Los ciruelos: Pecados y huaquería

Por: Alejandro Arias (alejandroarias@dialnet.net.co)

En dos diferentes consultorías, aparte de la que hoy adelanta el Incoder a instancias de las Superintendencia de Notariado y Registro, tendientes a determinar el estudio de títulos de quienes ocupan el Parque Tayrona, específicamente en el sector de Bahía Concha, se ha llegado a una misma conclusión: “hoy no se sabe cuáles son los verdaderos terrenos de la nación”.

El primer estudio data de 2003, realizado por el abogado Filipo Ernesto Burgos Guzmán titulado “Consultoría definición y apoyo en la implementación de una estrategia para la recuperación efectiva de los territorios en el área protegida del Parque Nacional Natural Tayrona”. (Ver CONSULTORIA FILIPO BURGOS GUZMAN: http://sdrv.ms/UbJ3zh)

Según Burgos Guzmán la historia de estos predios data del 30 de agosto de 1962 cuando el Incora inició los trámites de extinción del dominio por falta de explotación económica o incumplimiento de la función social de la propiedad de la finca denominada Villa Concha, Magadalena, Concha, Atajo de Concha o Concha Palangana.

Mediante Resoluciones N.° 14224 y 118 del 22 de septiembre de 1968 el Incora efectivamente decretó la extinción del dominio de dichos predios con una extensión aproximada de 4.000 hectáreas, dejando a salvo una porción del terreno denominado “Villa Concha” de 164 hectáreas más 9.750 metros cuadrados que estaban siendo efectivamente explotadas por el Seños Julio Sánchez Trujillo.

Posteriormente el Consejo de Estado, mediante fallo de agosto 6 de 1971, reformó dicha resolución y aumentó el número de las 164 hectáreas a un total de 400 que eran las que se debían reconocer a favor de Sánchez Trujillo.

Según el abogado Burgos Guzmán una vez hecha las verificaciones de las posteriores ventas de estos predios se pudo concluir que las 3.600 hectáreas recuperadas por el Incora a favor de la nación se han venido reduciendo por que el señor Julio Sánchez Trujillo, propietario de la parte que se excluyo de la extinción del dominio, ha vendido 4 veces más de lo que tenía y agregó que, en resumidas cuentas, el Estado ha perdido casi todo el territorio recuperado quedándole únicamente el folio de matricula inmobiliaria y las resoluciones de extinción del Incora.

El otro estudio se trata de la consultoría contratada por la Embajada de Países Bajos (CARPACOT – UAESPNN) con la doctora Marlenny Díaz Cano. Informe del año 2004 - 2005. Dice en su informe la doctora Díaz Cano que como se ha reiterado a lo largo de los estudios jurídicos referidos a este caso, el propietario del bien Villa Concha, que fue excluido de la declaración de sustracción del régimen de reserva especial de colonización que se hizo del globo de terreno Concha y atajo de Concha, realizo compraventas sobre terrenos que excedían a las 400 hectáreas legalmente suyas. Y agregó que se hace notoria la irregularidad jurídica y administrativa que se presento al ser registradas las compraventas sobre estos terrenos”. (Ver INFORME DE CONSULTORIA  DIAZ CANO 2004 BAHIA CONCHA: http://sdrv.ms/UFe652)

Con este mismo informe se llamó la atención sobre la urgencia de determinar claramente los linderos del predio Villa Concha, identificada con el número catastral 00-3-001-001; ya que de no aclararse este punto se dificultaría cualquier proceso que busque la declaración de ocupación indebida de los predios de la nación, pues los compradores presentan escrituras de compraventas registradas y derechos de dominios inscritos en los certificados de tradición y libertad de los predios con linderos a su favor. No sobra precisar que en este predio, en particular, está ubicada la playa Los Ciruelos y por ende el proyecto cuya Licencia ha sido suspendido de forma provisional por la ANLA. (Ver GRAFICA DE LOS TERRENOS EXTINGUIDOS Y EXCLUIDOS y PLANO SECTOR 3 DE BAHÍA CONCHA: http://alejandroaria2.blogspot.com/) 

Licencia que además de haberse expedido sin que se hubieren cumplido con las consultas previas con las comunidades indígenas de la SNSM al sustentarse dicha omisión en un oficio del Grupo de Consulta Previas del Ministerio del Interior con el que se certificó que “NO SE REGISTRAN comunidades indígenas en el área del proyecto” no obstante que este proyecto está ubicado dentro de la frontera de la línea negra (Ver MAPA LÍNEA NEGRA: http://alejandroaria2.blogspot.com/) se suman las graves evidencias de destrucción de los sepulcros indígenas allí ubicados por el asalto continuado de huaqueros a estas riquezas arqueológicas en esos mismos terrenos donde se había licenciado Los Ciruelos y que han estado bajo el control de sus promotores. (Ver FOTOGRAFÍAS: http://alejandroaria2.blogspot.com/)

El proyecto los Ciruelos es una especie de Pandora puesta en el Tayrona solo para introducir el mal en el que los pecados, sin dudas, abundan.

DE ÑAPA: En la publicación pasada afirmé que no obstante haber informado al Sub Director de la ANLA, Rodrigo Suárez, sobre esta serie de irregularidades esta entidad había preferido caminar de la mano del Código Penal. Hoy debo reconocer que la ANLA, y en particular el Dr. Suárez, han sido muy diligentes en la búsqueda de caminos en pro de la defensa y protección del más importante santuario ecológico y cultural del país: el Parque Tayrona. Esperamos sí que la medida de suspensión adoptada sea pronto definitiva y para nunca jamás.

Administración y términos del debido proceso

Magdalena: Valorización vulnera derechos fundamentales

Por: Alejandro Arias

E-mail: alejandroarias@dialnet.net.co

Las notificaciones de los actos administrativos dentro del procedimiento tributario resultan ser de suma importancia. Primero porque dicho proceso legitima las acciones de la administración en términos del debido proceso, razón por la cual  ésta debe esforzarse para que los contribuyentes conozcan oportunamente las acciones que les interesan para ajustar su comportamiento procesal. Segundo porque desde una perspectiva de eficiencia se garantiza el debido proceso al contribuyente y se evita que estando adelantados en el proceso tributario todo lo construido se venga abajo, producto de la vulneración a los derechos de defensa, de contradicción y de la doble instancia.

Esta etapa de la notificación reviste gran importancia toda vez que de su debida ocurrencia se deriva la eficacia de los actos de la administración; es decir, que de no comunicarse al administrado la actuación en debida forma carece de efectos jurídicos.

La regla general de notificación de las actuaciones de la administración tributaria está consagrada en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional (ETN), modificado por el artículo 45 de la Ley 1111 de 2006, en virtud del cual la notificación de las actuaciones de la administración debe hacerse por cualquiera de tres alternativas: i) de manera electrónica, ii) a través de su entrega personalmente, o iii) mediante el envío por correo al destinatario de una copia del acto administrativo.

