Solidaridad con el país, del proceso de paz

Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria

Horacio Serpa

El proceso de paz exige un gran sentido de solidaridad con el país. Ha sido medio siglo de barbaridades, imputables a las guerrillas, a los paramilitares, a quienes desde el Estado han cometido abusos, arbitrariedades y delitos. También a los narcotraficantes, cuyas acciones delincuenciales y violencia han estado vinculados al conflicto, apoyando a unos o a otros, incidiendo con sus propias atrocidades, al incremento de  la inhumana conflagración.

De ahí que cuando se habla de reconciliación surjan tantas inquietudes y reparos. Hay mucho rechazo a que los acuerdos conlleven definiciones que terminen creando connivencia con el crimen, exculpando los delitos de lesa humanidad, permitiendo que a la altas esferas políticas del país puedan llegar quienes han afrentado en materia grave a la comunidad con crímenes que no merecen perdón.

Soy de los que creen en la necesidad de encontrar salidas que permitan poner fin al conflicto. No serán ya las amnistías y los indultos de otras épocas y de ninguna manera la exculpación para los autores de delitos de lesa humanidad. Existe la justicia transicional y no puede dejar de tenerse en cuenta que en materia penal las responsabilidades no son globales sino personales. Así genere controversia y el argumento no guste, debe examinarse la intencionalidad política que existe en la formación de las estructuras guerrilleras.

No obstante, en desarrollo de esta prolongada e inhumana guerra han ocurrido muchísimos casos que no corresponden al enfrentamiento armado entre Estado y subversivos. Son las víctimas inocentes, desarmadas, indefensas. Como lo fueron el exministro Gilberto Echeverry y el Gobernador Guillermo Echeverry. Increíble lo que pasó. Eran adalides de la paz, convencidos de la necesidad de la solución política del conflicto, comprometidos con la causa de la no violencia. Fueron secuestrados precisamente cuando iban al frente de una marcha por la paz en Antioquia.

Dos grandes seres humanos. Duele mucho pensar en su injusto cautiverio y en la forma cobarde como fueron asesinados. Ningún crimen se justifica pero a algunos se les busca explicación. A estos no, imposible. Guillermo y Gilberto fueron masacrados a mansalva, para sentar un precedente malvado, absurdo, en un acto horrible que sigue generando indignación.  

Recordar a Gilberto y a Guillermo es traer a la memoria a dos personas consagradas al servicio público. Íntegros, realizadores, optimistas, con un sentido progresista de la política, practicantes del criterio de la solidaridad. Por eso cayeron, porque no deseaban que se prolongara la guerra ni que la violencia abrazara hasta su destrucción a tanta gente inocente.

De vivir, hoy estarían luchando porque saliera adelante el proceso de paz en La Habana. No soy capaz de decir que su sacrificio debe servir para construir instancias de perdón y reconciliación. Muchos sabemos lo que ha significado su ausencia en los campos del servicio y de la política y Dios conoce el sufrimiento enorme de sus familiares y allegados. Pero me atrevo a pedir que acabemos esta guerra para que no muera la gente  buena como Guillermo y Gilberto.

Bogotá D.C., 16 de Julio del 2013 - Colomna, Nuevo Siglo

Algo anda mal en Colombia

                               Por: Bernardo Socha Acosta

Para cualquier desprevenido colombiano, las cosas no andan bien en nuestro país. Cuando los sectores más importantes de la producción nacional y quienes construyen la riqueza de una sociedad, deciden realizar una protesta por motivos que son suficientemente claros, los representantes del gobierno no pueden responder con amenazas y represión, porque ahí es donde germina la rebeldía popular y la violencia. Por eso han surgido movimientos de extrema.

Bien lo dijo un prelado de la Iglesia católica al respecto, que a los productores del agro, no se les puede calificar de subversivos porque reclaman sus derechos. Será que estamos cayendo en ese extremo, que solo fue visible de algún pasado presidente de la república; que todo lo arreglaba con los fusiles y nada de diálogo.

