Una política de seguridad para la Paz

Mario González Vargas

La ilusión del cambio se ha venido enredando en una maraña de improvisaciones del gobierno, constantes, populistas y dirigidas a estimular la creatividad de las huestes de activistas que conforman mayoritariamente las nóminas de los altos cargos del estado. La última de ellas es sin lugar a dudas la de que “los campesinos pueden seguir sembrando coca mientras prueben cultivos sustitutos… hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”. Parece la versión actualizada de los incentivos prodigados en la negociación con las Farc, que significó el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, con todas sus perversas consecuencias sobre la seguridad ciudadana y nacional.

En un escenario que supuestamente ambiciona la conquista de una paz total, no debe soslayarse el influjo de la cocaína en el deterioro continuo de la inseguridad que afecta la preservación de la vida a lo largo y ancho de la nación y que se vale de la constante pérdida del control territorial por parte del estado. Las masacres ocurridas desde el 7 agosto siguen su curso ascendente y representan el 45% de las ocurridas en lo transcurrido del año, que se han escenificado en departamentos que ocupan el 57% del territorio nacional.

La paz total, sea con el Eln o con las organizaciones del multicrimen, como ahora se les apellida, no puede ignorar que los enfrentamientos entre ellos se deben a la cocaína y constituyen la causa principal de la espiral de muerte y dolor que estremece al país. El cambio en la lucha contra el narcotráfico debe ser prioritario, y percatarse que todo crecimiento de la cocaína en los departamentos fronterizos con Venezuela gozará seguramente de la aquiescencia de sus gobernantes enjuiciados por las autoridades pertinentes de los Estados Unidos.

La formulación de una política de seguridad, más allá de las enunciaciones teóricas y gaseosas de la llamada seguridad humana de la ONU, constituye prerrequisito urgente para potenciar la defensa de la vida en Colombia. Las primeras decisiones del gobierno no apuntan en esa dirección, como que tampoco asoman aún en los temas con el Eln, a pesar de que, entre agosto y noviembre de este año, la UIA registró que uno de cada tres enfrentamientos armados entre organizaciones al margen de la ley tuvo la participación directa del Eln. Para nadie es un misterio que el Eln, el Clan del Golfo y las dos disidencias de la Farc, se disputan a sangre y fuego el control de territorios para imponer sus condiciones en el mercado de la base de coca.

El gobierno no puede pretender que con la inercia que le impuso a las Fuerzas militares, con la decapitación de sus mandos, la reducción de su presupuesto y la consiguiente afectación de sus decisiones estratégicas, puedan ellas responder a las urgencias que confrontan, porque todas redundan en desmedro de la capacidad en la planeación operacional. La advertencia de los EEUU era previsible. Razón tienen los que piensan que una política apropiada de seguridad libraría al gobierno de toda sospecha.

El engaño de los especuladores para aumentar precios

Por: Bernardo Socha Acosta

Si las autoridades de control no hacen nada, como es habitual, los consumidores estaremos expuestos a un grave sometimiento de abuso de algunos especuladores que se amparan en el comercio para cometer abusos y atropellos que bien podrían calificarse como atracos.

Con el oportunista y absurdo cuento de la inflación, el valor del dólar, los palos de ciego que da el Banco de la República al reajustar las tasas de interés y el incremento del salario mínimo, algunos avivatos especuladores y aprovechados comerciantes e intermediarios, se están valiendo de la ocasión para ponerle precios escandalosos a su acomodo a los productos de la canasta familiar, sin que se vislumbre una acción contundente de las autoridades.

Hace algunos días un vocero de los que hacen pan decía que, si el dólar seguía el alza, no habría remedio que subirle los precios a ese producto de la canasta familiar y que los panes que hoy tienen un costo de 200 pesos, tendrían que quedar a 500, porque los costos de la harina de trigo no permitían menos. Si eso fuera así, ese alimento estaría subiendo en más del doble del precio hoy. Y así sucesivamente con otros artículos que están en manos de esos traficantes del hambre.

Está demostrado que hay fuerzas oscuras que desde la sombra del frustrado poder político han creado directa o indirecta, falsos fantasmas que están aprovechando la ocasión para crear su propia teoría del costo de vida, con el fin de enfrentar al consumidor con el gobierno.

Un comerciante sensato y verdadero representante de un gremio honesto y servidor de la comunidad, nos decía que, si el gobierno y los entes de control no sentaban su autoridad y fijaban medidas estrictas, el próximo año 2023 sería la época de los vulgares intermediarios y especuladores que muchos para crear ambientes malsanos de reacción política están cometiendo atropellos para buscar el descontento de los consumidores.