La notificación electrónica se entenderá surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuando esta notificación no pueda hacerse por razones técnicas podrá realizase a través de las demás formas de notificación previstas en el Estatuto, según el tipo de acto de que se trate.

El artículo 569 del ETN establece que la notificación personal consiste en la entrega del acto administrativo por parte de un funcionario de la administración al destinatario de manera personal, ya sea en su domicilio o establecimiento, o cuando éste se acerque a recibirlo en las oficinas públicas voluntariamente o atendiendo una citación oficial.

Señala igualmente, que el funcionario encargado de hacer la notificación deberá dejar constancia de la correspondiente fecha de entrega y de los datos generales de quien se notifica debiendo señalarle al notificado los recursos que proceden contra dicho acto administrativo.

No debe olvidarse que si no se observan a cabalidad los procedimientos y los requisitos de la notificación el acto de la administración se entiende por no notificado y en consecuencia no le generará obligaciones ni vinculará al contribuyente como tampoco podrá predicarse que el acto hubiere quedado en firme.

De conformidad con el nuevo artículo 565 del ETN la notificación por correo consiste en el envío de una copia de la actuación administrativa a la última dirección informada por el contribuyente. Para el efecto, la norma señala que podrá hacerse uso de los diferentes servicios de correo, es decir, a través de la red oficial o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

La notificación por correo, de acuerdo con el ETN, se aplica en aquellas actuaciones de la administración en materia tributaria aduanera o cambiaria. En cuyos casos si agotada la búsqueda sin que sea posible establecer una dirección, la norma prevé que la actuación se publique en un diario de amplia circulación como medio de notificación.

Por último la Corte Constitucional en sentencia C 096 del 31 de enero de 2006 señaló que “el conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una formalidad que puede ser suplida de cualquier manera”.

Estos procedimientos que debieron observarse a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los potenciales contribuyentes de la valorización en el Magdalena no fueron obedecidos. No hay un solo antecedente que permita inferir que tales garantías, de alcance constitucional, se hubieren cumplido.

La Ordenanza 12 de 1997, artículos 87 y subsiguientes, reglamenta unas formas de notificación y defensa de los contribuyentes que resultan ser contrarias a la Constitución y no obedecen el ETN. (Ver ART 87 Y SS ORDENANZA 12 DE 1997: http://sdrv.ms/S91QLb)

Es preciso recordar que de conformidad con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, las entidades territoriales deben aplicar el procedimiento del ETN para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio relativo a sus tributos.

Y los artículos 87 y siguientes de la Ordenanza 12 de 1997 evidentemente no se ajustan al Estatuto Tributario como igualmente los antecedentes de los procesos agotados tendientes a notificar y tratar de dejar en firme los actos que asignaron la valorización a los inmuebles igualmente vulneran los derechos fundamentales de los Samarios y los Cienagueros al debido proceso y la doble instancia, careciendo de fundamentos constitucionales, en consecuencia, dichos cobros.

DE ÑAPA 1: A efectos de contribuir en la defensa de los derechos de los Samarios y los Cienagueros en este link podrá descargar el modelo del primer derecho de petición a efectos de lograr la prueba de que sus garantías constitucionales fueron vulneradas por el Departamento del Magdalena: http://sdrv.ms/QxmLGs

DE ÑAPA 2: Superar las causas de la violencia ciudadana exigen importantes retos, especialmente en materia de educación para superar los terribles índices de inequidad que azotan a Santa Marta. EDUPAZ es un esfuerzo privado que merece ser apoyado: http://edupazsantamarta.jimdo.com/

A propósito de la corrupción

TENGO MIEDO

Por: Alejandro Arias

He publicado más de 300 investigaciones asociadas a la corrupción en Santa Marta y el Departamento del Magdalena, en los sectores públicos y privados. Cada publicación además tiene el alcance de denuncia al resaltar en cada publicación que “este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia”. Razón por la cual hoy más de 100 de ellas son base de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.

La presunta corrupción de la anterior administración Distrital y sus funcionarios  me mantuvo ocupado durante los 4 años y de ella recibí los mayores ataques en pro de mi desprestigio y deslegitimación.

Denuncié las atrocidades cometidas en contra de la sostenibilidad del más importante escenario natural de nuestra ciudad: el Parque Natural Nacional Tayrona.

Hice visible su invasión y revelé cada hoja de cada informe que demostraba el brutal proceso de invasión y privatización de sus territorios hasta lograr que, después de 60 años, el Gobierno Nacional y sus agentes por fin ejerciera autoridad en él.

He denunciado la pérdida sistemática de nuestro mejor tesoro: el mar.

Hoy 8 playas son un peligro cuando siempre fueron para mi generación motivos de tranquilidad y alegría. Denunciarlo ha amenazado a aquella industria que cree que ocultarlo es mejor que exigir remediarlo.

Con buenos amigos y samarios lideramos la más importante marcha por la dignidad de la historia de Santa Marta el 20 de enero de 2011. Los samarios expresamos con creces qué tan aburridos estábamos de vivir como si fuéramos payasos de corraleja en medio del menosprecio y la porquería.

Por más de 12 años hemos liderado con anónimos héroes Fundaservicios entidad con la que hemos defendiendo a todos aquellos que han sido victimas de los abusos de las empresas de servicios públicos domiciliarios con dos particulares condiciones: la primera que 7 de cada 10 personas ha recibido asistencia de forma gratuita y segundo todas las defensas con gran éxito.

Hice visible la gran mentira oculta de la presunta honradez del actual Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar. Solo porque nunca tuvo el valor de reconocer a sus electores y hoy a los ciudadanos que lidera que estaba, está y seguirá estando sub judice por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado con paramilitares ante una Fiscalía de Derechos Humanos hasta que la Fiscalía General de la Nación o un Juez de la República decida lo contrario.

He defendido sin cuartel los derechos de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y con Fundación Misión Colombia propendemos por la recuperación de sus territorios aún denunciando al Ejército Nacional de Colombia mi otra pasión; porque entiendo que amar el Ejército no me puede hacer cómplice de un abuso.

He denunciado cómo la gente se muere en las puertas de las clínicas de Santa Marta, públicas y privadas, e incluso hoy he puesto en conocimiento cómo muere nuestra gente dentro de ellas. Clínicas que no ofrecen los mínimos recursos que la ley exige y con los cuales garantizar la vida de quienes en ellas confían.

Proyectos como el de Cabo Tortuga, el Parque Cementerio Jerusalem, Puerto Petaca, la demolición de los cerros, la ocupación y construcción en las rondas hidráulicas de los ríos manzanares y gaira y el licenciamiento despiadado y en contra de todo lógica de conservación y respeto a la ley han sido foco de mis publicaciones.

Tampoco he descansado en expresar la inviabilidad del Departamento del Magdalena sólo porque sobre su gente y sus riquezas lo único que no ha habido es respeto. Nadie responde por los damnificados del invierno, la inexistencia de obras de mitigación que se pagaron, la educación coptada, el PDA siniestrado, la salud negociada, en fin. A todo eso ahora se nos suma, a los Magdalenenses, la Tasa Mello un invento que pretende presuntamente legalizar la pignoración de $ 65 mil millones sacados literalmente y con todo respeto de los bolsillos de los más pendejos.

