JUSTICIA, EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

Por: Pedro Gerardo Tabares C

El cese de actividades de la rama judicial, ofrecen algunas referentes que tienen importancia social. La sociedad tiene concepto elevado de la administración de justicia y confía plenamente en desempeño el desarrollo y el bienestar tienen consecuencias importantes. Pero a su vez las personas en general mantienen los conceptos de equidad que no están propiamente referidos a los contenidos de las leyes y las reglas constitucionales, sino a una comparación de comportamiento, economía, convivencia, connotaciones de entorno social. De estas últimas apreciaciones aparece la consideración general de la inversión social, que dista de lo considerado en los presupuestos de los entes que conforman.

Lo anterior explica los diversos conceptos que llevan a discrepancias entre gobernantes y gobernados que deciden la disponibilidad de recursos para que aquellos que presten servicios públicos y no tienen decisión presupuestal sean atendidos. No se trata de enfrentamiento entre poderes, sino entre quienes presten servicios y manejan el presupuesto como el servicio público de la justicia.

En forma tradicional, los presupuestos destinados a la administración de justicia han tenido en el momento de asignarlos un poco que de desatención, sin que eso permita desconocer que dentro de las inversiones realizadas sea loable la sistematización, pero dado que aún se utiliza papel y otros elementos que parecen no causar erogaciones, culminan deteriorando cualquier presupuesto, con el transcurso de los años.

Sin embargo no estriba ahí la dificultad, sino que en el transcurso del tiempo, quienes manejan los presupuestos. siguen pensando que el desempeño en la rama judicial continúa cumpliéndose con personal no calificado, en lo que se refiere a jueces y empleados, como lo fue en otra época no lejana, y de ahí que las distancias entre el pago de los funcionarios calificados que desempeñan niveles importantes sigan con distancia de más de 10 millones en su asignación, y frente a empleados hasta de 14 millones, a niveles provinciales para no hacer la comparación con las altas cortes sin tener en cuenta la labor desempeña y calificada de profesionales recién egresados que cumplen labores específicas. Es en este caso, en donde se confunden los términos que nos sirven para titular la nota, debiendo hacer énfasis en que se requiere análisis sopesado por parte de quienes tienen decisión, para que acerquen las distancias y den solución a las dificultades que durante cerca de un mes producen estancamiento en decisiones que trascienden de manera grave en la sociedad.

Queda también la reflexión a autoridades educativas para que si profesionalizan a los jóvenes no haya discriminación y multiplicidad para desconocer los principios sociales del trabajo. Volver a Inicio >

El Estado sí es responsable

Colombia, miércoles 15 de octubre de 2008 - Fuente: elnuevosiglo.com
POR: HORACIO SERPA

________________________
Hace 20 años era gravísimo decir que algunos integrantes de la Fuerza Pública cometían fechorías, violaban los derechos humanos y perseguían a los disidentes políticos. Como en el cuento, "eran calumnias de la oposición". O acusaciones de los "idiotas útiles" que utilizaba la guerrilla para desprestigiar el establecimiento.

Corrían los tiempos en los que la "solidaridad de cuerpo" se imponía sobre cualquier clase de planteamiento. Contra ese proceder no había prueba que valiera. Los mandos negaban toda posibilidad de que sus subalternos hubieran cometido arbitrariedades, violado la ley, o lesionado en materia grave a algún ciudadano. Era la política del encubrimiento, dizque para evitar el desprestigio de las Instituciones.

Cundía por esa época el principio irreductible de la "obediencia debida". A ultranza se practicaba aquello de que "las órdenes se cumplen o la milicia se acaba".

Con el tiempo se comprobó la comisión de muchos crímenes "para defender la democracia, maestro". Gente con uniforme, o valiéndose de su condición de representante del Estado ---Ejército, Policía, DAS---, mataron, desaparecieron, torturaron, detuvieron o allanaron injustamente, en la idea equivocada de que al enemigo interno había que eliminarlo o neutralizarlo, valiéndose de cualquier procedimiento, fuera vedado o ilegal, pues si se le dejaba vivo o libre, serían demasiados los inconvenientes para la sociedad o el gobierno. Muchas veces no cometieron directamente los atropellos, pero dejaron que otros lo hicieran.

