LA BASE DE MANTA, UN ENCLAVE DE DOMINACION

POR: REINALDO RAMIREZ

La base aérea de Manta, Ecuador, es junto con las bases militares que mantiene Estados Unidos en Guantámano, El Salvador y Curazao, un eslabón fundamental de la infraestructura bélica imperialista que le permite acantonar y movilizar sus fuerzas militares de intervención a cualquier lugar de Latinoamérica; en suma, estas bases militares son el garrote del imperio para perpetuar la sumisión política de los estados, la explotación y apropiación de nuestros recursos naturales y la dependencia económica y cultural de nuestros pueblos; la base de Manta es una espina en el corazón de América Latina, un enclave militar de una potencia extranjera agresiva que humilla y somete a nuestros pueblos, una fuerza de ocupación para impedir la liberación y la autonomía que reclaman las naciones originarias de Hispanoamérica cansadas de más de quinientos años de servidumbre.

Insinuar siquiera el traslado de la base militar norteamericana de Manta, Ecuador, a territorio colombiano muestra una sumisión indebida e innecesaria del gobierno de Alvaro Uribe a la política imperial; el solo anuncio de su posible ubicación en territorio colombiano será tenido como un gesto inamistoso hacia la República Bolivariana de Venezuela y los demás países del subcontinente suramericano que rechazan el tutelaje norteamericano.

Sabido es que Venezuela mantiene unas relaciones tensas con Estados Unidos por ejercer su autonomía, por desafiar los dictados imperialistas respecto de la explotación de sus recursos naturales; en el plano internacional, en ejercicio de su soberanía, Venezuela tiene su propia agenda exterior, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con otros Estados en todo el mundo sin pedir el beneplácito ni la autorización de Washington; frente a sus desavenencias con Estados Unidos Venezuela merece nuestra solidaridad por ser nuestro vecino y el principal socio comercial de Colombia en Latinoamérica; compartimos con Venezuela más de dos mil kilómetros de frontera, una cultura y una historia comunes.

Pretender hacernos cómplices de los planes de agresión de los Estados Unidos a Venezuela resulta verdaderamente absurdo y contraproducente; prestar nuestro territorio para el acantonamiento del aparato militar que amenaza a nuestros vecinos es una aptitud inamistosa; a un elevado costo para nuestra soberanía y la paz de la región, el Gobierno de Alvaro Uribe acorralado y debilitado por sus nexos con el paramilitarismo, atado al brete de la derecha fundamentalista y al descrédito mundial del imperialismo norteamericano, busca afianzarse en el poder convirtiendo el territorio colombiano en una plataforma de las fuerzas armadas de intervención de Estados Unidos para amenazar la independencia de los países hermanos de América Latina.

Permitir la construcción de bases militares extranjeras en nuestro territorio para satisfacer los intereses y las designios de dominación norteamericanos es un delito de lesa patria por menoscabar la soberanía nacional, por convertirnos en enemigos y virtuales agresores de nuestros vecinos y por apartarnos del destino común que forjaron los héroes y patriotas que hace doscientos años derrotaron y expulsaron el dominio español para crear naciones libres y soberanas.
Bucaramanga, Junio de 2008 Volver a Inicio >

Uribe tiene en su conciencia las muertes de 10.586 colombianos»

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Remitido desde España
Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor colombiano«
Juan Carlos Guillén

Qué Pasa

Sobre el trabajo que este colega colombiano viene realizando a lo largo de cuatro lustros, y muy particularmente sobre el último que lo trajo a Venezuela en un apretado periplo por nuestras principales ciudades, que incluyeron Barinas, Caracas y Maracaibo, Ignacio Ramonet afirma que «no cabe duda que apenas comienza el forcejeo. ¿Quién sabe si las importantes revelaciones hechas en este libro por Hernando Calvo Ospina, no serán a corto o mediano plazo confirmadas por los propios implicados? Por tanto este trabajo es sumadamente valioso. Más aún, su atenta lectura —refiriéndose al libro 'El Terrorismo de Estado en Colombia'— es indispensable para entender la tragedia del pueblo colombiano».

Ese terrorismo, agregamos nosotros tomando la palabra de Hernando Calvo Ospina, entre agosto del 2002 y junio del 2004, en la época de Uribe, ha costado 10 mil 586 asesinatos y desapariciones políticas; muchos más que las sumas de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile en todos sus años.
Buscando un espacio para el encuentro programado para dos horas, encontramos el camino para que los 120 minutos reglamentarios de la formalidad periodística se transformaran sosegadamente en 72 horas de recuerdos, conversaciones, solidaridades y el afianzamiento de los lazos de amistad entre hombres de pueblos hermanos, separados por la intolerancia primigenia de Francisco de Paula Santander.