Solo por investigar y revelar estas cosas a lo largo de estos últimos cinco años no ha faltado persona que me prevenga que debo cuidarme mucho pues consideran que esas son razones suficientes para querer asesinarme.

Repasando las razones de la suerte de este hermoso territorio y reflexionando aún más allá del temor a que me tiroteen en cualquier semáforo parodio la frase del General Luis Mendieta quien duró 9 largos años secuestrado por la Farc: no es a lo que me puedan hacer los malos sino a que las cosas no cambien para mejorar y a la indiferencia de los buenos a  lo que le tengo miedo.

ÑAPA 1: En estos links pueden descargar las ordenanzas 014 de 2008 (http://sdrv.ms/Nbijcs) con la cual se creó la tasa de seguridad en el 2008 conforme a la Ley y 006 de 2012 (http://sdrv.ms/OxgSoO) que corresponde a la tasa Mello. A propósito ya radiqué las denuncias pertinentes ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ojalá esta ultima sea tan eficiente como lo fue con el padrino de la campaña del Mello Cotes, el ex gobernador Omar Diazgranados Velásquez.

ÑAPA 2: El Plan de expansión Urbana que el Alcalde le presentó al Ministro de Vivienda Vargas Lleras y con el que pretendía urbanizar una reserva ambiental elevada a parque por el P.O.T. - Parque PAZ VERDE también lo denunciamos ante la CGR y la Procuraduría Provincial de Santa Marta.

La prestación del servicio público

Magdalena: Concurso en salud, una vagabundería

Por: Alejandro Arias

¿Qué Tienen en común los ex Gobernadores Trino Luna Correa y Omar Diazgranados Velásquez con el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar? Un nombre en particular, el del doctor Jairo Enrique Romo Ortiz.

El artículo 125 de la Constitución elevó a rango constitucional el mérito como principio rector del acceso a la función pública.

Primero para asegurar el cumplimiento de los fines estatales de manera eficiente y eficaz, al lograr con ello la prestación del servicio público por personas calificadas. Segundo porque el mérito como criterio rector del acceso a la función pública garantiza el derecho de las personas a elegir y ser elegido, así como el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y tercero porque la selección con fundamento en el mérito promueve la igualdad de trato y de oportunidades, permitiendo que cualquier persona calificada para el cargo pueda participar en el respectivo concurso.

No obstante que desde 1993 están instituidos los concursos de mérito en el sector salud, con la entrada en vigencia de la Ley 100, en el Magdalena solo hasta el año 2004 se abrió el primero con el objeto de proveer cargos de gerentes a la red hospitalaria del departamento.

Proceso de selección en el que el doctor Jairo Romo ocupó el primer lugar en el concurso que proveía de gerente al Hospital San Rafael de Fundación. Cargo que, a pesar de haber sacado la mayor puntuación, no ocupó porque el Gobernador de la época, Trino Luna Correa, no lo escogió de entre la terna de elegibles.

En el año 2008, siendo gobernador Omar Diazgranados Velásquez, el Departamento abrió concursos para proveer cargos de gerentes a los hospitales departamentales. Jairo Romo también participó e igualmente ocupó el primer. En esta oportunidad para gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, hoy Universitario Troconis, de Santa Marta cargo al que tampoco se pudo posesionar.

Una acción popular interpuesta por María Elena Jiménez en contra de la Universidad Sergio Arboleda y el Gobernador de Magdalena para que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público fue la excusa.

El calvario judicial empezó el 6 de noviembre de 2008 cuando el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta admitió la demanda. Admisión de la que se solicitó su anulación; anulación que el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió mediante auto de 11 de mayo de 2010 (dos años después) y fue ahí cuando apenas se dio inició de verdad verdad a dicho proceso. Acción Popular que de acuerdo con la ley 472 de 1998 no debería demorar más de 40 días incluida la segunda instancia.

Siendo Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, el 6 de marzo de 2012 la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Prospero Reverend, de la que también es Presidente, invitó a conformar la terna de elegibles del cargo de gerente de esa entidad. Concurso del cual ocupó el primer puesto Jairo Romo Ortiz. hecho que quedó consolidado el 21 de abril de este año cuando se hicieron las respectivas publicaciones.

Pero dos sentencias de tutela (Ver SEGUNDO FALLO: http://sdrv.ms/PTPkKE) y sendos pronunciamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil no han sido suficientes para que el Alcalde de Santa Marta honre el bendito concurso y dé legal posesión en el cargo a Romo Ortiz. Muy a pesar que así se comprometió en declaraciones que diera Caicedo Omar a la SillaVacía.com.

Publicó el pasado 3 de julio la SillaVacía.com que “El Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, ya accedió a posesionar al gerente de la ESE Alejandro Próspero porque éste ganó una tutela que interpuso. Sin embargo, Caicedo señala que en el proceso hubo eventualidades que cambiaron las reglas de juego estipuladas, motivo por el cual intentó detener el concurso”. (Ver http://bit.ly/LUwp79)

Pero ahora de debajo de la cama resultó un tercer fallo de tutela, de cuya existencia ya se escuchaban rumores que anunciaban que el concurso completo se tumbaría. runrunes que dejaron de serlo con el fallo de tutela proferido por el juzgado 7 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento  y Depuración de Santa Marta fechado 1 de agosto de 2012 con el cual se tumbó todo el proceso de selección, desde la convocatoria misma, amparando supuestos derechos de un ciudadano que alegó no le permitieron inscribir su nombre en el concurso. (Ver ULTIMA TUTELA: http://sdrv.ms/OSokQy) Fallo del que ya se enuncian particulares circunstancias.

Primero, se señala que el juez no aplicó, para efectos de este fallo, el principio de inmediatez púes pasados 5 meses desde la apertura de dicho concurso sólo hasta ahora el tutelante se acordó de reclamar.

El segundo aspecto se centra en el hecho de que al generar efectos este fallo sobre intereses de terceros, como la Universidad que adelantó el concurso y Jairo Romo quien vería afectados los derechos adquiridos, llama la atención que a los mismos no se les hubiere vinculado al particular proceso garantizándoles así el derecho a la defensa.

Ejemplos como estos son los que han permitido titulares como el publicado por el periódico El Tiempo el pasado 3 de mayo: “Once hospitales del Magdalena no tienen gerentes en propiedad” (Ver http://bit.ly/RAxkGM) 

Y mientras estas argucias jurídicas se hacen recurrentes son más los pobres de los municipios del Magdalena y Santa Marta muriendo en las puertas de los Hospitales suplicando les garanticen el más elemental de sus derechos: la vida.

Voces como la de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República son mudas mientras que en el Magdalena los concursos de meritos, en el sector salud, no pasan de ser una vagabundería. 
alejandroarias@dialnet.net.co

¿Sin infraestructura para vivienda?

