El atropello miserable que traerá la Reforma Tributaria

 Por: Bernardo Socha Acosta

La mayoría de los colombianos se sienten ofendidos con la actitud del presidente de la república que intenta hacer creer y pasar por el Congreso de la república un proyecto de Ley de REFORMA TRIBUTARIA, con el engaño de un proyecto de solidaridad. 

En este proyecto   como en otros de este carácter, lo único que ha hecho el gobierno es rebajarles obligaciones tributarias a los grandes capitales y condenar a las familias trabajadoras a pagar más impuestos para cubrir la fronda burocrática y tapar los huecos que han dejado los ladrones de cuello blanco que han esquilmado o devorado el dinero que pagan los pobres en impuestos.

Para que la Reforma Tributaria que está promoviendo el gobierno  no se convierta en el mayor caldo de cultivo de un ALZAMIENTO POPULAR,  esa reforma deberá seguir las recomendaciones que hicieron el Fondo Monetario Internacional –FMI- y la CEPAL, en el sentido de gravar los patrimonios de los más ricos.

Los expertos en materia tributaria han dicho que en esta reforma se deben establecer impuestos al patrimonio que sean de forma progresiva y por encima del 1% que es el actual. Los analistas sostienen que los RICOS en Colombia no pagan tasas ni siquiera del 10%.

Aseguran igualmente los expertos que la actual estructura tributaria, está diseñada para que los pobres paguen más que los ricos.

El estudio de la comisión de expertos reseñando un gráfico (no está aquí) dice …

Los de menos ingresos pagan un poco más que personas de ingreso medio, la primera señal de inequidad. La línea muestra que los más ricos de los ricos pagan renta, un valor cercano al 2 por ciento de sus ingresos. El mismo porcentaje que pagan los contribuyentes que ganan un poco menos…

En el artículo publicado por la Silla Vacía, se afirma…

Agujeros del sistema y trampas

La principal razón por la que los más ricos terminan pagando menos impuestos que los de menores ingresos, tiene que ver con que los ingresos de unos son distintos a los ingresos de los otros, y se gravan de manera distinta. En particular, entre más ingresos tiene un contribuyente, menos depende de su salario, y más de lo que la Dian llama ingresos no laborales.

Es tanta la desproporción tributaria que hay en Colombia, que un artículo de la experta, María Carolina Ramírez Bonilla, publicado en la República, sostiene que Los impuestos que pagan los ricos no representan ni 5% del valor de su renta. La misma experta observa cómo es este tratamiento en los Estados Unidos y Europa, donde hay equidad tributaria.

Frente a todos estos argumento y consideraciones, los colombianos le piden al primer mandatario de la nación, que no los pretenda engañar, poniéndole nombres sofisticados a la Reforma tributaria y si ha de ser para esquilmar aún más a los pobres, que desista de un proyecto que resulta inapropiado en medio de la situación que viven países como Colombia, debido a la pandemia.

Con el interés que el presidente le ha puesto al proyecto de Reforma Tributaria, pareciera que no ve la hora de sacarle más impuestos al pueblo y llevarle más beneficio y riqueza a los grandes capitalistas.

Ahora solo falta que el Congreso de la república respalde semejante despropósito del gobierno, de atropellar los más desprotegidos, que son, un 70% de colombianos a quienes les ha caído toda clase de plagas, incluyendo las pasadas Reformas Tributarias que ya aplicó este gobierno y que, como si fuera poco, quiere seguir congraciándose ante los poderosos y descargando sus desmedidos apetitos feudatarios contra el pueblo trabajador que muchas veces tiene que pasar hambre y ver con tristeza cómo cada día se suman en la peor miseria. Esquer pretender con esta Reforma cobrarle impuestos a una persona que gane más de 2 millones de pesos mensuales, es la más clara demostración de atropello MISERABLE.

bersoa@hotmail.com

Herramientas para una Paz amenazada

Mario González Vargas

El régimen dictatorial de Maduro, Diosdado y sus congéneres representa la mayor amenaza a la paz y seguridad hemisférica que se supone no podría enfrentarse y resolverse con los instrumentos que sirvieron para lograr la resolución del conflicto centroamericano y la paz duradera en esa región. Los acuerdos de Esquipulas y la creación del Grupo de Contadora fueron posibles porque se fundaron en el principio de que la resolución de los conflictos regionales correspondía prioritariamente a sus protagonistas y a los estados regionales con intereses en la consecución de la paz.

