La falacia del acogimiento

Mario González Vargas

Después de la locuacidad de la mayoría de los designados ministros destinada a explorar el ánimo de la opinión y a alimentar la galería vociferante de sus más radicales partidarios antes de la consagración del líder ungido por el voto mayoritario en su multitudinaria y costosísima posesión en la Plaza de Bolívar, se acrecentaron las inquietudes que se habían despertado respecto a las reformas tributarias y rural, a la de la salud y a la revisión de la misión de la Policía y del consiguiente desmonte de las actividades de inteligencia de una fuerza orientada a la prevención del delito y a la garantía de la seguridad ciudadana, de la convivencia y del disfrute de los derechos fundamentales. La ruptura del silencio por el futuro canciller, con premeditado cálculo de tiempo y oportunidad, al señalarnos las herramientas de lo que han denominado la paz total, plantea unos interrogantes jurídicos y políticos que desbordan los objetivos y los conceptos que hasta ahora habían prevalecido en el controvertido acuerdo de paz con las Farc-Ep.

Se pretende distinguir entre sometimiento y acogimiento para otorgar ventajas y privilegios inéditos cuando se trata de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, a los paros armados en protección de sus actividades ilícitas, siempre acompañados de asesinatos a la población civil, de líderes sociales, y de agentes policiales en el oprobioso plan pistola. Para tal efecto, acuden a reconocerlas como actores del conflicto armado, atribuyéndoles línea de mando, control territorial y poder de beligerancia, como si trataran de organizaciones de carácter político y subversivo cuya meta es la sustitución del orden político existente.

El sometimiento implica la entrega de la organización criminal a la que se le aplica la ley penal, mientras que el acogimiento, que carece de desarrollo legal en instrumentos nacionales o internacionales, no permite la aplicación de la justicia transicional a organizaciones carentes de estatus político, que por su naturaleza exige negociación para que ellas entreguen la verdad, desmantelen sus negocios ilícitos, reparen a las víctimas y se comprometan a la no repetición de su actividad criminal. Ninguna norma nacional o internacional ha reconocido estatus político a las organizaciones del narcotráfico y por ende resulta aplicable la norma constitucional que dispone que el delito de narcotráfico no es conexo al delito político.

El acogimiento encarna la búsqueda de un subterfugio engañoso que conduciría a negociar para lograr la legitimación política de las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia y las de todo pelambre delincuencial, comprendidas los carteles internacionales del narcotráfico, con el objetivo, además, de frenar las extradiciones que hoy amenazan a los involucrados en ese comercio y de buscar la repatriación de quienes de conformidad con ese instrumento purgan penas en los Estados Unidos. Más que una ilusión resulta necia quimera pretender modificar el tratado de extradición vigente.

Es hora de saber que convertir la voluntad del gobernante en ley, como pareciera que se pretende, es camino seguro al desastre. La fuerza engendra anarquía e injusticia. Ninguna nación sobrevive al derrumbe de la justicia y de sus instituciones democráticas.

Expectativa por la ceremonia presidencial

La posesión de Gustavo Petro a la expectativa del cambio

(Tomado de la Revista Sur)

Gustavo Petro U. 

Todo está listo para la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia este 7 de agosto en las horas de la tarde. Hasta el último minuto el saliente gobierno ha intentado por todos los medios perpetuar su presencia en organismos estatales como en la junta directiva de Ecopetrol en donde de manera torticera los miembros de su junta directiva se prolongaron sus periodos por dos años más, nombramiento de funcionarios en las Comisiones de Regulación por cuatro años, nombramiento de notarios, contrataciones millonarias con dudosos procedimientos, en fin un cumulo de acciones que buscan atornillarse al poder sin justificación ninguna.

Y es que el logro primero y fundamental del triunfo de Gustavo Petro es el de desalojar del poder a las mafias y sus representantes políticos que lo han ocupado durante los dos mandatos de Uribe y el mandato de Iván Duque estos últimos cuatro años. Este logro no es menor pues ahora se trata de gobernar para el pueblo y realizar las reformas inaplazables que fueron las promesas de campaña. Ahora hay que pasar de la propuesta al gobierno, convertir en leyes y actos administrativos esas promesas. Este es el reto enorme que tiene la coalición de gobierno que se instalará este 7 de agosto.

Las transformaciones y los cambios se anuncian con tranquilidad, aunque habrá por supuesto muchas resistencias, aunque Petro asume el gobierno con una favorabilidad y aceptación de un 64% según la última encuesta de Invamer, mientras Duque se hunde con una imagen positiva apenas del 27%. Esta encuesta refleja, además un sentimiento de esperanza de que con Petro las cosas van a mejorar. Se respira optimismo.

El difícil camino de las reformas

Petro ha logrado conformar una coalición mayoritaria en el Senado y en la Cámara de representantes. No obstante, habrá que ver el comportamiento de dicha coalición ante la agenda reformista que se presentará este 7 de agosto. Lo primero y más difícil será el trámite de la reforma Tributaria que busca recursos nuevos por unos 30 billones de pesos que serán los recursos para financiar las reformas económicas anunciadas y comprometidas desde la campaña electoral.