MAGDALENA, COMO EN LAS ÉPOCAS PARACAS

-----------------------------------------Por: Alejandro Arias

Vino al Magdalena, a Santa Rosa de Lima, el Ministro Germán Vargas Lleras y anticipó que el Departamento no ha aplicado para una sola casa de las 100 mil gratuitas del programa presidencial (Ver VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=auNKpZk7raI) 

Según explicó la Gerente del Plan Departamental de Agua el Departamento no aplicaba por casas ante la ausencia de infraestructura de acueducto rural y resulta que el mismo día se aplaudió porque se aseguraba el inicio de la construcción del acueducto rural. Pero la alegría fue corta, hasta que se supo que el acueducto rural dependería del Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Felicidad corta por una razón evidente: el PDA a lo largo de estos años tiene muy poco para celebrar y mostrar.

Los señalamientos fluyen con facilidad y del carrusel contractual no están ajenos ni los Nule, de acuerdo a las denuncias conocidas. Por otra parte en los municipios donde se hizo el acueducto no se ha entregado el alcantarillado, en otros donde se entregó el alcantarillado no está el acueducto y en los pocos donde ya se entregó el alcantarillado y el acueducto estos no funcionan porque no hay quien los opere.

Hoy las denuncias precisan que sólo de 5 municipios están enredados más de $ 100 mil millones entregados a esta entidad para la ejecución del proyecto del Plan Departamental de Agua sin que se hubiere obtenido resultado alguno. Proyecto que además ha sido tres veces declarado siniestrado. Debate para el que la Asamblea Departamental, no obstante las evidencias, terminó escurriéndose. (Ver HOY DIARIO DEL MAGDALENA 31JUL2012: http://bit.ly/z4F6Pz)

Vino David Luna y exaltó la inclusión, en el Plan de Desarrollo Departamental, el eje estratégico de la “Productividad de la oferta laboral y Trabajo Decente”. Pero el Viceministro de Relaciones Laborales de lo que no está informado es que no ha habido un solo gesto que permita pensar que la Gobernación del Magdalena quiera acabar con la tercerización o intermediación laboral en los diferentes sectores públicos del entre territorial.

Así lo confirmó Nidia Castañeda, Presidenta del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (Sindess), al precisar, por ejemplo, que en el Hospital Universitario Trocconis el personal administrativo y de servicios generales es contratado a través de la firma RedSalud y el personal de asistencia médica, como auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos, son contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios que nunca superan los dos meses.

Fórmulas de contratación que le niega estabilidad laboral, acceso a prestaciones sociales y demás garantías laborales a todos quienes son contratados por esta vía. Que de los siete meses corridos el Departamento no ha contratado con ninguna IPS Pública represando más de $ 5 mil millones afectando la calidad de los servicios, como el caso del Hospital Santander Herrera de Pivijay sometido a paro desde hace un mes.

Pero el tema de la salud no se queda ahí, también se ha denunciado corrupción en el proceso de selección de los gerentes de hospitales (Ver HOY DIARIO 17JUN2012: http://sdrv.ms/N9ONUV), el desangre del Hospital de Ciénaga que solo en el mes de enero de este año presuntamente se parrandeó $ 800 millones (Ver HOY DIARIO 28JUN2012: http://sdrv.ms/N0K7SS) y la entrega de los hospitales a las mafias (Ver HOY DIARIO 11JUL2012: http://sdrv.ms/NTlJ6g). Y aunque desde la Asamblea Departamental se lanzaron muchas de estas denuncias, para ello no hubo control político ni se conoce decisión de fondo.

Pero como si lo anterior fuera poco; el Gobernador del Magdalena y la Asamblea Departamental se inventaron una Tasa para la financiación del Fondo Cuenta Territorial para la Seguridad Ciudadana con cargos que van desde los $ 2.344 para el estrato dos hasta $ 23.445 para el estrato seis residencial y un porcentaje del valor del consumo eléctrico para los estratos comerciales e industriales que se cobrarán con el recibo de energía eléctrica. No obstante que para tal propósito algunos entes municipales ya cobran el 5% del valor total de los contratos de obra pública que suscriben y el 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que generan las concesiones. 

Decisión que desatiende, además, jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional así como conceptos de la Superservicios que proscriben la inclusión en las facturas, para efectos de cobros, de cargos que no correspondan a los servicios públicos domiciliarios o que no estén contemplados en el contrato de condiciones uniformes (Ver CONCEPTO 074 DE 1999: http://sdrv.ms/QczxuL, CONCEPTO 172 DE 2006: http://sdrv.ms/MawM89 y CONCEPTO 325 DE 2007: http://sdrv.ms/R1tplY) 

Tributo del que ni siquiera se sabe cuánto está proyectado recaudar, cuál será el plan de gastos y ni siquiera hay estudio de suficiencia financiera que garantice que nuestra gente podrá asumir el cumplimiento de este tributo pero en cambio sí se escuchan noticias que reportan que los primeros $ 65 mil millones por recaudar ya están pignorados.

Bastaron 3 días, menos de 2 horas y 45 minutos de debate en total y 3 sesiones para que la dichosa Tasa fuera aprobada por la Asamblea Departamental con sólo dos votos en contra.

Ni casas, ni agua, ni alcantarillado, ni trabajo decente y más cargas tributarias en contra de un pueblo empobrecido como el del Magdalena resultan ser el balance en 7 meses de administración que pasaron sin pena ni gloria ante una Asamblea que actuó sumisa como si los Diputados de las mayorías estuvieran a tiro de fusil como en las épocas paracas del Magdalena. 

De contratos… y razones

Magdalena: Bonnet se despachó y duele haberlo advertido

----------------------------------Por: Alejandro Arias

El 28 de abril de 2011 advertí que la suerte, de cara a la ola invernal de la época, de los municipios de Guamal, El Banco, Plato, El Piñón y Remolino estaba echada y al final se terminaron inundando porque el río, con su creciente, no encontró una sola obra que lo detuviera. No obstante que tales obras habían sido contratadas por Cormagdalena con el Consorcio Colombia Humanitaria conformada por las sociedades bumanguesas Constructora V. C. Ltda. y Valco Constructores Ltda, mediante el contrato suscrito el 15 de diciembre de 2010 bajo el N.° 0-0061-2011. (http://sdrv.ms/PyuHtB)

Y dijimos que sobre este contrato el Diputado Eparquio Karey, en el debate celebrado el pasado 21 de marzo de 2011, expresó su preocupación respecto a las obras porque de su desarrollo se concluía que las cosas olían mal. De ello, en dicho debate, se dejó constancia que la administración departamental había sido informada.

