a sus casas a pagar ridículas penas. Y todavía muchos integrantes de las ramas del poder público, tienen la desfachatez de preguntarse, por qué el pueblo se rebela. Y otro ejemplo en el cual el ejecutivo y el legislativo son responsables directos de la corrupción, es cuando se eligen funcionarios de los entes de control, elección en la cual se aprovechan del poder político para llevar a esos cargos a funcionarios de bolsillo que estén bajo su dominio y de paso no puedan cumplir con sus obligaciones de cuidar el erario.  Y, así muchas otras modelos que se ejercen en nuestro país para proteger la corrupción y luego buscar al pueblo para que tape con sus impuestos los faltantes que los cómplices del sistema han engrosado a sus cuentas privadas. Recordemos que el pueblo es superior a sus gobernantes y el pueblo es la voz de Dios.

bersoa@hotmail.com 

El Mandato Ciudadano

Mario González Vargas

La continuación y persistencia de la violencia y la destrucción indiscriminada de bienes públicos y privados y de asesinatos de particulares y agentes del estado en las marchas de los últimos diez días, confirman el creciente carácter terrorista que hoy prevalece en la tormenta que padecemos. Resulta imposible ignorar su minuciosa planeación, su concertada ejecución y su masiva financiación, que le han permitido extender sus tentáculos por gran parte del territorio nacional y complementar sus acciones criminales con los bloqueos que atentan contra la seguridad alimentaria de los colombianos y la atención de la creciente ola de contagiados, estimulada por sus llamamientos al desorden, y que hoy perecen en UCIS sin oxígeno y en las puertas de los hospitales sin espacios ni medios para la preservación de sus vidas.

Nadie puede llamarse a engaño. Los convocantes del Paro han perdido el control de la situación, si es que en algún momento lo tuvieron, que ha pasado a manos del ELN, la Nueva Marquetalia y otras organizaciones criminales unidas por el narcotráfico y sus vínculos con el sátrapa de Maduro y su brutal régimen. El mismo Petro, atiza las movilizaciones en actitud de extrema irresponsabilidad, porque su objetivo es el Poder al precio que sea necesario. Sabe mejor que otros, que en un mundo globalizado las contiendas políticas adquieren ese mismo carácter, y pretende todas las ventajas que pueden otorgarle el caos y la solidaridad del progresismo internacional que aspira al control político de los estados andinos. Conoce las preferencias de la burocracia de los organismos internacionales y ha sido usufructuario de sus sesgadas opiniones y decisiones. Por ello, su arúspice de cabecera, Álvaro Leyva, agita desde ahora la posibilidad de elecciones anticipadas como instrumento de unción de la Colombia Humana, de su líder, sus conmilitones y de todos los ambiciosos que gravitan a su alrededor, para despecho de una ciudadanía que intenta confundir para que no descifre a tiempo la sumisión que le espera.

Los colombianos enfrentamos un reto que, por sus dimensiones, los poderes que lo alimentan y las consecuencias que se pretenden alcanzar, nos era desconocido. En los últimos días ha perdido su engañosa careta y revelado su verdadero rostro que nos puede retrotraer a las tragedias sufridas en pasadas décadas de nuestra historia reciente, porque a su amparo renacería ese contubernio de criminalidad y establecimiento que estuvo cerca de encarnar la nueva institucionalidad. Por fortuna, ya se observa una reacción de la mayoría silenciosa y de la propia institucionalidad amenazada. El gobierno debe proseguir en su esfuerzo de lograr los consensos que fortalezcan la legitimidad de sus acciones y decisiones. El comunicado de los Órganos de la Justicia es el primer eslabón de una cadena de decisiones que apuntalen los diálogos y acuerdos indispensables a la recuperación económica, al fortalecimiento del régimen democrático y a la vigencia de las libertades que le son propias. Debe servir de ejemplo a los acuerdos con y entre las agrupaciones políticas. Ese es hoy el mandato ciudadano.

