-----------------------13 de Marzo de 2010
Desde antiguo, la sociedad ha vuelto la mirada al “Templo del Derecho y la Justicia”, como dijo Stamler siempre que se desquician las normas insustituibles para la protección de los derechos, y el mantenimiento de las instituciones como alimento de la paz y la justicia.
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Es enaltecedora la declaración de inexequivilidad de la Ley 1354, que enmascarando tenazmente las manipulaciones, fraudes e imposturas, convocaba a un referendo que desconocía obviamente los caminos jurídicos.
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Constituyó el empeño de erigir las aspiraciones del Presidente – Candidato, en el rasero de todas las cosas, como un dios laico omnipresente, asistido por los espectros del egocentrismo, el populismo, el neoliberalismo, la competitividad ciega, la insensibilidad lacerante, la desigualdad injuriosa de la dignidad, de la pobreza galopante, la ruina del campo, la simulación de los corruptos parapolíticos y narcos paramilitares que lo secundan, la evasión ominosa de la seguridad social, el déficit fiscal que sepulta al país ya hipotecado, la guerra paranoica antes que la paz, el nazismo inherente, y tantas otras felonías de similar catadura.
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La espléndida providencia, tiene la fuerza de una madrugada, que le pondrá fin al inaudito “Estado de Opinión”, ese exabrupto devastador de los principios propio de los dictadores, para cautivar ingenuos y asegurar el poder. Luminosa y sabia doctrina de la Corte Constitucional, faro de dignidad, de entereza, de pedagogía de la esperanza, y obstáculo infranqueable para las fuerzas oprobiosas que pretende arrollar el Estado de Derecho.
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Es un dique definitivo a la personalización del poder presidencial de Uribe, que socava los fundamentos mismos de la República.
Se pretendió encubrir la violación de la Carta Fundamental, transitando por el sendero de ese referendo tramposo, que en su trámite llegó a extremos indecoros, desafiantes de las normas penales, para darle cimientos a la pretendida reelección.
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No obstante, en medio de los hechos perturbantes, de la aridez del desierto, le surgen a Colombia algunos oasis que obviamente contribuyen, como este fallo, a darnos una visión distinta de lo que en realidad es el país, sus perspectivas humanas y sus sentimientos. Es una providencia, que hunde sus raíces en los valores del espíritu y enlaza a las generaciones actuales con una tradición jurídica e intelectual, que nos honra y enaltece.
Es que la justicia, como afirmaba Platón es la razón de ser del Estado, su piedra angular, podemos agregar. Empero, todo “hombre providencial”, se desborda sobre sí mismo e ignora que la política, según criterio de Sófocles puesto en labios de Antígona era “el sentido de lo justo, el don de compartir en comunidad, el don de propiedad de Zeus”.
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Uribe, con su ambición de poder realizó sobre la Carta Fundamental, sucesivas maratones violatorias de su espíritu y su letra, y del espíritu y letra de muchas disposiciones legales. Por completo olvidado de que sin justicia la convivencia social no existe ni puede existir, en ningún orden. Sin una equitativa tenencia de la tierra, que a nadie excluya y a todos dé no solo supervivencia sino las elementales condiciones de una vida plena con salud, educación, servicios básicos, y la realidad de un futuro feliz.
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Con su cínica mentalidad continuista, expresó Uribe en días pasados: “Ocho años no son suficientes para recuperar la seguridad”.
Sin embargo, constituyen una eternidad para los millones de desplazados; los cientos de miles de familiares de las víctimas de los genocidios de lesa humanidad, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, como apología de la “seguridad democrática”; ocho años suficientes para despreciar y vulnerar los derechos humanos, en otras palabras; ocho años, más que suficientes para la infamia de Carimagua, y Agro Ingreso Seguro, con Andrés Felipe Arias, coautor de hechos punibles, aún en el cieno de la impunidad. Y, ¿No son suficientes ocho años para la ilegítima y procaz Zona Franca de los “hijos del ejecutivo”?.
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El fallo ha cortado en dos la historia nacional reciente. Porque nada será igual a lo que teníamos de ignominioso e inmoral. El orden constitucional arranca aquí y ahora, con el fallo resplandeciente de estos guardianes honorables del Estado de Derecho. Así se hace la buena historia, defendiendo la Ley y la moral, con visión y grandeza.
La mala quedó en evidencia en estos ocho años en los cuales el Gobierno de Uribe despreció los valores constitucionales y éticos que estructuran el Estado. El oprobio se extendió y enmarcó a desvergonzados parlamentarios, que además se pasearon orondos por los recintos del Código Penal, a tal punto, que Uribe les ordenó: “voten por el gobierno antes de que los detengan”.
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Para fortuna de la patria, la Corte Suprema de Justicia, también ha cumplido con su sagrado ministerio, de dar a cada quien lo que le corresponde.
Dios nos tenga de su mano, para que el pueblo iluminado, vote por candidatos decorosos, que angustiosamente requiere Colombia, para el nuevo Congreso de la República.
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