----------------------------------Por: Gerardo Delgado Silva
El universalmente conocido pensador Rudolf Stamler, dejó escrita su visión del “Templo del Derecho y la Justicia”, diciendo: “…Pero, entre los hombres comenzaron a despertarse otros afanes…los fallos sagrados del Templo ya solo se buscaban para cubrir las apariencias… Las normas de conducta que de él irradiaban seguíanse tan solo en contados casos. Mientras no sepa –invocando las palabras de Platón- qué es lo justo, me hallaré muy lejos de saber si es o no una virtud…”
Y bien. La justicia entraña a la vez derechos y deberes. Derechos en cuanto nos protege; deberes en cuanto exige a los habitantes del territorio nacional, denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento, salvo las excepciones determinadas en la Carta Fundamental y en la Ley.
Su fundamento lo encontramos en la naturaleza misma de la acción penal por una parte, y por otra, en principios aceptados universalmente, en cuanto el derecho penal se propone la defensa social y la promoción de una moralidad más alta.
La obligación o deber testimonial, comprende el aspecto sustancial de decir la verdad espontáneamente, partiendo de un propósito de sinceridad y perfecta buena fe. Lo cual señala que debe estar exento de indemnizaciones o intereses, que condicionen su conducta y su plena autonomía jurídica.
Si el testigo al declarar se encuentra presionado por estas circunstancias de obrar dinero y con una orientación especial sugerida con voluntad de contrariar la verdad de los hechos, aparecerá la presunción de haber procedido temerariamente o con torcidos fines. La prueba testimonial solo tiene valor probatorio en cuanto ella es reflejo de la verdad, producto de hechos y relato fiel de testigos.
Con los denominados “informantes”, que quiere el Presidente Uribe instituir en las universidades, se quebrantan los principios científicos que garantizan la prueba testimonial.
Causa honda conmoción, en medio del gran caos que confunde al país y lo mantiene en zozobra, que el Presidente incurra una vez más, en manifestaciones de simple descarrilamiento constitucional, al proponer a los estudiantes universitarios una remuneración por su testimonio, como único freno al vandalaje desatado desde las madrigueras sanguinarias de los delincuentes; curioso criterio del debido proceso. Todo esto, sin adelantar una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia y su eficacia en el necesario combate contra el desorbitado progreso de la delincuencia en Colombia. No se puede ignorar en forma tan pluscuanperfecta el más elevado interés público que es el de administrar justicia.
Se le escapo al Presidente Uribe en la universidad Jorge Tadeo Lozano como un sablazo a la constitución que: “Yo si prefiero tener un país con una cultura de cooperación con la Fuerza Pública…”¿No es la entonación de un canto a la progresiva paramilitarización de Colombia?
No puede eludirse el deber de enfrentar a los delincuentes, pero sin desconocer los caminos de la justicia, ni eliminar el Derecho Internacional Humanitario, para la protección de la población civil en conflictos internos, obligatorio para Colombia, según la Convención de Ginebra de 1949 y los protocolos anexos.
¿Así se estimulan al máximo las dotes intelectuales de los jóvenes universitarios? ¿Las “delaciones”, no fueron un rasgo persistente de las ideologías nazi y comunista, en su irracionalidad totalitaria?
Pero es más escalofriante, exigir las “delaciones”, en un espacio que debe estar por encima de cualquier confrontación violenta.
El que se pretenda alinear ideológicamente a los estudiantes mediante la entrega de dinero, revela el propósito real, que reconfirma el rumbo totalitario, para suprimir implacablemente, no a la subversión, si no a la conducta considerada antisocial a cuantos sean opositores al régimen, desajustando todos los resortes del Estado de Derecho. “Quien no está conmigo, está contra mí”. No hay duda en el sentido que Uribe es epígono de Bush, de Hitler o de Stalin.
No hay una letra en la Carta Fundamental, que autorice al Presidente, semejante despropósito. Toda facultad de carácter discrecional es, por su naturaleza, antisocial y antijurídica.
Si horroriza el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de la guerrilla y los paramilitares; el enfoque del Gobierno de Uribe con los estudiantes, es otra forma de atarlos para que vean en una sola dirección y solamente lo programado. No serían delatores de la verdad si no encubridores de la mentira. Esa no es la práctica en la gran batalla de la reconstrucción moral, social y material de la República, ni la restauración del buen nombre del país, después de los innumerables “falsos positivos”; las interceptaciones criminales a personajes de Colombia.
El Presidente Uribe parece más preocupado por ajustar cuentas que por contribuir al advenimiento de la paz y la justicia. No es ciertamente la pedagogía de la esperanza, que haga la luz en el desorden que rodea a la institucionalidad de nuestra patria.
En fin, la universidad solo debe ser un santuario del pensamiento, no puede hacerse de los estudiantes y profesores, un vasto rebaño de seres racionales abozalados sin contemplaciones, en un inevitable proceso por el sinuoso sendero de los mercenarios. No puede jamás sustituirse en el templo de la inteligencia y la cultura, el suave y arduo ejercicio de la dialéctica por las órdenes castrenses, secas y estridentes como los disparos.
