Quien es el interesado en prestarle 370 millones de dólares a Avianca

              Por: Bernardo Socha Acosta

El gobierno del señor Iván Duque, está borrando con el codo lo poco que ha hecho con la mano. A quién se le ocurre que el Ministrico de hacienda otorgue un crédito millonario, sí crédito, a la Compañía Avianca, tomando recursos de un Fondo que debe tener la mayor garantía para cumplir sus obligaciones misionales. 

El crédito como ya todo mundo lo sabe, es por 370 millones de dólares, y no se sabe qué garantías tenga para que no se vaya a convertir en otro desangre más de los que tanto tienen las arcas públicas.

Pero lo más que da ira y debe causar repudio entre los colombianos, es que luego que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla hace el anuncio como si fuera plata de su bolsillo, sale el presidente de la república, Iván Duque, a congraciarse dándole su respaldo como si estuviera haciendo una gran AZAÑA en favor de los 48 o 50 millones de colombianos. Y la Azaña se la está haciendo, pero a un grupo económico privilegiado.

En esta decisión,  sí los colombianos debemos, no pedirle, sino exigirle al Congreso de la república y a los entes de control, para que actúen  y defiendan los dineros del estado, que son dineros de los colombianos.

370 millones de DÓLARES en un préstamo del gobierno a la Empresa  AVIANCA? Increíble.  Eso si es como para que los colombianos nos sentemos a llorar, de ver cómo deliberadamente el gobierno sigue mostrando   su capacidad de hacer lo más  absurdo que gobierno alguno haya hecho ante la mirada impávida de un pueblo que se debate en medio de una pandemia que bastantes malos resultados viene dejando en materia de salud y pobreza, como para que los flamantes gobernantes despilfarren los dineros que según el mismo Ministro de hacienda y el presidente, el país no tiene para atender las necesidades que ha generado el Coronavirus, pero para prestar 370 millones de dólares, si hay plata.

Este préstamo multimillonario, no es más que una fatal y desafortunada  decisión del gobierno para congraciarse con un pulpo económico, porque los dueños de  AVIANCA no son unos proletarios que tengan en riesgo una empresa colombiana. No. Ellos (los accionistas de Avianca) son integrantes de un grupo de capital muy solvente que tienen las puertas abiertas de la banca mundial y el préstamo que el gobierno de Colombia le aprobó, es  apenas una gota de agua en un océano, para ellos, pero para Colombia es un saqueo de las arcas, de mucho dinero. Además, fuera una empresa colombiana, habría la posibilidad de ser solidarios, pero Colombia apenas tiene una mínima parte de acciones en Avianca. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno en hacerle ese préstamo, que bien puede estar en riesgo?

Y ya la procuraduría general de la nación se pronunció al respecto y será por el momento el único ente de control que lo haga.

Ahora falta que el congreso de la república siente  su posición firme y no lo haga con paños de agua tibia, porque el Ministro Alberto Carrasquila (de hacienda) mira a los colombianos y al mismo congreso de la república como bichos raros que se entrometen en los asuntos que él quiere manejar, como si fueran negocios particulares, porque pretende manejar los intereses nacionales a su capricho.

Y no extrañemos que muy pronto nos sorprenda, anunciándole al país, (como ya lo hizo en plena pandemia) sobre la necesidad de presentarle la nueva reforma TRIBUTARIA a los que él considera sus asalariados  cortesanos  (el Congreso de la república)  con mensaje de urgencia para que se la aprueben lo más pronto,  para capitalizar más recursos de los gobernados y seguir haciendo préstamos  a grupos financieros, como en una actitud de ganarse puestos privilegiados para cuando salga del Ministerio de Hacienda.

Si los colombianos con toda esta burla no despertamos, estamos definitivamente llamados a ser de nuevo ESCLAVOS  de quienes tienen el poder y no hay congreso de la república ni entes de control.

bersoa@hotmail.com

Conjurar una amenaza inminente

        Mario González Vargas

Las trágicas muertes que se producen en el país en territorios sembrados de coca, pero huérfanos de la presencia de la institucionalidad, revela el mayor reto que el Estado colombiano enfrenta porque desnuda la magnitud de la amenaza que se cierne sobre la vida de los colombianos y la seguridad e integridad del territorio nacional. Conjurar ese inmenso desafío requiere no solo de la unión nacional, hoy esquiva, sino también de una alerta conciencia ciudadana sobre los peligros que se ciernen sobre Colombia.

