miércoles, 17 de noviembre de 2010
Derrotar la corrupción
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Etiquetas: Congreso, corrupción, Estado, honesto, impunidad
lunes, 12 de abril de 2010
Las elecciones en el exterior, o el olvido de los emigrantes colombianos
Por: Mauricio Trujillo Uribe
11 de abril de 2010
Publicado por Bernardo Socha Acosta en 11:27 p.m. 1 comentarios
Etiquetas: colombianos, Elecciones, emigrantes, Estado, exterior, globalización, olvido
martes, 14 de abril de 2009
El que la hace, la paga
HORACIO SERPA
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La elección de Alberto Fujimori como Presidente del Perú fue un verdadero palo. Ni siquiera su contrincante y virtual ganador, el famoso Vargas Llosa, había considerado esa posibilidad. Cuando días antes de la fecha electoral Fujimori comenzó a figurar en las encuestas con una importante intención de voto, el escritor ni se había percatado de su existencia.
De ahí en adelante todo fue color de rosas para el nuevo Mandatario.
El pueblo lo rodeó con alegría y su lucha contra la guerrilla y el terrorismo fue acogida fervorosamente. Sendero Luminoso empezó a apagarse y sus máximos cabecillas fueron abatidos o encarcelados, entre ellos el denominado “Presidente Gonzalo”. Para lograr la pacificación apoyó sin vacilaciones las llamadas “rondas campesinas”, una especie de paramilitares que hacían “limpieza social” y apoyaban al gobierno con alborozo.
Fujimori rompió con el tradicionalismo político y abrió posibilidades a nuevas expresiones partidistas. Eliminó al Congreso de la República para instalar en las curules legislativas a sus seguidores y se enfrentó resueltamente a la Corte Suprema de Justicia, hasta que logró sustituirla. Con avasalladores procedimientos pudo ubicar en las responsabilidades más importantes del sector público a sus incondicionales. Su poder se hizo inmenso y nadie le ganaba en las encuestas de opinión.
Como su popularidad crecía cada día, hizo lo necesario para que se reformara la Constitución Nacional y poder aspirar a la reelección presidencial. Lo logró y el pueblo lo apoyó resueltamente, hasta el punto de ganar en primera vuelta. Reelegido, encontró la manera de interpretar a su favor una norma constitucional, para buscar por tercera vez la Presidencia. A pesar de que se dio en el país una gran discusión sobre la legalidad y la conveniencia de esta nueva aspiración, el pueblo lo eligió nuevamente. Todo indicaba que se perpetuaría en el poder.
Pero vino la destorcida. Se conocieron muchas equivocaciones en el mando, los errores gubernamentales fueron creciendo, se supo de arbitrariedades y de abusos, se descararon muchos de sus funcionarios corruptos, las quejas sobre violaciones a los derechos humanos trascendieron las fronteras peruanas, los opositores fueron perseguidos y gravadas sus conversaciones telefónicas y se descubrieron las perversidades de Montesinos, su fiel servidor en el servicio secreto, una especie de DAS de los peruanos.
Como el que la hace, la paga, Fujimori terminó escapándose de su País y renunciando a la Presidencia.
Hoy, el héroe de ayer está preso y acaba de ser condenado a 25 años de cárcel, convicto de abusos y de atropellos, de complicidades en asesinatos, de indeseables comportamientos. De santo en el cielo, pasó a ser villano en el infierno.
El poder público exige ponderación y respeto al ordenamiento jurídico.
En una democracia “el fin no justifica los medios”. La denominada “razón de Estado” no tiene cabida en un Estado de Derecho. Y es cierto que “el poder absoluto, corrompe absolutamente”. Fujimori en la cárcel, reo de violaciones y de abusos, es motivo de tranquilidad para
las democracias latinoamericanas.
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Publicado por Bernardo Socha Acosta en 10:45 p.m. 0 comentarios
Etiquetas: Estado, jurídico, La paga, ordenamiento, razón
miércoles, 15 de octubre de 2008
El Estado sí es responsable
POR: HORACIO SERPA
Hace 20 años era gravísimo decir que algunos integrantes de la Fuerza Pública cometían fechorías, violaban los derechos humanos y perseguían a los disidentes políticos. Como en el cuento, "eran calumnias de la oposición". O acusaciones de los "idiotas útiles" que utilizaba la guerrilla para desprestigiar el establecimiento.
Corrían los tiempos en los que la "solidaridad de cuerpo" se imponía sobre cualquier clase de planteamiento. Contra ese proceder no había prueba que valiera. Los mandos negaban toda posibilidad de que sus subalternos hubieran cometido arbitrariedades, violado la ley, o lesionado en materia grave a algún ciudadano. Era la política del encubrimiento, dizque para evitar el desprestigio de las Instituciones.
Cundía por esa época el principio irreductible de la "obediencia debida". A ultranza se practicaba aquello de que "las órdenes se cumplen o la milicia se acaba".