La Marcha Fúnebre

Mario González Vargas

Los desmanes, la violencia y la destrucción que se vivieron en el denominado paro nacional convocado por las Centrales Obreras, Fecode, Asociaciones de Estudiantes y alentado por la oposición extrema de Petro y sus conmilitones, revela una sociedad en cuidados intensivos, sin terapias a la vista que mitiguen siquiera los peligros que la acechan. Cunde el sentimiento de que se está perdiendo la sensatez y con ella la posibilidad de confrontar y superar los retos que afrontamos. Llamar a la protesta callejera, a sabiendas de las aglomeraciones que implica y del vandalismo que la contagia, sin eventualidad alguna de evitarlos en medio de una emergencia de salud pública que saturó la capacidad del sistema para preservar la vida, el derecho supremo de todo ser humano, constituye la culminación de la irracionalidad y del odio que hoy impregna a la política.

Hay, en todo ello, un mensaje sombrío que se acentuó con la prolongación indefinida de las movilizaciones, aglomeraciones y destrucciones, que deben obligar al gobierno y a sus malquerientes en los partidos y en la institucionalidad a concertar las acciones y medidas necesarias, no solamente para restablecer el orden, sino también para recuperar la legitimidad de las mismas, resquebrajada y alimentada por intemperancias, animadversiones y rencillas impropias de las responsabilidades que se les exige. El gobierno, imprudente en el manejo del proyecto de reforma tributaria, desoyó las advertencias de su propio partido y las de los independientes, que hoy cobra cuantiosa factura y debe inclinarlo a la satisfacción de los derechos sociales indispensables a la vida y dignidad que le son propias. Los independientes, deben entender que sus aportes no deben ser interferidos por sus vanidades, contrarias a sus deberes y responsabilidades. Y la oposición extrema, ojalá comprendiera que la perversidad en la política destruye las sociedades que aspiran a gobernar. La justicia debe investigar los delitos, sus autores ser judicializados, y el gobierno procurar el cumplimento de sus obligaciones constitucionales de garantizar vida y bienes de los colombianos y de mantener el orden público y restablecerlo cuando fuere perturbado. Son atribuciones fundamentales que no toleran incumplimiento ni despojo, pero exigen la legitimidad que se desprende de la confianza y respaldo ciudadano. No será fácil en medio de la incredulidad de la gente, de la rabia provocada por desilusiones repetidas, de las urgencias propias de la crisis que vivimos, que afectan por igual a sociedades de todos los continentes, y que no han encontrado aún cadenas de solidaridad auspiciadas por sus gobernantes. El fácil y culpable expediente de mandar a las gentes a la calle a saciar sus rabias, a la usanza de Petro y su Corte, siempre a buen resguardo, no solo es una traición despiadada a la ciudadanía, sino también un obstáculo a la posibilidad de leer e interpretar las situaciones que padecemos. Es la emulación de Nerón de reinar sobre las ruinas para entronizar su dantesca versión de una nueva sociedad. Es esa la marcha fúnebre que nos proponen.

El único negocio que ganó con el covid fue el bancario

¿Se les olvidó a los banqueros, que los colombianos si fueron condenados a pagar el 4 x 1.000 cuando ellos estuvieron en crisis?

Por: Bernardo Socha Acosta

Los usuarios de créditos de la mayoría de bancos colombianos se llevaron una extraña sorpresa, con motivo de la pandemia del covid 19, al creer ingenuamente que las entidades financieras (bancos) en verdad les harían una ayudita de intereses en sus obligaciones.

El gobierno tras tenderle la mano a los banqueros, para que se pusiera en marcha una ayuda para los deudores, salió con el alboroto a decir que ya habían pactado con las entidades crediticias  un alivio para que estas  también se unirían a la gran cruzada de ayudas a los afectados por la recesión que motivó el confinamiento y otras medidas.

Pero también, nadie se imaginó que esta encrucijada iría a ser la oportunidad para que los banqueros atesoraran más dividendos, a costa del gobierno y los acosados y sufridos clientes que creyeron en un alivio real, pero resulta que fue el momento para un nuevo golpe de suerte para los prestamistas y de adversidad para los usuarios del dinero.