Es hora de que los entes de vigilancia y control desplieguen su capacidad para fijar directrices porque los acaparadores e intermediarios están ávidos de conseguir lo que ellos quieren a costa del pueblo colombiano más necesitado.

Pero también se requiere de freno para los intermediarios de los alimentos de la canasta familiar provenientes del primer sector (el campo) donde los inescrupulosos compradores ofrecen irrisorios precios al campesino, para ellos revenderlos a dos o tres veces su valor, y así crear el falso fantasma de la carestía.

El gobierno tendrá que reforzar las medidas de control y vigilancia para que los precios de los principales productos de la canasta familiar no sufran los atropellos que le quieren imponer algunos de los inescrupulosos comerciantes que quieren aprovechar la ocasión para su enriquecimiento a costa de las necesidades de la población.

bersoa@hotmail.com

¿El advenimiento de una autocracia sin precedente?

Mario González Vargas

Desde la posesión del presidente Petro la promesa de cambio se ha visto menguada por la incompetencia de la mayoría de sus ministros, el recrudecimiento de masacres y la continua pérdida de control territorial por el estado, bien menguado que se hallaba desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. Quizás ello explique que el presidente se haya concentrado en la ejecución de una estrategia más poderosa, que le permita debilitar las instituciones y actores del régimen vigente y sustituirlos por los pilares que ambiciona para el advenimiento de un nuevo régimen redentor, que ponga fin a las distorsiones e inequidades de una sociedad capitalista, caracterizada como oprobiosa y decadente.

Inició su periplo con la cooptación del Congreso, obtenido con el uso indiscriminado de todos los favorecimientos que determinaron el declive de ese poder esencial de la democracia, para contar con su obsecuencia, que tanto había combatido en Cámara y Senado. Prosiguió, casi simultáneamente, con la decapitación de los mandos de la Fuerza Pública que desarticuló a las fuerzas militares y de policía y las sometió al progresivo fenecimiento de su espíritu y de sus doctrinas de seguridad nacional y convivencia ciudadana, favoreciendo el temeroso acogimiento a las nuevas concepciones impregnadas de una mal disimulada venganza por las derrotas infligidas en pasado reciente.

Se entrometió en el sector privado, con ademán autocrático, para remover directivas e incorporando en esas responsabilidades a personas que compartan sus designios o se sometan a obedecerlos, en ejercicio de esa creencia arbitraria y desueta pero acendrada en la izquierda, de que el sector privado apunta siempre a la consolidación de un capitalismo culpable de la pobreza y exclusión de las masas olvidadas. Camacol, la Federación Nacional de Cafeteros y el Consejo Gremial se convirtieron en sus primeras presas, a las que seguramente adicionará otras, si no se le hace entender (¿vana esperanza?) la importancia de los gremios en la consecución de economías y sociedades prosperas incluyentes y democráticas.

El último eslabón de esa estrategia de subyugación pretende violentar la separación de poderes y afectar la independencia y autonomía de la Rama Judicial del Poder Público, que no pueden ser intervenidas por otro poder, ni sus decisiones interferidas o desacatadas cuando se han expedido con apego a los mandatos y procedimientos de ley. Designar a los jóvenes de la llamada primera línea voceros o gestores de paz, imputados y condenados por delitos de extrema gravedad, para decretar su libertad fundado en el supuesto de que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias, constituye abierta usurpación de competencias de la Justicia y una violación inaceptable de la independencia y autonomía de la Rama Judicial y, por lo tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo han expresado los altos dignatarios de las Cortes, la Procuradora, el Fiscal y hasta congresistas del partido liberal y otros conmilitones tan asiduos en aprobar toda decisión presidencial. Habrá francachela para los delincuentes redimidos.

Ninguno recuerda a las víctimas desamparadas en su dolor, ni se percata de que usurpar competencia para liberar, autoriza también al usurpador para encarcelar.