Con el tiempo se comprobó la comisión de muchos crímenes "para defender la democracia, maestro". Gente con uniforme, o valiéndose de su condición de representante del Estado ---Ejército, Policía, DAS---, mataron, desaparecieron, torturaron, detuvieron o allanaron injustamente, en la idea equivocada de que al enemigo interno había que eliminarlo o neutralizarlo, valiéndose de cualquier procedimiento, fuera vedado o ilegal, pues si se le dejaba vivo o libre, serían demasiados los inconvenientes para la sociedad o el gobierno. Muchas veces no cometieron directamente los atropellos, pero dejaron que otros lo hicieran.
Cuando predominó el absurdo criterio de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", surgió el paramilitarismo con sus perversidades y desafueros. Lo importante era que a la guerrilla, a los revoltosos, a los inconformes, a los que denunciaban y reclamaban, se les diera por la cabeza desde todos los lados, legales o ilegales. Lo que no era reprochable, porque el fin justificaba ampliamente el medio. Y, además, nadie lo iba a saber.
Pero se supo. Al descubierto fue puesta esa época bochornosa, de la que se avergüenzan las propias fuerzas militares y policiales, hoy muy en la onda de respetar los derechos humanos, hacer cumplir la ley con procedimientos transparentes, combatir la subversión y la delincuencia severamente pero con legitimidad, y propiciar que se juzgue y sancione a quienes dentro de sus filas atropellen o afecten los atributos ciudadanos, por lo que se ganaron el respeto y el afecto social.
Si recuerdo estos episodios ahora, cuando existe responsabilidad democrática en las jerarquías armadas, salvo excepciones que confirman la regla, es porque se discute un proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de la violencia, y es importante incluir las de los atropellos ejecutados por representantes del Estado.
Es procedente hablar de delitos, muchos atroces y de lesa humanidad, cometidos por miembros del Estado, que no pueden quedar impunes, ni sin indemnizar a las víctimas. La oportunidad está en el proyecto de ley aprobado en el Senado y ahora estudiado en la Cámara de Representantes. Ojalá la oportunidad no pase en blanco. Volver a Inicio >
Publicado por Bernardo Socha Acosta en 4:24 a.m. 0 comentarios
Etiquetas: Estado, humanidad, responsable, víctimas
martes, 26 de agosto de 2008
El director no se puede enloquecer
POR: HORACIO SERPA
Nunca hubo tanta polémica sobre el funcionamiento del Estado, ni tanta incoherencia. El país político está sobresaltado, y el país nacional alarmado. Son demasiadas las acusaciones, las aclaraciones, las mutuas recriminaciones, los señalamientos, los revires de toda clase y a todas horas. Tan delicada se ha puesto la confrontación entre el Gobierno Nacional y la Suprema Corte, que el tema del Congreso ha pasado a un segundo plano, siendo asunto tan grave. Aún así me he mantenido callado en mi grata atalaya de Santander.
Pero escuché al señor Presidente en una de sus asiduas réplicas, y debo decirle que no es verdad que a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se la hubieran tomado los narcotraficantes para que eliminara la extradición, como lo expresó por medios televisivos.
El señor Presidente conoció la situación del País en los meses anteriores a la Gran Asamblea. Recuerda, sin duda, los asesinatos de los candidatos presidenciales y los secuestros. Supo de los atentados, de las bombas, de las muertes de los policías, del terror que se pretendió imponer. La guerrilla mantenía su furia violenta y los paramilitares empezaban a aparecer. Y la pobreza y todas nuestras debilidades afloraban sin cesar.
En ese ambiente nació la Constituyente. Fue una ventana de escape. Entre los puntos de controversia surgió la no extradición, sobre la base de que los crímenes de los narcos se castigaran en Colombia y se abriera una posibilidad de convivencia. En la discusión pública la mayoría de los aspirantes ofrecimos eliminarla para encontrar esa salida. Prácticamente ya no existía para los sometidos. Pocos fueron contrarios. Colombia, casi totalmente, cerró filas sobre este punto.
Admiro a los que se opusieron, como Marulanda y Galán. Pero los que votamos para eliminar la extradición, lo hicimos responsablemente. Por mi parte, era clara mi posición sobre Escobar y el narcotráfico. Fui el Representante que sacó adelante la revocatoria de su inmunidad parlamentaria; fui el Ministro de Gobierno de Barco que lo declaró enemigo público número uno de los colombianos; fui uno de los tres Senadores que se opuso en la Comisión Primera del Senado a la reforma constitucional envenenada en la Cámara. Luché contra el artículo de punto final.
Tengo, pues, derecho y autoridad para reivindicar la transparencia de la Constituyente.
Quien soy para dar consejos a una persona que ha demostrado tanta diligencia y liderazgo. No obstante, en esta época turbulenta y con la mejor intención, me atrevo a recordar el sabio adagio popular según el cual, "todo el mundo se puede enloquecer, menos el director del manicomio".