La forma como los voceros del gobierno han manejado la situación, inicialmente con los cafeteros y cacaoteros, es lo que ha generado nuevas adhesiones al movimiento de trabajadores. Ya se han unido  otros  sectores, entre ellos los transportadores, llamados camioneros y así  parece continuar.

Esta inconformidad de la población  no es un buen signo y los Ministros y otros funcionarios que han estado atendiendo la situación, entre ellos el titular de  defensa, deben actuar con más diplomacia, porque las amenazas ya no atemorizan,  sino que despiertan reacciones  agresivas a los demás.

A nadie le gusta que se le amenace como los tiempos de antes; nadie obedece con órdenes agresivas. La agresividad como la violencia, genera más violencia y un estado no puede ser violento con sus gobernados. Cuando el pueblo reclama, habrá alguna razón; porque nadie protesta porque sí. Y responder  con amenazas y represión, multiplica  los resultados negativos, sin lograr nada positivo en favor de la normalidad de los colombianos.

Hay que entender que los productores del campo han sido los más abandonados por la mano del estado. Los campesinos no pueden seguir produciendo a pérdida  debido a los altos costos de los insumos y a los ruinosos precios que se le fijan a los productos que ellos generan. La triste situación de los campesinos colombianos  no se puede tratar  con represión y violencia. Ellos merecen consideración. Qué pasaría si la emigración campesina hacia las ciudades sigue como se viene desarrollando, a raíz de la indolencia del  estado.  El hambre y nuevos factores de violencia e inseguridad  seguirán  siendo el común denominador de los colombianos en las grandes ciudades, si las cosas no cambian. Y de paso sea la oportunidad de recordar a un congresista que sugirió al gobierno no permitir esas protestas. Es que es tan fácil hablar cuando se gana un sueldo de 25 MILLONES DE PESOS MENUALES a costa del pueblo colombianos, mientras un trabajador común y corriente devenga  algo más de 500 mil pesos mensuales. dónde está  la cacareada equidad.

Todos creemos que es hora de actuar; pero no actuar tratando de persuadir a los inconformes con represión y violencia de la cual ya estamos cansados y tal vez se intenta hacer algo con los diálogos en Cuba, pero mientras eso ocurre, se hace lo contrario en Colombia.

El reajuste catastral, una dictadura que empobrece

Contribuyentes en estado de alerta

Por: Bernardo Socha Acosta

Como si fuera poco el estado de zozobra que han despertado todas las formas de violencia  que mantiene a los colombianos al borde de la desesperación y la locura, se presenta un nuevo fenómeno que atenta contra la estabilidad económica y tranquilidad de las familias, situación originada de un Instituto estatal, como el Geográfico Agustín Codazzi.

El desespero de los contribuyentes parece estar llegando al límite  sin que hasta el momento se haya hecho pronunciamiento alguno oficialmente, porque los acosados contribuyentes parece que no tenemos dolientes  ni en el  ejecutivo ni en el Congreso de la república.  Esa situación puso en estado de alerta a los ciudadanos que ven gravemente afectados sus intereses.

Los dueños de pequeños predios tanto urbanos como rurales   no encuentran forma alguna de conseguir cómo pagar los desproporcionados impuestos que se ha inventado el  AGUSTIN CODAZZI, no se sabe sobre qué base, pero lo que sí se sabe, es que, es para alimentar la alta burocracia estatal, las privilegiadas pensiones  y los carruseles de corrupción que vienen enquistados al parecer, con el mayor apogeo desde hace unos 10 años.

En la última década, los contribuyentes del impuesto predial unificado de los municipios colombianos han sido sorprendidos con reajustes hasta el 90 y 100 y hasta el 200%  si no es más,  sin que haya poder alguno que lo controle y ponga algunos límites.