- El periodismo ha venido cultivando esa especie de cultura de la violencia. Hace algunos años un reportero neogranadino me comentó que cuando se iniciaba la era del sicariato exacerbado, se hicieron algunos llamados para no darle aires al fenónemo que ya se trasladó a Venezuela y que tiene mucha responsabilidad en la cotidianidad de la muerte en Colombia, ¿qué opinión tiene al respecto?- El sicariato sirvió para endosarle toda la culpa de acciones atribuibles al propio gobierno, al estado colombiano y el periodismo no ha querido dar luces en ese sentido. Fíjate, y como lo escribo en mi libro, en noviembre de 1988 la gran prensa informó que la justicia colombiana «sí» castigaba a las autoridades que cometían delitos contra la ciudadanía. Contaba, por ejemplo, que unos policías habían sido suspendidos durante un mes por haber torturado y asesinado a un hombre. Unos días después, el 20 de noviembre de ese año, el periodista Antonio Caballero escribía sobre ello en El Espectador de Bogotá: «Lo más grave de todo es que la prensa —por oficialista que sea, por militarista que sea— aplauda esa parodia de justicia como si se tratara de una cosa seria.

No puede ser que a un periodista en pleno uso de sus facultades morales y mentales le parezca adecuada y ejemplar la pena de un día de suspensión de sueldo por cada patada en los testículos, y otro día por un culatazo en las encías, y otro más por cada colgamiento, y todavía otro por cada ahogamiento en excrementos, y así hasta veintinueve, y en total treinta si el torturado acaba de morirse a fuerza de patadas y ahogamientos. No puede ser. Debe de tratarse una vez más de un error tipográfico. Da un poco de risa. Da un poco de miedo. Da un poco de asco».

Este fenómeno exclusivo en principio del narcotráfico, fue adoptado y utilizado amplia y abiertamente por el estado.Hernando reside en Francia porque lo llevaron para allá, según su propia palabra, se hizo escritor y periodista y hoy es colaborador permanente de Le Monde Diplomatique. Ha participado en documentales de la cadena británica BBC de Londres y la franco alemana ARTE.

«¿Disidentes o Mercenarios?» y «Ron Bacardi, la Guerra Oculta», son algunos de sus trabajos donde ofrece importantes revelaciones sobre las ruecas que tuercen los destinos de los hombres avasallados por el terrorismo de estado en Colombia.
- Muchos colegas, historiadores y analistas manifiestan que la tragedia colombiana se inició con el asesinato de Gaitán, sin embargo, usted va mucho más atrás y afirma que todo se inició con Francisco de Paula Santander, ¿por qué?- Francisco de Paula Santander vio en el asesinato de Simón Bolívar la sola posibilidad de desmembrar a la Gran Colombia. Su codicia de poder y de la naciente oligarquía criolla que lo apoyaba, lo llevó a planificar varios atentados contra el Libertador, el más recordado fue aquel en que a los sediciosos enviados por el «hombre de las leyes», se encontraron con una dama vestida en camisón espada en mano, enfrentando a los sicarios y dando tiempo para que Bolívar escapara. Esta afrenta, jamás le sería perdonada por el estado colombiano naciente y comenzó una política de terror, que al morir el Libertador, y Santander regresar, el país lo llenó de honores, le fueron restituidos todos sus cargos. Siendo nombrado presidente, firmó el decreto que desterraba a Manuelita que termina muriendo en la costa peruana de difteria y muy pobre.

Sentado con olores de carne asada invadiendo la atmósfera que nos rodeaba, Calvo Ospina recordó los sabores parisinos y las interminables comidas en la que los galos introducían a los hijos del Caribe; comidas que en la urgencia del hambre eran consumidas casi en minutos cuando el resto de los comensales aún no habían terminado, ni siquiera el primer plato.

Francia lo recogió y tras pasar sus primeros cuatro años con un pie en ese país y el resto del cuerpo en América Latina, tomó la decisión de desprenderse de sus afectos patrios y asumir la trinchera de lucha y de denuncia que lo trajo a predios maracaiberos; pues Hernando todavía sueña con ver casas de chocolates en donde vivan todos los niños de su querida Colombia.Bajo los horcones de una casa saladillera seguimos conversando.
-América Latina ha tenido un repunte de esperanzas. Vemos el caso Venezuela con su revolución bolivariana, tenemos a la Bolivia Aymara de Evo Morales, también llegó el momento del brillante Correa en Ecuador y así podemos enumerar a Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay y la Paraguay del obispo rebelde. ¿No te parece que Colombia es una especie de isla?

Un respingo casi imperceptible brilló en sus ojos caribeños y soltó:-No, Colombia no es una isla. Allí se han gestado desde hace muchos años movimientos revolucionarios que siempre han pugnado por reivindicar los derechos civiles, los derechos ciudadanos y las reivindicaciones de un pueblo que se ha negado a morir ante la quirúrgica y sistemática acción del terrorismo de estado. Tenemos que recordar que es el estado colombiano y no su pueblo el que se ha aislado a expensas de los Estados Unidos de Norteamérica. Es ese estado quien acompañó a los estadounidenses, enviando tropas, en la guerra de Corea en la década del cincuenta. Fue el estado colombiano quien erigiéndose como el Caín de América, apoyó la invasión de la Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Británico, a las islas Malvinas, después de que el gobierno de facto izara la albiceleste en el frío islote austral.