Ganar la batalla contra las utopías

Mario González Vargas

Vivimos un mundo convulsionado que ha puesto a prueba los valores e instituciones que prosperaron con posterioridad a las guerras mundiales del siglo pasado. La pandemia mortífera, el desbarajuste de lo político y lo social, cuyos logros permitieron décadas de paz, de crecimiento económico, de avances e invenciones tecnológicas, abrieron la puerta a otras reivindicaciones y paradigmas que apuntan a la “deconstrucción creativa” de lo existente y a la formulación de códigos ajenos a lo vivido y construido en el pasado. Primera experiencia en la historia de las civilizaciones en la que se pretende prescindir del pasado y dar curso al complejo adánico de un nuevo nacimiento de la humanidad que hoy se expresa a través del “wokismo” y de la cultura de la cancelación. Su contenido político se condensa en la engañosa expresión de progresismo, que acoge a todas las tendencias de la izquierda de antaño, reconvertidas en profecías de una era que condena al olvido el pasado que, por el solo hecho de serlo, resulta ignominioso.

En América latina florece esa nueva ola que ha logrado instalarse en la casi totalidad de sus naciones y que pugna por encontrar terreno fértil en los estados de la Unión Europea y en el seno del gobierno de los EEUU. Lo acontecido esta semana en el Perú devela la súbita reacción popular contra la creencia emergente, que erosiona el dogma de infalibilidad que supuestamente la protege. Ciertamente, se dio en la versión incompetente de la nueva fe, pero ya había acontecido en Chile con la negativa a la nueva constitución que convirtió a su inexperto gobierno en mero notario de la voluntad popular, y se avizora con fuerza en Bolivia en repudio al régimen que parece tornarse en criminal como último recurso para la preservación de su autocracia en construcción, y así emular con los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Del gobierno de Brasil se espera que no recaiga en el régimen cleptocrático que ya experimentó en el segundo mandato del reelegido expresidente Lula. Argentina, desgraciadamente se hunde en la versión más desastrosa que combina ineptitud y populismo con corrupción crónica.

Colombia es hoy el reciente escenario de la nueva fe en su versión redentora. En el gobierno comparten responsabilidades el presidente populista, con arraigo en un izquierdismo trasnochado, con su vicepresidenta, autentica representante de la cultura de la cancelación. Dos vías disimiles para objetivos que se suponen compartidos, de cuya gravitación dependerá su unidad. La paz total es su objetivo y la cruzada ambiental su legado. Ambos propósitos exigen sacrificios como reincorporar a la sociedad, vía perdón y olvido, a toda gama de delincuentes y sus haberes, incluidos los del narcotráfico, y paradójicamente auspiciar el decrecimiento que nos regrese al ambicionado mundo bucólico. Lo único que parece ignorar nuestro aprendiz de mesías es que toda utopía termina en fracaso.

La alternativa consiste en comprender los cambios y en entender que construir es un proceso de inclusión de nuevas y fecundas realidades humanas. La batalla es cultural y no se puede perder.

Los colombianos reclamamos mejor atención en salud

Por: Bernardo Socha Acosta

Un pésimo precedente está sentando un grupo de congresistas que, por intentar hacerle un mal al gobierno, le están negando a los colombianos el mejoramiento de la atención en la salud.

Pretender negar, o ignorar,  que los colombianos necesitamos mejorar los procesos de prestación de los servicios de salud, es cerrar los ojos a la realidad  y convertirse en sordos del clamor de tantos pacientes que hoy sufren las deficiencias de un sistema ya anacrónico.

Y, también entendemos las obvias razones que tienen esos dirigentes que se oponen a mejorar la salud, porque no quieren desagradar a su jefe o patrón, pero están defendiendo una ley que si bien transformó la salud en su época, hoy es una norma que  con cerca de 30 años, resulta obsoleta e inaplicable, y solo afecta gravemente a los que necesitamos de la atención salud. Se trata de la ley 100 de 1.993 que ya está desactualizada, rancia y mandada a recoger. La ley 100 de salud,  frente a los procesos de crecimiento poblacional, avances tecnológicos y avances en la medicina, es urgente reformar como lo ha planteado el actual gobierno.   Por qué oponerse a mejorar las cosas que ya están ocasionando tropiezos en la prestación del servicio. Esas actitudes negativas podrían interpretarse no solo como retrogradas, sino como una actitud de defensa de lo malo, y presuntamente la defensa  de un negocio que podría estar beneficiando a unos pocos. O, por qué esa férrea oposición… ¿por simple y equivocada interpretación de respeto a quienes formularon esa ley?  Pues eso debiera representarle a esos congresistas, o mal llamados padres de la patria, el rechazo popular para próximas contiendas políticas e impedirles que vuelvan al congreso.  Quien se oponga a las propuestas que buscan mejorar los servicios a la población, no debe estar en un escenario donde se formulan las leyes, y menos estar devengando una jugosa mesada, o sueldo que paga el pueblo y para, qué.  ¿Para mantener a unos representantes y senadores que a medio descuido meten la zancadilla para burlarse de sus electores? Bastante osados los ciudadanos que los eligen.