Los bancos si hicieron algunos aparentes alivios ficticios, pero de momento, porque lo único que se hizo fue, bajar las cuotas mensuales para alargar los plazos de pago, poniendo, claro, a sus clientes a pagar más intereses y empeorando sus afujías económicas. Y así casi fueron todos los alivios, pero nada de quitar un solo centavo de los altísimos intereses. Y coste que nadie está pidiendo rebaja al capital.

¿Será que a los señores banqueros se les olvidó, que cuando surgió la crisis económica de 1.999, los colombianos si fueron condenados a pagar el 4 x 1.000 para ayudarles? Es que así paga el diablo a quien bien le sirve, dice el adagio popular.

Por eso hablamos del gran negocio de los banqueros con la pandemia del coronavirus, porque recibieron el apoyo del gobierno y recibieron los altos cánones de intereses de los clientes.

En resumen, el negocio bancario es el único que ha ganado mucho dinero con la desgracia de los clientes, a raíz de la pandemia.

En segundo lugar, el abundante lucro también llenó el apetito de los laboratorios farmacéuticos. En esta crisis que amenaza a todos los sectores creo que el mayor perdedor fue el pueblo, no solo de Colombia, sino de otros del mundo, especialmente de los países subdesarrollados. 

bersoa@hotmail.com

Elecciones y Destino

Mario González Vargas

Nadie debe soslayar la gravedad de las realidades que vivimos que son propias de un mundo globalizado en el que resulta imposible escapar a las consecuencias que generan las confrontaciones de poder. La América Latina es hoy el nuevo escenario por el predominio orbital situación que no habíamos conocido desde la independencia de nuestras naciones, ni siquiera en el curso de las dos guerras mundiales del siglo pasado. El intento de instalar misiles soviéticos en Cuba fue rápidamente conjurado por los Estados Unidos, pero hoy, la presencia de Rusia, China, Irán, Turquía y la Organización terrorista Hezbollah en Venezuela, apoyada por el régimen cubano y aparentemente consentida por el progresismo internacional y los gobiernos continentales con afinidades ideológicas, encarna un desafío de inmensas proporciones para la seguridad y la paz en las Américas, que sin embargo no ha suscitado hasta hoy la estrategia, acciones y respuestas que amerita.

Esa inexplicable inacción ha favorecido iniciativas y acciones que le han permitido a los intrusos y sus aliados avanzar en sus propósitos, fortalecer sus alianzas y potenciar las intimidaciones contra los objetivos cuidadosamente escogidos. Las intervenciones combinan interferencias en procesos electorales con acompañamientos a acciones armadas de limpieza fronterizas y despliegue de tecnologías de inteligencia para conocer capacidades militares de sus vecinos (radares, sistemas de guerra electrónicos, de defensa aérea y comunicaciones), como ocurrió recientemente con el sobrevuelo de territorio colombiano por aeronave rusa con violación del permiso concedido. Actitudes inamistosas que se tratan de ocultar con mensajes de amigable convivencia a los Estados Unidos, como el de Raúl Castro en la pantomima de relevo generacional del poder en Cuba, o con la invitación del gobierno español a Maduro para participar en la Cumbre Iberoamericana en Andorra, cantos de sirena para gobiernos y sectores políticos acostumbrados al apaciguamiento del adversario que siempre resulta en la antesala del desastre. En razón de la vasta experiencia política, al más alto nivel, del presidente Biden, resulta paradójico y a la vez inquietante que el gobierno de los Estados Unidos no haya aún dado muestras de haber percibido las consecuencias del asentamiento con vocación de permanencia en el continente americano de armamento y asesores rusos, chinos, iraníes y terroristas, los mismos que confronta en otros continentes en medio de un conflicto inconcluso por el predominio orbital. El blanco de la intervención es hoy el de los Estados Andinos, y la punta de lanza de la misma es el denominado progresismo que encarna la confrontación cultural y de civilizaciones que tiene por primeras víctimas las libertades de la democracia y de la libre empresa, esenciales a la civilización a la que pertenecemos. La primera batalla se ganó en el Ecuador contra todo pronóstico. Perú, Chile y principalmente Colombia son los próximos teatros de operación. Es la primera vez que una elección nacional comporta tan significativos alcances y exige tanto discernimiento y responsabilidad. En el mundo que asoma, debemos obrar por el ascenso de los valores que encarnamos y que responden a la condición de Nuevo Mundo que aún ostentamos. Ojalá estemos a la altura del destino que procuramos.