Hicimos un sondeo con contribuyentes, para el caso de Floridablanca, Santander, (los impuestos más altos) correspondiente al año pasado y de Bucaramanga para este año y  se encontraron reajustes que son como para Ripley. Exagerados, ante los cuales muy poco, o nada pueden hacer los acosados contribuyentes. De ese castigo del estado nadie se escapa, porque el Agustín Codazzi parece que fuera un estado independiente que existe solo para imponer precios ficticios a la tierra sin que medie alguna vocería de defensa en favor de los contribuyentes. Y mientras escribía esta nota las informaciones nacionales daban cuenta de la inconformidad que el mismo tema despertaba en Medellín, Antioquia.

Con sobrada razón, dijeron los afectados, que ese organismo (Agustín Codazzi) se convirtió en la peor dictadura nacional que empobrece a los más débiles y ya le temen más que a los factores de violencia generalizada que ha soportado el país en tantos años,  por la  zozobra que éstas medidas despiertan en cada una de las familias que deben desprenderse cada comienzo de año, del pan de sus hijos para pagar desproporcionados e injustos precios catastrales. Y lo lamentable es que no hay un organismo ante quién  puedan buscar alivio los colombianos acosados por estas medidas.

 Frente a la situación,  los afectados no dudaron en señalar que el  reajuste catastral ya está llegando al límite de atentar contra los derechos humanos porque las familias sienten vulnerados sus derechos de sustento, para poder cumplirle al estado el desaforado costo de los impuestos. Los ciudadanos en ningún momento desconocen la obligación de pagar tributos, pero equitativos y no los que impone caprichosamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Agregaron los contribuyentes consultados que, de no haber una solución, esta medida estatal se convertirá en un nuevo factor de violencia, porque no está lejos, una declaratoria de desobediencia civil de las comunidades para no pagar esos tributos que ya comienzan a devolver la historia que produjo la Revolución de los Comuneros para protestar contra el estado alcabalero que los tenía sometidos.   

Problemas de Ciudad: Los menores infractores

 Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)*

En una encuesta realizada por la Alta consejería para la Seguridad Ciudadana y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, (Dane), el 20% de la población de 15 años ha sido víctima de algún delito y uno de cada cinco bumangueses ha sido afectado por un delincuente.

La medición del delito o victimización en riñas, peleas, hurtos, nos muestran los encargados de prevenirlos que el tejido social está roto y crecen los problemas de los menores infractores en el Área Metropolitana y sobre todo la criminalidad.

Buscar la raíz de este gran problema que se desarrolla desde la niñez, tiene muchos factores colaterales que terminan en la violencia juvenil. Los comportamientos problemáticos en la primera infancia gradualmente se van agravando hasta llegar a formas más graves de agresión antes de la adolescencia y durante ella. ¿Por qué? la familia: el comportamiento de los progenitores y el ambiente familiar son factores que marcan el desarrollo de las conductas violentas en los jóvenes, a ello se les une los amigos, el licor, el cigarrillo, el sexo y las drogas psicoactivas.

La transición y los cambios educativos, como formativos, donde el abuso físico y descuido de los niños se vinculan con arrestos posteriores por actos violentos, independientemente de otros factores predictivos como el sexo, el grupo étnico y la edad.

Todos los estudios han obtenido resultados similares. La violencia en la adolescencia y hasta la edad adulta también ha estado relacionada firmemente con los conflictos entre los progenitores durante la primera infancia y con los vínculos afectivos deficientes entre padres e hijos.

Los comportamientos problemáticos en la primera infancia gradualmente se van agravando hasta llegar a las formas más agresivas, antes de la adolescencia y durante ella. Entre 20% y 45% de los varones y entre 47% y 69% de las muchachas que son delincuentes juveniles violentos a la edad de 16 a 17 años han tomado lo que se denomina un “camino de desarrollo que persistirá toda la vida”. Los jóvenes que encajan en esta categoría cometen los actos de violencia más graves y a menudo siguen teniendo un comportamiento violento hasta la edad adulta.