Hoy prevalece un escenario de confrontación orbital que favorece y estimula la intervención de potencias extra continentales en conflictos regionales, lo que supedita y somete cualquier solución a intereses y objetivos que desbordan los de sus directos protagonistas. La inicial participación de Cuba en las decisiones y actitudes del régimen chavista, se vio prontamente acompañada por la intromisión de Rusia, China, Irán, Turquía y la organización terrorista de Hezbollah, que no solo altera fundamentalmente los equilibrios e impacta la seguridad hemisférica, sino que también sustrae de las eventuales soluciones a quienes padecen los efectos directos del conflicto. El retiro de Argentina del Grupo de Lima y el prolongado silencio de éste, al tiempo que se aumentan las tensiones a lo largo de la extensa frontera colombo venezolana y la migración a distintos países del continente, son claro indicio del sentimiento de repliegue que asoma entre algunos de sus gobiernos. A ello, se suma la aparente indefinición del gobierno estadounidense ante una situación que le atañe directamente y susceptible de complicar un contexto de por si complejo para la seguridad en el hemisferio.

Colombia debe procurar una lectura acertada de la situación. La acción militar de las fuerzas del régimen de Maduro en el estado de Apure contra supuestas disidencias de la Farc que ellos prohíjan, unida a las expresiones belicosas del Diosdado Cabello y del canciller Arreaza, más que despertar interrogantes generan inquietudes por su lenguaje amenazante que no debe seguir desestimándose como retórica de aprendices de sátrapas, porque pueden reflejan un sentimiento de pérdida de control. Acudir a la comunidad internacional debe tener en cuenta los fracasos sucesivos de la ONU en sus misiones de paz y la reiterada incapacidad de la Unión Europea para asumir posición frente a situaciones de interés primordial, como el de la agresión a Armenia por Azerbaiyán o el de la amenaza del presidente de Turquía, Erdogan, a Grecia y Chipre en el mediterráneo oriental. La diplomacia eficaz se nutre de antecedentes susceptibles de incitar la adopción de nuevos tratados o de fortalecer la aplicación de los existentes. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ya en aplicación en el caso del régimen venezolano, contiene las normas aplicables a eventos como el que enfrentamos para conjurar agresiones y belicismo, sin olvidar que la prudencia y la capacidad de disuasión diplomática y militar constituyen las mejores herramientas preventivas a la conservación de la paz. Ellas existen para ser aplicadas y deben desplegarse sin tardanza.

La Disyuntiva en las Elecciones del 2022

Mario González Vargas

En medio del torbellino de violencia que sacude al país, resulta aconsejable interrogarse sobre los alcances del acuerdo de paz suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Frarc-Ep, supuestamente diseñado para poner fin a décadas de confrontación armada y proveer a Colombia de los beneficios de una paz duradera y sostenible. Ese cautivante espejismo sirvió de falaz justificación para desconocer el resultado del plebiscito y la adopción del “Fast Track” para la conversión de sus disposiciones en normas constitucionales teóricamente destinadas a convertirnos en un paraíso de paz, y fraternidad.

El resultado no pudo ser más frustrante, como que las desproporcionadas concesiones consentidas a las Farc se materializaron en sistemáticos incumplimientos y nueva violencia, tan cruenta como la vivida por décadas, pero más esparcida por el territorio que el gobierno Santos no quiso recuperar para la institucionalidad, y que se vio cooptado por nuevas organizaciones criminales que se disputan el control de las rentas del narcotráfico, potenciadas por los perversos incentivos a los cultivos ilícitos pactados en la Habana y por la injerencia, complicidad y protección brindada por el régimen de Maduro, hoy la mayor amenaza que confronta la seguridad nacional. Ello atrajo a los más ambiciosos de las filas farianas, que prefirieron sumar esos nuevos réditos a las cuantiosas sumas legalizadas a la sombra del acuerdo de paz, con las que se contentaron los que, como Timochenko, optaron por un dorado retiro de la actividad criminal. Estos últimos, sumaron la formación de un partido político, curules en el Congreso e impunidad a sus delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, dispensada por una justicia diseñada con ellos y para ellos. Todo ello explica sus incumplimientos a las obligaciones contraídas en el acuerdo firmado, seguros además del desinterés de la comunidad internacional que prefiere pasar la página y enfrentar los nuevos retos globales que la acechan. Nada de verdad, ni de reparación, ni de garantías de no repetición pueden esperarse de ellos, porque se sacrificó la justicia, hoy además politizada y cuestionada por los sesgos y afinidades ideológicos que la rondan. Paz fallida y crisis institucional fueron sus secuelas.