Cuando predominó el absurdo criterio de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", surgió el paramilitarismo con sus perversidades y desafueros. Lo importante era que a la guerrilla, a los revoltosos, a los inconformes, a los que denunciaban y reclamaban, se les diera por la cabeza desde todos los lados, legales o ilegales. Lo que no era reprochable, porque el fin justificaba ampliamente el medio. Y, además, nadie lo iba a saber.

Pero se supo. Al descubierto fue puesta esa época bochornosa, de la que se avergüenzan las propias fuerzas militares y policiales, hoy muy en la onda de respetar los derechos humanos, hacer cumplir la ley con procedimientos transparentes, combatir la subversión y la delincuencia severamente pero con legitimidad, y propiciar que se juzgue y sancione a quienes dentro de sus filas atropellen o afecten los atributos ciudadanos, por lo que se ganaron el respeto y el afecto social.

Si recuerdo estos episodios ahora, cuando existe responsabilidad democrática en las jerarquías armadas, salvo excepciones que confirman la regla, es porque se discute un proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de la violencia, y es importante incluir las de los atropellos ejecutados por representantes del Estado.

Es procedente hablar de delitos, muchos atroces y de lesa humanidad, cometidos por miembros del Estado, que no pueden quedar impunes, ni sin indemnizar a las víctimas. La oportunidad está en el proyecto de ley aprobado en el Senado y ahora estudiado en la Cámara de Representantes. Ojalá la oportunidad no pase en blanco. Volver a Inicio >

¡Conmoción interior sí, pero contra la corrupción…!

casino online
Luis Guillermo Pardo, columnista online Medellín -Tomado de elcolombiano.com/

Publicado el 13 de octubre de 2008

“Art. 213. Estado de conmoción interior. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana…, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior…., por término no mayor de 90 días prorrogable hasta por dos períodos iguales…”.(Constitución política de Colombia, Termimpresos-Medellín, 2006, página 144).

Definitivamente no le quedó bien al presidente Uribe la reciente declaratoria de conmoción interior (o estado de excepción) por una simple huelga de los funcionarios del poder judicial, en ejercicio del poder democrático de organizarse y protestar para solicitar el cumplimiento de los derechos adquiridos en función de su oficio, derechos reconocidos en su momento por el gobierno nacional no cumplidos hasta el momento, en lo pertinente a la nivelación salarial en la base de la pirámide de la Rama Judicial. En verdad que desde el fatídico y autoritario estatuto de seguridad del gobierno Turbay en 1986-90, Colombia no apelaba a dicha medida extrema y que para nada afecta el orden público nacional.

Bastante paradójico resulta que lo que no ha logrado la guerrilla o el narcotráfico o el paramilitarismo o la pobreza, lo haya logrado el actual paro de jueces, fiscales y empleados logísticos, que fue tildado en su momento por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura como un paro fantasma y minoritario, recurriendo a la manida actitud autoritaria de minimizar y macartizar la protesta social o las expresiones huelguísticas de los trabajadores, pero que en la concreta ha mostrado su unidad y su fortaleza. Qué tristeza da observar al Ministro del Interior y de Justicia aceptando una solución de fuerza, cuando gran parte de su discurso se fundamentaba en la valoración del diálogo y la salida concertada a los grandes problemas nacionales, incluida la guerra interna.