Informé además que con apoyo en el Decreto 694 del 10 de Septiembre de 2010, por medio del cual el Departamento del Magdalena declaró la urgencia manifiesta con ocasión de la Emergencia Invernal registrada en el año 2010 y que trajo consigo inundaciones ocurridas a lo largo de las poblaciones ubicada en el margen derecho del Río Magdalena, la Gobernación de Omar Díazgranados contrató el cierre de las dos aberturas  que se presentaron en la vía que de El Piñón conduce a Cerro de San Antonio. Así como la habilitación del puente averiado en la vía que de El Piñón conduce al corregimiento de Cantagallar. La reconstrucción del predique afectado. El arreglo y realce de las estructuras para el control de inundaciones en el casco urbano de Salamina, la rehabilitación de los prediques afectados en el tramo desde Salamina hasta el corregimiento de Guaimaro.

De igual forma se contrataron la construcción de los tramos de diques requeridos para el control de inundaciones y protección de la vía existente entre Salamina y Guaimaro y la Construcción de diques para el control de inundaciones, protección y rehabilitación de la vía existente entre el corregimiento de Guaimaro y Remolino, entre otros. Pero no fue posible que se cumpliera con el propósito de amparar a estos pobladores, sus patrimonios y la riqueza productiva de esa región.

Y no se cumplió, porque así quedó consignado en el informe del interventor Jorge Gómez Castro quien hizo constar que el contratista estuvo, durante lo corrido del año del 2011 “a la espera de la autorización por parte del Señor Gobernador, General (R) Manuel José Bonnet Locarno para darle inicio a las obras consignadas en los numerales 1, 2 y 3 de susodicha carta de autorización”. No sobra puntualizar que estas obras y la interventoria fueron contratadas el 30 de noviembre de 2010. (Ver adjunto INFORME INTERVENTOR: http://sdrv.ms/M6clbY)

Ese 28 de abril además revelé otros documentos con los que demostraban que fueron oportunamente contratadas las obras para el “diseño y construcción de obras de control de inundaciones y proyección de orilla para la emergencia en el sector de Santa Ana hacia Santa Bárbara de Pinto en el Departamento del Magdalena” ordenada para su realización el 23 de noviembre de 2010 a la empresa Valco Constructores y Consultores Limitada. (Ver adjunto CANTIDADES DE OBRA: http://sdrv.ms/OkiouM)

Sobre dicha contratación, mediante comunicación fechada 29 de diciembre de 2010 y entregada en la Gobernación el día 3 de enero de 2011, el contratista puso en antecedente a Bonnet Locarno que “a partir de la orden de inicio y a pesar de los problemas ya sabidos para la movilización de la maquinaria pesada debido al fuerte invierno, los equipos ya se encuentran ubicados en el municipio del Magangué-Departamento de Bolívar con disponibilidad inmediata y en espera de que los niveles del río Magdalena permitan iniciar la reconstrucción de los diques. De igual manera ya se encuentran localizados y apartados con pago anticipado el material seleccionado para la construcción de los diques y material pétreo para la fabricación del concreto para los muros de protección” (Ver COMUNICACIÓN VALCO: http://sdrv.ms/Pt4YSb)

No obstante la respuesta de la administración departamental fue un silencio perenne y las obras no se realizaron. Claro los niveles del río aumentaron y la tragedia se dio.

Bonnet entonces repartió mercados y colchones porque en vez de dejar a nuestra gente en la cuasi mendicidad y a su suerte se pudo hacer mucho para mitigar aquella desgracia. Hoy, un año después, la Contraloría General de la República se percató de esta realidad y de la lógica pérdida de más de $ 110 mil millones.

Muchas familias del Magdalena hoy más empobrecidas que nunca rumian su tragedia mientras Bonnet Locarno se despachó con la suerte de ellas, por eso duele haberlo advertido y más aún que el tiempo lamentablemente una vez más me ha dado la razón.

Pueblos con necesidades insatisfechas

¿PODRÁN LOS NIÑOS SER EL FUTURO?

Por: Alejandro Arias

Desde Santa Marta   E-mail: alejandroarias@dialnet.net.co 

En medio de la emoción que me produjo saber que mi sobrina, Valentina Rodríguez Arias, había sido escogida como la niña alcaldesa de la ciudad de Santa Marta me pregunté: siendo cierto que los niños son el futuro del Magdalena ¿podríamos creer que el futuro del Magdalena será promisorio con los niños de hoy?

Históricamente el Magdalena ha sido un departamento con población mayoritariamente pobre, con menor capital humano acumulado y bajos índices de calidad de vida. La población pobre, si bien ha descendido desde 1993, aún sigue siendo alta: 47.68% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 2010.

Por su parte, la pobreza por ingresos, de acuerdo con la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) del Departamento Nacional de Planeación, alcanzó en el Magdalena en 2009 al 60.5% de la población mientras que la pobreza extrema al 22.8%. Ello quiere decir que las condiciones de pobreza por ingresos son más determinantes entre los hogares magdalenenses que las de NBI, puesto que esta última puede mejorar con la inversión pública y el gasto social, mientras que la primera depende más del nivel de ingreso disponible en el hogar, relacionado a su vez con la calidad de la actividad generadora de ingresos.

La población del Magdalena, además, tiene un perfil laboral que se caracteriza por la precariedad del ingreso y la ocupación, un bajo nivel educativo en la mayoría de los ocupados, un nivel de productividad inferior a la media nacional, además de una tasa inferior de formalidad frente al promedio del país.

Ello refleja en buena medida las deficiencias del sistema de educación y formación para el trabajo, así como de las condiciones de vida, pero a su vez, repercute en la dificultad para alcanzar mayores logros educativos y de calidad de vida, fundamentalmente.

En materia de educación, los logros básicos de una sociedad se relacionan con la acumulación de años de educación y la calidad con que se usan los conocimientos aprendidos para la vida productiva.

En años de escolaridad un 71.3% de la población magdalenense cuenta con educación secundaria o de niveles inferiores, un 15.6% no tiene nivel alguno de educación y apenas un 7.8% ha estudiado educación superior (incluyendo postgrado).

Así mismo, la población ocupada laboralmente muestra menor promedio de escolaridad en relación con la media nacional y aún, de la región Caribe. Pero a estas cifras se le suma, para agravarla, la incidencia siniestra de la desnutrición que hacen irreversible sus efectos en la pérdida de las capacidades cognitivas.

Respecto al avance en las metas del milenio de desnutrición global en menores de cinco años, en diez años entre 1995 y 2005, esta bajó del 14.6% al 10%; sin embargo, está lejos de la meta nacional del 3% hacia el 2015. Y el riesgo es que ese porcentaje suba dado que en los últimos años se incrementó la pobreza, y en particular la pobreza extrema, por cuenta de la  ola invernal que ha arrojado un saldo cercano a 300.000 magdalenenses damnificados. Impactando seriamente en la seguridad alimentaria y nutricional pudiendo verse seriamente afectada, incidiendo  en los niveles de desnutrición de la población infantil.

Estas cifras resultan aún ser más desalentadoras si las concentramos en la ciudad de Santa Marta en el que los cordones de miseria se han multiplicado en los últimos 10 años de forma vertiginosa y con esa misma velocidad se han deteriorado los programa sociales con los cuales se han podido detener sus efectos.