El país está abocado a un realismo que le permita saldar sus deudas y discrepancias con lo acaecido. No tiene sentido continuar confrontándonos sobre el pasado que nos agota cuando las exigencias y los retos obedecen a realidades cambiantes y apremiantes. Urge sobreponernos a los problemas que nos dividen para comprender el mundo que está surgiendo, si no queremos padecerlo. Solazarnos en la judicialización de la política y en la politización de la justicia es la mejor receta para el desastre. No existe opción distinta a la de vencer a la criminalidad, controlar el territorio, recuperar la credibilidad de la justicia, fortalecer la seguridad nacional y las instituciones hoy alicaídas y recobrar la confianza ciudadana, para consolidar el régimen democrático y aportar consensos y legitimidad al nuevo gobierno. Estos, más que necesarios, son hoy indispensables si queremos tener futuro. Será la disyuntiva en las próximas elecciones.

Que la Corte Suprema dé ejemplo

Mario González Vargas

En medio de la profunda crisis ética que sacude a la Corte Suprema de Justicia, no se entiende que su presidente decida terciar maliciosa e intempestivamente en unas diligencias judiciales que ahora escapan a su competencia, y en las que se declaró impedido cuando cursaron por su despacho. En sus engañosas declaraciones, no contento con descalificar a priori el trabajo de la Fiscalía, cuyos argumentos solo se conocerán en la audiencia programada por la juez de conocimiento para el 6 de abril de 2021, la síndica de contubernio con la defensa, contra la que también arremete por supuesta violación de la reserva sumarial, actitud que evidencia cuando menos confusión, por no decir ignorancia del sistema acusatorio.

Nada tenía que decir el magistrado Hernández y al hacerlo violó intencional y descaradamente sus obligaciones y deberes de imparcialidad e independencia, consustanciales a la recta administración de justicia y por ello a su indeclinable legitimidad. Sus afirmaciones constituyen reprobable e inaceptable intimidación a la juez competente y a su independencia, por ser ella subalterna suya en la organización jerárquica del aparato judicial colombiano. Con ello, solo revela sus pasiones políticas, sus sesgos ideológicos y las malquerencias que ellos engendran, que con anterioridad había desplegado, junto a su colega Barceló en insólita entrevista en reconocida cadena televisiva. No es ese comportamiento correcto, aceptable y legitimo en quien desempeña la presidencia de la más alta Corte de la Jurisdicción Ordinaria en Colombia.

Con su indebida e inapropiada intervención no solo vulneró la garantía constitucional al debido proceso, derecho fundamental de todo ciudadano inmerso en procedimientos judiciales y administrativos en Colombia, sino también los estándares internacionales sobre independencia judicial reconocidos por la ONU, y con ello pretendió afectar la integridad moral de la Fiscalía y de la defensa, lo que al menos constituye falta disciplinaria gravísima a título de dolo. No se trata de un desliz ocasional, sino de una actitud que riñe con los más altos estándares éticos y profesionales de quien ostenta la representación de la Corte Suprema de Justicia y que contribuye al malhadado declive de la institución que hoy sospecha con inquietud la ciudadanía colombiana. 

Es, por lo tanto, una actitud que no se debe pasar por alto. Vivimos ciertamente tiempos de incertidumbre que reclaman conductas apropiadas y legitimas en quienes integran y conducen las instituciones colombianas. Tiempos azarosos exigen personas que en sus conductas obedezcan a las más altas cumbres de probidad, competencia, saber y capacidad para mantener la cohesión de la nación. No podemos resignarnos al manejo errático de las autoridades en quienes depositamos la capacidad de preservar la integridad de nuestras instituciones, fortalecer nuestra democracia, consolidar nuestros derechos fundamentales y auspiciar tolerancia, dignidad y convivencia entre todos nosotros.

Este lamentable episodio debe responderse no solo con la audiencia el 6 de abril que nos confirme la majestad, imparcialidad, independencia y legitimidad de la justicia, sino también con las decisiones internas de la Corte Suprema de Justicia para que no se repita en el futuro

La Conducción Legitima de las Hostilidades

Mario González Vargas

El reciente de bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc-Ep al mando de alias “Gentil Duarte” que produjo 12 bajas en las filas de la organización criminal, entre ellas al menos la de un menor de edad, revivió la controversia sobre la legalidad de operaciones armadas en las que resulten comprometidos menores de edad víctimas del delito de reclutamiento de forzado por parte de sus captores.