Allí los ejes de la reforma aún en discusión en el equipo de gobierno serán la eliminación de las exenciones de la reforma tributaria de Duque, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los dividendos y el impuesto a las bebidas azucaradas. Las dudas del equipo de gobierno están en si se aprueba un tributo al patrimonio de las 200 más grandes empresas del país, que daría unos 10 billones de pesos al año. En los tributos en que hay consenso solo dan unos 25 billones para un primer año que resulta insuficiente para gastos sociales imprescindibles como la lucha contra el hambre.

De acuerdo con Garay & Espitia la pobreza monetaria a junio 30 de 2022 estaría llegando a 45% del total de la población, es decir, estas personas sobreviven con un ingreso diario inferior a 23 mil pesos, es decir, con menos de 6 dólares diarios mientras que otro 30% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad es decir entre pobres y vulnerables esta el 75% de la población.

Unos 17 millones de personas no consumen sino dos alimentos al día y cerca de 6 millones solo una comida al día. Por ello una de las tareas primordiales de la agenda legislativa será el plan contra el hambre que también está en construcción aún al momento de escribir este texto, pero, ese programa deberá contener subsidios monetarios a los más pobres, de esta manera se irrigan recursos para que estas familias puedan adquirir alimentos, pero, para hacer frente a la inflación que en el rubro de los alimentos en los sectores populares ha llegado al 30% durante el último año, se requiere de un plan para incentivar los cultivos de alimentos de la canasta básica garantizando la compra de las cosechas con unos precios de sustentación. No actuar sobre el frente de la producción limitaría enormemente el plan de lucha contra el hambre. No hay suficiente oferta de alimentos pues dependemos de las importaciones de trigo, maíz y frijol. Este tipo de cultivos son los que hay que incentivar si se quiere por un lado combatir el hambre, pero al mismo tiempo limitar el crecimiento de la inflación en el rubro de los alimentos que es lo que más está golpeando a los sectores populares. En este proyecto no creo que haya dificultades para su aprobación en el Congreso. Aquí el problema central es el de las fuentes de recursos con un déficit fiscal por encima del 7% o sea de unos 80 billones de pesos. Justamente es sobre esto último que trabaja el equipo de gobierno identificar esas fuentes de recursos mientras se aprueba la reforma tributaria.

Pero donde se sabrá de la solidez de la coalición será en el tramite de la reforma política que busca establecer las listas cerradas y paritarias, así como la transformación y cambio del Consejo Nacional Electoral, así como eventualmente la aprobación de un Tribunal Electoral adscrito a la rama judicial. Estarán los socios de la coalición que pertenecen a los partidos tradicionales el Conservador, el Liberal, el Partido de la U en la posición de crear una institucionalidad electoral plenamente democrática que es lo que busca esta reforma. Por lo pronto nos damos el derecho a la duda, pues durante decenas de años estos mismos partidos se han negado a su aprobación, así como a la democratización interna de los mismos.

En igual sentido nos asaltan las dudas sobre el paquete de la reforma rural integral. Buena parte del marco jurídico ya existe en la ley 160 de 1994, la ley de víctimas, 1448 de 2011, que da un marco para la restitución de las tierras despojadas y abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno y que según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado y la Contraloría General de la República había llegado a 8 millones de hectáreas entre 1985 y 2013. Pero ese proceso marcha muy lento pues apenas se han restituido cerca de 550 mil hectáreas durante los 10 años de vigencia de la ley. Falta la creación de la Jurisdicción Agraria y legislar para que los baldíos sean adjudicados únicamente a los campesinos sin tierra, buena parte del trabajo en esta materia lo hizo la Corte Constitucional en sentencia de este año. Pero esto debería quedar consignado en una ley de la República. Bueno allí veremos la solidez de la coalición que tiene amplias mayorías en el Congreso de la República.

Por lo pronto como ya se dijo se respiran aires nuevos y esperanzadores. Tampoco creo que haya muchas dificultades para la aprobación del marco jurídico para la paz que debe distinguir tres actores diferenciados. El primero retomar la Agenda de Negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, esto está más o menos claro. Allí las dudas están más en relación la verdadera voluntad de paz de este grupo insurgente. Un segundo sector es el de las Disidencias, por una parte, las Disidencias de las FARC de Iván Mordisco y el recientemente abatido Gentil Duarte que nunca ingresaron al proceso de paz con las FARC y por el otro lado la diezmada Disidencia de Iván Márquez de la Nueva Marquetalia. Son dos procesos distintos. Y finalmente el proceso de acogimiento o sometimiento de las organizaciones armadas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Todos estos actores tienen sus especificidades y el marco jurídico para la Paz Total como lo ha denominado el presidente Gustavo Petro deberá ser cuidadoso y muy preciso de acuerdo con la naturaleza de cada grupo. Este marco jurídico deberá remover los obstáculos que sembró el gobierno saliente de Duque y uno de ellos que es central y que fue un punto de quiebre con el uribismo que es el de la conexidad del narcotráfico con el delito político, esto despejará las negociaciones con el ELN y con las Disidencias.