Es innegable desde cualquier punto de vista que la salud para los colombianos hoy resulta un calvario. 

Un solo ejemplo de tantos, puede ilustrarnos de la necesidad de una mejor atención. Ese ejemplo es cuando un paciente debe acudir hasta 4 o 5 veces a la EPS para conseguir un insumo o medicina, ya sea porque se lo negaron,  o por error de sus funcionarios que no están capacitados para tramitar los documentos que manejan internamente y entonces el pagano es el paciente.

Esta denuncia es real y la podríamos sustentar en cualquier momento y ante quien la necesite para conocer la realidad del calvario que tienen  que padecen centenares de pacientes.

Y esta posición de algunos congresistas, obedece al cansancio que muchos de ellos, herederos de grandes fortunas y otros cansados de hacer lo mismo, quieren ufanarse del equivocado poder que ostentan, con dominación popular.   

Esa despectiva actitud contra la población colombiana más necesitada, la están demostrando algunos congresistas y sus cortesanos, porque no son capaces de disimular la ira y la envidia, cuando otros triunfan contra sus intereses mezquinos con los que han  ejercido su dominación política.

Entendamos que hoy la salud debe ser un servicio moderno y oportuno, porque para eso sufragamos las cuotas mensuales.   

bersoa@hotmail.com

La deconstrucción bajo el signo de la mendicidad

Mario González Vargas

En cuatro meses el gobierno del Pacto Histórico ha puesto en marcha un inaudito proceso de deconstrucción de la institucionalidad, fiel a los mandamientos ideológicos que lo nutren y a los proféticos anuncios del candidato a lo largo de su campaña, que por sus dimensiones catastróficas fueron desestimados por la incrédula opinión pública.

La reforma tributaria fue tan solo un abre bocas ante el decrecimiento propuesto por la ministra de Minas y Energía, que hoy se pretende sustentar con la entrega de la seguridad energética de Colombia en manos del sátrapa Maduro y de sus compinches, y con la anunciada reforma de la salud por la ministra del ramo, cuyos resultados no serán otros que los de arrebatarle esa condición indispensable de vida a los colombianos. La ineptitud de la primera trajo consigo la devaluación del peso, la suspensión de la inversión y el inicio de un proceso preventivo de fuga de capitales. El arrebato de la segunda, hoy amenaza al sistema con la escasez de medicamentos. Por esos desatinos la ministra Vélez enfrenta una moción de censura, mientras que la Ministra Corcho procede con inusitada prisa al derrumbe del sistema que nos permitió sortear exitosamente las más cruenta amenaza a la salud que hemos vivido como nación.

La ministra de salud, ideologizada al extremo, califica al sistema como el espanta- pájaros de neoliberal, tildándolo de perverso, que la impulsan a su desmantelamiento fundada en los apocalípticos mensajes del presidente, y que hoy se traducen en propuestas asiduamente formuladas en trinos fríamente calculados para incitar al caos y generar pánico. Esboza la sustitución de lo existente por sistemas de reconocido fracaso, como el de Chaves y Maduro, y anuncia el desfinanciamiento del sistema y la desaparición de las Eps aduciendo que “no es que las queramos eliminar, sino que ella mismas se han eliminado”. Con improvisada soberbia procede a una hecatombe laboral en el ministerio con la insubsistencia de más de 200 funcionarios y contratistas, que representa una pérdida sustancial y sin precedentes de su capital institucional. Con igual celeridad e irresponsabilidad, se propone hacer lo mismo en el Instituto Nacional de Salud, al que mucho le debe el país en “los avances de la capacidad de diagnóstico y en la vigilancia epidemiológica con las que ha contribuido a la extensión de más de 30 años en la expectativa de vida de los colombianos en el último siglo”.

Su estrategia consiste en crear crisis y anarquía, que autoricen la deconstrucción de lo existente y la elaboración de una propuesta alternativa alimentada por la politización del sistema en manos exclusivas del sector público, escenario prohibido en un sistema pluralista ajeno al sectarismo político, así como la divagación ideológica que todo lo daña y trastorna, como nos lo enseña nuestra propia y convulsionada historia. La ministra Corcho, segundada por el superintendente Ulahy Beltrán, siembran pánico, convencidos de que abonan terreno fértil para una reforma, aún incógnita, pero que, una vez presentada, será de todos modos aprobada por unos partidos que hoy padecen del síndrome de la mendicidad.