Se quiere reducir el problema del paro judicial a un asunto económico y esta es la sensación que existe en el ambiente, avalado incluso por el mismo sindicato, lo cual no deja de ser un error, ya que el paro se gestó en plena crisis de poderes, cuando desde Palacio de Nariño -¿a espaldas del Presidente?- se urdieron planes contra la Corte de Justicia por el asunto de la parapolítica y sus investigaciones y la huelga debería opinar sobre el asunto, ya que en la esencia de la democracia no está solamente la defensa de los derechos laborales sino la primacía de la defensa de la estructura del régimen democrático, que se fundamenta en la división de poderes y todo ataque desde cualquiera de los 3 poderes al otro, obedece a un discurso profundamente antidemocrático y autoritario; y ni el autoritarismo ni el populismo son las mejores salidas democráticas a las crisis institucionales tal como lo está demostrando la crisis Boliviana, bajo la tutela de la UNASUR.

Según nos enseña la historia, el autoritarismo “se hace acompañar” de la corrupción y en este sentido es bastante notorio que en Colombia la guerra interna ha acrecentado los niveles de corrupción de las instituciones comprometidas con la “lucha contra la delincuencia”, tal como está aconteciendo con miembros de la fuerza pública en ciudades como Cali y Medellín, la costa caribe y la pacífica. Y son estos altos niveles de corrupción los que deberían haber propiciado la declaratoria de la conmoción interior, ya que sin la DEPURACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA, será imposible dar solución de fondo a la crisis de transparencia que hoy vive nuestro país, incluyendo a las Cámaras de Comercio, según hemos conocido sólo de la de Bogotá, por ahora, ¡eso sí!

Lo que está pasando en Colombia con la fuerza pública -incluyendo la Fiscalía y el DAS, es una vergüenza y el presidente Uribe debe enfrentar sin rodeos o concesiones, la actitud y la actividad corrupta, que además es su mayor obstáculo para alcanzar la victoria definitiva de su estrategia de seguridad democrática. Sin la transparencia en las fuerzas institucionales será imposible, por ejemplo, ganarle la guerra al narcotráfico y menos aún a la guerrilla, siendo la corrupción un tema estructural y no coyuntural como creen ingenuos ciudadanos.

Según el último informe de Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción en Colombia es de 3.8 sobre 10, lo cual es altamente frustrante y decepcionante y que compromete altamente no sólo al sector público sino al sector privado que fue, extrañamente, quien le pidió (¿ordenó?) al presidente en su congreso de ANIF, decretar la conmoción interior por lo del paro judicial, cuando el verdadero cáncer está es en la corrupción, sin cuyo combate -a fondo- será imposible ganar la guerra o por lo menos controlar definitivamente al narco. A Venezuela, por supuesto, no le va mejor, ya que tiene un vergonzoso 1.9 en la escala de 1 a 10.

Rajados entonces en corrupción, sólo nos queda esperar que el presidente Uribe, tan enérgico con los huelguistas cañeros o judiciales, se dé la pela global y decida la declaratoria de la conmoción interior para combatir la corrupción en los organismos de seguridad del Estado y concrete la depuración definitiva de la fuerza pública ya que, de lo contrario, no ganará la guerra y Medellín jamás podrá salir del círculo vicioso del conflicto urbano, dada la alta infiltración de los organismos de seguridad, sobre quienes aún no se ven acciones concretas de depuración, ya que con la detención del ex director de fiscalías o la renuncia del ex comandante de policía nada está resuelto, ¿o sí? > Volver a Inicio > Titulares >

El colapso financiero mundial un ataque al corazón del capitalismo

casino online

Tan fatídico como los ataques terrorista a las torres gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, ha resultado el colapso financiero que, con excepción de Irak cuya bolsa es la única que subió, algo que suena como chiste de humor negro, esta semana que termina todas las bolsas del mundo se hundieron. La crisis se podría interpretar como las oscilaciones propias del capitalismo, si no fuera por las gravísimas secuelas que está dejando al corazón del capitalismo monopolista, como es su sistema financiero.