La violencia en algunos territorios nacionales no debe verse solamente como efectos residuales de la violencia guerrillera, porque obedece a dinámicas diferentes y a escenarios geopolíticos que desbordan ampliamente a los que alimentaron la confrontación con las organizaciones subversivas. Hoy, la lucha no es simplemente por el poder, a la usanza de las Farc, ni se concentra exclusivamente en el narcotráfico y la minería ilegal y los réditos que ellas generan, con las que se persiguen  dominio de territorios carentes de institucionalidad, sino que responde a intereses geoestratégicos que apuntan al derrumbe de la democracia colombiana y a la alineación del país en las filas progresistas que no renuncian a un colectivismo trasnochado que aún perciben como la punta de lanza contra el sistema capitalista. Su tarea se ha visto facilitada por la desidia del Estado para extender y asegurar su presencia en todo el territorio nacional, lo que ha permitido la expansión de grupos armados ilegales a expensas del aparato estatal, y que gozan, además, del apoyo de Maduro que ha convertido a Venezuela en la retaguardia y santuario de todas las organizaciones criminales que siembran la muerte en Colombia. En ese contexto el terror se convierte en instrumento de control de territorios y comunidades y las masacres en el procedimiento extremo y sangriento para hacer de la violencia la herramienta de poder. En esa contienda, sin límites de humanidad, toda atrocidad se le adjudica al gobierno y todo esfuerzo por mitigar la violencia se estigmatiza como violación de derechos humanos, quizás porque se percatan que en Colombia hemos sido más exitosos en cimentar la democracia que en construir Estado.

Esa guerra de todas las organizaciones criminales entre ellas, y de ellas contra el Estado, se ve ahora potenciada por la adquisición de misiles iraníes por Maduro para uso del ELN, las Disidencias de las Farc, Nueva Marquetalia y demás grupos criminales que suponen una amenaza nunca experimentada por Colombia y que goza de solidaridad en sectores políticos legales del país. Hoy más que nunca se requiere una política de seguridad integral, con visiones regionales, que apunte al control territorial, la protección de la población y la desarticulación de los aparatos criminales. La creación del cuerpo élite, la aspersión aérea de cultivos de coca y el plan de zonas futuras, son un buen principio, pero deben complementarse con el desmantelamiento de las estructuras criminales y el fortalecimiento y presencia del Estado en todo el territorio que le permita ejercer el monopolio de la violencia legítima.          

Que dicen los médicos sobre retorno a la normalidad

Por: *Enrique Rojas*

*Médico* *Inmunólogo*

Se "flexibilizará" la cuarentena por la  presión social generada por necesidad económica; no se levantará por criterio médico ni científico.

El criterio médico es seguir en casa por lo menos 2 meses más, pero eso no se está cumpliendo. El virus ya está en todas partes y no se irá por arte de magia o milagro.

La vacuna no llegará en meses, la primera, con plazo de estudio,  peligrosamente recortado (para conocer efectos secundarios) puede llegar en enero del 2021... hasta ahora no hay un medicamento seguro y eficaz.   Solo se ayuda a sobrevivir mientras el virus cumple su ciclo y el organismo se inmuniza. 

Es cierto que con el tiempo la mayoría nos iremos infectando; porque será inevitable ir al banco, al mercado, al trabajo o alguien traerá el virus de la calle a la casa;  pero no es lo mismo enfermarse ahora que después.

En este momento y en los próximos dos meses, los servicios hospitalarios no les darán la mejor atención, así quieran, ya que no hay equipo ni camas suficientes. En dos meses los casos disminuirán y tendremos más posibilidades de conseguir un ventilador y tendremos experiencia y los hospitales ya no improvisaran ambientes, tendremos más posibilidades, ganemos tiempo, infectarse ahora es muy riesgoso, si desarrollas la enfermedad tienes más posibilidad de morir, piensa en tú familia, eres valioso para ellos. Ahora depende de ti.

*Me preocupan mucho algunos comentarios en redes sociales que demuestran nuestro escaso razonamiento:* fomentar reuniones después de levantar la cuarentena, alentar que abran los gimnasios y restaurantes, proponer paseos en grupo, fiestas y reuniones, todo eso  acelerará y hará mayor el riesgo. Por favor, mantengan las medidas de aislamiento, que no importe que el vecino, la amiga, el primo ya estén volviendo a vida normal y hagan reuniones (alguien puede ser asintomático y ni siquiera saberlo) no los imites. Cuídate y cuida a los tuyos. Así que ya saben: si se enferman no hay camas, tendrán que esperar que alguien se muera para ocupar esa cama y si tienen más de 60 años o alguna co-morbilidad no estarán en lista de espera de un ventilador, la preferencia la tienen los jóvenes porque tienen más posibilidades de sobrevivir, y nadie podrá interceder por nosotros.

Disculpen que sea duro y pueda caer mal pero siento la responsabilidad de decirles esto sin adornar los términos, ustedes transmitan esto con sus propios términos pero háganlo por favor, adviertan a sus familiares y amigos, sigan manteniendo el aislamiento lo más que se pueda y también las medidas de seguridad como el lavado de manos y el uso de mascarillas.

*Enrique Rojas*

Médico inmunólogo

Procuradora de bolsillo del presidente y el Senado

          Por: Bernardo Socha Acosta

Tienen razón quienes reniegan hasta la saciedad de la existencia de una rama del poder público colombiano (congreso de la república) que demuestra una y mil veces su inclinación incontrolada por la corrupción.

Luego de la elección de la señora Margarita Cabelle como procuradora general de la nación, esta redacción hizo  un sondeo  general de opinión, encontrando el peor concepto de los SENADORES  que se prestaron con la llamada COALICIÓN gobiernista para elegir a la candidata ternada por el presidente de la república.

