Por Gerardo Delgado Silva
La Justicia, como expresé en
otro escrito, reposa en los principios éticos de carácter fundamental que
contiene la constitución, y que fijan al Derecho su verdadero sentido.
La Constitución Política y las
leyes de cada país, establecen una red de medidas protectoras de los ciudadanos
y sus derechos, fundadas todas en una valoración previa de los preceptos
básicos, sobre los cuales se han de asentar los principios del bien, del
derecho y de la justicia en ese Estado, de acuerdo con el sentido moral vigente,
esto es, tal como los percibe la conciencia social del pueblo y los expresa,
con mandato de ese pueblo, el legislador.
Cuando un ciudadano viola esos preceptos legales, sobreviene la reacción
del Estado, o sea, la sanción. Esto, en
muy pocas palabras, explica el motivo de la Ley Penal.
Es útil recordar, que la
Justicia Penal es uno de los instrumentos más aptos para la formación del bien
moral, de aquel summum bonum que es el fin último de la convivencia humana, a
través de jueces dotados de poder, de ciencia, de dignidad, de honradez, y
títulos suficientes para engrandecer su sagrada misión.
Así pues, no pueden subsistir
en Colombia tiempos ni espacios sin Derecho, en completas tinieblas y vacíos
jurídicos.
Es pertinente reiterar, que es
tanta la importancia de la justicia, que hasta la monarquía teocrática le
rindió homenaje y le pagó tributo desde los más
antiguos tiempos.
Y cuenta la Biblia, que
Salomón, cuando Dios le dijo: “Pídeme lo que quieras que yo te dé.” Contestó: “Da, pues, a tu siervo corazón
dócil para juzgar a tu pueblo, para distinguir entre lo bueno y lo malo”.
Los magistrados judiciales en
el mundo entero, son inamovibles mientras dure su buena conducta. Si presentan prácticas vitandas, surge su
propia caída.
Pues bien. El pueblo pensante de nuestra patria, debe
levantarse de su resignación ante hechos consumados como los del Señor Pretelt,
pues todos nos hemos acostumbrado a una especie de fatalidad, que no acepta
cambios. Pero nuestro futuro no es la
sumisión y el envilecimiento; el desenvolvimiento histórico nos permite
vislumbrar en nuestras tierras se gesta una nueva visión, una nueva forma de
concebir la integración social: En que la justicia es el pilar y soporte de una
nueva sociedad, sin jueces corruptos, idea que nunca podrá ser arrasada, pues
es una simiente que siempre ha acompañado al hombre y nunca lo dejará.
La Colombia honesta que es la
mayoría, debe adelantar una verdadera cruzada en favor del prestigio de la
justicia, pues con conductas como las del Magistrado, dentro y fuera de la
Corte, es innegable que se ha llegado a extremos indecorosos de tal magnitud
que afrentan la tradición otrora respetable de la administración de justicia en
nuestra patria querida.
Quizás la resolución con que
el Gobierno del Presidente Santos entregándose a esta labor de sanidad
espiritual, alcance la finalidad redentora de devolvernos a los colombianos la
seguridad de poder vivir y avanzar protegidos en nuestros fueros y dispuestos a
librar valerosamente la batalla contra toda clase de hampones altos y bajos.
Tiene Colombia más que
suficientes títulos de dignidad para acreditar su comportamiento que fija una
posición de franco rechazo a cuanto viene urdiendo el Señor Pretelt. Si no enfrentamos estos hechos el País se nos
va a deshacer entre las manos.
No se puede, jamás, de un
plumazo, borrar la dignidad de la justicia, ni la conciencia que debe tener el
juez, de la dimensión de su cargo, precisamente por su misión sagrada.
Queremos que la inteligencia
colombiana alumbre a la administración de justicia, ante este alud de hechos oprobiosos, atribuidos por la
prensa al Magistrado, que rompe con los valores jurídicos y morales que le han
servido de soporte a la patria.
Se ha descorrido el velo
también de un vórtice dantesco que entraña la conducta de ese magistrado, por
unos acontecimientos como lo señala la Revista Semana del 7 al 14 de Junio de
2015, en la cual el destacadísimo columnista, que le ha rendido culto a la
verdad, Daniel Coronel, afirma. “En Arboletes, Antioquia, la finca que el
Magistrado rebautizó como La Corona, es realmente la suma de cinco predios
procedentes de baldíos entregados por reformas agrarias…”. “Más allá de la acumulación ilegal de baldíos
– que de por sí sería suficiente – persiste una pregunta: ¿De dónde ha sacado
este funcionario el dinero para comprar todas estas propiedades?”.
Las voces de apremio ante este
comportamiento del magistrado, deben ser oídas por las autoridades erigidas,
precisamente, para defender y sostener el orden jurídico.
Esa conducta, es un auto
cabeza de proceso que pesa históricamente sobre quienes prohijaron el
nombramiento de este magistrado, como el anterior presidente. Causa verdadero pasmo, pero existe un vínculo
de amistad con el paramilitar Mancuso, preso en Estados Unidos, y co-autor de ominosos crímenes de lesa humanidad.
Es la situación de absoluto
desorden jurídico, de corrupción del orden moral, como una mancha de oprobio
que viene de arriba y se extiende por la nación contaminándola.
Alegoría clarificadora de lo
que fue el Nazismo en Europa.
Todo esto, ha ido llevando a
Colombia lentamente, con los ojos abiertos hacia el precipicio de su
desintegración. Por fortuna, como ya lo
expresamos, el Gobierno de Santos si está luchando contra la peste, combatiendo
el mal con heroísmo.
Para conseguir en la
administración de justicia una impecable lucidez, se requiere por parte de
quienes designan a los jueces, profundizar en el complejo mundo de la
personalidad humana, dándole un valor especial a las dotes de juristas,
eruditos, y eximios, transparentes, con fondo de humanidad profunda en la
concepción del Derecho y la severidad de lo que conduce a la justicia, y que
con su moral y virtudes, iluminen esta patria que amamos.
Que para ellos, la cosa
pública sea un vaso santo, de auténtico patriotismo.
En el silencio de su
desolación, la conciencia colectiva sin duda ante estos hechos, del magistrado,
terminará expresándose algún día. Entre
tanto, la pregunta surge espontánea: ¿Hasta Cuándo?
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