En efecto, durante los cinco días hábiles de la semana bursátil del 6 al 10 de octubre, desde Nueva York, hasta Shanghái, pasando por Londres, Paris, Fráncfort, Zúrich, Hong Kong, Tokio, Milán, Madrid, Sao Pablo, Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Seúl, Bogotá y todos los países donde opera este sistema, de manera correlacionada registraron pérdidas sin precedente desde la caída de la bolsa en 1929. La situación actual es de tal magnitud, que los mismos defensores del sistema la consideran más grave que aquella del siglo pasado.
Durante esta semana las bolsas perdieron más de una quinta parte de su valor y en un solo día, el viernes 10 de octubre las acciones bajaron en promedio 10%, tanto que por pánico Moscú cerró toda transacción bursátil

Si en 1929 la crisis culminó con la segunda guerra mundial, sabremos comprender la dimensión del problema que hoy afronta el sistema capitalista cuando su política financiero se hace añico, tanto que la gente prefiere comprar cajas fuertes para guardas los pocos ahorros que les queda, antes que depositarlos en los bancos, como se vio estos días en Londres.

Pero la espiral de malos registros no de detienen: la inflación aumenta cuando los precios bajan una contradicción que no tiene explicación por los propios neoliberales, el consumo baja en una población cuya cultura es el consumismo, el desempleo se desborda, el aparato productivo aumenta los inventarios, la deuda pública y privada crece porque el dólar se dispara como moneda de reserva y las medidas que toman para resolver la crisis como el paquete de 700 mil millones de dólares en Estados Unidos y el apoyo de los gobiernos Europeos a los bancos en apuros desatan más dificultades.

Los gobernantes y los funcionarios de los bancos centrales no atinan en la solución de la crisis, cada medida aplicada es desbordada por un problema mayor, el desespero es tan abrumador que apareció la mano invisible del estado para salvar los capitales de los banqueros que es el mismo de las multinacionales, con recursos públicos es decir como siempre los pobres contribuyentes salvando a una plutocracia que en su insaciable lucro provocan caos sin asumir responsabilidades.

En Colombia el gobierno y sus incondicionales tratan de apaciguar a la opinión pública señalando que el país está blindado frente a la crisis, cuando durante todo este frenesí de la especulación financiera fomentaron el consumo desaforado, el ingresos de capitales golondrinos, las gabelas a los inversionistas, la compra de acciones porque se quería un país de propietarios, la venta de los bienes públicos y la colocación del ahorro de las pensiones en la banca internacional, es decir lo mismo que ha llevado a provocar este infarto al sistema financiero internacional.
Y las consecuencias no se han hecho esperar, el ibgc o sea la bolsa de Colombia perdió en una especie de viernes de terror financiero 8,68% de su valor, perdidas que ascendieron durante la semana a más del 16% . ¿Cuánto estarán sufriendo los compradores de las acciones de Ecopetrol hoy registrada en la bolsa de Nueva York, cuando se empiecen a sentirse la baja de los precios de los combustibles como consecuencia lógica de un menor precio del petróleo?
Roberto Schmalbach Cruz - Diputado de Santander > Volver a Inicio >

Hornos Crematorios

Fuente: El nuevosiglo

casino online Colombia, miércoles 8 de octubre de 2008
POR: HORACIO SERPA
________________________
La sofisticación de la guerra sucia no tiene límites. Tampoco la degradación del conflicto armado colombiano, que a diario cobra la vida de cientos de compatriotas, a quienes sus familiares lloran, esperan, recuerdan, a pesar de que sus cuerpos fueron descuartizados y desaparecidos.

La guerra sucia contra sindicalistas, líderes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y gente del común, no cesa. Y los métodos de los criminales para desaparecer y hacer cenizas sus víctimas han superado los usados por los criminales nazis.
Colombia padece un clima de horror. Pero nadie se inmuta. Solo un país esquizofrénico puede hacerse el loco ante las declaraciones del jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, ex comandante del bloque Fronteras de las AUC, quien reveló sin inmutarse que los hombres a su mando construyeron en Villa del Rosario unos hornos de barro en donde incineraban a sus víctimas.