Todos coincidieron en señalar que, hoy esos congresistas prepararon el peor complot de corrupción para que entre dos ramas del poder público, se cometan los peores y más aberrantes desafueros  contra los intereses nacionales, sin que haya organismo alguno de control que fiscalice los reprochables actos en cualquiera de las ramas comprometidas.

Y, la protesta no es por la persona elegida, porque podrá ser de las mejores calidades, pero no va a poder cumplir sus funciones independientemente, porque va a ser un apéndice, que estará atada a los caprichos del presidente de la república y de los senadores a quienes les debe su cargo en un aparente ente de control, pero que al final va a ser es una subalterna de ellos.

Y los congresistas que la eligieron no podrán tener una sola justificación del acto consumado, porque había otros dos candidatos provenientes de  la Corte y el Consejo de estado, candidatos de las más altas calidades, que alguno de ellos podría haber sido elegido, para que hubiera independencia en la Procuraduría general, independencia que seguramente incomodaba a los señores SENADORES, y la opinión entenderá por qué.

Y con estas actuaciones politiqueras lo único que Colombia está logrando es que la inconformidad y  la protesta social se fortalezcan, porque serán algunas de las herramientas que le queden a los sectores populares para decir, que no están de acuerdo con lo que hacen sus voceros en las corporaciones públicas y de sus gobernantes que desgraciadamente  escogieron, engañados con las falsas ilusiones y promesas.

 El pueblo colombiano que esté en desacuerdo contra estos actos reprochables de los Senadores, debe protestar de una u otra forma. La protesta no es solo salir a desfilar por las calles. Se puede hacer en cada una de las redes sociales y demás medios al alcance    expresando su opinión y su inconformidad, por la forma tan aberrante como actúan los congresistas, como burlándose de quienes los eligieron y como desafiándolos, para que vuelvan  a elegirlos y así seguir la funesta y peligrosa carrera que está llevando al país a uno de sus peores épocas absolutistas, nada diferente a como está viviendo un vecino país. Y es que esas épocas dictatoriales  se construyen con actos tan desvergonzados como la elección de funcionarios de los entes de control que no  ofrecen garantías, por su cercanía política y afinidad con quienes deben fiscalizar, para conservar los derechos de los gobernados.

Hoy, reitero, debe comenzar  una campaña contra esa inmoralidad, no por la persona elegida para la procuraduría, sino por el hecho tan monstruoso de poder y corrupción  de unos Senadores que se burlan de los colombianos. Hay que publicar por todos los medios al alcance los nombres de los congresistas que hicieron este desafío, para que se mantengan en cuenta o lista NEGRA para desecharlos en las próximas elecciones, si queremos  recobrar un poco del respeto, del que se merece el pueblo.

bersoa@hotmail.com

La sentencia de la Corte IDH

Mario González Vargas

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre el caso Petro desató un debate en el que hasta ahora han prevalecido los odios y sesgados intereses políticos sobre el análisis desapasionado que debe predominar para orientar las decisiones que el Estado debe tomar necesariamente. Los fallos de la Procuraduría que han decretado sanciones a servidores públicos de elección popular, siempre se han tomado de conformidad con el diseño constitucional vigente en Colombia. La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que las sanciones disciplinarias de la Procuraduría no contrarían lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana. “En los últimos años han tomado fuerza las interpretaciones sistemática y teleológica de los tratados internacionales, las cuales permiten ajustar el texto de las normas internacionales a los cambios históricos…. el contexto que sirve para interpretar una determinada norma de un tratado internacional, no se limita al texto del instrumento internacional del cual aquélla hace parte, sino que abarca diversos tratados que guardan relación con la materia objeto de interpretación; ... a pesar incluso de que éstos últimos hagan parte de otros sistemas internacionales de protección de los derechos humanos... los tratados internacionales no se interpretan de manera aislada sino armónicamente entre sí, con el propósito de ajustarlos a los diversos cambios sociales y a los nuevos desafíos de la comunidad internacional, siguiendo para ello unas reglas hermenéuticas específicas existentes en la materia, las cuales conducen a lograr una comprensión coherente del actual derecho internacional público”  Por ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que “la facultad que le otorgó el legislador  a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.”.

Desconcierta que la IDH fundada en una interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención, después de 51 años descalifique el diseño constitucional colombiano e intente obligar al país a modificar su ordenamiento jurídico para ajustarlo a esquemas vigentes en 1969. Hacerlo, en las condiciones expuestas en la sentencia, no solamente extiende la exclusiva competencia del juez penal a las decisiones de carácter fiscal, sino que abre la puerta para su aplicación a todo servidor público que participe directamente en la dirección de los asuntos públicos. Por obra de la exclusiva competencia del juez penal, mediante sentencia, para sancionar a los servidores públicos, se reduce el derecho disciplinario a simples amonestaciones, se alienta la corrupción rampante que hoy nos afecta y se elimina la pérdida de investidura del ordenamiento jurídico, daños que no se compensan con convertir en delitos las conductas que hoy son meramente faltas disciplinarias, pero que se potencian con la previsible cascada de demandas que nos espera. El gobierno debe meditar cuidadosamente su respuesta al reto que supone la sentencia para nuestro ordenamiento jurídico, siempre en el entendido de que la izquierda persigue la deconstrucción del Estado de Derecho.