Sólo en materia de desnutrición hoy el 23% de los niños menores de 5 años presenta alguna forma de desnutrición y el 75% de la infraestructura escolar está en ruinas. Colegios como el Inem Simón Bolívar con capacidad para atender 7.600 niños a duras penas matricula 2.300 y el Liceo Celedón con capacidad para 2.200 no matricula más de 700, tristes ejemplos del retroceso sufrido en tan solo los últimos 6 años.

Salvo que se rompan los esquemas de administración, se derriben los paradigmas en los modelos de transferencia por parte de la nación y se pongan a funcionar nuevos modelos de gerencia para los recursos en los entes territoriales del Magdalena, incluido Santa Marta, no hay dudas que el futuro de los niños será incierto así como incierto será el futuro del Magdalena en las manos de estos mismos niños.

El mes de los niños bien debiera motivarnos a pensar y discutir esta realidad más allá de gozar la alegría inocente de ellos que hoy, por fortuna, celebran su mes ajenos a ella.

Análisis sobre el terminal aéreo de Santa Marta

MAGDALENA: AEROPUERTO ¿A QUÉ LE TIENE MIEDO?

Por: Alejandro Arias

Panoramica del Aeropuerto
Carencia de espacios para expandir es la principal
camisa de fuerza del aeropuerto donde está 

El papel de los aeropuertos en el desarrollo económico regional ha cobrado fuerzas en las últimas décadas. En efecto, los aeropuertos se consideran infraestructuras esenciales para facilitar la atracción de actividades intensivas en áreas urbanas densamente pobladas (industrias de alta tecnología, sedes empresariales, servicios de elevado valor añadido) y también se consideran como elementos imprescindibles para promover el turismo y la actividad económica en general en regiones alejadas de los sistemas urbanos más consolidados y que en muchos casos se caracterizan por niveles de renta relativamente bajos.

La influencia que sobre las estructuras socioeconómicas de una región ejerce la construcción de un aeropuerto es múltiple y difícil de delimitar. Como características esenciales hay que mencionar las siguientes: modificación del uso del suelo y en la estructura de precios, cambios en las relaciones de propiedad, aumento de la calidad de la vivienda en el entorno, modificación de la estructura de asentamiento como las cadenas de hoteles, restaurantes, oficinas de viajes, empresas, etc., aumento de la presión para el establecimiento de empresas comerciales y de transportes; modificación de la oferta de empleo a nivel local en lo que a cualificación profesional y salarios se refiere y cambios en las conductas sociales (progreso social), entre otros.

No obstante estas consideraciones, nuestras autoridades están empeñadas a no dejarnos avanzar so pretexto de tener la expectativa de un par de mejoras en el aeropuerto Simón Bolívar como son la ampliación de la plataforma de 19.648 m2 a 23.868 m2, pasar de una pista de 1.700 m de largo a una de 2.200 m y de un ancho de pista de 30 m a 45 m. Arreglos que, a precios de 2006, costarían US$ 26 millones. (Ver PLAN MAESTRTO SIMON BOLIVAR: http://sdrv.ms/HnGTa8)

Obras éstas que no están incluidas dentro de las obligaciones del actual concesionario y el agravante que la experiencia de los últimos 10 años demostraron que  ninguno de los aeropuertos entregados en concesión en otros lugares del país se remodelaron ni se modernizaron. (Ver http://bit.ly/I1D9I0)   

El momento histórico que vivimos es apenas propicio. El aeropuerto regional de los cartageneros está literalmente muerto y el limbo del aeropuerto de Barranquilla proponen una oportunidad de oro para que desde el Magdalena saltemos con un aeropuerto regional que imponga la dinámica económica con los beneficios que este tipo de proyectos ofrecen.

Pero parece ser que pensar en grande nos da culillo. El nuevo aeropuerto está más cerca de lo que creemos. Es un proyecto autofinanciado por vía inmobiliaria que tendría un capital base calculado de $ 350 mil millones de pesos contra los $ 150 mil millones que costaría construir, en 6 años, la primera fase. Fase que nos dejaría con un aeropuerto con 280 hectáreas de área de ocupación; una Terminal de 11.021m2; pista de aterrizaje de 3.200 m; plataforma con capacidad de 8 posiciones en pasarela y espacio para posiciones remotas; terminal de pasajeros nacional e internacional con una superficie para vuelos nacionales de 6.373 m2 para atender 509.846 pasajeros/año; superficie para vuelos internacionales  de 3.824 m2 para atender 254.923 pasajeros/año; superficie para carga nacional de  550 m2; superficie para carga internacional de 275 m2; área de mantenimiento de aeronaves en 2 posiciones en rampa; plataforma de operación de vuelos privados; servicios complementarios como zona de parqueadero y bahía de taxis.

Y ni qué hablar de la segunda fase con la que casi se duplican los espacios, permitiéndonos desde ya prever la posibilidad de expansión del aeropuerto en la medida de su demanda y crecimiento. (Ver PROPUESTA NUEVO AEROPUERTO PARA SANTA MARTA: http://sdrv.ms/HpKIZ4)  

Bien dijo en su oportunidad el ex Alcalde Elías George González al precisar que con la actual concesión el aeropuerto Simón Bolívar a lo mucho llegará a ser un centro comercial con pista de aterrizaje. Y por más que alarguen la pista, hasta 30 kilómetros si queremos, es claro que la plataforma nunca permitirá atender más de 3 aviones al tiempo. Con este aeropuerto jamás llegaremos a tener, entre otras, zona de carga ni de expansión que nos ofrezca la posibilidad de ser competitivos frente a los retos que nos propone el TLC.

Insisto, el Magdalena en el asunto del aeropuerto ¿a qué le tiene miedo?.

La Costa Atlántica región de conflictos por tierra

MAGDALENA Y EL RETO POR EL CAMBIO

Por: Alejandro Arias

A las 5 de la tarde del pasado jueves trascendió el nombre de Alejandro Reyes Posada como nuevo Director de INCODER. Noticia que, entre otras, registró Caracol Radio (Ver http://bit.ly/Hl3b8K)  

Los procesos de justicia transicional y la restitución de tierras son, a mi juicio, el gran reto del Gobierno del Presidente Santos en materia de DDHH y reparación a las víctimas del conflicto. Y que el proceso de Ley de Tierras lo asuma, desde el INCODER, Alejandro Reyes es prenda de garantía para el Gobierno y las victimas.

No hay dudas que Reyes Posada es una autoridad cuando se trata de abordar la problemática de la distribución de la tierra y la incidencia del despojo de ésta en la crisis humanitaria que padecen más de 3 millones de colombianos, hoy desplazados y desposeídos. Sus investigaciones abordan esta trágica realidad de forma cruda, pero igualmente cierta. Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia y el estudio titulado Violencia y el Problema del Agro ilustran con lujo de detalles el profundo conocimiento que tiene en esta materia.