Motociclistas que afectan la convivencia y el medio ambiente

Por: Bernardo Socha Acosta

Un colectivo de padres de familia con menores de siete años y varias personas de la tercera edad, algunas de ellas postradas en sus lechos de enfermos enviaron una comunicación a este medio de virtual, pidiendo que hagamos algo contra los protagonistas del INFIERNO de las motos ruidosas que están causando entre los niños las peores enfermedades nerviosas y empeorando las condiciones de personas de avanzada edad, sin que haya una autoridad que haga cumplir normas al respecto vigentes.

Los firmantes de la comunicación cuyos nombres nos abstenemos de revelar por motivos obvios de seguridad, anunciaron darle poder a un abogado para que interponga una ACCIÓN popular pidiendo por una parte que se le impongan sanciones a la autoridad que le corresponde hacer cumplir las normas sobre protección ambiental en relación con la contaminación sonora.

La Acción Popular está fundamentada -dijeron- en la facultad que tiene esa norma de proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, etc.

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Agregaron que, si bien la perturbación por ruido tiene relación estrecha con el derecho ambiental, el grado en que esa perturbación se produce y la omisión de autoridad pública, esperan no solo que se le aplique severas sanciones a los motociclistas INFRACTORES a través de retener de la policía y de tránsito, sino a la autoridad que le corresponde hacer cumplir disposiciones legales.

En el oficio enviado a esta redacción sostienen que los altos decibeles que generan las motos acondicionadas para tal fin, (hacer ruidos) están enloqueciendo a las comunidades y creando una perturbación nerviosa en los niños que tienen que padecer este flagelo. El ruido es tanto que al paso de esas contadas motos, activa las alarmas de vehículos, apartamentos y oficinas.

Desde ya los querellantes alertaron a la Superintendencia del Medio Ambiente como organismo encargado de fiscalizar la emisión de cualquier ruido que se considere molesto según la ley 28611 de 205 para que haga los requerimientos, acatando que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.

Precisaron que adoptaron hacer uso de la ACCIÓN popular porque se trata de una demanda colectiva, primero porque no hay AUTORIDAD que responda y en segundo lugar porque esta es una acción que se interpone cuando una autoridad pública o un particular pone en riesgo los derechos o intereses de un colectivo o grupo de personas como esta ocurriendo con unos pocos MOTOCICLISTAS que están incomodando y atentando contra la salud de los habitantes.

Los firmantes del oficio enviado a esta redacción sostienen que los motociclistas ruidosos afectan la convivencia y el medio ambiente en todo el país y el resultado de esta Acción popular que anuncian, deberá ser un punto de partida para recobrar la tranquilidad ciudadana que se han encargado de atropellar unas cuantas personas irresponsables y farolonas.

bersoa@hotmail.com

Incertidumbres de la paz con el Eln

Mario González Vargas

La invitación del presidente a José Félix Lafaurie y la inmediata aceptación del presidente de Fedegán no deben sorprender, porque son muestra de realismo político frente al reto de que el país no resiste una nueva espiral de violencia en medio de los espacios que asoman en el horizonte de las relaciones hemisféricas. Todos deben integrarse a las realidades emergentes. El Eln, porque si bien hoy vive su hora de mayor poder militar y político, su sostenibilidad resulta precaria, no solamente por la amenaza de perder control territorial sobre las economías ilícitas, sino también por las nuevas dinámicas relacionadas con el gobierno de Maduro que no deben ser desdeñadas por una organización binacional con intereses políticos y económicos ligados al régimen chavista. El gobierno, porque Petro puede encontrar un papel de facilitador en una nueva relación de EEUU con Venezuela, que alimentaría sus aspiraciones de liderazgo continental. Y la oposición en Colombia, porque no puede ausentarse de la consecución de la paz en el nuevo escenario en construcción. Nadie entendería que mientras Maduro y su oposición inician diálogos, en Colombia nos mantuviéramos ajenos a nuestros propios intereses.