Nadie cree en una limpia elección de procurador general

Por: Bernardo Socha Acosta

El pueblo colombianos debe ponerse en estado de alerta contra eventuales componendas políticas que ya se tejen en el Senado de la república, bajo la inspiración del ejecutivo, que busca la elección de otro de los titulares de los entes de vigilancia y control (ahora la procuraduría general) que sea también del bolsillo de ambas ramas para que en lo posible no haya riesgo de vigilancia y control.

La terna de candidatos postulada es, Margarita Cabello, por el presidente de la república; Juan Carlos Cortés, por el Consejo de estado, y Wilson Ruiz, por la Corte Suprema de justicia.

Pero, ya se anunció la renuncia de uno de los postulados (el del consejo de estado) porque considera que no hay garantías, teniendo en cuenta que los Senadores de la llamada coalición  (Partido Conservador, el Partido de la U, el Centro Democrático y Cambio Radical,) ya tienen armada la componenda para elegir a la ternada del presidente de la república. Y si eso es así, para que siguen los otros dos candidatos pendientes de la burla de los mal llamados padres de la patria. Los dos candidatos restantes, solo recibirían los votos de los congresistas de la oposición que no ven correcto, que se elija a un Procurador que va a estar bajo el mando de los congresistas y de la presidencia de la república y entonces, cómo van a hacer vigilancia y control, para lo cual son esos cargos.

Por eso los colombianos deben estar pendientes de cuáles son los flamantes congresistas que elijan al, titular del ente de control, (la procuraduría) para que si, es el de bolsillo  del presidente (y de los senadores también) se tengan en cuenta para los próximos comicios al Congreso.  Ellos no deberían ser nuevamente elegidos al Congreso de la república (Senado) porque habrían traicionado la fe del pueblo que los eligió y eso merece un castigo ejemplar.

Margarita Cabello,  Wilson Ruiz    y Juan Carlos Cortés
Foto: Revista Semana

Pero, es que los colombianos, ese potencial votante, debe ejercer un verdadero CASTIGO contra quienes SUPUESTAMENTE nos van a representar en el máximo escenario donde se hacen las leyes y resulta que van, pero por sus propios intereses. Y suena bonito decir que donde se hacen las leyes. Ojala que fuera tan cierto, pero desgraciadamente ese escenario (el congreso de la república) es la rama que más desprestigiada está, precisamente porque allí la mayor parte de las normas que se aprueban están hechas, con intereses particulares para favorecer a los peores  de este país. Y lamentable que sea el congreso de la república, una de las ramas de los tres poderes, donde se arman  las PEORES  componendas, esa de la que estamos refiriéndonos para la elección de Procurador. Pero lamentable también, porque esa rama, es la que está dejando al país en la peor miseria económica. Es la rama del poder público para la que buena parte de lo pagan los colombianos por impuestos, se absorbe en un macabro despilfarro que ya muchos conocen.

Y no es que estemos prejuzgando maliciosamente sobre la elección de Procurador, porque ya todos los medios de comunicación, desde los más grandes, hasta los más modestos, lo han afirmado, que prácticamente la candidata a la procuraduría escogida por el presidente de la república, es ya la Procuradora, con una votación –aseguran los medios-  superior a los 54 votos que necesita. Los votos que la tienen elegida según los analistas políticos, provienen de la coalición conformada por:  Partido Conservador, el Partido de la U, el Centro Democrático y Cambio Radical.

Ahí no entran los votos de los senadores que aún conservan su verdadera representación popular y no se han dejado contaminar por las mal llamadas bancadas políticas del  poder para,.. qué. Pues para manipular y fraguar lo que les conviene.

Y ojalá –hay que rogar- que esos cálculos de votación que se hacen en el Senado, que ya se anuncia para elegir a Margarita Cabello, sucesor de del procurador Fernando Carrillo, resultaran un verdadero fracaso y que la elección se hiciera en cambio,  en cualquiera de los candidatos, Juan Carlos Cortés o Wilson Ruiz, para bien del país, para bien de las instituciones y para recobrar un poco de la desgastada credibilidad de los congresistas.

bersoa@hotmail.com

Disentir es un derecho inalienable

Mario González Vargas

Después del controvertido Auto de la Sala de Instrucción de la CSJ que dispuso la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda acude a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y al relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, cuya militancia ideológica ya conocemos, para aducir supuestos graves hechos realizados por el presidente de la República y otros altos dignatarios del gobierno, consistentes en pronunciamientos públicos que amenazarían la independencia judicial y, en particular, las actuaciones de la CSJ. Considera que el presidente debe guardar silencio ante el resquebrajamiento de la presunción de inocencia y de la indefensión que entraña defenderse en reclusión, así sea domiciliaria, de los señalamientos que se le hacen al expresidente Uribe. No existe norma alguna que le prohíba hablar en defensa de los derechos fundamentales de personas inmersas en diligencias de carácter penal. En consecuencia, solicitar a la CIDH y al relator de la ONU pronunciamientos públicos que conminen al presidente a cesar una pretendida interferencia en decisiones de la CSJ, escapan a la competencia de esos órganos y atenta contra la obligación que le asiste de proteger los derechos humanos de los colombianos. El pobre acervo probatorio que allega revela el interés político que lo anima, fundado en la parcialidad inocultable de la Sala de Instrucción que se observa en el recaudo e interpretación de las pruebas que obran en el expediente. 

