No hay mal que por bien no venga

       Mario González Vargas

Sorprendió el joven alcalde de Medellín con su inesperada solicitud a la embajada de Cuba para contar con el apoyo de una misión de médicos de ese país en la difícil tarea de controlar y vencer la propagación de la COVID-19 en la capital antioqueña.  Desconcertó con esa súbita invitación, no solamente por desconocer la calidad y disposición del cuerpo médico de la ciudad que regenta, sino también por la evidencia de que esas misiones cubanas en el exterior han sido seriamente descalificadas por organismos internacionales y ONGs de derechos humanos como violatorias de todos los instrumentos jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos y protección de las garantías al derecho al trabajo. En efecto, Human Rights Watch ha señalado repetidas veces que esas misiones imponen normas draconianas a los médicos que las integran, que vulneran sus derechos fundamentales. Califica esa política del gobierno cubano como un “orwelliano sistema que regula con quienes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental”, lo que los condena a prestar sus servicios “a costa de sus libertades más básicas”. Con ello, no contento con reservar para sus arcas hasta el 90% de los dineros sufragados por los estados receptores, el gobierno cubano conculca los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación y al libre movimiento, que son protegidos por tratados internacionales y el derecho consuetudinario. Ello, implica que los países que reciben esos médicos tienen obligaciones de derechos humanos respecto de los mismos, derechos que “deben garantizárseles durante su estadía, so pena de convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos”. A su vez, la relatora especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud solicitó explicaciones al gobierno cubano sobre la situación de los médicos en misión, por considerar que se estarían violando la Convención sobre esclavitud de 1926, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los Convenios 29 sobre trabajo forzoso y 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de la OIT.

Mal hizo el joven alcalde en dar rienda suelta a sus inclinaciones ideológicas, al abrigo de la pandemia, lo que desdice de la imagen de prudencia, precaución y diligencia que se empeñó en construir desde el inicio de su mandato. Segundado por el alcalde de Cali, el gobernador del Magdalena y todos los conspicuos políticos admiradores y tributarios del régimen totalitario cubano, tuvo que dar marcha atrás, con el costo de haber revelado atolondradamente sus inclinaciones y solidaridades políticas y de afectar la credibilidad requerida para llevar a buen término el combate en contra del mortífero virus. Se matriculó, sin que nadie se lo pidiera, en la versión más anacrónica de la izquierda, que sólo subsiste hoy en Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Sin quererlo, nos ahorró la manipulación por parte de agentes de inteligencia cubanos de esos galenos, constreñidos al adoctrinamiento de nuestra población vulnerable en los postulados del socialismo del siglo XXI.