La Costa Atlántica es la región con mayores conflictos por la tierra. De los 155 municipios que la integran, hay 55 con conflictos abiertos por la tenencia de la tierra, 24 con alta presión campesina y 5 de colonización. Para el caso del Magdalena los conflictos se presentan en 6 de los 29 municipios y la presión campesina por la tierra se da en 7 municipios del Departamento de acuerdo con las conclusiones de Reyes Posada.

Esta presión violenta, por el control y la posesión de la tierra, tiene como factores propiciadores a los grupos armados ilegales como el ELN, EPL, FARC y las AUC.

De acuerdo con la obra Parapolítica La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, de la Corporación Nuevo Arco Iris (2007), algunos de esos factores están en el marco de la legalidad. Tal es el caso, según dicha publicación, de ciertos sectores de los grupos económicos más representativos (ganadero, bananero, cafetero y comerciantes), que, sintiéndose afectados por las incursiones guerrilleras en el departamento, utilizaron este hecho para justificar la promoción y fortalecimiento de grupos ilegales armados, en nombre de la defensa de la propiedad y la protección de intereses privados, muchos de ellos ilegales.

Conclusiones que expuso Priscila Zuñiga, actual Secretaria de Gobierno de Santa Marta, en el capítulo Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena en la que además precisó que para entender este hecho hay que hacer referencia a las tendencias políticas en el Magdalena, las cuales han pertenecido a la tradición del Partido Liberal, aunque en el área del centro del departamento (Cerro de San Antonio, Santa Ana, Pijiño del Carmen) existe una fuerte presencia del Partido Conservador. (. . .) Algo similar ocurre con la gobernación del departamento, la cual no ha sido ocupada por los conservadores desde que la constitución de 1991 instituyó su elección por voto. Esto ha hecho del Magdalena un verdadero fortín electoral del Partido Liberal.

Esta combinación de violencia amparada desde la legalidad por los actores productivos y políticos terminaron marcando al departamento del Magdalena a un punto que pareciera ser imposible superar las dramáticas secuelas de dolor, pobreza y tragedia que en cifras registran 122.957 desplazados y 22.217 hectáreas abandonadas por causa de los violentos, según cifras de Acción  y Pastoral Social, respectivamente.

Si bien es cierto que la educación, la salud, la infraestructura vial, etc. constituyen desafíos para la administración del actual gobernador, Luis Miguel Cotes Habeych, creo que los DDHH, los procesos de justicia transicional, la reparación de las víctimas y la restitución de tierras vienen a ser la verdadera prueba de fuego de cara al país y la comunidad internacional.

Abordar estos temas con transparencia; proponiendo estrategias que ofrezcan seriedad y garantías por parte de la administración departamental serían un claro y contundente mensaje de que en el Magdalena hoy no aceptamos ninguna influencia pasada de los violentos y que estamos dispuesto a rectificar.

Bienvenido el nombre de Alejandro Reyes Posada al INCODER; y ojalá con él y el Gobernador Cotes Habeych demos pasos hacia el respeto por el Magdalena asumiendo el reto por el cambio aferrándonos a los DDHH y garantizando la reparación a las víctimas.

MAGDALENA: DEL TIMBO AL TAMBO

Por: Alejandro Arias

Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes
Gobernador

El pasado 2 de marzo El heraldo publicó un comunicado de prensa emitido por la Gobernación del Magdalena bajo el titular Gobernador del Magdalena respeta fallo de tutela que lo suspende, pero no lo comparte.

Con el comunicado de prensa se hizo la siguiente precisión: ´El señor gobernador no ha sido vinculado en la acción de tutela como sujeto procesal o tercero afectado, por consiguiente no ha podido ejercer su derecho de defensa como ciudadano y es por ello que le han sido vulnerados derechos fundamentales que se garantizan en la Constitución Política´, precisa el documento. (http://bit.ly/xwfZu0)

Versión ésta que fue ratificada por el Vice Ministro del Interior, Luis Felipe Henao, en declaraciones que éste ofreció y dadas a conocer con el Boletín de Prensa 116 de la Gobernación del Magdalena bajo el título Viceministro del Interior respalda al gobernador y clarifica la posición del gobierno nacional rectificando técnicamente la postura del Ministro Vargas Lleras (Ver adjunto BOLETIN 116 -  VICEMINISTRO DEL INTERIOR: http://sdrv.ms/yef3X1)

No obstante la realidad procesal del expediente de tutela demuestra que la tal vulneración no existió.

Quienes leímos la sentencia pudimos percatarnos que en la página 21 del fallo de tutela el Juez Constitucional dejó constancia de la vinculación, al proceso, del Gobernador. (Ver adjunto PAG 1, 21, 22 Y 27 FALLO DE TUTELA: http://sdrv.ms/zR5li2) Vinculación que se materializó con el oficio N.° 0060 JEPMS dirigido al Gobernador del Departamento del Magdalena con el cual se le dio traslado de la demanda el día 25 de enero de 2012. (Ver adjunto NOTIFICACION DE LA DEMANDA DE TUTELA: http://sdrv.ms/wuC7kq) 

Otra cosa es que habiendo sido notificado y vinculado el Gobernador se hubiere decidido responder la tutela a nombre del ente Departamental que no era lo mismo. Así consta en el oficio radicado el 27 de enero de 2012, suscrito por el abogado Hispano Oliveros Conrado, quien precisó actuar en su condición de apoderado del Departamento del Magdalena. (Ver adjunto RESPUESTA DEL GOB A LA TUTELA: http://sdrv.ms/yamBDE) Es decir, el Gobernador renunció a defender sus derechos en el trámite de tutela y puso a responder a la Gobernación que nada tenía que ver con ese proceso.

Y finalmente el juzgado, con oficio N.° 803 JEPMS  de fecha 7 de febrero de 2012 dirigido al Gobernador del Departamento del Magdalena, le notificó la sentencia de tutela proferida. (Ver adjunto NOTIFICACION DEL FALLO DE TUTELA: http://sdrv.ms/zcfmoT) 

El comunicado de prensa, redactado en tercera persona, deja en evidencia que no fue escrito por el Gobernador pero ¿fue hecho a sus espaldas? ¿No estaba enterado el Gobernador de lo que estaba sucediendo? ¿no se enteró el Gobernador que alguien saldría, en representación de su despacho, a hacer afirmaciones falsas en relación a una realidad jurídica de un expediente que hoy tiene al departamento sin Gobernador ni Diputados?

No sobra precisar que en las 125 páginas del fallo no hay una sola palabra que ponga en dudas la conducta del Gobernador Cotes Habeycht en su proceso eleccionario.

Pero estas salidas erráticas que sumadas a las casas anunciadas con la cerrada Fundación de Sammy Sossa, los niños fantasmas que ya no son tan fantasmas pero que tampoco aparecen para la matrícula en el SIMAT y los hospitales que en principio eran boyantes pero que 15 días después resultaron quebrados son muestras que en el Magdalena estamos del timbo al tambo.