Son estos los temas centrales de la agenda que el gobierno ha anunciado que presentará este 7 de agosto. Como ya se dijo ahora el reto es gobernar para las mayorías y sacar adelante la agenda reformista. Este es el reto.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Foto tomada de: laopinion.com

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Una Policía para la vida y la paz

Mario González Vargas

Vivimos situaciones inéditas en nuestra historia reciente en las que se conjugan las incertidumbres resultantes de la elección presidencial con el crecimiento de los poderes de las organizaciones criminales del narcotráfico, que se suman al control que estas ejercen en algunos territorios con la perpetración de un tenebroso plan pistola contra los miembros de la Policía Nacional, y que extendieron este jueves al presidente Duque y al ministro Molano. Nadie puede soslayar el poder alcanzado por la ilegalidad criminal y el consiguiente peligro que implica para la paz y seguridad en no pocas regiones del país.

El mito del éxito de la paz convenida ha debilitado la posibilidad de acuerdos para combatir la criminalidad y paradójicamente estimulado a sectores radicales del pacto histórico para propugnar por la descalificación de la Policía Nacional, a pesar de los avances continuos en su formación y doctrina y en los logros abundantes de su legítimo accionar. La vengativa matanza de servidores policiales indefensos, que hoy ejecuta la criminalidad por agentes propios o por sicarios debidamente remunerados con las rentas del narcotráfico, debe inquietar también al gobierno entrante que no debería soslayar las dificultades que le esperan en la recuperación de la esquiva seguridad ciudadana. Las desabridas manifestaciones del presidente electo y su designado ministro de defensa no reconfortan a las víctimas y llenan de inquietud respecto a una reforma policial alentada más por la sospecha de un revanchismo injustificado que por el fortalecimiento de la legitimidad de la institución encargada de proveer auxilio y seguridad contra el delito. La solidaridad compungida de la ciudadanía debería inspirar las reformas a una Policía que nunca ha resistido los cambios que mejoren el cumplimiento de su misión constitucional.

Así lo demuestran las sucesivas actualizaciones a la misión policial y a sus procedimientos adelantadas desde las administraciones Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, que han permitido que nuestra Policía sea hoy un referente inspirador para muchas de las instituciones policiales en distintas naciones de diferentes continentes. Es ejemplo a seguir en el avance y mejoramiento continuo de todas las doctrinas, métodos y herramientas para el desempeño policial, lejano del espíritu adánico que por sectarismos ideológicos solo ha conseguido reproducir rotundos fracasos en otras latitudes. Estos antecedentes deben inspirar la tarea del designado ministro de defensa frente a los retos que suponen las organizaciones armadas criminales con sus abundantes recursos, su presencia y preeminencia en variados territorios y su amenaza para la institucionalidad democrática. Garantizar y mantener el orden, la seguridad y la convivencia es la primera tarea para garantizar la vida, las libertades y la confianza en las instituciones indispensables para la supervivencia de toda sociedad organizada. Serán sin duda inquietudes principales en los diferentes diálogos regionales que el nuevo gobierno quiere emprender, y que le convendría atender si lo que realmente pretende es un mandato por la vida. Las situaciones que empiezan a manifestarse en el Cauca, la situación de abandono del Chocó y los reclamos de seguridad en el país, pondrán a prueba la capacidad del designado ministro y la dimensión del nuevo gobierno.

Editorial tomado de, El Espectador

El vil asesinato de policías es una tragedia nacional

Foto EFE Ernesto Guzmán Jr

Están asesinando de la manera más vil a jóvenes bachilleres de la Policía, en medio del terrible “plan pistola” del Clan del Golfo. Colombia está bajo ataque a punta de bombas, francotiradores y sicarios que cobran unos $2 millones por policía muerto, sin fin aparente. En la violencia irracional no puede existir cálculo político alguno ni posicionamiento de un grupo criminal como el Clan del Golfo de cara a anunciados diálogos de sometimiento con el nuevo gobierno: estos son actos atroces que están rompiendo familias, generando terror, causando zozobra y que ameritan el rechazo contundente por parte de todo el país.

Las cifras cambian cada día, pero al cierre de esta edición llevábamos 36 miembros de la Fuerza Pública asesinados en 2022. De esos, solo 11 fueron en el último mes. Como le explicó Leonardo González, codirector de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, a El Espectador: “El blanco de la violencia siempre terminan siendo oficiales bachilleres o uniformados de los rangos más bajos de las fuerzas. Esto casi siempre es por facilidad, es decir, es mucho más fácil atacarlos a ellos que a oficiales de más alto rango, que además están en otras zonas y haciendo otras tareas. Los de bajo rango son los que están en la calle patrullando”. Es inconcebible esta tragedia. Jóvenes que vieron en el servicio público una opción de vida, una carrera para ayudar a sus familias usualmente en condiciones vulnerables, están siendo aniquilados y todo... ¿para qué? ¿Qué prueba esto en un país con más de un siglo de historia de violencia? ¿De qué sirven, además, los discursos airados desde Bogotá si en la práctica no hacemos mucho por proteger a los policías?

En 54 ciudades se hicieron homenajes a los policías caídos. 27 escuelas de formación llevaron a cabo solmenes y sobrios homenajes. Dijo el presidente Iván Duque: “Estos bandidos han siempre tratado de asesinar a la Fuerza Pública: el año pasado fueron más de 80 policías (...) el país quiere a su Fuerza Pública, la admira, la lleva en el corazón y nosotros a la policía la seguimos defendiendo a ultranza”. Roy Barreras, líder del Pacto Histórico y presidente del Congreso, dijo que “la Policía está siendo sacrificada de manera vil y cobarde por el Clan del Golfo, lo que merece una contundente respuesta del Ejército. El Clan se equivoca si cree que la intención de hacer la paz completa los autoriza para asesinar cobardemente a los policías de Colombia”. Así debe ser. Ante la violencia irracional, las autoridades tienen que hacerse sentir. Ya han aumentado las recompensas, ya se han enviado más operativos a las zonas de conflicto.