Más de cien personas Nortesantandereanas fueron asesinadas por los paramilitares de la peor forma, por orden de algún matón local y luego echados al fuego, sin que nadie en ese departamento viera el humo, ni sintiera el dolor de esa pobre gente.
Así lograban reducir los índices de las masacres y se evitaban el trabajo de enterrar los cadáveres en fosas comunes, muchas de las cuales han ido apareciendo a lo largo y ancho del país gracias a las confesiones en el proceso de Justicia y Paz. Se calcula que más de 0 mil colombianos están enterrados en esas fosas. Fosas que han hecho llorar de dolor a los fiscales de la CPI.

Pero esos hornos no han sido los únicos métodos usados por los paramilitares para desaparecer las evidencias. Se han escuchado igualmente crueles, como moler los cuerpos y depositar luego los restos en ríos y lagos, o sumirlos en ácidos, o echárselos a los caimanes. Hitler no podía tener mejores alumnos. Ni Goebel mejores aliados Esta degradación, este horror de país, esta vergüenza colectiva no parece dolerle a la nación entera. Solo le preocupa a unos cuantos que sienten pasos de animal grande en la Corte Penal Internacional. Solo le duele a quienes lloran sus muertos. Y el resto, ¿qué hacemos, en qué pensamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esta catástrofe humanitaria? ¿Cuál es el papel de los medios?

Al país nacional estas noticias no lo conmueven. Estas informaciones que aparecen escondidas entre reinados, cócteles, goles y escándalos de corrupción. Y que en la televisión no generan raiting, pero en las Cortes Internacionales animan a los jueces, y en los organismos mundiales de derechos humanos abren expedientes y generan informes de condena.

Esos hechos preocupan, lastiman el alma. Hay que visibilizar a las víctimas y garantizarles sus derechos a justicia, verdad y reparación. Hay que crear conciencia de que estas bestialidades han de dolernos tanto como la terrible muerte de un niño asesinado por su padre, al que Colombia aún llora. No hacerlo es la indolencia extrema y perdernos como Nación.

Volver a Inicio >

Falsos positivos: ¿Otro caso para la CPI?

Tomado de elnuevosiglo

POR: HORACIO SERPA
_________________________
Engañados, reclutados, desaparecidos, asesinados. Esa fue la suerte de una veintena de jóvenes de Soacha, que murieron violentamente y le recordaron una vez más al mundo la gravedad y degradación del conflicto armado colombiano.

Ellos salieron de sus casas un día con la esperanza de ganarse una plata fácil, trabajando en una finca o participando en un negocio ilícito, sin saber que apenas unos días después sus cuerpos yacerían en fosas comunes en Ocaña y Cimitarra, luego de ser presentados por agentes de las fuerzas militares como trofeos de guerra.

Nadie sabe exactamente qué está pasando. Nadie sabe las respuestas a tantos interrogantes que ha generado ese espectáculo macabro. Nadie sabe por qué los jóvenes de los sectores populares terminan fusilados por gente pervertida y son presentados como ilegales caídos en combate.

Las hipótesis son muchas. Se dice que fueron comprados a reclutadores a precios irrisorios para que los jefes militares de las zonas afectadas por el dominio paramilitar pudieran demostrar ante sus superiores que están cumpliendo con su labor, y así dejar actuar impunemente a esas bandas criminales.

Se habla también de que esos grupos emergentes están pagando por cada joven engañado, como ganado que se lleva al matadero para crear ambiente de seguridad. Muchachos sumidos en la pobreza, con problemas de toda índole, ilusionados con el dinero fácil, todos sin futuro. Algunos con problemas siquiátricos.

Cada hipótesis es horrorosa. Porque demuestra el alto grado de envilecimiento en que ha caído el conflicto armado interno, y la descomposición moral de algunos colombianos. El propio ministro de Defensa ruega porque las investigaciones no comprometan a los hombres bajo su mando y rechaza a quienes piden resultados a punta de cadáveres.

