Por
Gerardo Delgado Silva
El
Estado de Derecho es la organización política de la sociedad que reposa sobre
normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad
arbitraria y personal.
Así
se llegó al constitucionalismo como sistema de organización
político-social.
El
constitucionalismo impregna con su sentido, la vida de la humanidad civilizada
y culta.
Sin
su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de los
derechos humanos, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva
que pudiera abrirse paso en su sagrada misión.
Es
que, si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido los grandes
soportes que le dan sentido a su existencia.
Por
eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando
los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la
ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.
Así
pues, el Gobierno nunca puede bajar la guardia, porque su compromiso moral es
el de tener fe en la justicia ordinaria, considerada con tantos atributos
intrínsecos, emparentada en su espíritu con otros bienes y valores que el
hombre busca en su porfía por embellecer y dignificar la vida.
Dante,
expresó sencillamente que la justicia es “una virtud al servicio de
otros”. Los magistrados y jueces que la
representan en nuestra patria, se han distinguido por su consagración a la
ciencia del derecho, por la constante y fervorosa defensa de los Derechos
Humanos. De no ser así, Colombia estaría
en el abismo insondable de los amargos genocidios, los eufemísticos “falsos
positivos”, dramáticos testimonios de una agonía espiritual y moral de la
patria.
Platón
en su obra más importante, “La República” plantea un Estado Ideal, en el cual
debe prevalecer la justicia, Platón así mismo, refuta en primer lugar, la tesis
absurda de los sofistas en el sentido que el derecho nace de la fuerza y opina
que el hombre injusto no podrá tener felicidad jamás.
El
país avanza irracionalmente a pasos largos hacia una modalidad que combinaría
los poderes nominales del régimen presidencial, con los efectivos de un régimen
militar.
Se
advierte como una tragedia el peligro del sistema democrático, ante ciertas
afirmaciones que cambian el espíritu de la Constitución, expresadas por el
Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, con talante de
militarismo, apoyados en la fementida “inseguridad jurídica” ante la justicia
ordinaria, para que el país prefiera insensatamente el reforzamiento de una
“justicia penal militar” y la ampliación del “fuero” militar, a fin de conocer
diabólicamente los hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos.
Dizque,
se excluyen de la reforma Constitucional del “fuero”, crímenes de lesa
humanidad. Empero, ¿Quién adjudica la
competencia destinada exclusivamente al conocimiento de esos hechos criminales?
¿Qué va a acontecer con el principio de favorabilidad, y los procesos contra
los autores de genocidios, eufemísticamente llamados “falsos positivos”? ¿Y con
los hechos punibles de los militares que han estado vendiéndoles armas a los
grupos al margen de la ley?
Vaya,
vaya como dicen los ingleses. Corresponde nada menos que a la justicia militar
– juez y parte al mismo tiempo -, en última instancia esa adjudicación de la
competencia, para fomentar la seguridad jurídica inmersa en los cuarteles;
persuadidos de que allí se encuentra el “súmmum bonum” del derecho, que es el
fin último de la convivencia humana.
Algo así, como un hipotético Nirvana para Colombia, la bienaventuranza de una
auténtica justicia.
Semejante
exabrupto jurídico, viene amancillar la propia piel transparente de la
patria. De ahí, que no les fuera
indiferente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos; a Human Rights Watch; a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, quienes descalifican semejante esperpento y reclamaron el hundimiento
del proyecto.
El
“fuero”, se puede considerar como una nostalgia totalitaria, que revela como se
entrelazará irremediablemente la impunidad.
Es el sendero para volver al tétrico pasado, cuando se extendió la
competencia de los tribunales militares al juzgamiento de civiles, una
refulgente cola del Estado de Sitio, como una alegoría violenta y clarificadora
de lo que fue el terror nazi. En otras
palabras, significa anclar el pensamiento turbulento del señor Uribe, que ha
pasado por alto los derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la
persona humana, no obstante el valor supremo que la Constitución le otorga y
que constituye a la persona en un fin para el Estado, que vincula y legitima a todos los poderes
públicos.
Es
el camino de espacios sin derecho, como los recorridos por los señores
parapolíticos.
No
entiende el Señor Ministro ni el Comandante, ni tiene tampoco por que entender
que en la justicia penal ordinaria, en su función hermenéutica, se parte del
análisis de la conducta humana, contando con las nociones de ser, de causa, de
sustancia y de fin. Ordenamientos intelectuales que se aplica por imperativo de
la razón, mediante una actividad lógica y dialéctica, de inducción y deducción,
iluminada por la Sociología Penal, la Psicología, el Psicoanálisis criminal, la Criminalística, de brazo de la Sana Crítica,
que conduce a discernir lo verdadero de lo falso. Sólo así se conciben las providencias de la
justicia ordinaria sumergidas en la certeza, que hacen posibles la convivencia
y la paz. La expresión de la Soberanía Nacional. Aquí se fundamenta el Estado de Derecho, la
esencia misma de la Democracia. Por
ello, los jueces ordinarios ostentan en el mundo entero, la más sublime de
todas las dignidades.
En
últimas el “fuero” va a constituir el desmonte de la defensa de los Derechos
Humanos en nuestro país y un sablazo al Poder Judicial, establecido en la
Constitución con carácter independiente y soberano.
Una
verdadera utopía en este Gobierno de Santos, que ha querido ser abanderado del
Estado de Derecho.
En
puridad de verdad, la historia nos cuenta que Atenas le legó a la humanidad la
Filosofía y el Derecho. Esparta con su
militarismo, no le dejó absolutamente nada, como que no tenemos noticia cierta
en que lugar de Grecia estaba situada.
Con
acusadora precisión, surgen límpidas las palabras de Clemenceau: “La justicia penal ordinaria, es a la
llamada justicia penal militar, lo que la música clásica, es a la música
militar”