…a la espera que el Congreso sepulte la Reforma Tributaria

Con los $50 billones que se roban los corruptos se cubriría lo que el gobierno aspira con la reforma

Por: Bernardo Socha Acosta

Parece que la peor amenaza de catástrofe jamás experimentada por los colombianos comienza a rebajar los graves riesgos –al menos así lo anuncian algunas bancadas políticas que tienen gran injerencia en las decisiones nacionales- hablando del infame proyecto de Reforma Tributaria.

La voracidad excesiva conque el Ministro de Hacienda y algunos otros funcionarios prepararon el texto del proyecto, creó el execrable ambiente social y político que mató de entrada la gallina de los huevos de oro, proyecto en el cual creía ciegamente el gobierno, así se convirtiera en la gestión más impopular y tirana de este país, pero no se sabe con qué oscuros propósitos.

Ese proyecto que se ha convertido en la mayor amenaza y azaroso temor de los colombianos es hasta ridículo, odioso e ignominioso porque pretende, como está el texto, acabar con franjas de la economía media y alta con los gravámenes propuestos, pero llegando incluso al atrevido atentado contra  asalariados de hambre. En qué cabeza de un ministro normal  le cabe, que una persona, por ejemplo, para citar uno de tantas extravagancias,  que una persona con 2 salarios mínimos mensuales pague impuestos. Que descaro de sentido verdugo y perverso  tiene una propuesta de esta naturaleza que no merece sino el rechazo, el repudio y el vilipendio  de una sociedad, contra autores de semejante injusto castigo.

Nadie puede entender, en qué país soñó el gobierno cuando diseñó semejante propuesta de látigo contra el pueblo colombianos trabajador, mientras  las mafias de la corrupción se apoderan anualmente de algo más de $50 BILLONES, y contra este cáncer maldito, nada hace el gobierno para buscarle una verdadera solución y un verdadero castigo contra sus autores, quienes antes son privilegiados por el estado.

Todo el mundo se pregunta por qué este gobierno buscó al pueblo trabajador y medianas  fuentes de desarrollo económico,  para pretender hacer de FALSO Samaritano, llevando eventuales migajas y sobras de los más poderosos para engañar los sectores menos favorecidos.

Si hubiera sido un proyecto de Reforma Tributaria verdaderamente estructural, no se habría metido con la clase trabajadora, y los sectores medios de la producción que son los que le aportan riqueza al país para su funcionamiento e incluso queda para que  los delincuentes de cuello blanco atesoren millones, ante la mirada complaciente de la pirámide gubernamental, que no quita, en cambio, los ojos buscando cómo esquilmar a los más débiles y dejarles camino abierto a los corruptos.  

Es que ante un proyecto de Reforma Tributaria  de tanta incidencia social y económica, y las gravísimas amenazas de TIRANÍA, nadie puede quedarse tranquilo hasta que el congreso de la república lo sepulte o como mínimo le cercene al menos el 60% de su infame y atemorizante propuesta.

bersoa@hotmail.com 

Un Reto sin Precedentes

Mario González Vargas

Nadie pensó que el rocambolesco episodio de la fuga de “Santrich” a Venezuela incidiera en los recientes combates en la frontera colombo venezolana y sirviera de hilo conductor para comprender la amenaza sin precedentes que se cierne sobre Colombia y la paz hemisférica. Sin advertirlo, nos encontramos inmersos en una situación de intervención de potencias extra continentales que afectan la seguridad y la paz en el hemisferio. La presencia de Rusia, Irán, China, Turquía y la Organización terrorista Hezbollah, en apoyo al régimen criminal de Maduro, cobra alcances similares al intento soviético de instalar misiles en Cuba en los años 60 del siglo pasado y obedece a una inocultable rivalidad por el predominio orbital. El campo de batalla es la América Latina y el objetivo inmediato es el control de las naciones consideradas estratégicas por su posición geográfica, potencial humano y recursos naturales.