Con el objeto de hacer claridad sobre la legitimidad de la acción militar y responder a las falaces opiniones de sus críticos, conviene hacer claridad sobre el marco normativo aplicable a esas operaciones. En el ordenamiento interno, el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código Penal prohíben y sancionan el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales. Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el reclutamiento de los menores de 15 años en los conflictos armados, tipificado por el Tratado de Roma como un crimen de guerra no susceptible de amnistía e indulto.  Y los Protocoles adicionales al Convenio de Ginebra regulan los principios rectores y la conducción de las hostilidades en los conflictos armados de carácter internacional o interno, que atañen al objetivo militar, al concepto de ventaja militar y a los principios de distinción y de proporcionalidad en el ataque. Todos ellos fueron debidamente observados por las Fuerzas Mllitares. El principio de distinción obliga a las partes a diferenciar siempre entre población civil y combatientes y a no dirigir ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. El reclutamiento de menores conlleva el constreñimiento a la víctima para participar activamente en las hostilidades y la convierte en objetivo militar, como que su baja, neutralización total o parcial, o captura, ofrece una ventaja militar definida. Son objetivos militares legítimos las posiciones que alberguen combatientes, sus materiales y armamentos, medios de transporte y comunicaciones militares. Hubo proporcionalidad en el ataque porque no hubo muertos ni heridos entre la población civil, ni daños a bienes civiles que hicieran excesiva la ventaja militar concreta y directa prevista.

Toda la algarabía que se ha nuevamente desplegado apunta maliciosa y simultáneamente a acrecentar el oprobioso reclutamiento de menores con la finalidad de levantar escudos humanos que impidan las acciones militares de la fuerza pública. Constituye la más atroz y vituperable estrategia de los delincuentes para proteger sus vidas y acciones violentas, mediante el sacrifico de vidas inocentes, sea por canalla ajusticiamiento o por su conversión en carne de cañón.  La inmensa mayoría ni siquiera alcanzará a conocer el triste destino de “Gabino” y del mismo “Gentil Duarte” reclutados cuando niños y hoy avezados criminales protegidos por una cohorte de antiguos subversivos o sus cómplices, que ahora pretenden fungir como los adalides de los derechos humanos y de la democracia.

El ministro Molano ha dado muestras dicientes de su carácter y determinación que alimentan la confianza ciudadana en la posibilidad de lograr una paz hoy inconclusa, pero no inalcanzable.  

Superar la Estrategia del Caracol

 Mario González Vargas

En las elecciones del 2019 las victorias de los candidatos alternativos, principalmente las logradas en Bogotá, Medellín y Cali, suscitaron la percepción de apertura en el escenario político colombiano. Fueron celebradas con bombos y platillos, replicadas por la mayoría de los medios y consideradas por comentaristas y usuarios de las redes sociales como el advenimiento de una nueva época en el manejo de la política y del poder. Hoy, esa efervescencia se ha diluido en un sentimiento de desencanto generalizado, por cuenta de erráticas decisiones y de la ejecución de agendas que permanecieron ocultas en el trasegar de las campañas.

Claudia López ha resuelto controvertir en vez de gestionar y administrar. Enfrentó la pandemia con improvisaciones que pretendió ocultar con su permanente rencilla con el presidente y su gabinete, actitudes que siguen cobrando vidas en la ciudad y que representan la mayoría de las muertes en Colombia. La seguridad ciudadana se descompuso al ritmo de su inquina con la Policía, cuya labor sistemáticamente obstaculiza y procura demonizar y deslegitimar. Los subsidios y ayudas se entregan a manera de dádiva y sus destinatarios son reprendidos y humillados en el ejercicio de sus labores de subsistencia. La ejecución de sus programas se concentró en superar a Petro en el reparto de mermelada y su único galardón ha sido el de sus retractaciones por mandato judicial.

El novel alcalde de Medellín no obra por impulsos temperamentales, sino con el claro propósito de subsumir lo privado en lo público en obedecimiento a su credo ideológico, mediante la ejecución de las herramientas procedimentales necesarias para tal efecto. No importa que con ello amenace la prosperidad de la ciudad construida gracias a la colaboración del sector privado en la realización de las políticas públicas y en la satisfacción de los servicios al ciudadano. Allí, ni el alarde tecnológico del alcalde logró contener la propagación del virus y su enorme costo en vidas. Allí, también, revivió la mermelada que se dispensa a raudales a quienes comparten su agenda y objetivos, sin que tampoco lograra combatir la inseguridad y la delincuencia que diariamente golpea e intimida al ciudadano.  

En Cali, el alcalde ha resuelto espantar los flagelos del virus y de la inseguridad con otros programas, pero igualmente ineficientes, buscando conjurar sus efectos con un relajamiento permisivo ante la fiesta y la rumba, seguramente considerados antídotos ante las amenazas presentes.