El incrementó de esta violencia, también tiene una causa: la televisión, y el libre desarrollo de la personalidad, la pérdida de los valores y la falta de autoridad de los padres que permitieron que permeara sus ambientes y costumbres, como también ha sido participe la misma educación. La mujer se volvió un atractivo sexual, le fue enseñada la liberación femenina y a suplir sus propias necesidades. O sea que ya no necesita esposo fijo y menos un padre para sus hijos y menos alguien con quien envejecer, siempre hay uno a la mano. La iglesia también hizo su parte en la misma búsqueda de intereses.

Mientras los niños y los jóvenes son consumidores importantes del material difundido por los medios de comunicación, tales como los programas de entretenimiento y la publicidad. Los estudios efectuados en los Estados Unidos han encontrado que el hábito de ver televisión empieza a menudo a los 2 años de edad y que, en promedio, los jóvenes de entre 8 y 18 años ven unos diez mil actos de violencia al año en la televisión.

Esta acumulación de factores es llevados al pandillismo, el sexo, las armas corto punzante, de fuego y las drogas. Una combinación potente que aumenta las probabilidades de que se cometan actos de violencia. La presencia en los vecindarios de estos tres elementos juntos, son el factor para explicar por qué la tasa de arrestos de menores por homicidio se eleva cada día y las pandillas con los enfrentamientos marcan territorios en una mayor parte por la venta de estupefacientes.

¿Y el Estado qué hace? Emitir leyes como el código de la Infancia y la adolescencia, crear centros de resocialización y muchas políticas públicas hacia los jóvenes, que no han solucionado nada hasta el momento y que echa muchas raíces. No existe una política que vincule a las familias de los estratos 1, 2 y 3 dentro de la cultura social participativa y receptiva para solucionar su entorno familiar y nuestra juventud vive al garrete dejando víctimas sin cuartel, peor que la guerrilla alimentada por sus mismos vicios destructivos.

*Poeta y Escritor.

ESTIGMATIZACION HISTORICA

----------------------------------Por Gerardo Delgado Silva

Nunca ha cesado la horrible noche, como dice el himno.  La conquista fue una masacre del diablo en nombre de Dios.  No otra cosa afirma Juan Ginés de Sepúlveda, vocero de conquistadores, capellán y cronista del emperador Carlos V, cuando escribió un tratado docto, sobre Las justas causas de la guerra contra los indios donde sostenía que era “lícito y necesario hacer la guerra a los indios y reducirlos a la servidumbre”.

Se empeñó en aplicar a los nativos del Nuevo Mundo la doctrina aristotélica de la esclavitud natural, según la cual una parte de la humanidad es apartada por la naturaleza  para ser esclavos al servicio de amos nacidos para una vida de virtud, libre de labores manuales.  Además, por cinco razones entre las cuales destacó: “Los indios eran idólatras y cometían pecados contra natura, por lo cual el sufrimiento infligido por la Conquista debía interpretarse como el justo castigo de Dios sobre ellos.”. Para justificar la coacción “evangélica”, con el término “idolatría”, se designaron las creencias, ritos, costumbres, cultos y ceremonias indígenas consideradas como signos del extravío al que habían sido conducidos por el diablo los crédulos amerindios. 

Al combatir a los infieles o convertirlos al catolicismo, los españoles se sentían ejecutando en tierra el trabajo de Dios quien, por su parte debía recompensarlos.

Y bien. Recordemos que con el triunfo de los españoles en Granada el 2 de Enero de 1492 sobre los árabes, se puso fin a una guerra de siete siglos.

Es incontrovertible que aquellos veteranos cesantes de los combates con los moros, se convirtieron en los conquistadores con sus pasiones, angustias y sus fuerzas siniestras del nuevo mundo.

Empero, la guerra como afirma el psiquiatra Francisco Herrera Luque, “regresa al hombre a niveles primitivos y le devuelve placeres atávicos de los que lo privan la paz y la civilización: el crimen, el incendio, el pillaje y la destrucción”.