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Etiquetas: Director, enloquecer, Estado, funcionamiento
martes, 19 de junio de 2007
EL FOMENTO DEL CAOS
Por: Gerardo Delgado Silva
Es a todas luces mucho más estremecedora y grave la crisis que en el orden jurídico y moral conmueve al país, que la crisis social y económica con todas sus consecuencias previsibles. El curso tortuoso de los acontecimientos, nos obliga a insistir en que los valores, tan descaecidos ya, se preserven, se defiendan, con lo cual estaremos protegiendo los principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política y en las normas éticas que rigen la conducta de la dignidad humana.
El país está viendo con desconcierto, en silencio, como el gobierno ha ido entregando uno a uno esos principios, confundiendo artificiosamente el apaciguamiento con la rendición del orden jurídico, comprometiendo el presente y el futuro de Colombia.
Como tantos sucesos que contrarían el camino recto de las cosas, la liberación de 200 guerrilleros, el llamado “gesto humanitario unilateral”, por el Presidente, no excluiría de su inspiración a los que están incursos en la parapolítica, ni a los paramilitares con sus delitos atroces vinculados con el narcotráfico.
Vivimos, sencillamente, en un ambiente de caos que día tras día se magnifica y se enrarece más. Para tal “gesto” de otorgar la libertad, sin celebrar acuerdos humanitarios, con las FARC, el Presidente carece de competencia, pues esa gracia especialísima, está atribuida privativamente a los jueces de la República, por el Código de Procedimiento Penal. La denominada “Ley de Justicia y Paz” o la de Orden Público, establecen unos beneficios que comprenden hasta el indulto, si concurren en el procesado unos requisitos entre los cuales es indispensable que se haya realizado una desmovilización, que implica la voluntaria entrega de las armas. El “gesto” del gobierno, pugna abiertamente con lo preceptuado en las leyes, pues los 200 guerrilleros de la masiva excarcelación, no son ya un grupo beligerante, sino un conjunto de sentenciados y por tanto excluidos de los beneficios de las leyes citadas.
Ahora bien. La competencia penal es de orden público y como tal señalada de modo preciso en la ley, sin que permita una extensión analógica, desnaturalización o cualquier dañoso arbitrio.
Por otra parte, es un principio de derecho público, de aceptación universal que así como los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, los funcionarios públicos desde el Presidente de la República, solamente pueden hacer lo que explícita o implícitamente les permitan la Constitución Política y las leyes.
Al medir las proporciones de estos acontecimientos, Jim Mc Govern, representante a la Cámara de los Estados Unidos y connotado defensor de los derechos humanos en el mundo occidental, ante el escarnio y befa de nuestro ordenamiento jurídico expresa: “…Yo no sé que estaba pensando el Presidente (Uribe) cuando liberó a todos estos guerrilleros. No sabemos claramente cual es la lógica detrás de todo esto. No sabemos que quiere lograr. Sólo esperamos que no sea una excusa para excarcelar después a más personas ligadas con la parapolítica…”. Y agrega: “…No vamos a avanzar en el TLC, mientras la impunidad en Colombia no cambie…” (Semana Junio 11 a 18 de 2007. No. 1310).
Así mismo, varios congresistas norteamericanos exaltando la democracia y la justicia que es el fin del Estado, rechazan indignados, la intención estrafalaria del Presidente colombiano, de adoptar una justicia tornadiza y permisiva para los transgresores “parapolíticos”, que entrañaría un perdón de sus conductas torticeras. Así se desprende de la nota enviada a la Secretaria de Estado. Y con acusadora precisión, señala el episodio del ex director del DAS, Jorge Noguera, solo concebible como producto del estado de degradación que está viviendo nuestra patria en los actuales momentos.
Paradójicamente, ¿por qué el olvido de los secuestrados, de los desplazados, de todas las víctimas? El olvido no resuelve la realidad fáctica de los derechos humanos fundamentales, violados ominosamente, sino que los empolva en los sepulcros de la memoria. Después el silencio y luego la impunidad. El llamado “gesto humanitario” está elaborado como un ejercicio de simulación, al margen de la dignidad de aquellas personas, es una apariencia de solidaridad, una insensata y despiadada indiferencia por su suerte, una exclusión arrogante de la esperanza, una manera absurda de colaborar con sus verdugos.
La justificación falaz de las “razones de Estado”, no delata la verdad, sino que encubre la mentira, dejando que en aquellos doloridos seres humanos, se acumule la sensación de haber vivido en vano.
Por ello, en esta hora de tinieblas, el G8, insta al gobierno colombiano a un “acuerdo humanitario entre las partes”, mecanismo contenido en los Protocolos de Ginebra, ratificados por Colombia y regulados por el Derecho Internacional Humanitario. Esta sí es la solución a la conmovedora tragedia de los cientos de secuestrados. El intercambio es un remanso grato y ennoblecedor en su absurdo drama y un freno a las corrientes vertiginosas de los conflictos, de la guerra, de la irracionalidad. Recordemos una vez más a Montaigne, cuando dijo: “No hay victoria sino se pone fin a la guerra”.
Publicado por Bernardo Socha Acosta en 7:36 p.m. 0 comentarios
Etiquetas: caos, Estado, Guerra, Protocolos. G-8