Los acuerdos que se alcancen deben convertirse en política de estado, es decir caracterizarse por ser fruto de un amplio consenso nacional. El primer paso es sin duda la incorporación de José Félix Lafaurie a las negociaciones con el Eln. Es quizás la persona que mejor conoce el sector rural, sus vicisitudes, carencias y fortalezas, cabeza de un gremio victimizado por la violencia insurgente y la narrativa de quienes en su momento la justificaron, que mal que bien representa a media Colombia, demócrata que cuenta con carácter y claridad política, ideológica y conceptual para buscar consensos y rechazar imposiciones. El gobierno de Petro no puede repetir el error de Santos de negarse a la consecución de convenios, que acrecentó la violencia que hoy justifica reanudar la búsqueda de acuerdos para una paz sostenible.

El presidente debe entender que negociar acuerdo de paz es un ejercicio entre la institucionalidad que él representa y las fuerzas que la cuestionan. Su invitación a Lafaurie debe complementarse con la consecución de un sentimiento de confianza entre la diversidad de personas, experiencias políticas y de gobierno que pueden aportar a la consolidación de un equipo negociador que represente a la mayoría de los sectores de la nación. Liderar exige facilitar la convivencia y procurar la convergencia en posiciones que ausculten la voluntad ciudadana. Es la primera paz que debe lograr. Abundan las incertidumbres que se ciernen sobre el ejercicio de paz que se inicia. El Eln que se sienta en la mesa de negociación es a la vez proclive a los comportamientos de antaño que encarnan los integrantes de su delegación, y a sus intereses actuales, de Policía en Venezuela frente a la oposición y a las organizaciones del arco minero. Ello implica contingencias no siempre compatibles, que exigirán conductas disimiles a la hora de las decisiones. Esa es una encrucijada que no puede resolverse en contra de los intereses de Colombia.

América Latina, la Diversidad en la Unidad

Mario González Vargas

Vivimos una posmodernidad de la mano de la tesis de la deconstrucción que persigue el desmonte de las estructuras políticas nacionales, en la que los conceptos de nación y Estado están siendo despojados de sus nociones esenciales: autonomía y soberanía. Se pretende construir un poder supremo en cabeza de organizaciones internacionales, con el traslado de los atributos de los estados-nación, asumiendo las competencias que les son propias y arrollando las particularidades que son la suyas en razón a sus diversidades culturales.

El derecho internacional, concebido para regular las relaciones entre los estados, ha sido progresivamente ampliado a regulaciones de carácter universal para regimentar lo que correspondía a los atributos de cada nación, con lo que han trasladado el poder político a organizaciones internacionales que hoy componen un vasto y complejo tejido de poder, que no sólo desafía, sino que también limita la soberanía de sus estados miembros.

Ese nuevo poder no es democrático en la medida en que no emana del pueblo para gobernarlo, sino que se le impone, sin que éste pueda oponérsele o rechazarlo. Es también un poder globalizado, en manos de una tecnocracia elitista que descansa en una corte de “expertos” que no requieren legitimación democrática, escogidos entre las nóminas de onegés autónomas que no rinden cuentas a los pueblos, ni a nadie, y componen el sustento de una nueva autocracia que somete a los pueblos y naciones que hoy regentan a su antojo. Asistimos a la entronización de un poder omnipresente, ineludible e incontrolable y con vocación de perpetuidad, cuyas reglamentaciones se imponen a todas las naciones y culturas.

Todo ello ha despertado legitimas inquietudes y comprensibles resistencias. El cosmopolitismo inducido que pretende el globalismo en curso, confronta sus primeras oposiciones en el continente europeo en defensa de los valores culturales de la civilización occidental frente a la expansión del islamismo, y se ajusta sin mayor prevención al modelo chino de capitalismo sin libertades. El mundo de las onegés y de la regencia de las organizaciones internacionales, que inculpa a las civilizaciones para afianzar su poder en la uniformidad que pretende decretar, no prevalecerá sobre la diversidad cultural del mundo de hoy, ni del que emergerá mañana como consecuencia de los retos, desafíos y conflictos inevitables que hoy experimentamos.

La América Latina no tiene por qué malgastar su potencial en la adhesión a un sistema condenado al fracaso, ni en el reencauche de un marxismo trasnochado, así se denomine progresismo. Vivimos en el único hemisferio que ha logrado consolidar un mestizaje sin precedentes con el acervo cultural resultante, que podrían representar el futuro de un mundo en el que las demás civilizaciones fracasaron en similar intento. Nos une la diversidad que hemos incorporado como cultura y que debemos defender ante las decadentes y divisivas expresiones de la confrontación que suponen las expresiones de lo que denominan como “identitario”.