Y es que parecería ocioso, aclarar que toda guerra invierte los valores a tal punto que el conciliábulo del nuevo movimiento político creado en el Club el Nogal, irónicamente denominado Puro Centro Democrático, al descoger analíticamente los pliegues verbales de esos virtuosos maestros del nuevo concepto de pureza, persuadidos de ser pulcros y egregios patriotas: el señor Álvaro Uribe con los llamados falsos positivos, José Obdulio Gaviria, el primo del patrón del mal, señor Pablo Escobar Gaviria, y el señor Fernando Londoño Hoyos con la sombra siniestra de Invercolsa; contemplan la adopción de políticas represivas como única solución a la “subversión terrorista”, sin mantener el equilibrio del razonamiento, la ponderación del juicio y el freno guión de la conducta, sin buscar a esos males sus hondas raíces sociales, sin entender que la violencia nunca acaba con la violencia o como en la frase de Tolstoi basada en los evangelios: El fuego no apaga el fuego.  Quienes somos esencialmente pacifistas por honda convicción moral, rechazamos enfáticamente la violencia.

El Estado no puede concentrarse sólo en esfuerzos represivos.  Deben por ejemplo desactivarse las causas de fondo.  Con la guerra se aviva la hoguera de las pasiones subversivas y los resentimientos.  En ocho años de desfallecimiento moral con el Gobierno del Señor Uribe, no fue capaz de resolver el conflicto derrotando las guerrillas, como lo prometió.  Sus electores abanderados parapolíticos  aherrojaron la Nación al abismo de todas las locuras imaginables desposeyéndola así del solio de potencia moral con que generaciones la honraron durante muchos años de ecuanimidad, de probidad y de justicia.  Lo que anhelan los señores del Puro Centro Democrático, ya se probó en la patria, y sus desastrosas consecuencias están a la vista. 

Ahora bien. No se puede negar el expolio y el exterminio de indígenas como móvil de los conquistadores, lo cual conmovió las conciencias de frailes eminentes que emprendieron desde 1511, con Antón de Montecinos  a la cabeza, y Bartolomé de las Casas, una decidida lucha por la justicia.

Hoy, sigue el desangre sistemático y selectivo contra líderes y autoridades indígenas.  Y en medio, atrapada entre todos los fuegos, ha quedado la población indígena, no solo en el Cauca, sino en todo el país.

Claman por el respeto a la vida, la naturaleza y la cultura y se oponen desarmados a la intervención de grupos armados ilegales ya sean las Farc, el Eln, los paramilitares, y así mismo fuerzas oficiales.

Todos los grupos los acusan de ser “colaboradores” de los otros, y piden que se entienda que no hacen parte del conflicto. Los indígenas del Cauca, constituyen uno de los sectores más organizados e independientes frente a los “actores” del conflicto.  Su peso específico lo ha demostrado con el modelo de desarrollo que encarna el Proyecto Nasa, galardonado internacionalmente. 

A nadie pueden serle extrañas las tragedias de los indígenas, sumidos en la miseria y el desamparo.  Se hace imperativo un acto vigoroso de solidaridad y de fortaleza moral en torno a la dignidad de estos compatriotas, para cubrir la inmensa deuda social a la que las élites y los gobiernos han hecho a un lado por tantos años, agravada por la catástrofe humanitaria detectada tiempo atrás por la ONU.

Así las cosas, para nadie es un misterio el reclutamiento de menores de edad en las filas de la abominable guerrilla y los paramilitares en nuestro país.  Es una práctica tan horrenda como extendida.  Y, lamentablemente combatida apenas de palabras. 

Evidentemente, el riesgo de reclutamiento comprende a los niños indígenas del país, para ellos no existe un blindaje, como tampoco circunstancias atenuantes. 