Desde hace mucho los movimientos sociales han tenido su aporte de sangre en la Patria de Nariño y tal como lo refleja Hernando Calvo en su libro, y como la ratifica con la convicción de la palabra frente a este interlocutor «cuando llega la década de los veinte, Colombia vive un considerable aumento de las exportaciones de café. Esta bonanza produce unas desaforadas ansias de lucro en las clases dominantes, que mayoritariamente seguían concentrando sus intereses en la explotación del campo. Este hecho —comenta Hernando— generó la agresión contra campesinos, colonos e indígenas, quienes deben escoger entre vender sus tierras o abandonarlas. Fue así como la violencia y la explotación produjo movilizaciones y confrontaciones que dieron pie a la lenta disolución de las relaciones serviles en el campo. Los indígenas del suroeste del país, acaudillados por Manuel Quintín Lame, muchas veces acompañados por campesinos organizaron movimientos de resistencia que se extendieron por varias regiones del país. Estas fueron acalladas a fuego y sangre, pero sólo después de varios años de luchas».

Del campo a las ciudades y al Frente NacionalEl terrorismo de estado en una Colombia que cada vez se va configurando como una cuña sionista e israelita en el corazón de América Latina, va prefigurando el propósito imperial de hacer la guerra para evitar la administración propia de los recursos que le son necesarios a los gobiernos estadounidenses.Al respecto el periodista subraya que «con tal panorama se va forjando la organización y combatividad de los trabajadores y fue en Barrancabermeja, en 1924 donde la lucha obrera puso en el tapete la nacionalización del petróleo y la defensa de la soberanía, todo en contra de la Tropical Oil Co».
- ¿Qué sucedió?- La «Tropical» se negó a dialogar, obteniendo el aval del gobierno para despedir a cien trabajadores. Entonces 3.000 se fueron a huelga, la cual fue inmediatamente declarada como subversiva, la región fue militarizada, otros 1.200 trabajadores fueron despedidos y deportados a varias ciudades, mientras los principales dirigentes fueron llevados a la distante Medellín para ser encarcelados por 17 meses.
Concebido como una especie de Pacto de Punto Fijo colombiano con un corolario de sangre, el Frente Nacional institucionaliza y sacraliza el terrorismo de estado en el hermano país. Al respecto Hernando Calvo Ospina comenta que todo se fue decantando hacia un frente autocalificado como nacional en donde la oligarquía colombiana se auto amnistió de tantos miles de crímenes.

«Se cree —asegura— que entre 1946 y 1958 fueron asesinados unos 300 mil colombianos, casi todos campesinos. Casi todos anónimos. Hasta donde se conoce, ninguno de la clase alta. Caídos en una guerra civil no declarada, porque nadie la declaró, aunque sí se sabe quienes la fomentaron: el Frente Nacional».Hernando Calvo Ospina fue detenido, torturado, declarado desaparecido, exiliado de su país, de sus amigos y casi hasta de su historicidad por el terrorismo de estado colombiano, sin embargo y sin melancolía refiere: «Con los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo, se desencadenó el terrorismo de estado en Colombia. La Comisión Intercongrecional de Justicia y Paz realizó comparación de desapariciones y asesinatos políticos en esos ocho años de gobiernos democráticos en mi país de origen, con las más represivas dictaduras que tuvo América del Sur y los resultados son incontrastables».
- Cuéntanos…- En los ocho años de dictadura Argentina fueron aniquilados 9 mil seres humanos, Brasil en 15, defenestró a 125; Uruguay en 16 años, desaparecieron o fueron asesinados 220 personas; en los 17 años de dictadura boliviana y chilena, fueron asesinados (aunque creemos que son muchos más), respectivamente 2 mil 21 y 2 mil 666 personas.
- ¿Qué sucedió en la Colombia democrática de Barco y Gaviria?-Mataron o desaparecieron a 31 mil 491 ciudadanos.
-¿Y Uribe?- Él está batiendo el récord pues en apenas dos años tiene en su conciencia asesinatos y desapariciones de 10 mil 586 colombianos.
Juan Francisco Remolina Caviedes Regresar a Inicio >

CHÁVEZ PIDE FIN DE LAS FARC

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Por Horacio Serpa

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Chávez no está loco, ni está desvariando frente a las FARC. Su posición de pedirles abandonar la guerra de guerrillas es la misma desde hace muchos años. Solo que su intromisión en los campos minados del acuerdo humanitario, para lograr la liberación de los secuestrados, lo convirtió en un aliado mediático de las FARC y en un pugnaz contradictor de Colombia.