Aun así, queda el sinsabor de que los eslabones más débiles de la cadena siempre son colombianos de escasos recursos cuyas muertes son tomadas como bajas en combate. Nos ha insensibilizado a tal punto la violencia, que la muerte sistemática de miembros de la Fuerza Pública no se asume como una tragedia nacional. Escuchamos el eco del plan pistola de Pablo Escobar, cuando durante un año mandó a matar a más de 400 policías, y la atención del país parece estar en otra parte. No hay paz sin los policías y militares que están en las calles jugándose la vida por la democracia colombiana. Merecen respeto, merecen protección, merecen acompañamiento.

Nos unimos al duelo de las familias de los policías caídos. También abrazamos a todos aquellos miembros de la Fuerza Pública que insisten en su labor a pesar del temor, de las amenazas. Ellos son, no podemos olvidarlo, la línea de contención de la violencia irracional, la pesadilla de quienes creen que pueden hacer con el país lo que se les antoje. Hoy los honramos.

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En el umbral de un cambio incierto

Mario González Vargas

La instalación del Congreso resalta las debilidades de nuestra democracia y las complejidades que marcarán los nuevos rumbos del país y debería entenderse como el primer eslabón del proceso político que se inicia. La elección del senador Roy Barreras a la presidencia del Senado encarna una concepción del cambio difícil de digerir hasta por muchos de los que abogan por su radical cometimiento, no solo por su avezado recorrido en el laberinto de las componendas clientelistas, sino también por su voluntad de practicarlas a su conveniencia. Atareado en la consecución de una aplanadora para la aprobación de toda reforma presentada por el presidente electo, supo atraer a su redil a quienes hoy atropelladamente adhieren, sin conocer sus contenidos, a las reformas que ayer combatieron. Los partidos históricos, y los más recientes, con la aún tímida excepción del centro democrático, aportan su apoyo simulando creer que se trata de la aplicación del axioma gatopardista “del cambio para que todo siga igual”. Pacto simoniaco que descalifica a quienes unilateralmente lo adoptaron y que los convertirán en el vagón trasero de los cambios que se avecinan, cualesquiera que sean sus orientaciones y objetivos.

Un escenario distinto asoma en el ejercicio de la política en Colombia. Seguramente, el 7 agosto conoceremos los textos de las primeras reformas que se quieren aprobar en el menor tiempo posible. Contendrán la visión y los instrumentos de los cambios que se persiguen en la vida nacional, que se estiman estructurales para elevar su importancia de conformidad con la jerga en boga y que, de ser resistidos, exigirán participación de la sociedad distinta al congreso, sus cámaras, comisiones y actores. Las reformas agraria, política, tributaria, junto con las leyes de presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, desbrozarán la hoja de ruta del nuevo gobierno, fijarán los principios, herramientas y metas del nuevo régimen, y determinarán apoyos y oposiciones que seguramente se expresarán por fuera del Capitolio. De ellos dependen las dimensiones del cambio y de la oposición, y por lo mismo inaugurarían nuevas visiones que se expresarían por medio de espacios, acciones y procedimientos diferentes a los conocidos, muy disimiles al folclor que acompañó la instalación del Congreso.

El cambio en sí mismo es fenómeno propio de la vida. Lo que importa son sus principios y valores que determinan su direccionamiento, sus instrumentos y sus alcances y establecen su anclaje en la conciencia individual de los ciudadanos y en la colectiva de la nación. Bajo la premisa del cambio como resultado de la modernidad, la filosofía hoy más consultada tiene por sustrato el concepto de deconstrucción que propugnara Derrida y que inspira una tendencia de revolución cultural que se pretende hegemónica y universal. Es la expresión de la utopía más reciente que se expresa en un revisionismo sin límites de todas las estructuras sociales y políticas de tiempos pasados y presentes, pero que paradójicamente confina a los que juzga diferentes en compartimentos estancos. Rompe con los valores y principios que configuran la democracia y sus libertades.

El 7 de agosto aportará claridad sobre las opciones disponibles.

Anestesia para el cambio

Mario González Vargas

Los ministros anunciados por el presidente electo han asumido sus destinos con variadas actitudes que corresponden, no sólo a la naturaleza de las responsabilidades que les son confiadas, sino también a sus peculiares experiencias y capacidades. El canciller, curtido en desafíos tras bastidores, cuidará que el príncipe no termine despojado de sus relumbrantes vestimentas en escenarios proclives al engaño, cuando de preeminencias se trata. El de hacienda, aún se escuda detrás del desconocimiento de las cifras requeridas para decisiones que le esperan, mientras se conocen sus asesorías a Boric en Chile y a Fernández en Argentina, cuyos resultados empiezan a inquietar. Cecilia López desempolva los recuerdos de sus desempeños en tiempos pasados que juzga útiles para enfrentar el presente. La ministra de Cultura guarda silenciosa mesura, mientras se entera de sus competencias y de los instrumentos para ejecutarlas. La ministra de ambiente nos dio a conocer sus enseñanzas en una firma internacional petrolera y su desempeño en el Distrito durante la controvertida alcaldía del hoy presidente. La ministra de salud apuntó a las EPS con el tino que le procura su desvinculación del gabinete de entonces. Del ministro de educación cabe esperar que no reincida en las conductas que marcaron su estreno en la faena electoral. Todos cobijados por el período de gracia que se le suele dispensar a los nuevos gobernantes.