Las políticas en las tres ciudades parecen la aplicación de la “estrategia del caracol” que permite el desmantelamiento de la casa, con conservación de su fachada, hasta la hora de su destrucción final. Podría inspirar las propuestas presidenciales progresistas en las que Colombia Humana suscita miedos y la batuta indecisa y etérea de Fajardo despierta incertidumbre, porque en esos lares el canon ideológico prima sobre la realidad.

La paz no se decreta, se construye. Crear normas y situaciones pétreas equivale al imposible esfuerzo de detener el futuro. Necesitamos un acuerdo que permita reconciliar el pasado reciente con las exigencias del futuro inminente.           

Luces y Sombras de las Elecciones del 2022

Mario González Vargas

El llamado reciente a la conformación de una amplia baraja de precandidatos a la presidencia de la república ilustra bien las incertidumbres y desafíos que marcarán un proceso inédito, muy diferente a los que se vivieron en pasadas coyunturas. Hoy, no solamente se exige respuesta certera a la imprevisible y costosa pandemia que afecta a toda la humanidad, sino que también se confrontan pesadas herencias que dificultan las respuestas transformadoras que demandan sociedades impacientes en la procura de nuevos horizontes.

Todo ello demanda nuevas visiones y estrategias que apenas se perciben, pero que determinarán para bien o para mal el futuro del país, y explican la elaboración de nuevos temarios y la configuración de las etapas del proceso y de las reagrupaciones de las fuerzas sociales y políticas y sus expresiones partidistas. La confrontación se dará, no solamente en los temas de urgencia manifiesta, como la vacunación y reactivación económica, o el flagelo de la corrupción, o las amenazas crecientes a la seguridad ciudadana y nacional, o la ausencia de control del Estado de todo el territorio y su monopolio de la fuerza legítima, o el desarrollo regional y las autonomías requeridas, sino que también estará inscrita en un tinglado global de choques de culturas y civilizaciones a las que parece imposible escapar.

Difícil será reducir el escenario a conceptos de un pasado que expira, como los de izquierda, centro y derecha, o a personalizaciones en nombres de líderes políticos, por importante que sean, porque hoy dificultan los acuerdos para dar solución a las urgencias presentes y con ello debilitan la identificación y comprensión de los cambios que asoman.

Esta parece ser la tendencia que prevalece en la nómina y propósitos de los que asoman a candidatos a la primera magistratura, con excepción de Colombia Humana que insiste en caudillismo y populismo como instrumentos de campaña y de gobierno. El Conservatismo acaba de sumar cinco nombres a la lista ya conocida del Centro Democrático, a la de importantes exgobernadores y exalcaldes voceros de regiones del país, al nombre de la directora del partido de la U, elenco que podría verse acrecentado por otras postulaciones que reforzarían el carácter nacional de su presentación y enriquecerían la calidad de la oferta programática que resulte de su proceso de escogencia. Por su parte, la Alianza Verde, sectores disidentes del liberalismo y el excandidato Sergio Fajardo, exploran mecanismo de escogencia de su candidato y trabajan en la elaboración de una plataforma común.

Estas circunstancias indican el acertado comienzo de un proceso democrático de escogencia de candidatos, representantes de vastos sectores de opinión, que aporta legitimidad y libertad al certamen electoral, que tendrá que confrontar y superar las amenazas que se ciernen por la intromisión disruptiva por parte de organizaciones políticas internacionales como de estados hemisféricos, unidos por intereses ideológicos que pretenden universalizar. Es la amenaza naciente de un Estado Global con una ideología global y un gobierno de igual naturaleza que responde a una utopía en el pasado derrotada, pero no extinta.

El afán politiquero en iniciación de la vacunación covid

Por: Bernardo Socha Acosta

Como si fuera poco lo que ha sufrido la comunidad colombiana, esperando las dichosas vacunas contra el Covid 19, la jornada para su aplicación se ha convertido en un repugnante y putrefacto show politiquero en el que los medios de comunicación desgraciadamente cayeron en el juego para llevar las irónicas, satíricas y sarcásticas imágenes de quienes posaban y hasta portaban efigies de quienes precisamente nada buenos recuerdos le han traído al país.

Es que nadie puede ni soportar ni imaginarse semejante despliegue publicitario, que quizás le hizo más daño que beneficio a los medios televisivos, porque muchos colombianos ya cansados de escuchar y de ver tanta propaganda  y pocos resultados, preferían no mirar esos espacios  y apagar sus equipos.

Ver a todos los políticos de los partidos de gobierno posando como concursantes de algo que, en cambio de simpatizar, repudiaba a los ciudadanos, no se había visto jamás en Colombia.

Es que no se justificaba que hicieran semejante desplazamiento de comitivas hacia departamentos, no precisamente de los que padecen de aislamiento gubernamental, como el Chocó y el Cauca, sino a otras zonas.