Los computadores mágicos de Reyes, que más bien parecen de Superman y venidos de otro planeta, porque resisten bombardeos y tienen una memoria no inventada aún por Bill Gates, han servido para enredar más aún al Presidente venezolano y presentarlo ante el mundo como aliado de la guerrilla más vieja del mundo.

Chávez sorprendió el pasado domingo, en su programa Aló Presidente, cuando dijo: "Creo que llegó la hora de que las Farc liberen a los que están en la montaña, sería un gran gesto humanitario. Y eso pudiera ser el primer paso desde lo que aquí anhelamos que es que se acabe la guerra interna en Colombia".
"¡Vamos, suelten a esa gente! Allí hay ancianos y soldados que tienen allí más de diez años. Llegó la hora, Cano. Yo lo creo. Así que quiero enviar este mensaje: la guerra de guerrillas pasó a la historia. Y ustedes en las Farc deben saber que se han convertido en una excusa del Imperio para amenazarnos a todos nosotros".

Para mi no hay nada de nuevo en ese concepto. Se lo escuché personalmente un día que lo visite en Caracas, en mi condición de vicepresidente de la Internacional Socialista.

Cuando le pregunté por qué le interesaba tanto el tema de la paz en Colombia, me respondió en voz baja y meditabunda: "Quiero contribuir a la paz de Colombia. Estoy dispuesto a reunirme con Marulanda. Ir a las selvas de su país y mirar a los ojos al comandante de las FARC para decirle que la guerra de guerrillas hoy no tiene sentido, ni futuro, porque las revoluciones ya no se hacen con tiros sino con votos".

Guardé en mi memoria esas palabras y las recuerdo cada vez que se le va la lengua al presidente venezolano y los rayos caen desde el lado colombiano contra el mandatario vecino. Me alegra que él las haya sacado a la luz pública para reiterar su compromiso con la reconciliación nacional.

Creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia es el logro de la paz negociada con las FARC y el ELN. Cano sí que entiende la política. Por eso ojalá esté pensando en cómo ahorrarle a Colombia más muertos y cómo subirse a un proceso que permita que el país vuelva a escuchar de las FARC palabras de paz y no ese tableteo insensato de arengas pasadas de moda.

Hay que negociar. Hay que liberar a los secuestrados. Las palabras de Chávez son un buen comienzo. ¿Va Cano hacia ese mismo puerto? Solo él lo sabe. Por lo pronto Chávez ya habló. Ojalá las FARC lo escuchen. Volvera Inicio >

MAGNA IMPOSTURA

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La institución de la extradición, basada en los tratados públicos y en las normas de procedimiento penal, es un acto jurídico de solidaridad internacional en la lucha contra el triste fenómeno de la delincuencia; de tal suerte que se garanticen las condiciones de la vida civilizada, conforme al derecho que es el cimiento y nexum de la sociedad.

Por manera pues, se torna paradojal que el Presidente Uribe al fin y a la postre, hubiese admitido la evidente alianza entre los paramilitares y el narcotráfico, ese tenebroso contubernio desde su origen; no obstante, que a lo largo del proceso de “negociación”, de trastienda en Santafé de Ralito, les prometió, contra la tradición jurídica universal, un tratamiento de delincuentes políticos con lo cual les garantizaba la no extradición. Para mayor escarnio y afrenta al constitucionalismo, amenazó con acudir a la activa colaboración del pueblo –bajo una apariencia democrática– para la vigencia del estatus político de los paramilitares. Todo, ambigüedad, impostura, agonía de la justicia y del Estado de Derecho.

El gobierno de Uribe, con la extradición de catorce “jefes” paramilitares, se echó sobre sus hombros el cadáver de la llamada Ley de Justicia y Paz, y con él la prioridad suprema y sagrada de la verdad, la justicia y la reparación, acibarando más el suplicio de los miles y miles de víctimas humildes e inocentes, en este espectáculo absurdo de nuestra patria ahogada satánicamente en sangre, con la pedagogía del resentimiento y el vacío de la moral del establecimiento.

Pero, ¿qué revela la lógica oculta de estas contradicciones? ¿Qué se aprestaban los extraditables a denunciar? Ante el desprecio desmesurado de la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó: “…la extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes, cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad e interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.

Entretanto, en el establecimiento solo hay “Silencio y Bruma. Soplos de arcano”. Como dice un poeta.

Y bien. ¿Es este, el respeto a la dignidad humana, que el gobierno demuestra en el caso de las víctimas y que la Constitución les otorga? ¿No es, pues, la intangibilidad de la vida un derecho fundamental que inequívocamente garantiza su óptima calidad cuando se aleja del sufrimiento? La interpretación del derecho fundamental a la vida, no puede hacerse al margen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El gobierno de Uribe, ha cerrado los ojos ante los crímenes de lesa humanidad de los narcoparamilitares, y el sufrimiento de sus víctimas, que no han tenido ni siquiera la alegría de vivir, contrariando así, la preceptiva constitucional, de nuestro Estado Social de Derecho.