El tema esperado, porque marcará el rumbo del nuevo gobierno, es la designación del ministro de defensa. Se hará en el contexto de las recomendaciones de la denominada Comisión de la Verdad que resultaron idénticas a las consignadas en el programa del candidato Petro. En ambas, se propone un drástico cambio de doctrina para las Fuerzas Militares y de Policía fundado en la errónea comprensión del concepto de seguridad, supuestamente “pensado para la defensa del poder y la riqueza” y alimentado “por el falso prestigio de los militares”. Introduce una narrativa de odio que distingue entre buenos y malos y que se sitúa en las antípodas de lo que hoy representan nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que se han modernizado y profesionalizado en las últimas décadas, tarea que ha merecido justo reconocimiento internacional. Huele a retaliación y apunta a la politización.

La seguridad nacional comprende el reto de erradicación del narcotráfico, así como la defensa de la soberanía e integridad territorial. Sostener que los cultivos ilícitos y su procesamiento no la afectan, constituye desatino falaz porque contrario a la realidad que padecemos, así como no entender que los peligros de confrontaciones orbitales tienen efectos continentales es ceguera mortífera para la soberanía territorial que nos convertiría a todos, sin percatarnos, en el “enemigo interno” tan mentado por la izquierda. La paz es el bien más deseado, pero la experiencia enseña que el ELN no renunciará a la Convención Nacional como herramienta del pacto. Esa paz, abriría la puerta para sellar un acuerdo, cuyas disposiciones serán normas constitucionales que solo necesitarán la aprobación del Congreso, vía fast track, como ya sabemos. Allí cabría todo lo que el régimen quiera, incluida la reelección. Es el cambio con anestesia.

Por un gobierno y una oposición en democracia

Mario González Vargas

Colombia es inédita. Días después de una elección que arrojó un país polarizado hasta el extremo de reconocerse en dos mitades irremediablemente opuestas, las fuerzas políticas que pisaron los umbrales del poder decidieron abortar, sin traumatismos aparentes, el ejercicio de una legitima oposición a un gobierno sorprendido ante la ocurrencia de lo inesperado. El acuerdo nacional que se avizoraba precario en sus alcances concluyó en adhesiones instantáneas de todos los partidos, con la excepción del centro democrático que abogó por una contradicción razonable. Se le otorgó al gobierno la graciosa concesión de gobernar a sus anchas, definiendo en solitario sus rumbos y procurando la materialización de sus programas sin constreñimientos significativos. No importó que todo ello representara la continuidad del espíritu y de las prácticas que los colombianos quisieron erradicar. Se permitió una luna de miel indefinida para un ejercicio de gobierno de igual naturaleza.

La inexistencia o debilidad de la oposición sugiere el posible derrumbe de la democracia. El hecho mismo de que se allane el camino para la libre ejecución de un programa cuestionado, combatido y resistido por quienes hoy se prestan a su ejecución, merece el repudio de los burlados ciudadanos que prefirieron la alternativa opuesta a la que se les pretende convocar. La democracia agoniza sin la existencia de la oposición política, evidencia que no trasnocha a los que se invitan al banquete contractual y presupuestal que apetecen. Irónica situación en la historia de las naciones, pero fuente de males impredecibles para las libertades. El Pacto histórico está en libertad de llevar a cabo todos sus programas. Las primeras designaciones ministeriales así lo indican. El nuevo canciller tendrá la tarea de favorecer y aclimatar el liderazgo hemisférico del presidente electo en un escenario que gira hacia la izquierda, pero aquejado por liderazgos autoritarios y proclives a la violación brutal de los más elementales derechos y libertades democráticas. Al Minhacienda no le será difícil el cumplimiento de su tarea de aportar tranquilidad a los mercados y a los agentes económicos, porque la dimensión de los temores ahuyenta toda expresión de inconformidad y desacuerdo. El que se escoja como Mininteriror, gozará de la tranquilidad que otorga la satisfacción de las gabelas y privilegios que han carcomido las conciencias de los sumisos congresistas. Solo falta superar el escollo que supone la reforma de la Fuerza Pública que, de adelantarse de conformidad con los sentimientos que despierta la calificación de enemigo, afectarán profundamente su organización, su visión, su doctrina, y por consiguiente su acciones y tareas. A ello, habrá que sumar la configuración de un poder judicial con la provisión de la mayoría de las vacantes en los próximos cuatro años que fortalecerá su militancia progresista. El país necesita con urgencia la conformación de una oposición democrática. No se hará con los agonizantes partidos históricos, ni con los desprendimientos de ellos, que liberaron al nuevo gobierno de acuerdos y entendimientos. Será la oportunidad de congregar diversos y plurales sectores de la sociedad civil para dotar al país de los elementos consustanciales a la democracia que procure la alternancia como dique al totalitarismo y garantice el derecho al disenso. La necesitamos todos, comprendido el gobierno Petro, que debe su ascenso al cultivo de esas virtudes.

