El nuevo ministro de Defensa
asume el exigente reto de producir resultados concretos que desarticulen las
acciones criminales de los grupos armados organizados y aseguren el monopolio
del uso de la fuerza legítima por parte del Estado en la totalidad de su
territorio. Para ello, cuenta con su capacidad gerencial y con la colaboración
del alto mando militar y de una Policía bajo la dirección de su más
experimentado general.
No será tarea fácil, porque
demanda no solamente la continuidad de políticas en ejecución, sino también
nuevas estrategias que afronten las cambiantes dinámicas que caracterizan las
expresiones de la violencia en varias regiones del país. La lucha contra el
narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales exigen
nuevas visiones y renovados planes de acción. La creciente fragmentación de los
grupos armados ilegales ha favorecido la extensión de la violencia que pretende
hacer tránsito del ámbito rural al urbano, sin que ninguna logre una
prevalencia clara que permita la consolidación de fuerzas que adquieran un
cubrimiento nacional. La violencia se ejerce a la par contra los ciudadanos, la
fuerza pública y las autoridades y entre las bandas delincuenciales por el
predominio de territorios y la exclusividad en la obtención de los réditos del
narcotráfico, los cultivos de coca, la minería ilegal, la extorsión y el
control de comunidades. Las tareas de desarticular esos grupos armados no se
agotan con la intervención en toda la cadena del narcotráfico, como tampoco se
reducen a dar de baja a sus cabecillas, inmediatamente reemplazadas, ni a
capturar o desmovilizar sus integrantes que se compensan con reclutamientos de
indefensas víctimas, porque no serán eficaces sin el fortalecimiento del Estado
en los niveles locales y regionales que constituye, además, la única garantía
de protección de todos los líderes sociales, ambientales y comunitarios que se
resisten al predominio de la criminalidad. La Fuerza Pública no puede en solitario
asumir todo el peso y funcionalidad que implica la presencia de la
institucionalidad. Allí se libra una lucha despiadada entre todas las
organizaciones criminales por el dominio de esos territorios que empieza a
extenderse hacia las zonas urbanas, elevando su amenaza de inseguridad
ciudadana a la de desafío a la seguridad nacional y la integridad territorial
del estado colombiano. Venezuela alberga, protege y patrocina al ELN y a la
Segunda Marquetalia, que le sirven de tentáculos para intervenir y subvertir la
vida nacional.
La situación que vivimos es
consecuencia directa de la prevalencia del ególatra esfuerzo por el premio
Nobel sobre las responsabilidades del gobierno anterior que deslegitimó el
acuerdo de paz, sembró de incentivos perversos los cultivos de coca y dejó en
abandono los territorios en donde hoy florecen, mandan y asesinan todas las
organizaciones criminales que llenaron los espacios vacíos que dejaron las
Farc-Ep.
Son múltiples, exigentes y
conexos los retos que confronta el nuevo Ministro y todos dependen del control
territorial por parte del Estado. Si ello se logra sería el legado perdurable
de este gobierno para el destino y futuro de Colombia.
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