Reclamemos nuestra soberanía y autonomía para dar curso a la creatividad que engendra la conjunción de la diversidad en la unidad. Es un destino que no debemos malgastar

Colombia no puede dejar más delincuentes en las calles

Por: Bernardo Socha Acosta

Nunca Colombia había vivido una ola de criminalidad urbana, como la que está ocurriendo, fenómeno que nadie puede ignorar por su aguda amenaza y crudeza conque actúan sus actores, sin miedo y sin justicia.

Los integrantes de las bandas delincuenciales, de delitos comunes, se ríen de sus fechorías en la cara de las autoridades, porque, pareciera que para ellos no hay ley.

Pero lo peor es que, la policía o el ejército duran uno, dos o más años haciéndole seguimiento y estudio a las bandas criminales y cuando menos se espera dan el golpe y capturan a esos delincuentes, que para la ciudadanía de bien es un motivo de alegría por el alivio a la zozobra que la mantiene aprisionada por tanta inseguridad. Pero luego viene lo increíble, lo inaudito, lo insólito, lo asombroso y quien sabe cuántos adjetivos más, y es que, esos capturados son dejados libres por la justicia en solo unas horas.  Eso le produce a las comunidades el peor impacto sin sabor de la vida; y son hecho de la justicia que  las  hace reaccionar con rabia, rencor y odio. Y, de ahí se genera otro fenómeno más y tiene que ver con la justicia privada para buscar una aparente solución, cuyos presuntos… o  responsables, si se van a la cárcel con sentencias increíbles, mientras los criminales quedan burlándose de la sociedad y hasta de las autoridades. Esa es la razón para que un alto número de colombianos tenga a la justicia en un plano… de incredulidad.  

Bueno, pero muchos ignoran la proveniencia de la mayoría de los integrantes de esas bandas criminales. Es indignante y odioso mirar con retrovisor, pero cuando se trata de desenmascarar a responsables, hay que decirlo para no caer en el delito de encubridores.

Recuerden que el gobierno anterior alardeó diciendo que estaba descongestionando las cárceles. Pues sí. Lo hizo, pero dejando 29 mil presos en libertad, de los cuales, si bien muchos son personas honestas y que por un error cayeron en prisión,  pero fue una lección para regenerarse, la mayoría desgraciadamente para los colombianos, son delincuentes de siete suelas que salieron de las cárceles a conformar organizaciones criminales para apoderarse del país;  gravísima situación que se suma a los peligrosos antisociales llegados del país vecino que todos sabemos y que todos los días cometen atracos, robos y asesinatos. Y... tambien muchos, son dejados en libertad porque no son un peligro para la sociedad...

Con esta azarosa y triste realidad que hoy se apodera de una sociedad indefensa, el actual gobierno y el congreso de la república, debe pensar muy bien en la formulación de leyes al respecto, porque no puede Colombia albergar en las calles a más bandidos; de lo contrario la historia de los grupos de autodefensa indiscutiblemente volverán para defender a la sociedad de bien y esto se convertirá en un caos.  Colombia no puede dejar más delincuentes en  las calles.

Competir para ganar

Mario González Vargas

No nos hemos percatado de los cambios que se han surtido en las últimas décadas en todos los órdenes de las sociedades humanas. Vivimos hoy inmersos en un mundo digital en el que las personas almacenan, acogen y emiten datos de forma casi ilimitada y establecen un mundo de relaciones y de información que no requiere ni se vale de intermediarios. Las consecuencias sobre las relaciones de los humanos son enormes en todos sus ámbitos porque ya nadie media en procura de ellas, sino que cada individuo se presenta y se representa a sí mismo en un escenario abierto hacia el infinito.

Asistimos por consiguiente a una transformación radical de la política en todas sus formas de llevarla a cabo, de vivirla y de las causas que la animan. La política no se vive y se ejecuta al interior de los partidos políticos que se redujeron a la administración burocrática, sino en los movimientos sociales caracterizados por antagonismos específicos, convertidos en fundamentales, que pretenden erigirse en nuevas formas de mirar y vivir el mundo; sexo, genero, medio ambiente, inmigración, animalismo, racialismo, indigenismo, entre otros, que se traducen en enfrentamientos que pugnan por reconocimiento cultural y cuyas batallas se libran en el espacio digital con el que despojaron a los medios de comunicación del monopolio de la información y de la generación de opinión.