Inesperada cuenta de cobro para algunos motociclistas

Por: Bernardo Socha Acosta

Será el precio más costoso que motociclista alguno haya pagado en Colombia por la osadía de adulterar los sistemas de escape, sumado a la incapacidad de las autoridades para ejercer controles y asumir la prevención de graves enfermedades.

Sendas investigaciones de neurocientíficos, dejan al descubierto, los efectos mortales que causan las altas oscilaciones mecanizadas de algunos velocípedos y en algunos equipos estacionarios de trabajo.

El estudio advierte que esos daños son irreversibles por las secuencias mutantes que causan altas vibraciones y que buena parte van originando deterioro del genoma mitocondrial por la atrofia de las células.

Dentro de las investigaciones se indica sobre el riesgo que corren las personas como, algunos motociclistas y otras personas que son sometidas a altas vibraciones y sonidos que superan los decibelios permitidos al sentido humano, factor que puede llevar al extremo de sufrir el “Síndrome de Sensibilidad Selectiva al Sonido (SSS)” una de las enfermedades causadas como respuestas desproporcionadas del sistema nervioso.

Los diversos estudios sobre las vibraciones que cubren el cuerpo completo como el que generan las motocicletas o taladros, con altos sonidos, pueden producir efectos en oído interno, retardo en tiempo de reacción, efectos cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo.

Las investigaciones comprobaron que el excesivo sonido junto con las vibraciones cuando son recurrentes y prolongadas se incorpora a los órganos internos, así se trate de bloquear el orificio auditivo, cuando las exageradas oscilaciones y sonidos como el tránsito en motocicletas que tienen aditamentos fuera de lo normal para aumentar el sonido de escape.

Los motociclistas sometidos a estos periódicos excesos de sonidos y vibraciones traumatizan severamente el conjunto de órganos vitales del cuerpo, capaz de convertirlo en un objeto sin capacidades motoras.

Los daños que causan esos factores de ruido vibracional son múltiples que se manifiestan en diferentes etapas y grados de intensidad.

A propósito de los elevados ruidos, en un artículo de la investigadora y periodista Lucía Blasco publicado por la BBC mundo, se relata sobre los misófonos, que les disgusta enormemente sonidos de la vida cotidiana y les generan ansiedad y ataques de pánico, el tema fue básico para otras investigaciones sobre los graves efectos de los sonidos que superan los decibelios.

Los neurocientíficos estadounidenses Pawel y Margaret Jastreboff han elaborado diversas investigaciones con las cuales lograron que en 2013 se clasificara el término misófono como un desorden psiquiátrico.

Lo peor de estos desordenes siquiátricos -según los investigadores- es que personas con Transtorno Obsesivo Compulsivo (TOC), no pueden ser diagnosticados para adelantar un tratamiento definido.

En esta materia los investigadores resumen los graves efectos de las vibraciones y alto volumen de sonidos sintetizándolos en la producción de trastornos respiratorios, músculo-esqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo.

Pero lo peor es que los generadores de su propio suplicio que viven consumidos en ese mundo tormentoso, (los motociclistas ruidosos) están también creando un cuadro externo de misófonos, de riesgo contra si mismos, porque éstos son capaces de reaccionar violentamente contra esos sujetos causantes de elevados decibelios.

Los motociclistas causantes de altos niveles de ruido están creando una nueva epidemia, gracias a la incapacidad de las autoridades de tránsito de hacer cumplir normatividad vigente sobre estos factores que destruyen la calidad ambiental.

El ruido de las motocicletas adulteradores de sus vehículos (que son contados) son tan agudo que a su paso por las vías activan los sistemas de alarma de oficinas y de otros vehículos.

Esos ruidos con decibeles fuera de lo normal son calificados como peligrosos por los expertos, y sin embargo para las autoridades pasan inadvertidos en una demostración de abandono frente al interés general. 

Y hay que destacar sí, el gran señorío de la mayoría de motociclistas que hace buen uso de estos velocípedos de transporte y de trabajo, porque son unos contados los que hacen mal uso y atropellan la vida de los demás y su propia vida, con el exceso de ruido. (bersoa@hotmail.com)

De cambios y utopías

Mario González Vargas

El cambio es consustancial al ser humano porque corresponde a la transformación permanente e ineludible que lo acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Por ello, busca afanosamente expresarse con la búsqueda de dimensiones superiores de comprensión e inteligencia, con la ilusión de alcanzar estadios de superación y ambicionar metas elevadas en el desenvolvimiento de la especie humana, que apunten a la construcción de sociedades solidarias, organizadas en Estado diseñados para la convivencia pacífica, el bienestar físico, la elevación moral y el disfrute igualitario de todos los bienes que la naturaleza provea y el espíritu dispense. Son las utopías las que direccionan los cambios y determinan sus bondades o sus fracasos, en ejercicios que suelen terminar en replicar las labores que marcaron la condena de Sísifo.