Lo cierto es que el mundo mira con horror lo que está pasando. Se trata de un falso positivo que mancha el sistema democrático y lesiona aún más la maltrecha imagen internacional de Colombia, el país más violento del mundo, con el mayor número de desplazados forzados, con la cuota más alta de sindicalistas asesinados.

Este caso recuerda el de la banda que mataba indigentes en Barranquilla para vender los cadáveres a un centro académico. Solo que esta vez se trata de muchachos a quienes se asesinó con la esperanza de que nadie los reclamara, ni llorara su muerte.

Colombia entera está consternada. Y no es para menos, porque no se puede estar tranquilo en la casa si los muchachos salen y no regresan, si las bandas emergentes trabajan de la mano de algunos agentes descompuestos del Estado y si la impunidad cubre ese tipo de delitos.

El Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos, dar respuestas y hacer justicia. El Fiscal General tiene en sus manos el caso. Los resultados tienen que llegar pronto y los responsables ser castigados drásticamente. Colombia tiene que avanzar hacia la justicia. No hacerlo es seguir abriendo puertas para que la Corte penal Internacional actúe.

Volver a Inicio >

Bienvenido Señor Vivanco

Fuente: El nuevo Siglo

Colombia, miércoles 24 de septiembre de 2008

HORACIO SERPA
_________________________

Los defensores y promotores de los derechos humanos en todo el mundo quedaron perplejos y ofendidos con la decisión gubernamental de Venezuela de expulsar de su país al director para América Latina de Human Rigths Watch, HRW, José Miguel Vivanco, por atreverse a cuestionar la situación de derechos humanos en el vecino país.

Vivanco es un luchador incansable por la construcción de un mundo democrático y pacífico. Su batalla diaria por la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales le han costado los peores calificativos de los gobiernos que son cuestionados por esa importante ONG norteamericana.

Sus informes, por cierto, han sido crudos y contundentes sobre la difícil realidad colombiana en ese campo, marcada por los casi 4 millones de desplazados forzados, las acciones de los grupos paramilitares y guerrilleros, las desapariciones forzadas, las fosas comunes, la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad, el secuestro y el creciente número de acciones contra las libertades individuales.

Colombia es campeona mundial de violación de derechos humanos y las ONG, como HRW, solo hacen su trabajo de cuestionar y exigir soluciones para las víctimas y en procura de salvaguardar la democracia.

Esos informes también han encontrado en nuestro territorio descalificaciones de todo tipo y al más alto nivel. Y no ha faltado quien, incluso, los haya calificado como aliados del "narcoterrorismo de las FARC", o como enemigos de Colombia. Tras cada informe de HRW o Amnistía Internacional las autoridades nacionales responden con rudeza, pero no ofrecen soluciones.

Nada cambia. Los exabruptos de miembros aislados de la Fuerza Pública y la clase política corrompida se siguen repitiendo, como si nada pasara, como si nadie nos vigilara, como si no hubiera justicia nacional e internacional. Las masacres no se detienen, los asesinos siguen sin pagar sus culpas. Y eso lo observan las ONG de derechos humanos, que arman expedientes y se alistan a defender los derechos de las víctimas en los tribunales internacionales de justicia.

La decisión del gobierno de Chávez no le ha gustado al vecindario. El de Chile acaba de expresar su rechazo a lo acontecido contra su ciudadano, el señor Vivanco, porque HRW defendió los derechos humanos en las épocas de Pinochet.

Igual ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los cuestionamientos crecen. No se hace democracia, ni se construyen revoluciones atacando a los defensores de los derechos fundamentales.

Venezuela debe demostrar que en ese grato país hay espacios para la tolerancia, la crítica y el disenso. No hacerlo es dejar que aumente la percepción de que allí no hay campos democráticos.

La postura frente a las ONG de derechos humanos no puede ser decretarles el exilio, ni el destierro. Como tampoco la asociación perversa y malintencionada con el terrorismo. En Colombia, por desgracia y para nuestra vergüenza, a muchas les imponen el ostracismo.