Quedan las víctimas en un limbo pavoroso, como si su tragedia fuera un castigo sobrenatural, en tanto que sus verdugos reciben en la práctica una amnistía tenazmente enmascarada, encabezando una operación de impunidad en relación con ese repertorio de atrocidades, revestidas de reivindicaciones nacionales, según los parapolíticos de la “refundación de la patria”, los patrocinadores y beneficiarios de estos criminales.

Por otra parte, a la luz del Código de Procedimiento Penal, el Ministro de Justicia –tan visiblemente limitado– tiene la facultad para “diferir la entrega” de quien esté procesado y pedido en extradición, “hasta cuando se le juzgue y cumpla pena”.

El Ministro no solo desconoce los caminos de la justicia nuestra, sino que implica torpe barrera para la eficiente aplicación de la ley. Es la atroz secuela de ser Ministro de Justicia y de no honrarla. Elster, dice acertadamente que: “el poder, para ser efectivo, debe ser dividido y la omnipotencia, lejos de ser una ventaja, puede ser una calamidad”.

Las bellas palabras de la Constitución y de los Códigos se quedaron sin alma y sin medios de obrar, en este proceso con los narcoparamilitares, que no es otra cosa que la legitimación de la mentira. Volver a Inicio >

EL CASO DE JUAN MANUEL

Por: Horacio Serpa

Si hay una persona seria, responsable, honrada, constructiva, leal, altruista, diligente, de buenos sentimientos y ejemplar comportamiento familiar y social, es Juan Manuel López Cabrales.

Honra la política y el servicio público. Es de los que se pueden mostrar para hacer ver que en la política hay gente sana, trabajadora y consagrada. En el Liberalismo es insignia de lo que debe ser un dirigente confiable.

Tiene votos. No comprados, ni negociados. No los consiguió por presiones, ni en convenios criminales. Nunca vendió el alma al diablo. Pertenece a una dinastía de políticos sanos, que crearon en Córdoba un espacio liberal y ejercieron durante medio siglo pulquérrima actividad pública. Su padre Libardo fue un dirigente siempre victorioso, al igual que su tìo Edmundo, quien sigue dando cátedra de inteligencia carácter y dedicación.

Juan Manuel hizo honor a su sangre y siguió en la política. Pero no se durmió sobre los laureles familiares, sino que demostró con trabajo y buenas actitudes que hay políticos honestos y cumplidores. Logró con esfuerzo lo que todos los políticos anhelamos: que lo adoraran sus seguidores y lo respetaran sus contradictores. Su esposa Arlet es una mujer extraordinaria que secunda su labor con dinamismo, inteligencia y coraje.

Juan Manuel no llegó al Senado por presiones u órdenes de Mancuso. Al contrario, lo logró limpiamente en contra de sus designios y de los intereses del paramilitarismo. Es tal el liderazgo que tiene entre los Cordobeses y la fortaleza de su movimiento, que el año pasado, estando preso en Bogotá, ganó de nuevo las elecciones en Córdoba.

Es un valiente. Muchos sabemos que Mancuso le prohibió respaldarme como candidato a la Presidencia, lo que rechazó frontalmente. Siguió apoyándome y respaldando mis denuncias a los atropellos de los paramilitares, que muchas veces expuse a su lado, con su gente, en público, sin que nunca se me hubiese sugerido que moderara mis señalamientos.

Me consta la difícil situación sufrida por Juancho y su gente por la intransigencia del paramilitarismo. Como amigo y jefe del Partido viví sus tribulaciones. Muchas veces temí por su vida. Supe paso a paso las razones por las cuales Juancho terminó en la reunión de Ralito, a cuyos designios nunca se doblegó. Al contrario. Siempre hizo saber su distancia con los paramilitares que azotaban la región, por lo que Mancuso ordenó su muerte.

El Senador Juan Manuel López Cabrales comparece al juicio que se le adelanta por nexos con los paramilitares. Hubiera podido eludir a la Honorable Corte renunciando a su investidura. No lo hizo porque tiene responsabilidades con su gente, su tierra y su partido, porque ama a su familia y quiere que su inocencia se demuestre al más alto nivel, y porque es hombre de honor que respeta a la justicia.

Colombia requiere políticos como Juancho, por quien es un orgullo meter las manos al fuego. A la sala de audiencias le envío mi solidaridad, mi respeto y mi cariño de compañero y amigo.