Nadie ha llamado a desacatar la decisión judicial, pero disentir de ella corresponde al más elemental ejercicio del derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución (art 20), como en la Convención Americana de Derechos Humanos (art 13) y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (art 19). Pedir a la CIDH y al mencionado relator pronunciamientos contrarios al derecho que deben proteger, no solo es inocuo, sino también sorprendente en quien pretende fungir como voz autorizada en defensa de los DDHH en Colombia. Debería preocuparse más por el respeto a las más elementales garantías al convocado a defenderse en diligencias judiciales, como la reserva del sumario, inescrupulosamente e impunemente violentada por los funcionarios judiciales que filtraron selectivamente las pruebas para que, consideradas fuera de contexto, pudiesen afectar la presunción de inocencia; o inquietarse por las interceptaciones ilegales, pero validadas por la CSJ, que comprenden las del investigado con su defensor, que violan sus derechos a la intimidad y a la defensa, y las de periodistas con su fuentes, con las que se transgredió la inviolabilidad del secreto profesional. (art 74 CP) y se hizo trizas la protección constitucional a la actividad periodística (art73 CP), por la que la FLIP ha exigido necesaria explicación.

La izquierda pretende con atrevida insolencia crear los entornos que le permitan paralizar a los gobiernos y cooptar instituciones, arropada en la supuesta defensa de los DDHH, para aclimatar la ley del silencio, tan común en regímenes hoy denominados eufemísticamente como progresistas.  No debe permitirse.  

Y el sector agrario, vuelve a ser víctima de ataques oficiales

                       Por: Bernardo Socha Acosta 

Nadie del sector agropecuario va a perdonarle al  Ministro de Hacienda lo que ha hecho con ese enorme fragmento de la economía nacional, uno de los sectores más importantes en todos los sentidos de la producción y la riqueza nacional.

El ministro de hacienda,  actuando independientemente, deliberada o no, va para segundo año de estar insultando a los productores del campo e ignorándolos de una manera irrespetuosa y despectiva, creyéndose el dueño de las finanzas nacionales o pretendiendo, mejor, congraciarse con otros sectores del caudal económico colombiano y quizás del exterior. Y es que es el segundo año que el Ministro quiere declarar motu proprio, una reducción del presupuesto general para el  campo, esta vez con mayor entonación  como, no solo declarándole la guerra a los productores más importantes de un país, sino mirándolos con inopia y humillación, talvez amparándose en la tradición  que ha mantenido a los productores agroindustriales en el último rincón del desprecio social, sin percatarse que este tratamiento despectivo es el que ha llevado a los pueblos a levantarse de esa degradación y a tomar muchos su propio destino, a si sea por fuera de los cánones normativos, porque no pueden soportar tanta injusticia.

Y la reducción del presupuesto que propone el Ministerio de hacienda para el sector agropecuario,  vigencia de 2021, es del 7,7%  comparativamente al año anterior, y quedaría en $1,7 billones, cifra considerada por los expertos como un desconocimiento de la realidad de ese sector, el campo.

Ya el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, se pronunció al respecto y se espera que otros gremios afines con el campo se unan y exterioricen su inconformidad, porque con ese tratamiento el campo seguirá decayendo y la juventud sobre todo acelerará su emigración a las ciudades, por falta de incentivos y lo harán también los mayores que son los que deciden cómo sostener una pequeña finca, pero, que con el permanente encarecimiento de los insumos del campo,  nada habrá que hacer para impulsar programas de producción alimenticia.

Con justa razón me comentaba un amigo finquero, que, durante el transcurso de la pandemia de Coronavirus, el único sector que no ha parado de laborar y producir, es el campo, a pesar de los tropiezos que han encontrado muchas veces para traer los alimentos a la ciudad, pero ven que el pago por ese esfuerzo, es el desconocimiento del gobierno nacional  que con esos recortes en el presupuesto para el campo, lo único que se reflejará es, en mayores costos en los insumos que se requieren para producir alimentos.

En las consultas que hemos hecho con líderes de ese primer renglón de la producción se ha coincidido, en el sentido, de la necesidad de  reanudar las marchas campesinas que fueron en años pasados una de las formas de reclamar apoyo del estado.

Pueda ser que el Congreso de la república se acuerde de los productores del campo y en el estudio del proyecto de  presupuesto haga los ajustes necesarios, aun cuando será muy poco.

bersoa@hotmail.com

Un show publicitario por la orden de detención de Uribe

                   Por: Bernardo Socha Acosta

Con la orden de detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez la mayoría de los medios de comunicación hicieron un show publicitario innecesario que fatiga a los colombianos, sencillamente porque hay cosas más importantes que tratar y que resolver.