Pero el sitio donde se iniciara la aplicación de las dosis de la vacuna, era lo de menos. Lo repugnante para los colombianos fue ver cómo se hizo meloseria política con propósitos maquiavélicos.

Y las aplicaciones de vacuna que se está haciendo es para personal ubicado en la primera línea de la situación de la pandemia. Si el afán politiquero sigue descarándose y no hay nada ni nadie que lo vigile, no se sabe a dónde vamos a llegar los colombianos en esta jornada que busca controlar uno de los contagios más mortales que se haya visto en la historia del mundo.  

Los colombianos temen que la bárbara y desaforada politiquería en este país, resulte siendo más mortífera que la misma pandemia de coronavirus.

bersoa@hotmail.com

Este video de Daniel Samper es la más viva y cruda realidad que adjuntamos por ser tan didáctico. Este es el enlace al video:  https://fb.watch/3QQYOFYeEK/

Los objetivos perversos de un memorando

Mario González Vargas

Cuba, desde el ascenso al poder de Fidel Castro, ha ejecutado una política intervencionista y terrorista en toda Latinoamérica que le garantice supervivencia más allá de los cambios que se surtan en el escenario mundial. Fue el difusor de la utopía comunista y protector y abastecedor de las guerrillas que se conformaron en el marco de la Guerra Fría, sin que la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la URSS alterara su actitud. Apadrinó a Salvador Allende en Chile, aleccionó y adoctrinó al Frente Farabundo Martí en el Salvador, al Sandinisno en Nicaragua, a la UNRG en Guatemala, al ELN, las FARC-EP y el M-19 en Colombia y estableció filiación paterna con Hugo Chaves y Maduro en Venezuela. Supo ajustarse a los procesos de paz en Centroamérica y Colombia, trocando las armas por astuta diplomacia, que lo convirtió en impulsor malicioso de negociaciones de paz en el caso de Colombia y las Farc.Ep, y en garante parcializado en las fallidas negociaciones de Colombia y el ELN. No cabe duda de que entendió que en la política exterior están vedados los sentimientos y prevalecen siempre los intereses.

Por ello, sorprendió el reciente memorando del embajador cubano en Colombia, en el que alertaba al gobierno sobre un supuesto ataque del ELN en Bogotá, cuya “verosimilitud” no estaban en condiciones de evaluar, pero con la salvedad de que “la delegación del ELN en la Habana no tenía ningún involucramiento en las decisiones militares”. Llama la atención el inusual comportamiento del embajador, un avezado personaje en tareas de inteligencia, quien, al develar la ignorancia de sus huéspedes en las decisiones militares de su bandería, los descalifica como negociadores de paz. También asombra que se negara a aportar cualquier información adicional a la cancillería colombiana, lo que a todas luces constituye una actitud “inaceptable”.

¡Que pretende el gobierno cubano? La respuesta no será reverdecer el amor de Cuba por la paz en Colombia, como pretenden los conspicuos representantes del progresismo colombiano en sus frecuentes trances de irreverente cinismo. Convencer a los Estados Unidos de que Cuba no es un Estado terrorista, requiere mucho más que la divulgación de una noticia sin información que le confiera, aunque sea, apariencia de veracidad. Inducir a Colombia a no insistir en su solicitud de extradición de los capos elenos consentidos en la Habana, sería pueril iniciativa impropia de la experiencia y malicia del régimen dictatorial cubano. Convencer a Colombia de la división de los órganos de mando elenos, equivaldría a hacer inviable cualquier negociación.

Todo indica que esta pantomima sólo pretende levantar una cortina de humo sobre las permanentes actividades de inteligencia que ejercen Cuba y Venezuela en Colombia, con el apoyo del saber ruso, para intervenir en las elecciones de 2022 y alterar el escenario geoestratégico de la región, como ya se observa en Ecuador, Perú y Chile. El gobierno colombiano cuenta con información de inteligencia que confirma acciones y objetivos. Le corresponde ejercer liderazgo para impedirlo.     

La violencia en las ciudades con atracos y asesinatos

Por: Bernardo Socha Acosta

Cerrar los ojos a la realidad, es el peor de los engaños que persona alguna puede cometer frente a sí mismo, o frente a la familia y mucho peor frente a una sociedad que se debate en situación de violencia nacional, como la que estamos viviendo ya en las grandes ciudades con los atracos y asesinatos permanentes de tantos personas y parece que no pasa nada.