Es preocupante la fractura que hay entre las acciones de los colaboradores del Gobernador y la realidad del departamento; por lo que a lo largo de estos dos meses de Gobierno no se evidencia solidez alguna en sus decisiones. Porque hasta eso, lamentablemente no se conoce una sola decisión de fondo que nos incite a pensar que hubiere arrancado la locomotora del Respeto por el Magdalena.

Y al tercer día resucitó

-------------------------Por: HORACIO SERPA

Miércoles, 27 de octubre de 2010

Hace un par de semanas puse el grito en el cielo: “Se ahoga el gran Río”, expresé.

 

El sábado manifestó el Presidente Santos que su gobierno desarrollará un Plan para resucitar al Río Magdalena.

La opinión del gobierno no podía ser mejor. El país la recibe con alegría. No hay asunto más importante, ni actividad más urgente, que la recuperación del Río. Es un deber de todos.

Ningún otro aspecto de la vida nacional agrupa tanto el interés de los colombianos. Por lo menos dos terceras partes de nuestros habitantes viven en la cuenca del Magdalena, que cubre 750 Municipios y 20 Departamentos, en una zona que genera las cuatro quintas partes del Producto Interno nacional.

Su potencial es inmenso en producción, crecimiento económico y generación de bienestar. El Río es comida abundante, transporte barato, riego para la agricultura, generación de energía, deporte, recreación, turismo, biodiversidad. Pero especialmente es vida, en agua que cada día se hace esencial para todo y para todos.

El Río es tan importante, tan majestuoso, tan trascendente, y al mismo tiempo tan noble y útil, que no hemos podido acabarlo en 500 años de descuido y malos tratos. Porque si algo se ha manejado mal y atendido “a las patadas”, es este recurso natural que no tiene igual. Ni petróleo, ni carbón, ni oro, ni esmeraldas, nada se le compara.

Comenzó a ahogarse cuando se publicó el proyecto gubernamental sobre regalías, en el que no aparecía Cormagdalena, la Entidad creada por la Constituyente para recuperar y cuidar el Río. Apareció el Río en el primer debate del Senado en referencia que se hizo a los Municipios ribereños. En el segundo se incluyó a la Corporación. En los debates de Cámara debe mejorarse el texto de manera tal que sea clara la decisión de invertir en el Río y en los Municipios de sus orillas.

No dudo que así será dada la determinación presidencial, inspirada entre otras razones en la necesidad de proporcionar transporte al petróleo y el carbón que se espera producir en los venideros años de bonanza. Es una sabia definición que le permitirá al país apuntar a su definitivo desarrollo.

Cuando la Constituyente quiso dejar a la posteridad una obra que identificara a todos los colombianos, asumió la responsabilidad de crear la Corporación. Pero el país ha sido timorato y cicatero. Nunca se decidió de fondo por el Río, y nunca ha sido generoso en invertirle lo que necesita. Es hora de hacerlo, antes de que se acabe y nos ofrezca un desolador panorama de miseria, o lo que es peor, se desnaturalice, se salga definitivamente de madre, y azote a la gente de la ribera con inundaciones y destrucciones sin par.

Dijo el Ministro Germán Cardona: “Colombia no puede seguir dándole la espalda al río Magdalena”. Tiene razón. Grato es saber que hay un gobierno serio y responsable, que sabe en dónde se requiere su presencia. En el Río Grande, sin duda.

Bucaramanga, 27 de Octubre, 2010

Mafiosos al Capitolio

Fuente: elespectador.com

Por: María Teresa Ronderos
Colomnista de elespectador

“HACE POCO, EL ETERNO SENADOR por el Magdalena denunció el intenso mercado de votos en el litoral y la inminente llegada de representantes de la mafia al Capitolio. Lo que aún no ha dicho es si llegaron o no, y si llegaron cuáles son…”.

La cita no es de la actual camada legislativa con 65 legisladores procesados por nexos con paramilitares. Ni se refiere al vaticinio de Mancuso, quien en 2002 dijo que las Auc tenían un tercio de las curules del Congreso. Y no es de mediados de los noventa, cuando el Proceso 8.000 llevó a poco menos de 30 congresistas a la picota por recibir generosas donaciones del cartel de los Rodríguez Orejuela.

La frase es de Klim, el gran humorista político que durante medio siglo atacó con sus inteligentes burlas los eternos males patrios, y fue publicada en El Espectador en 1979. Estaba escandalizado por la infiltración de dineros de los barones de la marihuana en las elecciones de 1978 que acababan de pasar.

Treinta y dos años y ocho elecciones parlamentarias después, la historia se repite, pero en progresión geométrica hacia el infierno. Hoy son más los involucrados y su descaro es mayor. ¿Hay algún político condenado que haya demostrado arrepentimiento porque su avaricia ha dejado a su pueblo en ruinas? Ninguno. Votebien.com acaba de publicar un vergonzoso cuadro de pobreza y corrupción: Chocó, 48% en indigencia; Sucre, 70% en pobreza; Caquetá, 62%; Huila, 60%; Santander con 78 puntos en el índice de corrupción de Transparencia, el más alto del país… ¿Hay alguna campaña que haya asumido la responsabilidad de semejante vergüenza? Nada.

Miren el caso del ex representante por Caquetá Luis Fernando Almario, campante aspirante a la Cámara por el PIN: salpicado hace 15 años por el 8.000 y señalado por paramilitares desmovilizados de haberse reunido con Macaco, está en juicio, acusado de complicidad con las Farc en la masacre de los Turbay Cote. No está condenado, es cierto, y por tanto se debe presumir su inocencia. Pero ante semejante trayectoria, y los gravísimos cargos que se le imputan, no debería estar libre y feliz haciendo campaña. Pero nadie se lo ha impedido, ni Corte Suprema, ni Consejo Nacional Electoral, ni el partido. Nadie.

Hay muchos otros casos igualmente sórdidos. Decenas de parapolíticos en cada departamento de Colombia buscan preservar el aparato que les permitió delinquir candidatizando ahora a parientes y amigos, pero las denuncias resbalan como gotas al mar.

Peor aún. Tanto destape hace que los ciudadanos independientes miremos la política con asco y prefiramos no participar. Y así les dejamos el espacio a los corruptos de siempre, los que se lucran de la miseria que han ayudado a construir. Para ellos, los votos son boletas baratas para una lotería muy lucrativa. “Cuestan apenas cien mil pesos por el combo Cámara-Senado en Cartagena”, denunció esta semana un candidato.

Romper este círculo vicioso exige taparse la nariz y escarbar entre la basura hasta escoger a un justo que nos represente bien. La matemática es simple: si votáramos los casi 30 millones que podemos hacerlo, y no sólo los 10 u 11 millones que participan, ganaríamos los libres. Pero la realidad es más complicada. Es más probable que entre la indecencia de los malos y la indiferencia de los buenos, este 14 marzo repitamos la historia y nos pasemos el siguiente cuatrienio preguntándonos, como Klim en 1979, cuántos representantes de las mafias llegaron al Capitolio.