Empero, no se puede estólidamente afirmar que las protestas de los grupos indígenas en el evento del Cauca, constituyen una asonada y obedezcan a infiltración y estrategias de las Farc según el liviano Ministro de Defensa; que asombra con su ostensible ignorancia del Derecho Penal y por tanto de la conducta típica.  Por el contrario, es un despliegue clamoroso a favor del respeto al derecho fundamental a la vida,  y demás derechos humanitarios.  Importante, pues buena falta hacen en Colombia demostraciones de protesta que, en lugar de la violencia, recurren a la fuerza de la organización popular.  Porque, para acudir a las “razones de Estado”, como principio y fin de todo discurso, no haría falta más que abrir un libro cualquiera de política o de historia y encontrar en los “medios” de Maquiavelo o de Hitler la legitimación trasnochada a toda tentación de un Estado más autoritario, la única forma de garantizar lo que la política no podría: la reconciliación con tantos colombianos a quienes la guerra, el odio, la intransigencia y sobre todo nuestra indiferencia condenaron.  Al país hay que rehacerlo y ese no es solo un ejercicio de la fuerza.  Más allá de la estrecha lógica de amigo – enemigo, se requiere entender la particular atención que merece los indígenas.  Crear en Colombia un remanso grato y ennoblecedor de seguridad social en contraste con el turbión de tragedias vividas.  Es la oportunidad de una multitudinaria ratificación de la paz, del fortalecimiento de los Derechos Humanos en otras palabras, la realización del Estado Social de Derecho, y de las prácticas democráticas.  Esa paz, de la cual entonando un canto de esperanza a la vida, con significación moral y filosófica declaró Pablo VI: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.

Y Luis Carlos Sáchica, ese gran constitucionalista transido de patriotismo expresó: “La paz no es tan solo la ausencia de guerra; es un estado de ánimo colectivo que no depende de la organización jurídica”.

                                              

                                                                                                              Publicado por  Bersoa.com

NO SER INFERIORES AL RETO

---------------------------------Por Gerardo Delgado Silva

Como a otros pueblos en el pasado, a los colombianos nos está tocando pagar ahora un precio exorbitante por circunstancias que facilitaron entre nosotros el florecimiento del imperio del mal: la corrupción, la violencia, la industria mortal del narcotráfico, ese proceso vitando que nos ha causado inmensos daños en lo moral, en lo político y en lo económico.

Toda una marcha ominosa del delito, contra la cual el Gobierno del Presidente Santos, adelanta una verdadera cruzada en favor de la razón de ser del Estado, es decir, la justicia y su eficacia, en este necesario combate para ponerle un valladar infranqueable, al temible legado del señor Uribe.

Pero la justicia entraña a la vez derechos y deberes. Derechos en cuanto nos protege; deberes en cuanto exige nuestra cooperación. Infortunadamente lo de los deberes no siempre se cumple, porque realmente existe, por parte de muchos ciudadanos, temerosa complicidad ante la acción de las mafias, el hampa y los delincuentes de toda condición, lo cual no solo indica perversión de las costumbres sino que implica torpe barrera para la eficiente aplicación de la ley.

Es innegable que se ha llegado a extremos indecorosos de tal magnitud que afrentan la tradición otrora respetable de nuestra nacionalidad.

Una suerte de anestesia pública ha inhibido la respuesta ciudadana a los desmanes cometidos en el gobierno anterior, con las más ominosas violaciones de los derechos humanos, no obstante la desesperada aspiración del pueblo colombiano por la justicia. Es indispensable que el país contribuya en la decisión imperturbable del Presidente Santos de abrirle caminos a la sanidad espiritual, para alcanzar la finalidad redentora de garantizar el Estado Social de Derecho, cuyas instituciones se ven vulneradas por actos que destruyen su autoridad y convierten los organismos en instrumentos violatorios de toda fórmula moral, socavando los fundamentos mismos de la República.

El Presidente, está en otras palabras despejando la ruta para reconstruir a Colombia.