La orden de la Corte fue una decisión normal de la vida nacional diaria y de la obligación que tienen esas instituciones, cuando hay hechos graves que requieren las acciones judiciales para evitar que esos casos sigan enseñoreándose como tantos otros que son los responsables del estado melindroso que han llevado al país a su peor nivel de orden social.  No puede ser normal, que porque se trata de personas muy importantes en su momento (cuando fue presidente de la república)  ahora se pretenda seguir haciendo genuflexiones y pretendiendo que los colombianos las hagan, cuando el país está pasando por momentos preocupantes debido a la Pandemia surgida de mentes igualmente mezquinas y miserables que buscan desaparecer a los más débiles, ya sea, con el contagio o por el hambre, pero tienen que desaparecer de la faz de la tierra, porque esa parece ser la consigna.

Entonces, una orden de detención no puede convertirse en obstáculo para que el país siga su curso, buscando otras alternativas de vida para resolver el caos por el que se encuentran los colombianos, unos enfermos, otros encerrados y otros buscando angustiosamente sobrevivir no importando de qué forma.

Y, es que algunos de los medios de comunicación (la mayoría) que están para promover cosas más importantes, no se la pueden pasar dividiendo a los colombianos y hasta creando más odios de los que ya existen por culpa de quienes abusan desde las más encopetadas escalas de la estructura nacional.

Y en medio de este Show publicitario, (me perdonas los colegas) cómo puede ser posible que algunos comunicadores se ridiculicen preguntando a sus entrevistados,  si la orden de detención del señor Uribe, trastorna la buena marcha del país. Hombre, qué es eso. Con esa pregunta lo único que se está demostrando es parcialidad, y llevando a pensar a la opinión, que el presidente de la república tiene que estar orientado por alguien de su partido, o un personaje a la sombra… de lo contrario todo se va a estancar. Que ofensa. Se está tácitamente diciendo que, el primer mandatario no actúa porque le hace falta al expresidente que lo guie, para que el país siga su curso. Y todas estas cosas ocurren porque el tema no da para más y se trata de dimensionar con desgastados espectáculos originados de una orden de detención de un colombiano más que de pronto se equivocó (porque es humano) y entonces no podemos pensar que la república llegó a la hecatombe. No. Colombia tiene que seguir su marcha, buena o mala, pero tiene que evolucionar, porque no es el jefe del estado el que se encuentre en esa situación. Pero haciendo un paréntesis, el jefe del estado, si se podría comprometer, de estar interviniendo en política, por estar defendiendo a pie junto a su mentor. Si no se cuida, sus contradictores políticos no están lejos de que lo denuncien por intervención en política y hasta por presunto irrespeto a la Corte, y ahí si completamos.

Y porque la Corte haya dictado una medida de aseguramiento contra un ciudadano que se halla en presunción de inocencia o culpable, nadie puede demeritar a esa alta corporación, porque esas medidas judiciales deben cumplirse en una país donde las tres ramas del poder tienen  su independencia. Hay que pensar, que   ya han ocurrido casos, contra otros expresidentes de otros países, y se han defendido y otros han sido condenados y el país sigue. Una medida judicial como la ocurrida contra el expresidente Uribe, no puede ser motivo para que una congresista ignorantemente diga que propone por esos,  la convocatoria de una CONSTITUYENTE para cambiar la justicia. (Que tal que el Congreso le llevara la cuerda.) El país si necesita la reforma de la justicia, pero no porque el señor Uribe esté metido en ese cuento. Pero volviendo a la convocatoria de una Constituyente,   eso deja mucho que pensar de esa política. Lástima que ocupe escaño donde se hacen las leyes, porque con esa actitud, le dijo a Colombia que ella pensaría en acomodar la justicia a su capricho, para defender a los suyos, o para que no se castigue              a culpables de horrendos apetitos de poder. Que mal ejemplo que dio esa Senadora a los colombianos y ante el mundo. Por dios, a quien escogieron los electores para que los represente. Si doña… doña… piensa que por una decisión judicial tendría que estar reformando la Constitución, a dónde llegaría Colombia. Pues al peor de los extremos. Esa señora piensa que los colombianos la van a aplaudir con esas atrevidas e ignorantes propuestas politiqueras que es común en los llamados dirigentes de pacotilla y que muchos colombianos eligen como las mejores lumbreras. Que desgracia, por eso Colombia avanza de mal en peor.

Y para finalizar estas reflexiones, hay que decir que este enredo que llevó al expresidente a ese nivel, es para que veamos, como dicen los adagios: se fue por lana y salió trasquilado, o, que le salió el tiro por la culata. El señor Uribe comenzó el pleito y fue víctima de su propio invento. Denunció a otro senador de estar comprando testigos y  el búmeran no dio en el objetivo, se devolvió y … ya vimos que pasó.   

