Hechos que hacen tránsito al surrealismo

En el mango se aplica el Derecho Humanitario

Camilo González Posso

Las noticias parecen surrealistas. Los habitantes  de un pequeño corregimiento del municipio de Argelia (Cauca), obligaron  a  irse del poblado a un destacamento de la policía allí atrincherado en espera de combates.  Treinta y ocho policías armados hasta los dientes fueron rodeados por unas señoras con niños en los brazos mientras una retro excavadora manejada por un vecino desmontó las toneladas de bultos de arena que rodeaban el cuartel ubicado en medio de la población. Los dormitorios de los uniformados fueron incendiados ante varios centenares de campesinos que aplaudían. Al rato los policías vestidos para cualquier emergencia antiguerrilla se subieron  en unos camiones y salieron por donde vinieron. Comunicados van y vienen. El General les dice que son unos cobardes y los desalojados declaran por radio que gracias a la gente que los sacó de ese hueco todavía están vivos. “Nos abandonaron. Vivíamos como animales. Si estuviéramos muertos nos diría héroes”, musitaron  algunos.

Para completar el guión los vecinos  dicen que el Frente 60 de las FARC les advirtió que si no desocupaban el cuartel el inminente ataque no solo acabaría con la humanidad de los 38 uniformados sino con lo que se atravesara a la punto 30 y a los tatucos. Y allí no termina la escena pues ante el anuncio del gobierno y del alto mando de enviar un batallón para cubrir cada centímetro  del caserío de 150 viviendas, sus habitantes advierten que se verán obligados a dejar el lugar para no quedar atrapados entre fuegos.

Basta ver las fotos para entender de que se trata. El Mango queda entre montañas; allí no hay ningún punto o camino estratégico a defender pero en cambio el cuartel es blanco fácil para francotiradores o para un ataque de demolición..  La situación es tan frágil que  una demanda cursada ante el Tribunal de Bogotá llevó  en octubre de 2014 a una  sentencia que  le ordena al gobierno el traslado de ese puesto o cuartel a El Plateado, que queda cerca y es realmente clave en la guerra anti insurgente y en contra de los Urabeños. (ver nota en El Tiempo, 25 de junio/2015).

Estos antecedentes explican el agradecimiento de los policías, incluido su jefe local, por la expulsión humanitaria. Salieron contentos de escapar de una muerte segura y solo temerosos de los juicios disciplinarios.

Ahora los líderes de El Mango están amenazados de ser judicializados por asonada y complicidad con las FARC,  cuando lo que en verdad hicieron fue actuar en concordancia con las normas humanitarias. Los convenios y protocolos de Ginebra para situaciones de conflicto armado, firmados y ratificados por Colombia, obligan al Estado a proteger a la población civil y prohíben ubicar unidades de combate o cuarteles antisubversivos o  antiterroristas en medio de la población; prohíben también ocupar con tropa escuelas, centros recreativos, bienes culturales o de la misión médica. Eso es el ABC del Derecho Internacional Humanitario.

En este capitulo del irrespeto a las normas del DIH lo ocurrido en El Mango (Argelia) debería aprovecharse para que  las partes implicadas en el conflicto armado en todo el país reafirmen la estricta sujeción a lo que manda el Protocolo II de los Convenios de Ginebra. Elementales compromisos incondicionales y unilaterales de aplicación de esos mandatos ayudarían mucho a desmontar la escalada de muerte y destrucción que esta ensombreciendo a todos en Colombia. Esas normas humanitarias prohíben por ejemplo ejecutar civiles en los retenes militares como ha ocurrido en San Andrés de Pisimbala, en Inza y en tantas partes; proscriben el uso de minas antipersona y las ordenes de aniquilamiento total con bombardeos o de otra forma; el fusilamiento de combatientes en situación de indefensión; el uso de químicos o tóxicos como armas de guerra; la toma de rehenes y secuestros; la destrucción de infraestructura y bienes civiles. Otros convenios y tratados internacionales prohíben  emplazar unidades militares en la propiedad de particulares o en los territorios colectivos. La lista de prohibiciones sigue y es conocida por la guerrilla y por las agencias y fuerzas del Estado. Bastaría con que tomaran medidas estrictas para el cumplimiento por parte de sus propios efectivos y mucho se ganaría en vidas y en ánimo de la gente para rodear las negociones de paz.

camilogonzalezposso@gmail.com 

Bogotá D.C. 27 de junio de 2015
Reenviado por Jorge Castellanos Pulido (Centro de memoria, paz y reconciliación)