TOMADO DE LA REVISTA DINERO.COM
Por: Juan Manuel López Caballero, consultor
Lo que hoy sucede es que existe toda la información sobre las barbaridades que está viviendo el país, pero esta no llega a la ciudadanía por el interés que hay en ocultar lo grave de la realidad.
Mucho se debate hoy sobre los elementos de la democracia que con este gobierno han desaparecido. El sistema de pesos y contrapesos, la autonomía en la división de poderes, la sumisión al régimen de derecho y a la Constitución, la existencia de partidos políticos que no dependen de personas y que permitan la alternación de ideologías y propuestas en el poder, están siendo borrados de nuestro sistema político.
Pero, contra lo que parece, no sucede así respecto a otro mal que se le podría causar a una democracia como es la concentración del poder informativo. Al mismo tiempo que el Gobierno directa o indirectamente (licencias, pauta publicitaria, beneficios personales o empresariales) controla casi todo lo que se emite internamente, el acceso a nuevos medios permite recibir información 'alternativa' con noticias y análisis para saber y entender mejor -o por lo menos de una manera diferente- lo que pasa en nuestro país.
El auge de los telecables nos abre los ojos al mundo pero también a nuestra realidad tal cual la ve el mundo. Y permite visiones de programadoras locales, como la aparición de 'Cablenoticias', como alternativa a los cuasimonopolios mediáticos de una televisión que se ha limitado a embobar a la Nación con la telenovelas, a hacerse autopublicidad y a desinformar de acuerdo a sus intereses, ya sean políticos o comerciales.
Porque lo que está sucediendo es algo similar a lo que pasó con la tragedia del Palacio de Justicia: así como ahora se ve como una revelación lo que siempre se supo -que fueron las fuerzas oficiales quienes desaparecieron a los 11 empleados de la cafetería (no podían ser ni 'autodesaparecidos' ni podía haberlo hecho el M19 puesto que todos murieron); y que por su estructura jerárquica debía ser subiendo a lo largo de la línea de mando que se establecieran los responsables-, lo que hoy sucede es que existe toda la información sobre las barbaridades que está viviendo actualmente el país, pero esta no llega a la ciudadanía por el interés que hay en ocultar lo grave de la realidad.
Puede uno ver en Youtube a Mancuso relatando cómo se montó el paramilitarismo en el Catatumbo o en Córdoba; o en un documental de cablenoticias las órdenes que dio Carlos Castaño de construir hornos crematorios y en ellos desaparecer los restos que habían enterrado en fosas comunes, y así evitar que se contradijera la versión oficial de la reducción de homicidios (en las listas de homicidios no se incluyen los desaparecidos), corroborando lo confesado por Iván Laverde, 'el Iguano', y Rafael Mejía, 'Hernán', ante fiscales de Justicia y Paz. "Mataban gente, la enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iban para la candela -cuenta una mujer-. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno".
Se estima en más de 30.000 los desaparecidos y en más de 13.000 los cadáveres en fosas comunes: el Fiscal aspira a desenterrar apenas 3.400 antes de irse.
En noviembre de 2006, el fiscal Mario Iguarán había informado que un taxi bomba descubierto en el sur de Bogotá era un "grosero montaje", así como la serie de "atentados terroristas" que sacudieron la ciudad habían sido actos criminales donde se vieron comprometidos miembros del Ejército. Ahora, informó a la opinión pública que por los casos de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército de Colombia se encuentran detenidos 426 militares.
Hasta el mes de abril de 2009 estaban siendo además investigados 143 oficiales, 11 de ellos coroneles, 167 suboficiales y 655 soldados profesionales, miembros del Ejército, la Armada, la Policía y el DAS por 1.666 asesinatos.
Según cifras afirmadas por José Humberto Torres en el marco del foro ¿Cómo juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia
, de junio 2006 a julio de 2007 se presentaron 237 eventuales ejecuciones extrajudiciales, de julio de 2007 a junio de 2008, fueron 533. En un acumulado desde el año 2002 de 3.634 muertes, de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 infantes.