Bucaramanga, 4 de Junio de 2008 . Volver a Inicio >

EL INTERES GENERAL

Por: ALVARO VECINO PICO

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El año pasado en un estudio realizado por algunas universidades del Áreas Metropolitana de Bucaramanga, se presentaron diferentes razones que justifican la creación de un Distrito Metropolitano, teniendo en cuenta la globalización como fenómeno que obliga a las entidades territoriales a hacer una relectura de sus estructuras administrativas, económicas, geográficas y sociales; la dinámica poblacional; la dinámica social que obliga a brindar satisfacción única y general a necesidades básicas como los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, gas, agua potable, alcantarillado, aseo, telefonía) y otros igualmente importantes como la educación, la salud, la recreación y el transporte.

El Distrito sería una Entidad acorde con las obligaciones del Estado Social de Derecho y la necesidad de orientar el desarrollo económico de la región metropolitana, con una organización administrativa que permita consolidar las vocaciones económicas, de cada municipio, para lograr la competitividad de sus mercados, guiándose por criterios de modernidad y equidad; además de la eficacia en la propia dinámica del desarrollo urbano, superando el actual cruce de intereses entre instituciones de diferente índole que intervienen en un mismo territorio (7 empresas de aseo; 3 de acueducto; 3 de alcantarillado; 2 de gas natural; 5 POT; 4 Secretarías de Planeación Municipal; 4 Planes de Desarrollo Municipales desarticulados, entre otros), desconociendo que el papel esencial del Estado es satisfacer de manera eficiente las necesidades básicas de un ciudadano metropolitano que en muchos casos reside en un municipio, labora en otro, estudia en otro diferente a los anteriores y para acudir a sus actividades diarias circula por uno distinto de los mencionados.

Sin embargo, la idea del Distrito Metropolitano fue una iniciativa académica, gremial y de un sector de la clase política, donde estuvo ausente la opinión pública – el habitante común y corriente (principal beneficiario)- quienes en su inmensa mayoría nunca la conocieron y por lo tanto no podrían opinar de manera objetiva de su conveniencia o no.

Ya en el pasado iniciativas de desarrollo para la ciudad de Bucaramanga, y su área metropolitana, se han truncado por ese mismo motivo. Mientras el ciudadano común siga estando ausente de decisiones que afectan el Desarrollo de su municipio e inciden en el mejoramiento de su calidad de vida, éstas seguirán siendo ilusiones convertidas en pequeñas banderas enarboladas por sectores de la clase política que solo sirven para satisfacer intereses particulares o de grupo. Entonces ¿dónde queda el interés general?

Muy difícil será dar pasos importantes en la superación de las pobrezas (económica, cultural, política, social, espiritual, etc) cuando el horizonte mental de nuestra dirigencia sea tan estrecho que como dice el dicho popular "por estar mirando el árbol no pueden ver el bosque"; y adicionalmente llevan esa huella imborrable grabada en la conciencia y reproducida en el imaginario de que los grandes proyectos en Santander no son posibles.
http://alvecip.blogspot.com/

Breve historia del impuesto a las exportaciones

Por Gerardo Gallo Candolo

El impuesto a las exportaciones, mal llamadas retenciones, es difícil de explicar fuera de la Argentina. La mayoría de los países modernos entienden que para un efectivo desarrollo de sus economías es necesario estimular las exportaciones, y para ello se recurre a reintegros, subsidios y otros procedimientos que luego deben justificar en las organizaciones de comercio internacional, pero no dejan de aplicarlos. Por el contrario, en nuestro país y desde hace seis años se reimplantó este impuesto a los productos primarios y a los industrializados que provienen de ellos.

En el caso de los granos: el 5 de marzo de 2002 el entonces presidente Eduardo Duhalde, aplicó este impuesto a los granos que en el caso de la soja y del girasol era del 13.5%, al mes se elevó al 23.5% para ambas oleaginosas, y 20% para los aceites.

En los cereales, maíz y trigo se observaban para esa época, abril de 2002 un 20% de impuesto.

Las arcas vacías, la deuda externa y la crisis política en que se vivía motivaron ese pedido del poder ejecutivo para utilizar esos fondos y paliar así las necesidades mínimas de los sectores sociales más vulnerables.

El manejo diario de la economía que en cuatro semanas obligo a actualizar las alícuotas, muestra que las necesidades de financiación del estado eran mayores a las esperadas en un primer momento.

El gobierno, que tenía que timonear la crisis social y económica, tuvo de su lado al sector agroindustrial colaborando para el bien común.

A decir verdad, las condiciones del sector en esa cosecha fue excepcional, ya que la siembra gruesa se había implantado con un dólar de un peso y se cosechaba con otro de 3,50. A pesar que existían muchas deudas con proveedores de insumos se cerraron las mismas con pagos que reconocieron un dólar de 1,60 a 2, El resurgimiento del sector después de tantos años de pérdidas y postergación no vio en ese momento este impuesto como distorsivo, sino como un tributo transitorio.

Algunas voces se levantaron firmando que en “la Argentina ningún impuesto es de corta duración”, y el tiempo les daría la razón.