El proceso electoral estuvo marcado por un afán de cambio que se vino acumulando a medida que el ejercicio de la política se fue degradando sin consideración a los crecientes retos y amenazas para todos los colombianos. Se produjo así la acumulación de diversos desafíos políticos, sociales, económicos, ambientales y de seguridad ciudadana y nacional, que no podrán resolverse con terapias extraídas de utopía que ha malgastado su halo redentor en fracasos sucesivos, con costos inauditos para la legitimidad institucional y la vida misma. Los 23 millones de colombianos que votaron confirmaron ese insoportable cansancio con usanzas y comportamientos que hicieron de la política un ejercicio reprobable, a veces inmerso en el código penal, que ahuyentaron todo sentimiento de esperanza y con ello toda posibilidad de recuperación. El acuerdo nacional no puede revivir las reparticiones del poder que generaron la rabia y el repudio ciudadano. La política es el arte de lo posible, no la práctica de lo imposible a los ojos de los ciudadanos. Un acuerdo sobre lo fundamental no se logra simplemente con la simple aritmética para asegurar mayorías en el Congreso o elegir sus presidentes, ni puede despacharse con la sola afirmación de desarrollar el capitalismo en Colombia, sin ahondar en las acciones que lo hagan posible y estimulen la recuperación de la confianza en el fortalecimiento de la democracia y de sus libertades, en el respeto de los derechos que de ellas se desprenden y en el control del territorio por el estado que permita el goce pacifico de los mismos, fortalezca la seguridad ciudadana y preserve la seguridad nacional. Por ello, la primera y más convincente señal del rumbo del gobierno y de la definición de sus metas dependerá principalmente de la configuración de su gabinete y de la designación del Canciller y de los ministros de Hacienda, Defensa e Interior. El primero debe encarnar la diversidad cultural y étnica de la nación en un hemisferio diverso, y cuidar en un mundo globalizado las relaciones con las potencias orbitales. El segundo, despertar confianza en todos las agencias y agentes nacionales y extranjeros de la economía. El tercero, velar por la seguridad nacional y ciudadana, y el cuarto procurar que la política recupere sus más altos estándares. Ello para que el cambio no sea una utopía fallida.

Se cumplieron los deseos de muchos colombianos

Por: Bernardo Socha Acosta 

Los colombianos aceptaron el ramo de olivo ofrecido por el electo presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ramo inmerso en la convocatoria nacional para que el país comience a retomar los cauces que había perdido por la mano cruel de la politiquería que reiteradamente hizo engaño a sus electores.

La mayoría de colombianos tuvo la oportunidad de expresar su apoyo a quien puede comenzar a introducir un cambio sustancial que venía reclamando el país.

Los electores lograron captar muy inteligentemente los mensajes de, qué es lo que realmente quiere un país como Colombia que lo tiene todo para poderle ofrecer algún día mejores oportunidades de vida a sus habitantes.

Hoy gracias a esos pensamientos claros y manos generosas de cada uno de quienes depositaron su voto, guiados por esa convicción de, que sí se puede cambiar hacia una Colombia mejor, se alcanzó el triunfo tan anhelado por muchos.

Colombia lo tiene todo de lo que nos ha regalado la naturaleza y donde puede haber producción en todos los niveles (agrícola, industrial y comercial) para abastecer la demanda nacional y que haya remanente para exportar, de tal manera que comience a renacer la tranquilidad de tantos colombianos que despiertan cada día pensando en una fuente de trabajo y de cómo van a proveer el diario sustento para su familia.

Hoy en Colombia se respira un ambiente de confianza porque muy seguramente quedaron atrás los exterminadores de las esperanzas de tantas familias.

Ya no es necesario recordar los reiterados intentos por traficar con el odio y sacrificar sueños, prácticas que se ejercieron durante las dos vueltas presidenciales, porque los ciudadanos con una claridad cristalina supieron defender sus derechos y hasta los de los demás, para que con esos mismos propósitos se inicie una transición de cambio, desviando esa alocada carrera que lleva Colombia hacia la guerra, incluso con países vecinos donde ya las relaciones diplomáticas se encuentran totalmente deterioradas.

La campaña política que finaliza así, nos dejó muchas enseñanzas y las principales son que, los insultos y la maledicencia son en estas alturas de la civilización los peores enemigos de quien adelante una campaña por el primer cargo de la nación.

Hoy cuando el deseo de la mayoría de colombianos se halla cumplido, con un presidente del que habíamos estado huérfanos en la historia, solo nos resta elevar los mejores deseos al poder Universal que todo lo puede, para que el nuevo gobierno encuentre fórmulas que logren aclimatar los caminos de la concordia y la paz sobre la base de la justicia social.

Y que la convocatoria nacional a todos los sectores, hecha en campaña por el hoy electo presidente de la república, Gustavo Petro, sea una buena fórmula para unir al país en pro del desarrollo nacional.

(bersoa@hotmail.com)

Castiguemos la degradación de la política

Mario González Vargas

Petro y los dirigentes del Pacto Histórico nunca imaginaron que Rodolfo Hernández pudiera ser su rival en la segunda vuelta de la elección presidencial. Concentraron toda su artillería y perversidad en destruir el buen nombre de Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, a quienes consideraron las amenazas más probables y peligrosas. Así, dieron curso a los dictados de sus condiciones humanas y se esforzaron en valerse de todas las trapisondas posibles para alcanzar sus objetivos. Sorprendidos por la intromisión de Rodolfo, favorecida por la exigencia de cambiar la practica envilecida de la política, terminaron presas de confusión y temores por la inatajable derrota que avizoraban. No tardaron en urdir planes que pudieran reversar lo que anticipaban irreversible. Con ello, enlodaron el ejercicio de la política en magnitudes desconocidas en la convulsionada historia del país.