La política en Colombia no escapa a esos desafíos. El poder recién entronizado se viene esforzando en construir relatos que expanden por el mundo digital, y que se nutren de posverdades que circulan por las redes, sin contención ni posibilidad de verificación para moldear una opinión pública indefensa ante la marea que en ellas se expresan. La sociedad esclavista que el presidente describe en sus discursos, su banalización del régimen de Maduro y de sus violaciones continuas a los DDHH, la paz total con perdón y olvido para toda delincuencia, la estigmatización del empresariado, su cómica amenaza en Paris de que si Colombia y Venezuela utilizaran sus reservas de petróleo y de carbón la humanidad moriría, su confusa tesis de prevalencia de la humanidad sobre los mercados, y sus constantes invectivas a la oposición, indican que la sistemática utilización política de las redes puede traducirse en mayor posibilidad de aniquilación de la democracia.

Ese mundo digital implica peligros que hoy no sabemos confrontar. La oposición debe reinventarse de conformidad con los retos que se enfrentan. El dialogo tan preciado en democracia, en manos de aprendices de sátrapas, se convierte en instrumento de control que desincentiva la crítica y desanima al descontento. El abandonar o abusar de la calle, escenario tradicional de protesta, puede determinar el final de la expresión política democrática y el principio del predominio tecnológico sin controles, que siempre apunta a la homogenización de las sociedades. En el mundo del Big Data toda comunicación se convierte en registro y permite al poder y al político saber lo que la gente espera de ellos. La presencia en las redes, que es el ágora de hoy, debe reinventarse para desentrañar falacias, mentiras y manipulaciones de la opinión. Competir para ganar.

La letra P y el caos reinante

Mario González Vargas

El ritmo desenfrenado que el presidente Petro imprime a la aprobación de sus reformas permite develar una inquietante improvisación que se ha convertido en la impronta del gobierno del cambio. No se trata de las alucinadas declaraciones de la ministra de Minas y Energía, o del radicalismo teórico de la responsable del ambiente, sino de una conducta del gobierno bajo la batuta del propio presidente. La marea de discursos y trinos del primer mandatario que gozan de todas las características de un populismo convertido en instrumento de gobierno, ha desencadenado una febril acumulación de imprudencias y alimentado proyectos legislativos, que no solo siembran inquietudes en el escenario local, sino que también han producido efectos perniciosos en los ámbitos internacionales.

Empezamos a padecer las consecuencias de su patológico comportamiento. A escasos 90 días de ejercicio del poder, sus mensajes y la rabiosa animosidad contra los hidrocarburos aceleraron la devaluación del peso, la inflación y una inquietante fuga de capitales, que no se pueden contener con divagaciones de aprendiz en economía o con zarpazos de sátrapa a Ecopetrol para anular su independencia y afectar el valor de sus acciones. La reforma tributaria confirma las probabilidades de una recesión y de incumplimiento de la deuda externa que no se conjuran con excesos populistas.

La paz es el más preciado bien de una democracia. Se supone que una paz total representa la más anhelada conquista que dispensa un régimen de libertades, porque es a la vez un derecho y un deber, como reza nuestra constitución. Por ello no se puede menoscabar elevando el estatus de responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes atroces cometidos en provecho exclusivo de los dividendos que procuran los delitos comunes. La reforma a la ley de orden público olvidó ese elemental deber, no solo en relación con el Eln, sino también, en lo que atañe a las organizaciones narcotraficantes. Insistir en la naturaleza política del Eln, hoy totalmente sumergido en el narcotráfico y el terrorismo, y otorgarle el beneficio de ejecución inmediata de acuerdos parciales, le concede derechos sin un improbable acuerdo final que los legitime, y constituye una especie de rendición anticipada y un antecedente inadmisible para el acogimiento de los carteles de la droga. Sumar al relanzamiento del comercio con la Venezuela de Maduro, la ingenua pretensión de combatir a las mafias, de cuya actividad se lucran las autoridades venezolanas, corresponde a un improvisado arranque de hermandad ideológica que extendió Petro con la inaudita invitación a que el sátrapa se reincorpore al sistema hemisférico de DDHH.

Este fin de semana en Egipto asistiremos a la reedición del discurso del presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, pletórico de postverdades, en el que sentenció que el petróleo es más dañino que la cocaína y que la coca es la responsable de la deforestación del Amazonas. Moisés Naím sostiene que vivimos en un tiempo socialmente convulso, alimentado por conductas cuyos nombres empiezan por la letra P: Populismo, Polarización y Postverdad, a las que los colombianos agregaremos la P de Petro.