En Enero de 2007, ya con la administración Kirchner, las alícuotas se elevaron un 4% para los granos. En el caso de la soja alcanzaba entonces un arancel del 27,5%, y se justificó el aumento con la creación de un fondo de compensaciones que, manejado por la ONNCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), serviría para mantener los precios de los alimentos en “accesibles”.

Mientras la citada oficina aumentaba en cientos sus agentes, se esgrimía el argumento que ese aumento aportaría unos 400 millones de dólares, que sumados a otros 100 que aportaría el estado, crearían ese fondo compensador para desarticular el precio interno de los alimentos con los internacionales.

Es decir que la soja, que se exporta casi en su totalidad, aportaría la mitad de ese dinero con fines de mantener controlada la inflación producida por el posible aumento de los alimentos básicos.

La realidad es que por una mal cálculo y por el aumento de los precios internacionales, a 16 meses de esa medida la recaudación es el doble de lo esperada para un año y solo se distribuyeron compensaciones por unos 1.600 millones de pesos, es decir que el estado no solo no aportó ningún peso (salvo algunos adelantos en las primeras semanas), sino que se estaría quedando con una diferencia sustancial respecto a lo estipulado.

Otra sorpresa a los productores fue entender con el tiempo, que esas compensaciones fueron dirigidas en su mayoría a grandes industrias, y no a los pequeños productores primarios, como se manifestaba en un principio.

Los chacareros comenzaron a preocuparse por ese arrebato, pero los precios internacionales seguían aumentando y el trabajo preferido de ellos que es el de todos los días, el de tranqueras adentro, confiando en sus dirigentes para discutir el tema, pensando que era la última vez que ocurriera tal situación.

Se equivocaron nuevamente.

Durante la campaña electoral de la primavera de 2007 circulaban versiones sobre un posible nuevo aumento de retenciones después de las elecciones (no sea de perder votos). En esa oportunidad no había más argumentos de desarticulaciones con los precios internacionales, no había crisis sociales de por medio, al contrario, se vislumbraba un futuro promisorio para el sector y todo el país por la situación de alta demanda mundial de alimentos.

De ganar la candidata oficialista, la idea era hacerle un “colchón de fondos” para que la nueva presidenta pueda manejarse con holgura financiera en los primeros meses de su mandato.

Y las versiones se cumplieron el 12 de noviembre de 2007 se elevaron al 35% para la soja, pero a diferencia del anterior, este no tuvo explicación.

Las entidades del campo empezaron a forjar su entendimiento, el precio de la soja que cotizaba 829 pesos la tonelada había bajado a 760 con la medida mientras se estaba en el proceso de la siembra (las principales siembras del país se efectúan entre Octubre y Noviembre)

La confrontación parecía inminente, pero un aumento de los precios internacionales hizo que la soja en dos semanas recuperara el precio anterior.

Los chacareros, con sus cuatro entidades en un principio de unión empezaban a reclamar, pero ante un gobierno recién elegido, sin segunda vuelta, y con un precio similar a quince días atrás que le aseguraba cierta rentabilidad no daba margen para demasiadas maniobras, aunque la llaga quedó abierta.

Los productores pensaron que era la última vez que le aumentaban este impuesto, ya un 35% es lo legalmente permitido, se decían… y se volvieron a equivocar.

El 12 de marzo del corriente año, cuando se empezaba a cosechar, se conocieron nuevas alícuotas y un nuevo sistema denominado “móvil”, es decir que a medida que aumentaba el precio internacional la voracidad del estado se multiplicaba –si es más de 500 u$s la tonelada de soja, 81 de cada 100 u$s son del estado, si supera los 600 u$s el 95% de ese plus serían del estado-

Se imponía por decreto un precio máximo, es decir un desaliento a futuras inversiones. Sobre la llaga abierta, el gobierno empezaba a tirar sal.

Para explicarlo se recurrió a varios argumentos, es decir a ninguno cierto: la desarticulación del precio internacional con los domésticos (ya habían fondos para ello y en exceso), se hacían contra la “sojización” (el complejo sojero aporta la cuarta parte de nuestras exportaciones, la industria aceitera es la más eficiente y principal exportadora del mundo), la soja es la culpable de que tengamos menos leche y carne (ocultando la falta de políticas específicas), es contra el desarraigo rural (extraño, porque en Europa y USA para ello se subsidia a los productores, es decir que aquí se hace lo contrario).

Paralelamente empiezan las negociaciones y para demostrar su poder el gobierno pretende poner de rodillas a los dirigentes, se cierran las exportaciones de carne vacuna, (Uruguay y Paraguay nos sobrepasan en exportaciones), no se abren los registros para exportar trigo y maíz, nuestros clientes derivan sus compras a Estados Unidos y Brasil y otros competidores.

En fin, una serie de medidas que se parecen más a una autodestrucción implementada desde el propio estado, que a un plan de contingencias.