Hay que defender los derechos fundamentales y proteger a quienes se juegan la vida por la democracia. ¡Bienvenido Señor Vivanco! > Volver a Inicio >

Pista para aterrizaje de Ovnis en Villavieja, Huila, en Colombia despierta reacciones encontradas

casino online
Autorneto > Referencia > Noticias Mundiales

por bersoa15, Sep 17, 2008
El centro del desierto de la Tatacoa, situado en el departamento del Huila, se convirtió en el escenario que servirá de aterrizaje para un grupo de extraterrestres que este año (2008) visitará el lugar con fines de paz, dicen los promotores.
Dos colombianos estudiosos de temas Cósmicos inauguraron la primera pista en este país destinada, según ellos, al aterrizaje de Ovnis. La noticia ha causado la natural reacción entre quienes creen en la existencia de lugares misteriosos con vida de seres extraterrestres.
Los promotores de esa idea son los comerciantes y estudiosos del Cosmos, Alfredo Agudelo Ospina y José Antonio Londoño, quienes invirtieron la suma de 4 millones ...LEER MAS >

Nota del Editor. Hace 16 meses que nuestro columnista, Dr Gerardo Delgado Silva, escribía con su pensamiento de pronóstico sobre las equivocaciones de quienes creen saberlo todo. Hoy este artículo cae oportuno para que reflexionemos sobre lo que ocurre en Colombia.

casino online

¿LOS SABIOS TAMBIÉN SE EQUIVOCAN?

sábado 19 de mayo de 2007

Por: Gerardo Delgado Silva.

En medio del gran caos que confunde al país y lo mantiene en zozobra, por el fenómeno oprobioso de la “parapolítica”; nuestra sociedad, de brazo con principios éticos ha vuelto la mirada a la Corte Suprema y a la Fiscalía General de la Nación, con angustiada fe en la justicia, esencialmente indispensable para enfrentar las circunstancias.

Su magna tarea, - expresé en días pasados, refiriéndome a la Corte Suprema de Justicia, ante el Congreso de Andal – es el camino hacia la luz de la verdad; el valladar a la marcha ominosa del delito: una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia; una labor de sanidad espiritual, para no seguir en el cieno de la impunidad y así evitar la catástrofe total; “una pedagogía de la esperanza”, como dice Freire.

Y agregué: El Estado Social de Derecho, no está indefenso sino en la medida en que las palabras de la Constitución y de los Códigos se queden sin alma y sin medios para obrar, garantizando que lo que se dice en las leyes es lo que se impone, lo que se cumple, lo que no se tolera que sea violado, porque cuando así ocurre, la convivencia es imposible.

Pero tan normal anhelo de justicia que identifica a los colombianos sensatos, de corazón sencillo y esplendente que enaltecen la patria, se ve vulnerado por la simple voluntad de unos políticos indecorosos que formando parte del Congreso y de agrupaciones criminosas con los paramilitares – los de la sevicia con motosierras, los de las fosas comunes cual turbión terrorista – enigmáticamente han renunciando a su investidura, inspirados por un ex magistrado de la Corte Suprema, para alegar su propia interpretación de las normas constitucionales, no sin antes vejar pública y vehemente a la insigne institución de la justicia penal. Actitud irrespetuosa reñida con la elegancia espiritual, pero también un testimonio profético, un mensaje violento y aterrador de lo que es la “parapolítica”.

Lo desgarrador es que la Corte Suprema de Justicia se haya separado del conocimiento de unos procesos de la parapolítica, como el caso de Álvaro Araújo Castro, con el cómodo argumento de la existencia de “… más de 70 decisiones de la Corte” en el mismo sentido, determinando que: “… cuando el delito no corresponde a la función propia de un funcionario, el tribunal no mantiene la competencia”.Es una especie de reverencia por las providencias anteriores, estereotipándolas y petrificando el derecho. Las conductas correspondientes a las 70 decisiones de la Corte, pueden ser análogas, pero no puede afirmarse que lo previsto en su texto, sea aplicable extensivamente al grupo de la “parapolítica”, si se tiene en cuenta la situación concreta de las diversas acciones que las caracterizan.