Es un recuerdo oportuno. Atendiendo al ideal griego, advertimos que, dotado el hombre de raciocinio, no ha de vivir solamente, sino vivir honestamente, porque su vida tiene que correr parejas con los ideales elevados que ha concebido la razón. Para cumplir este fin, es indispensable la existencia de una vida política y social. La organización política representa por esto, la forma suprema de la vida.

La concepción griega del Estado, como entidad compuesta de todos los ciudadanos, exige una participación activa de cada uno en la vida política. De aquí que la teoría griega sobre el Estado condujera, lógicamente a la democracia.

Lo que está claro es que, la democracia en nuestra sociedad falla por sus bases, si existe o construirla como en nuestro caso, se hace difícil, al tener que abrirse paso contra la que es, nada menos, una quiebra moral generalizada. En estas circunstancias, la pregunta obvia es: ¿Cómo se defiende una sociedad cruelmente atacada en forma tan generalizada, que busca socavar sus fundamentos y derrumbarla?

No permitiendo la impunidad, es la respuesta elemental, que se volvió tolerable en el anterior gobierno.

Los partidos políticos aniquilados, convertidos en tiendas de campaña electoral, ya no representan sino a una casta desacreditada y rechazada, la de los que buscan y encontraron la forma de pelechar con los dineros públicos, en actividad profesional y permanente, entregando a los más denigrantes estados antisociales el porvenir del país.

Los que son símbolos de lo bueno, en la Patria, a pesar de todo, creen que los partidos deben ser canales insustituibles para el servicio público, desinteresado y generoso. Esas reservas morales e intelectuales, están postradas, desprotegidas, bajo el alud del clientelismo, una abierta conducta criminal enlazada con el narcotráfico, el paramilitarismo y los negociados de los contratistas.

Y dentro de ese orden de ideas, ahí vienen las elecciones. Un imperativo para votar por los políticos decentes que aún quedan, los que no son nihilistas. Para todos los ciudadanos ha llegado otro momento de combatir el vórtice dantesco que aflige el rostro de la Patria. De mostrar su valor o cobardía, su dignidad o su vileza, su grandeza o su miseria, su fuerza para restablecer los valores, tan descaecidos ya, y se evite una degradación de la conciencia colectiva.

Tal el inmenso reto que nos han planteado estos años de oprobio, de comercio político y de inenarrable destrucción. Pero en medio del dolor, la desolación los malos olores que provienen de la olla podrida destapada, ciertos grupos políticos con descarado cinismo y perfidia, detrás de la invocación del interés general tienen un beneficio directo, llámese congresista, concejal, diputado, alcalde, gobernador, contratista. Reclaman los votos de la ciudadanía para continuar en las mismas prácticas dañinas, medrando al amparo de su poder. Posiblemente ya, en el enjambre de delitos contra mecanismos de participación democrática, los tienen comprados directa o indirectamente o con la coautoría violenta de paramilitares o subversivos, para constreñir a los sufragantes. La Nación toda está en la obligación de tener conciencia de que sin Dios, ley y moral, no puede haber progreso, fe ante los desafíos y fuerza para sortear todas las dificultades que se derivan de esta situación de anormalidad jurídica y de descomposición.

Anhelamos que la inteligencia colombiana alumbre al País. Porque no está contaminada con el dolo, no ha perdido su idealismo ni ha torcido el rumbo histórico de un pueblo que siempre ha dado ejemplos enaltecedores de dignidad y de grandeza. Es el momento de asumir con ánimo patriótico la personería del destino del País, para que no se sepulten de modo definitivo los atributos y virtudes que los colombianos creíamos imperecederos.

Lo que hace falta hoy a Colombia es una política de la inteligencia, para que cese la pesadilla, sigamos agitando nuestras banderas de la decencia y entonemos nuestro himno, en la esperanza de encontrar la armonía de la Patria. Como  en otra parecida ocasión lo recordó Cortázar, no habremos hablado para el silencio.

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