Los petrovideos publicados por la revista Semana develaron la perfidia que muchos de ellos han cultivado con esmero en sus actividades políticas y revelaron los planes siniestros que bajo la dirección de Roy Barreras habrían de colmar la partitura oculta que se propusieron ejecutar. No se contentaron con acudir a todas las formas de lucha en las que varios de ellos se formaron para recabar los apoyos de los sectores éticamente más deleznables, sino que tramaron acciones encaminadas al desprestigio del rival inesperado, dirigidas por la escoria que hasta ahora había permanecido oculta en los recovecos del Pacto Histórico, y que se ha expresado en la estrategia diseñada por su jefe de comunicaciones consistente en la necesidad de correr la frontera de la ética para dar libre curso al objetivo de demoler y destruir a su temido adversario.

No contentos con ese despliegue de falacia acudieron a la justicia, que saben politizada en muchos de sus altos estamentos, para obtener sentencia que obliga a un debate que Rodolfo no teme, y que infiere derechos que las normas constitucionales y legales no establecen, pero si desnudan la parcialidad política del fallador, como si el derecho a la información debida no se hubiere satisfecho con los innumerables debates previos, la difusión de los programas de gobierno, las entrevistas en los medios de comunicación, los comunicados, discursos y conferencias sucedidos a lo ancho y largo del debate. Afrontamos los efectos de la imposición que se nos quiere hacer del gobierno de los jueces, que haría trizas los pilares de la separación de poderes, y en especial los atributos de independencia e imparcialidad de la justicia, consustanciales al régimen democrático. No son de poca monta los objetivos que se han trazado, si a ello agregamos la ligereza con la que algunos medios de comunicación se parcializan, sin respeto y consideración a la veracidad y confiablidad de la información que difunden. La última prueba es la de la ignominia de un columnista de El Espectador que, sin pruebas al canto, disparó al corazón de Rodolfo Hernández con la letalidad que supone la tragedia que como padre tuvo que afrontar. Esperamos que el periódico sepa preservar el legado del inmolado Guillermo Cano. Castiguemos la degradación de la política.

El cambio vs el Petrogate

Mario González Vargas

Una campaña construida sobre el engaño y alimentada por el uso sistemático de la mentira tenía forzosamente que explosionar con los daños irremediables para quienes torvamente apostaron al todo vale y a la destrucción de sus rivales. Los “petrovideos” difundidos por la Revista Semana, desenmascaran la existencia de una organización criminal, con procedimientos semejantes en sus efectos, pero disimiles en su forma de letalidad, con que los que los carteles del narcotráfico de todo pelambre han intentado someter al Estado y a la sociedad colombiana a su imperio delictual.

Las conversaciones entre los miembros de la cúpula del Pacto Histórico no dejan duda sobre su despiadada estrategia de acudir a todas las formas de lucha que les permita destruir moralmente a sus contendores para pavimentar su ruta hacia el poder. No contentos con mentir y calumniar, han optado por tejer vínculos con miembros de carteles de corrupción y narcotráfico recluidos en los centros carcelarios del país, en trueque de sus apoyos financiero y electoral, por el mentado perdón social para unos, y la garantía de no extradición para los reos por narcotráfico. Lo que se denominó el Pacto de la Picota, cuando surgieron los primeros indicios de su realización, sus ardides se vieron confirmados en los videos de las reuniones divulgados por la revista Semana, que dan cuenta de su sus estulticia, en presencia del propio candidato a la presidencia de la república. Petro infiltró la campaña de Fico creyéndolo su rival en segunda vuelta y hoy, en trance de desesperación busca confinar a Rodolfo. La financiación los atormenta, después del desliz de Piedad en Honduras, y pretenden nuevos apoyos que implicarían beneficios que aún no conocemos. Son las formas cambiantes del “Petrogate” con las que busca impactar los últimos días de la campana electoral. Todas ellas sugieren el peligro de reeditar mafias que no hemos terminado de erradicar

Nunca en la convulsionada historia de Colombia se había llegado a los extremos que hoy vivimos. Jamás el engaño, manipulación, entrampamiento y desfachatez de sus autores había logrado ese manto de impunidad, que se ha venido extendiendo sobre la vida nacional al amparo de la crisis institucional que ha estimulado una sensación de acomodamiento permisivo que pretende derruir los muros de contención de la moral pública y de la ética personal en la vida nacional. El país reclama el cambio en el ejercicio de la política que Petro está lejos de satisfacer. Acude ahora con desesperación a la promoción del voto en blanco como último subterfugio para evitar su derrota, pero se estrella con la libertad de Rodolfo para constituir un gobierno sin las ataduras del pasado, compuesto por nuevas gentes para un nuevo país que respondan a la necesidad de una reingeniería profunda en la forma de gobernar. Los colombianos debemos centrar nuestra preocupación y vigilancia en las sospechas de fraude por compra de votos que, al parecer, se estaría intentando en el Caribe y que supuestamente involucraría a dirigentes de Cambio Radical. Todos los colombianos estamos esperando que Germán Vargas responda al presunto acuerdo que se le endilga en los videos del “Petrogate”.