A pesar de la teoría neuronal, en el sentido de cerrar los ojos  para poder ver mejor las cosas con el corazón, para muchos políticos que están dominados por la avaricia de poder y la fama, no les funciona esta teoría, porque están embelesados mirando un poco con retrovisor y otro tanto con una lupa engañosa, empeñados en promover sus propios intereses y hasta hacer juicios que falsamente les trae réditos,  que no les sirve sino para entorpecer lo poco que tratan de proyectar, algunas pocas personas de la frondas burocráticas que actúan con sensatez.

En nuestro país es lo que a menudo ocurre y  quienes están frente al poder, ya sea en el legislativo o en la rama ejecutiva,  cierran los ojos y se olvidan de sus obligaciones y de lo que está pasando en el territorio y se ofuscan cuando alguien se atreve a mostrar la realidad nacional, en cambio de aceptar que están ocurriendo hechos muy graves y que se requiere, no de actuar independientemente, sino en un gran bloque multipartidista y gremial, como lo han propuesto visionarias personalidades que tienen toda la experiencia en la gobernabilidad.  Pero infortunadamente la arrogancia, la petulancia y el falso orgullo, impide que las cosas buenas ocurran.

En el poder ejecutivo no se ha querido aceptar que amplias zonas del territorio colombiano estén amenazadas por hechos violentos, hechos de los cuales no se puede cerrar los ojos. Las grandes ciudades están en manos de las más peligrosas bandas de hampones que roban y que matan sin que haya una actuación sensata de las ramas del poder. ¿Están adormecidos? O, más bien pareciera que actuaran en actitud cómplice, que nadie podría creer.

Lo que está ocurriendo en las grandes ciudades  es el apocalipsis de la gravedad, de lo que puede provenir, si no se actúa a tiempo para evitar que los males prosperen. Esas graves y peligrosas amenazas, tienen que ver con una eventual forma de defensa personal violenta, lo que provocaría un descuaderna-miento de las instituciones. Volveríamos a la triste conformación de escuadrones de defensa contra el hampa, que   surgirían, si no hay respuesta oportuna de las autoridades.

La policía sola no puede hacer nada, los fiscales tampoco, y los jueces están maniatados, con unos vetustos códigos que teóricamente defienden a la delincuencia mientras el país va al abismo. 

Y los integrantes de las ramas legislativa y ejecutiva,  como son los privilegiados de la sociedad de nuestro país que se desplazan por donde quieran en carros blindados, cierra los ojos y dicen que no está pasando nada, mientras la problemática crece y se represa. Qué pasará cuando esta situación no aguante más, porque hemos cerrado los ojos desgraciadamente a la realidad.

Los gobiernos de turno no pueden darse el lujo de considerarse autosuficientes para enfrentar el cúmulo de problemas que vive un país como Colombia. Rechazar una oferta de colaboración de sectores que por la experiencia tienen mayores propuestas, no es sensato ni acorde con las necesidades.   

Y, ya que hablamos de la actualidad nacional, con su nefasta problemática y con el respeto que se merece un jefe de estado, produce cierta desazón cuando nuestro presidente hace sus alocuciones y tras mostrar solo las bellezas de Colombia, en algunas de sus intervenciones, en cambio de reseñar el realismo de lo que vivimos, mira el retrovisor y dice con notoria presunción, que en este gobierno se ha hecho esto y aquello… sin esperar a cambio premios… A qué se estará refiriendo… Cualquier ciudadano desea es que un jefe de estado, entre más cosas buenas haga, muestre más humilde y espíritu de servicio por su pueblo.

bersoa@hotmail.com       

Un informe inane para un futuro incierto

Mario González Vargas

La misión internacional de expertos conformada por la OMS, acaba de entregar su informe sobre los orígenes de la pandemia que todos padecemos, sin lograr resultados concretos que expliquen la aparición del virus y contribuyan a su erradicación. A decir verdad, no se esperaba mucho de las conclusiones de la misión en razón del elevado escepticismo que afecta a la OMS, considerada una institución ineficiente y politizada, y en virtud de la cantidad de condiciones exigidas por la China cuya satisfacción fue necesaria para la concesión del permiso de ingreso a su territorio. Las conclusiones del informe confirmaron con creces estas percepciones, como que en ellas no se determinó el origen del virus, que sigue siendo un misterio, solo se formularon hipótesis y sugerencias que poco o nada responden al objeto de su misión, y únicamente se afirma la ausencia de pruebas que indiquen que el virus se propagó en China antes del diciembre de 2019. El libreto completo del gobierno de Xi Jin Ping.

