Resulta difícil hallar en el gobierno de Petro ejemplos de políticas que respondan a cuidados de preparación y sindéresis en los trámites de su aprobación. Toda iniciativa parece contaminada de improvisación, de caprichos ideológicos y de muy pobre correspondencia con las realidades que vivimos y las esperanzas que aún nos alientan. Todo el arsenal de sus proyectos de reformas y sus posturas sobre los temas de urgente resolución aparecen como el fruto de apresuradas reflexiones o de desuetas concepciones que no guardan correspondencia con las realidades que nos circundan, ni con los remedios que otros países logran aplicar con mayores índices de éxito. Con ello, sólo se han acrecentado los temores ciudadanos por amenazas de un caos que difícilmente se logrará confrontar con éxito.
No obstante, el tema de la seguridad, si bien no escapa a la contaminación ideológica, se ha venido caracterizando por una planeación cuidadosa que inquieta por sus contenidos y finalidades. Varias voces han alertado sobre la conversión de organizaciones de carácter comunitario en milicias de corte militar. El reconocimiento por la Comisión de la Verdad de las guardias comunitarias (indígenas, campesinas y cimarronas) “como mecanismos autónomos de convivencia y protección y cuidados de las comunidades”, se complementó en el PND con la presunción de legalidad para “responder a las amenazas y vulneraciones de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de esas comunidades”, y se procura con el empoderamiento de esas organizaciones en las formas propias del control territorial. La política de Seguridad y Defensa del gobierno “reconoce a las guardias como actores estratégicos para protección de la vida y naturaleza en sus territorios”. El proyecto de ley del partido Comunes legaliza sus autonomías y las reviste de facultades extraordinarias en materia de seguridad, de ceses al fuego, como actores fundamentales para la paz y la vida. Y las nuevas normas de contratación con organizaciones de economía popular les abren la puerta para su financiación, lejos de todo escrutinio sobre sus gastos, como ha venido ocurriendo con las organizaciones indígenas.
Algunos se preguntan si el gobierne alienta la privatización de la seguridad en cabeza de las guardias comunitarias que debilitaría aún más el precario control territorial del gobierno por la fuerza legítima del Estado. Los recientes acontecimientos en los Pozos (Caquetá), las sucesivas “retenciones” de destacamentos de la Fuerza Pública y la cooptación por las disidencias de las Farc de las guardias comunitarias sucedida en el Yarí, se duplicarán en otros territorios bajo la consigna de colaborar o desaparecer. Ninguna democracia ha cedido a la privatización de la seguridad ciudadana. Hacerlo es poner en vilo la legitimidad y continuidad del Estado, su propia existencia. El gobierno no puede ignorar que las actividades ilícitas del narcotráfico ocurren mayoritariamente en los territorios con presencia de las guardias comunitarias, ni tampoco despreocuparse por la cesión que les hace para influir en los certámenes electorales en los territorios en los que ejercerán su amenazante “autoridad”.
Presenciamos la aparición de un nuevo paramilitarismo, prohijado por el gobierno, ante la aparente neutralización de la Fuerza Pública, de una opinión pública adormecida y de un gobierno ideologizado al extremo. Así será imposible cumplir con el mandato de “Libertad y Orden” en defensa de nuestra democracia.