Correo: bersoa@hotmail.com

No hay mal que por bien no venga

       Mario González Vargas

Sorprendió el joven alcalde de Medellín con su inesperada solicitud a la embajada de Cuba para contar con el apoyo de una misión de médicos de ese país en la difícil tarea de controlar y vencer la propagación de la COVID-19 en la capital antioqueña.  Desconcertó con esa súbita invitación, no solamente por desconocer la calidad y disposición del cuerpo médico de la ciudad que regenta, sino también por la evidencia de que esas misiones cubanas en el exterior han sido seriamente descalificadas por organismos internacionales y ONGs de derechos humanos como violatorias de todos los instrumentos jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos y protección de las garantías al derecho al trabajo. En efecto, Human Rights Watch ha señalado repetidas veces que esas misiones imponen normas draconianas a los médicos que las integran, que vulneran sus derechos fundamentales. Califica esa política del gobierno cubano como un “orwelliano sistema que regula con quienes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental”, lo que los condena a prestar sus servicios “a costa de sus libertades más básicas”. Con ello, no contento con reservar para sus arcas hasta el 90% de los dineros sufragados por los estados receptores, el gobierno cubano conculca los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación y al libre movimiento, que son protegidos por tratados internacionales y el derecho consuetudinario. Ello, implica que los países que reciben esos médicos tienen obligaciones de derechos humanos respecto de los mismos, derechos que “deben garantizárseles durante su estadía, so pena de convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos”. A su vez, la relatora especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud solicitó explicaciones al gobierno cubano sobre la situación de los médicos en misión, por considerar que se estarían violando la Convención sobre esclavitud de 1926, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los Convenios 29 sobre trabajo forzoso y 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de la OIT.

Mal hizo el joven alcalde en dar rienda suelta a sus inclinaciones ideológicas, al abrigo de la pandemia, lo que desdice de la imagen de prudencia, precaución y diligencia que se empeñó en construir desde el inicio de su mandato. Segundado por el alcalde de Cali, el gobernador del Magdalena y todos los conspicuos políticos admiradores y tributarios del régimen totalitario cubano, tuvo que dar marcha atrás, con el costo de haber revelado atolondradamente sus inclinaciones y solidaridades políticas y de afectar la credibilidad requerida para llevar a buen término el combate en contra del mortífero virus. Se matriculó, sin que nadie se lo pidiera, en la versión más anacrónica de la izquierda, que sólo subsiste hoy en Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Sin quererlo, nos ahorró la manipulación por parte de agentes de inteligencia cubanos de esos galenos, constreñidos al adoctrinamiento de nuestra población vulnerable en los postulados del socialismo del siglo XXI.   

Diabólicas maniobras contra los pueblos azotados por covid 19

Por: Bernardo Socha Acosta

Nadie, por más indignación que produzcan los hechos,  puede entender, porqué, si tanto el gobierno como las organizaciones científicas  de la medicina y la salud,  repiten a cada minuto que para controlar el contagio del Covid 19 se debe cumplir una serie de protocolos, como el tapabocas, por qué no se encuentran para la venta en droguerías, farmacias, supermercados y mucho menos en las tiendas de los barrios.

Cómo entonces las personas pueden auto-protegerse de la pandemia, cuando ni siguiera el gobierno toma medidas para que estos elementos, puedan ser adquiridos. Pero, si se logran encontrar tras realizar operaciones de búsqueda por internet, se encuentran pero a unos precios que no están al alcance de los consumidores y los distribuidores que son muy pocos, alegan que  son esos los precios, porque tienen que ser importados. Pues los precios de los tapabocas se convirtieron en un artículo de lujo. Por el momento se encuentran pero después de hacer miles de maromas  y  pasando de costar, antes de la pandemia, $12.000  la caja de 50 unidades, a un costo de $50.000 y más, por la misma cantidad.  Y hablando de tapabocas, hay empresarios de la confección que viendo la situación en la que estaba el país y para mantener las nóminas, cambiaron de línea de producción, por la de tapabocas, se endeudaron y ahí están vía al fracaso, porque el gobierno prefiere importar los tapabocas, -que hasta de mala calidad son-, que comprar la producción nacional. Y, repetimos, los importa,   pero aún no se encuentran a la venta por ninguna parte. Entonces, cómo quiere que la gente se proteja.

Aquí, con estas acciones, es donde, nos obliga a darle crédito a quienes aseguran a pie junto, que el gobierno (o los gobiernos) y las organizaciones científicas de la salud, se convirtieron  en unos espectadores cómplices de la PANDEMIA, porque lo único que al parecer protegen es, la gallinita de los huevos de Oro que está enriqueciendo a los poderosos que fabrican todos esos elementos (por demás costosos) para atender a la población infectada. Es que el maldito virus que se convirtió en la desgracia de los pobres, ha sido el mejor invento  para, por un lado acabar con un poco de seres humanos  quitándoles la vida y por otro, quienes logran defenderse del ataque, son llevados a la mendicidad extrema, para finalmente dejar un saldo muy privilegiado de ricos super-poderosos que han venido aumentando sus  fortunas en forma incalculable, y todo con el sufrimiento  y la vida de una inmensa franja de población que tiene que soportar toda clase de embates.