El delito–acontecimiento, es un hecho considerado en si mismo, individualizado en el tiempo y en el espacio que está bajo el signo de la subjetividad del agente, la expresión nítida de su personalidad.Son clarificadoras las palabras del señor Presidente de la Corte Suprema, Julio Valencia Copete, cuando dijo antes de los últimos pronunciamientos: “La jurisprudencia no es estática… nada impide que frente a determinados hechos cambie…”.

Y bien. Aun cuando hayan renunciado a su investidura, esto no significa que puedan renunciar al fuero, porque éste no se consagra en interés de las personas, sino como una garantía concedida a los miembros del parlamento, en virtud de su alta misión, para ser investigados y juzgados por el máximo tribunal en lo penal, que es la Corte Suprema de Justicia.

Así pues, el mandato inexcusable, consagrado en el artículo 186 de nuestra Constitución Política, establece: “Fuero parlamentario. De los delitos que comentan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención…” (La negrilla fuera de texto). Y el Parágrafo del artículo 235 de la Carta, señala: “Cuando los funcionarios antes enumerados (se refiere a los miembros del Congreso) hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”. (La negrilla fuera de texto).La labor interpretativa de la Constitución Política, no puede darse al margen de las realidades histórico – sociales, ni de la dignidad humana, ni de los principios generales del derecho, ni del derecho natural.“Jamás puede decirse – expresa Vladimiro Naranjo Mesa – que un artículo posterior dentro del texto de la Carta prevalezca sobre uno anterior… tampoco puede decirse que una norma de tipo especial… prevalezca sobre una de carácter general (v. gr., la que consagre la prevalencia del interés general sobre el particular o individual)”.

Tampoco pueden desconocerse los componentes del debido proceso, en los cuales descansa la competencia, que los procesados no pueden caprichosamente escoger, ni hacer acomodamientos torticeros a sus propios intereses, sobreponiéndolos al verdadero interés nacional.

El espectáculo de esos parlamentarios, es una conspiración no sólo contra el templo del derecho y la justicia, sino también contra el Estado Social de Derecho, que por ser miembros del clásicamente denominado Cuerpo Soberano de la República, están mayormente obligados a preservar.En puridad de verdad, existió una relación de causalidad jurídicamente relevante, entre un proselitismo armado de los paramilitares y el triunfante acceso al Congreso, de varios de sus miembros.

Según la investigación de la Doctora Claudia López y nutrida información de prensa, el Senador Álvaro Araújo, “aparece como beneficiario de los ‘distritos electorales’ creados por ‘Jorge 40’ en 2002”. Entonces, resulta lógico inferir, que hubiese propuesto ante el Senado, que los “paramilitares” desmovilizados hicieran parte de la fuerza pública. En igual sentido, “en la discusión de la Ley de Justicia y Paz radicó un artículo que permitía a los paramilitares quedarse con el 20 por ciento de sus bienes ilegales cuando finalizara el proceso de paz…”. ¡Espantables monstruosidades!

Son conductas coherentes, que inequívocamente señalan la conexión íntima entre el concierto para delinquir que les atribuyó la Corte y las funciones propias de congresista.

En la tormentosa crisis moral, económica y social de Colombia, en este infierno que ni Dante hubiera podido imaginar, llegó el momento de combatir el mal, de no seguir atrapados en las mallas del miedo, de mostrar la grandeza de los valores cristianos, apresurándonos a rodear a la justicia de nuestra patria, como un acto vigoroso de solidaridad y fortaleza moral, entorno de las instituciones que la deben aplicar soberana e independientemente, apuntalando la esperanza. Volver a Inicio >