La alianza del régimen de Maduro con la Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich y con el ELN se inscribe en esa estrategia que persigue asegurar el control de territorios y poblaciones no solo por los réditos del narcotráfico, sino también para garantizar la explotación de los grandes yacimientos de minerales de alto valor industrial por las potencias extra continentales, y extender su influencia sobre los estados del área mediante la fuerza o la intervención en sus procesos políticos. Ello explica el intento de exterminar intrusos, como alias Gentil Duarte, la presencia de asesores militares rusos, de aviones de combate chinos, la intención de proveer a Maduro de misiles iraníes y la tarea silenciosa de penetración de Hezbollah para fomentar el terrorismo. Todo ello se facilita por la persistencia de sectores políticos en Latinoamérica que permanecen alineados en la lucha contra los valores de occidente, el capitalismo y la democracia liberal, y que hoy se congregan en el denominado progresismo que sirve de punta de lanza en la confrontación política electoral y se presenta como opción de nueva civilización.

Así se explica que al belicismo se le sume la interferencia en las elecciones a realizarse en estos años, mediante la captura de medios de comunicación, la intimidación del electorado, la manipulación de los datos, posibles por la vulnerabilidad y debilidades de los sistemas electorales que ofrecen resquicios propicios para el fraude o el rechazo de sus resultados.

En el Ecuador, la voluntad popular superó todo intento de falsificación. En el Perú, el progresismo internacional procurará la elección del candidato supérstite de Sendero Luminoso y en Chile aterrizan los Enriques Santiago para diseñar la nueva constitución. En Colombia, se dará la más intensa confrontación porque la amenaza bélica se acompañará del más intenso accionar de agentes cubanos, espías rusos, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de promesas de inversiones chinas, para seducir al electorado o, en su defecto, manipular e imponer el resultado electoral al amparo de la inquietante dubitación estadunidense ante las consecuencias de su inexplicable incomprensión, susceptible de contagiar al desprevenido ciudadano o de suscitar conflicto armado de impredecibles consecuencias. .

El atropello miserable que traerá la Reforma Tributaria

 Por: Bernardo Socha Acosta

La mayoría de los colombianos se sienten ofendidos con la actitud del presidente de la república que intenta hacer creer y pasar por el Congreso de la república un proyecto de Ley de REFORMA TRIBUTARIA, con el engaño de un proyecto de solidaridad. 

En este proyecto   como en otros de este carácter, lo único que ha hecho el gobierno es rebajarles obligaciones tributarias a los grandes capitales y condenar a las familias trabajadoras a pagar más impuestos para cubrir la fronda burocrática y tapar los huecos que han dejado los ladrones de cuello blanco que han esquilmado o devorado el dinero que pagan los pobres en impuestos.

Para que la Reforma Tributaria que está promoviendo el gobierno  no se convierta en el mayor caldo de cultivo de un ALZAMIENTO POPULAR,  esa reforma deberá seguir las recomendaciones que hicieron el Fondo Monetario Internacional –FMI- y la CEPAL, en el sentido de gravar los patrimonios de los más ricos.

Los expertos en materia tributaria han dicho que en esta reforma se deben establecer impuestos al patrimonio que sean de forma progresiva y por encima del 1% que es el actual. Los analistas sostienen que los RICOS en Colombia no pagan tasas ni siquiera del 10%.

Aseguran igualmente los expertos que la actual estructura tributaria, está diseñada para que los pobres paguen más que los ricos.