La incertidumbre sigue reinando y se ve potenciada por la incapacidad de afrontar la pandemia con una estrategia común que sustituya la estéril y costosa pretensión de conjurarla con iniciativas propias y circunscritas a las fronteras de cada estado. Esa es una opción destinada al fracaso porque se limita a la protección de las poblaciones de cada nación y estimula la insolidaridad y egoísmo de los más ricos, sin entender que el virus y las variedades de sus mutaciones desconocen las fronteras y encuentran en esa falencia terreno propicio a su circulación y contaminación.  Por otra parte, no se puede ignorar que las variantes del virus pueden afectar la eficacia de las vacunas disponibles, todas de carácter experimental, y predecir situaciones apocalípticas imposibles de evitar con la estrechez de espíritu de visiones reducidas a los contextos nacionales Estaríamos ad portas de convertir la covid 19 en una enfermedad endémica con presencia en todo el orbe y en todo momento. Por ello, el principal reto es el de acelerar la producción de vacunas que respondan a las mutaciones del virus y garantizar que lleguen hasta el más recóndito lugar de la tierra. Todo ello exige una concertación global y una disposición indeclinable para asegurar que cada persona tenga acceso a las vacunas en condiciones de igualdad y oportunidad. Aún el controvertido director de la OMS es consciente de que nos encontramos al borde de una hecatombe humana y moral si llegasen a prevalecer los intereses de unos sobre la vida de todos. El tiempo apremia para que varias generaciones no sean las víctimas de la ceguera e inconciencia de los gobernantes de hoy. Si se vence a la pandemia un nuevo mundo podría abrirse paso, más consciente de que ninguno escapará a los efectos de la irracionalidad en la conservación de la especie humana.

En Colombia ojalá el reto del covid19 no sea el teatro de una Insensata controversia política-electoral que afecte la vida y el futuro de los colombianos.

Un legado perdurable

Mario González Vargas

El nuevo ministro de Defensa asume el exigente reto de producir resultados concretos que desarticulen las acciones criminales de los grupos armados organizados y aseguren el monopolio del uso de la fuerza legítima por parte del Estado en la totalidad de su territorio. Para ello, cuenta con su capacidad gerencial y con la colaboración del alto mando militar y de una Policía bajo la dirección de su más experimentado general.

No será tarea fácil, porque demanda no solamente la continuidad de políticas en ejecución, sino también nuevas estrategias que afronten las cambiantes dinámicas que caracterizan las expresiones de la violencia en varias regiones del país. La lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales exigen nuevas visiones y renovados planes de acción. La creciente fragmentación de los grupos armados ilegales ha favorecido la extensión de la violencia que pretende hacer tránsito del ámbito rural al urbano, sin que ninguna logre una prevalencia clara que permita la consolidación de fuerzas que adquieran un cubrimiento nacional. La violencia se ejerce a la par contra los ciudadanos, la fuerza pública y las autoridades y entre las bandas delincuenciales por el predominio de territorios y la exclusividad en la obtención de los réditos del narcotráfico, los cultivos de coca, la minería ilegal, la extorsión y el control de comunidades. Las tareas de desarticular esos grupos armados no se agotan con la intervención en toda la cadena del narcotráfico, como tampoco se reducen a dar de baja a sus cabecillas, inmediatamente reemplazadas, ni a capturar o desmovilizar sus integrantes que se compensan con reclutamientos de indefensas víctimas, porque no serán eficaces sin el fortalecimiento del Estado en los niveles locales y regionales que constituye, además, la única garantía de protección de todos los líderes sociales, ambientales y comunitarios que se resisten al predominio de la criminalidad. La Fuerza Pública no puede en solitario asumir todo el peso y funcionalidad que implica la presencia de la institucionalidad. Allí se libra una lucha despiadada entre todas las organizaciones criminales por el dominio de esos territorios que empieza a extenderse hacia las zonas urbanas, elevando su amenaza de inseguridad ciudadana a la de desafío a la seguridad nacional y la integridad territorial del estado colombiano. Venezuela alberga, protege y patrocina al ELN y a la Segunda Marquetalia, que le sirven de tentáculos para intervenir y subvertir la vida nacional.

La situación que vivimos es consecuencia directa de la prevalencia del ególatra esfuerzo por el premio Nobel sobre las responsabilidades del gobierno anterior que deslegitimó el acuerdo de paz, sembró de incentivos perversos los cultivos de coca y dejó en abandono los territorios en donde hoy florecen, mandan y asesinan todas las organizaciones criminales que llenaron los espacios vacíos que dejaron las Farc-Ep.

Son múltiples, exigentes y conexos los retos que confronta el nuevo Ministro y todos dependen del control territorial por parte del Estado. Si ello se logra sería el legado perdurable de este gobierno para el destino y futuro de Colombia.