Los productores están acostumbrados a asumir riesgos de todo tipo, como empresarios enfrentan todos los años el riesgo climático: inundaciones, sequías, heladas, vientos, granizo, y cuando les va mal toman aire y redoblan su esfuerzo.

También enfrentan el riesgo de los mercados, invierten con un precio esperado y el mercado puede darles sorpresas, algunas veces buenas y otras malas.

Ahora se suma un tercer riego más difícil de manejar, el político, un funcionario que se extralimita en sus atribuciones y dispone de sus ganancias manejando su rentabilidad cambiando las reglas de juego cuando quiere y a su antojo.

Para los dos primeros riesgos los productores cuentan con algunas herramientas como los seguros, diversificación y mercados a futuro. Pero para el tercer riesgo son pocas las herramientas: protestar y hacer conocer ese avasallamiento al resto de la población.

Una sociedad donde impera la justicia social es aquella en que ante la injusticia sufrida por uno solo de sus miembros el resto sale en defensa de él. Que así sea.

El Autor es Ingeniero agrónomo, asesor de empresas agropecuarias y analista del sector en medios periodísticos.
Contacto de prensa: candolo@fibertel.com.ar

Comenzó redacción de reforma constitucional en Colombia

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por bersoa15, May 29, 2008
Sectores sociales, estudiantiles, de opinión, políticos y abogados promueven una reforma judicial y de los entes de control, con el fin de proteger los derechos fundamentales. La acción de tutela será defendida como el arma de los colombianos ante la desprotección del Estado.

Un proyecto de Reforma constitucional orientado a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que son víctimas del propio Estado que se ha olvidado de su papel primordial con la sociedad colombiana, promueve un movimiento pluralista que se organiza en Bucaramanga, Colombia. El propósito es que además de la reforma política se asuman nuevas propuestas sociales. LEER MAS >

A REY MUERTO, REY PUESTO

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Por: Horacio Serpa

La muerte de Marulanda no es, por sí sola, un hecho traumático e insuperable para las FARC. Es dable pensar que fue comentado, estudiado, previsto y resuelto en su cúpula, con tiempo y la propia participación de su supremo comandante. Marulanda tenía casi ochenta años y estaba en plena confrontación armada. La verdad de la guerra es la muerte, como sucede con la vejez. A bala, o por viejo, la desaparición del legendario guerrillero era asunto que se veía venir.

Lo malo para las FARC es que haya ocurrido en un contexto tan complicado y desfavorable. Nunca tuvieron que enfrentar una arremetida militar tan fuerte, ni habían sufrido tantos golpes contundentes en la guerra y en el alma. En los últimos años han perdido iniciativa, territorio y capacidad de combate. No están acabados, pero sus estructuras logísticas, militares y de dirección se encuentran afectadas. Se supone que también sus finanzas, lo que desmejora la capacidad militar y lesiona los ánimos de la tropa.

Como si fuera poco, el alto mando empezó a ser destruido por la metralla oficial, algo impensable hasta hace poco. La seguidilla de Reyes y Ríos, mas la deserción de Karina, y la caída o captura de otros mandos importantes, tienen que haber causado incertidumbre y angustia. A lo que debe agregarse que hizo mella en la moral revolucionaria la delación y la deserción como estrategias de combate.

A eso debe sumarse que las FARC hace rato están políticamente derrotadas.

Si es verdad que hace varios lustros desapareció la posibilidad de lograr el poder con las armas, ¿qué mantenía la moral en alto en la gente de las FARC? Precisamente la idea de que eran invencibles, en lo que hoy no deben creer allá adentro.

Menudo problema para Alfonso Cano, designado nuevo jefe, lo que tampoco es sorpresivo. Tarde o temprano lo iba a ser.
Cano es intelectualmente preparado, ideólogo, político, dialéctico, persuasivo y perspicaz. También es un guerrero, como en medio de la conflagración les toca demostrar a los intelectuales para no ser barridos por los troperos.

Siendo un duro, Cano tiene el juicio y la capacidad de examinar el estado de la guerra, el momento político, el entorno internacional y la interna situación fariana, y tomar determinaciones que le permitan a las FARC recuperar espacios perdidos. Dadas las cosas, no será en el campo militar, sino en el político, para lo que es recursivo y hábil. Siendo hombre de carácter y gozando de la credibilidad que le otorga la reciente designación, su responsabilidad para con las FARC es histórica: profundizar la guerra corriendo el riesgo de la derrota, o explorar la posibilidad de la salida política, que le sirve a todos los colombianos, ellos incluidos.

Cano estremeció al país cuando dijo en Caracas: "hemos debido encontrarnos hace 5.000 muertos". Ojalá no espere que al desangre ocurrido desde entonces, se deba agregar 5.000 muertos más. Bucaramanga, 27 de Mayo, 2008 Volver a Inicio >