El estudio de la comisión de expertos reseñando un gráfico (no está aquí) dice …

Los de menos ingresos pagan un poco más que personas de ingreso medio, la primera señal de inequidad. La línea muestra que los más ricos de los ricos pagan renta, un valor cercano al 2 por ciento de sus ingresos. El mismo porcentaje que pagan los contribuyentes que ganan un poco menos…

En el artículo publicado por la Silla Vacía, se afirma…

Agujeros del sistema y trampas

La principal razón por la que los más ricos terminan pagando menos impuestos que los de menores ingresos, tiene que ver con que los ingresos de unos son distintos a los ingresos de los otros, y se gravan de manera distinta. En particular, entre más ingresos tiene un contribuyente, menos depende de su salario, y más de lo que la Dian llama ingresos no laborales.

Es tanta la desproporción tributaria que hay en Colombia, que un artículo de la experta, María Carolina Ramírez Bonilla, publicado en la República, sostiene que Los impuestos que pagan los ricos no representan ni 5% del valor de su renta. La misma experta observa cómo es este tratamiento en los Estados Unidos y Europa, donde hay equidad tributaria.

Frente a todos estos argumento y consideraciones, los colombianos le piden al primer mandatario de la nación, que no los pretenda engañar, poniéndole nombres sofisticados a la Reforma tributaria y si ha de ser para esquilmar aún más a los pobres, que desista de un proyecto que resulta inapropiado en medio de la situación que viven países como Colombia, debido a la pandemia.

Con el interés que el presidente le ha puesto al proyecto de Reforma Tributaria, pareciera que no ve la hora de sacarle más impuestos al pueblo y llevarle más beneficio y riqueza a los grandes capitalistas.

Ahora solo falta que el Congreso de la república respalde semejante despropósito del gobierno, de atropellar los más desprotegidos, que son, un 70% de colombianos a quienes les ha caído toda clase de plagas, incluyendo las pasadas Reformas Tributarias que ya aplicó este gobierno y que, como si fuera poco, quiere seguir congraciándose ante los poderosos y descargando sus desmedidos apetitos feudatarios contra el pueblo trabajador que muchas veces tiene que pasar hambre y ver con tristeza cómo cada día se suman en la peor miseria. Esquer pretender con esta Reforma cobrarle impuestos a una persona que gane más de 2 millones de pesos mensuales, es la más clara demostración de atropello MISERABLE.

bersoa@hotmail.com

Herramientas para una Paz amenazada

Mario González Vargas

El régimen dictatorial de Maduro, Diosdado y sus congéneres representa la mayor amenaza a la paz y seguridad hemisférica que se supone no podría enfrentarse y resolverse con los instrumentos que sirvieron para lograr la resolución del conflicto centroamericano y la paz duradera en esa región. Los acuerdos de Esquipulas y la creación del Grupo de Contadora fueron posibles porque se fundaron en el principio de que la resolución de los conflictos regionales correspondía prioritariamente a sus protagonistas y a los estados regionales con intereses en la consecución de la paz.

Hoy prevalece un escenario de confrontación orbital que favorece y estimula la intervención de potencias extra continentales en conflictos regionales, lo que supedita y somete cualquier solución a intereses y objetivos que desbordan los de sus directos protagonistas. La inicial participación de Cuba en las decisiones y actitudes del régimen chavista, se vio prontamente acompañada por la intromisión de Rusia, China, Irán, Turquía y la organización terrorista de Hezbollah, que no solo altera fundamentalmente los equilibrios e impacta la seguridad hemisférica, sino que también sustrae de las eventuales soluciones a quienes padecen los efectos directos del conflicto. El retiro de Argentina del Grupo de Lima y el prolongado silencio de éste, al tiempo que se aumentan las tensiones a lo largo de la extensa frontera colombo venezolana y la migración a distintos países del continente, son claro indicio del sentimiento de repliegue que asoma entre algunos de sus gobiernos. A ello, se suma la aparente indefinición del gobierno estadounidense ante una situación que le atañe directamente y susceptible de complicar un contexto de por si complejo para la seguridad en el hemisferio.