Pero, lo del refrán de la gallinita de los huevos de oro, no se queda ahí. Porque llegó la pandemia y tras muchas muertes en diversos países y sobre ellas la realización de muchos estudios, diagnósticos y experiencias, un buen número de médicos con sentido humanitario y gran nivel científico,  hizo reveladores dictámenes con medicinas de emergencia,  sobre la forma que se podía atender a los pacientes contagiados –ante la falta de una vacuna- y que no sufrieran otras patologías, para poderlos aliviar del ataque del Covid 19,   pero estos médicos y sus recomendaciones farmacéuticas fueron  subestimados por las organizaciones científicas y detrás por algunos gobiernos que más que defensores de su pueblo se pusieron del lado de quienes rechazaron una posible fórmula para salvar vidas.  Y esos gobiernos prefirieron apartarse de suministrar una ayuda a tiempo a los pacientes, para dejarlos que el virus invadiera la mayor parte de los órganos, de manera que necesitaran ser llevados a Cuidados intensivos donde necesitaran respiradores artificiales que debieron ser importados a costos increíbles, porque al parecer los que formularon, diseñaron  y construyeron los laboratorios de muchas universidades del  país, (para el caso de Colombia) no fueron avalados por la organización  encargada de dar el visto bueno, en una actitud -pareciera- cómplice para que la importación de esos elementos no quede a mitad de camino y el propósito de los grandes fabricantes si cumpla sus objetivos. De razón que versados críticos en la materia califican todas estas maniobras como la diabólica burla y subestimación por parte de los poderosos y sus aliados, contra una sociedad que hoy  con la pandemia del Coronavirus le tocó la peor suerte y sin la menor posibilidad de defenderse, porque quienes tienen la ‘sartén por el mango,’ aseguraron la fórmula de cómo torturar y esclavizar a un pueblo inerme que no   tiene la mínima posibilidad de protestar públicamente, sopona de morir humillado, con el peor arma del virus, Covid 19.  

Y, finalmente digamos que,  pareciera que la sentencia es morir envueltos en las perversas maniobras de quienes todo lo pueden ante el mundo y sus aliados, porque las organizaciones encargadas de velar por la salud y el bienestar de los pueblos, no dan una sola muestra de avalar ninguna de las fórmulas farmacológicas  que han propuesto prestantes médicos que han visto factible que algo se puede hacer cuando la vida está en peligro, pero ante la negativa de las altas esferas, nadie se atreve  a contradecirlos de frente, ante la mirada afligido de quienes claman mejoras de salud, que no les queda otra alternativa,  sino, morir esperando un medicamento de  ayuda, o  definitivamente auto-medicarse, porque no hay más que hacer. Triste final para los enfermos de Covid 19...

Correo: bersoa@hotmail.com

El valor de la palabra de obispo

         Mario González Vargas

Resulta ilusorio pensar que los efectos de la pandemia del COVI-19 lograrían desvanecer los distintos problemas que confronta el país. Nos lo ha recordado el Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, con su ominosa declaración en la que atribuye al gobierno de Iván Duque “una venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el Eln (...) para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia”. Se trata de la imputación del más grave de los delitos contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, que por su propia gravedad y naturaleza no puede formularse simplemente por sentimientos de animadversión política, por quien se halla investido de la labor de propagar el evangelio y con ello promover la reconciliación entre los colombianos. Por ello, le asiste la obligación de presentar las pruebas que sustentarían sus graves afirmaciones, o una honorable retractación, con propósito de enmienda, para no verse incurso en diligencias judiciales por razón de su intemperancia. Le convendría al Arzobispo desistir de su carácter de militante para sumarse a la búsqueda de la paz que nos compromete a todos, incluida la Iglesia de la mayoría de los colombianos.

 

El acuerdo de paz con las FARC-EP, a pesar de la ilegitimidad de origen que lo afecta por decisión de la voluntad popular, ha venido ejecutándose con las naturales dificultades propias de los acuerdos de su misma naturaleza. El mayor desafío que hoy confrontamos es el de las Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el dominio de territorios en donde compiten por los réditos del narcotráfico y ejercen, en ausencia de la institucionalidad, un brutal control sobre las comunidades que tienen que padecer el dantesco terror del que son víctimas. Todas ellas, y especialmente el ELN y las disidencias de las FARC, son engranajes de un escenario geopolítico para consolidar el poder dictatorial de Maduro y la supervivencia del régimen castrista en Cuba. Representan el mayor desafío a la soberanía, seguridad e integridad territorial que jamás haya confrontado Colombia desde los días de su independencia. La respuesta no puede centrarse en una negociación con el ELN, tan proclive a desgastar a los gobiernos en tratativas prolongadas que abandonan a su antojo y conveniencia. Implicaría eludir y posponer la presencia activa de la institucionalidad en todo el territorio nacional y que hoy constituye la ineludible obligación del Estado Colombiano. Consolidar el Estado Social de Derecho es tarea imprescindible para la seguridad, la justicia, la cohesión y solidaridad sociales, el desarrollo económico, las libertades y la provisión igualitaria de los servicios del Estado a todos los ciudadanos. Permitiría sembrar semillas de paz en los territorios y en las comunidades más violentadas por la criminalidad que nos ha afligido por décadas. Es una tarea irrenunciable, porque de ella depende el futuro de la Nación. La paz requiere el imperio de la ley en todo el territorio. Esperemos que así lo entienda Monseñor Monsalve para que su palabra recobre consideración y respeto.