Colombia debe procurar una lectura acertada de la situación. La acción militar de las fuerzas del régimen de Maduro en el estado de Apure contra supuestas disidencias de la Farc que ellos prohíjan, unida a las expresiones belicosas del Diosdado Cabello y del canciller Arreaza, más que despertar interrogantes generan inquietudes por su lenguaje amenazante que no debe seguir desestimándose como retórica de aprendices de sátrapas, porque pueden reflejan un sentimiento de pérdida de control. Acudir a la comunidad internacional debe tener en cuenta los fracasos sucesivos de la ONU en sus misiones de paz y la reiterada incapacidad de la Unión Europea para asumir posición frente a situaciones de interés primordial, como el de la agresión a Armenia por Azerbaiyán o el de la amenaza del presidente de Turquía, Erdogan, a Grecia y Chipre en el mediterráneo oriental. La diplomacia eficaz se nutre de antecedentes susceptibles de incitar la adopción de nuevos tratados o de fortalecer la aplicación de los existentes. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ya en aplicación en el caso del régimen venezolano, contiene las normas aplicables a eventos como el que enfrentamos para conjurar agresiones y belicismo, sin olvidar que la prudencia y la capacidad de disuasión diplomática y militar constituyen las mejores herramientas preventivas a la conservación de la paz. Ellas existen para ser aplicadas y deben desplegarse sin tardanza.

La Disyuntiva en las Elecciones del 2022

Mario González Vargas

En medio del torbellino de violencia que sacude al país, resulta aconsejable interrogarse sobre los alcances del acuerdo de paz suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Frarc-Ep, supuestamente diseñado para poner fin a décadas de confrontación armada y proveer a Colombia de los beneficios de una paz duradera y sostenible. Ese cautivante espejismo sirvió de falaz justificación para desconocer el resultado del plebiscito y la adopción del “Fast Track” para la conversión de sus disposiciones en normas constitucionales teóricamente destinadas a convertirnos en un paraíso de paz, y fraternidad.

El resultado no pudo ser más frustrante, como que las desproporcionadas concesiones consentidas a las Farc se materializaron en sistemáticos incumplimientos y nueva violencia, tan cruenta como la vivida por décadas, pero más esparcida por el territorio que el gobierno Santos no quiso recuperar para la institucionalidad, y que se vio cooptado por nuevas organizaciones criminales que se disputan el control de las rentas del narcotráfico, potenciadas por los perversos incentivos a los cultivos ilícitos pactados en la Habana y por la injerencia, complicidad y protección brindada por el régimen de Maduro, hoy la mayor amenaza que confronta la seguridad nacional. Ello atrajo a los más ambiciosos de las filas farianas, que prefirieron sumar esos nuevos réditos a las cuantiosas sumas legalizadas a la sombra del acuerdo de paz, con las que se contentaron los que, como Timochenko, optaron por un dorado retiro de la actividad criminal. Estos últimos, sumaron la formación de un partido político, curules en el Congreso e impunidad a sus delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, dispensada por una justicia diseñada con ellos y para ellos. Todo ello explica sus incumplimientos a las obligaciones contraídas en el acuerdo firmado, seguros además del desinterés de la comunidad internacional que prefiere pasar la página y enfrentar los nuevos retos globales que la acechan. Nada de verdad, ni de reparación, ni de garantías de no repetición pueden esperarse de ellos, porque se sacrificó la justicia, hoy además politizada y cuestionada por los sesgos y afinidades ideológicos que la rondan. Paz fallida y crisis institucional fueron sus secuelas.

El país está abocado a un realismo que le permita saldar sus deudas y discrepancias con lo acaecido. No tiene sentido continuar confrontándonos sobre el pasado que nos agota cuando las exigencias y los retos obedecen a realidades cambiantes y apremiantes. Urge sobreponernos a los problemas que nos dividen para comprender el mundo que está surgiendo, si no queremos padecerlo. Solazarnos en la judicialización de la política y en la politización de la justicia es la mejor receta para el desastre. No existe opción distinta a la de vencer a la criminalidad, controlar el territorio, recuperar la credibilidad de la justicia, fortalecer la seguridad nacional y las instituciones hoy alicaídas y recobrar la confianza ciudadana, para consolidar el régimen democrático y aportar consensos y legitimidad al nuevo gobierno. Estos, más que necesarios, son hoy indispensables si queremos tener futuro. Será la disyuntiva en las próximas elecciones.