Ante esto, mal se puede hablar de casos aislados o manzanas podridas; y menos cuando esto se produce bajo incentivos como la Directiva Ministerial Permanente No. 29 de 2005 (secreta), donde se pagan recompensas por todo (3'815.000 por 'guerrillas, escuadras o rasos'), o instigaciones como la del Presidente cuando ordena en el Consejo Comunitario de Medellín: "a esos que todavía quedan... acábenlos por cuenta mía".
A la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llegaron en 1998 denuncias de seis casos, en 1999 se conocieron 4, en 2000 nuevamente 4 y en 2001 se presentaron 3. Pero la historia cambió en 2002, cuando se presentaron diez investigaciones; en 2003, 36; en 2004, 84; en 2005, 112; en 2006, 197 y en 2007, 370.
Con la reciente aceptación por parte de la ONU de un nuevo relator, solicitado por la Corte Suprema de Justicia, son cinco los Relatores Internacionales pendientes de venir a rendir informe sobre diferentes temas de violaciones de Derechos Humanos (el Gobierno recibirá al Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales solo después de que el informe Colombia-Europa-Estados Unidos confirmó las acusaciones, y para los otros no ha fijado fechas para recibirlos).
Por algo, como lo señala el padre Francisco de Roux, las Naciones Unidas, la Unión Europea y los grupos humanitarios nos ponen en la breve lista de las tragedias humanitarias: Afganistán, Irak, Congo, Sudán, Palestina y Colombia.
La verdad del proceso de 'inserción' es que disminuyó la acción de los paramilitares porque el Gobierno iba a asumir sus luchas. Pero una vez consolidada esa etapa, lo significativo es que ha retornado la violencia en los últimos años.
Aún sin tener en cuenta como asesinatos los 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales, son expresivos datos como el número de homicidios en Córdoba: 2000, 441; 2001, 344; 2002, 323; 2003, 257; 2004, 230; 2005, 173; 2006, 268; 2007, 366; 2008, 5121.
O el caso de Medellín tras la 'pacificación' bajo Fajardo, donde después, al reducirse el poder de Don Berna, se abrió la sucesión al interior de la estructura mafiosa, con una sangrienta guerra en la capital antioqueña que ha significado un incremento en el número de homicidios del 35,4% entre los años 2007 y 2008. O algo parecido, el caso de Cali o Villavicencio, etc...
Según el último informe de Amnistía Internacional, el aumento del primer semestre de 2008 respecto a 2007 fue de 12% en homicidios, 20% de asesinatos de sindicalistas, 51% en desaparecidos, 47% en desplazados, del 100% en los homicidios cometidos por los paramilitares.
Pero nada más terrible que los 'falsos positivos', donde no se mata a un enemigo, ni se lo hace para una ventaja en la guerra, se acude a trata de personas y desapariciones forzadas de inocentes incapacitados mental o económicamente, por parte de hombres que no son terroristas, ni hampones, ni guerrilleros sino miembros de las Fuerzas Armadas, sin que asuman ninguna responsabilidad los directores de las políticas que producen ello, y que ante esto no reaccione la ciudadanía. Má noticias >
Mucho se debate hoy sobre los elementos de la democracia que con este gobierno han desaparecido. El sistema de pesos y contrapesos, la autonomía en la división de poderes, la sumisión al régimen de derecho y a la Constitución, la existencia de partidos políticos que no dependen de personas y que permitan la alternación de ideologías y propuestas en el poder, están siendo borrados de nuestro sistema político.
Pero, contra lo que parece, no sucede así respecto a otro mal que se le podría causar a una democracia como es la concentración del poder informativo. Al mismo tiempo que el Gobierno directa o indirectamente (licencias, pauta publicitaria, beneficios personales o empresariales) controla casi todo lo que se emite internamente, el acceso a nuevos medios permite recibir información 'alternativa' con noticias y análisis para saber y entender mejor -o por lo menos de una manera diferente- lo que pasa en nuestro país.
El auge de los telecables nos abre los ojos al mundo pero también a nuestra realidad tal cual la ve el mundo. Y permite visiones de programadoras locales, como la aparición de 'Cablenoticias', como alternativa a los cuasimonopolios mediáticos de una televisión que se ha limitado a embobar a la Nación con la telenovelas, a hacerse autopublicidad y a desinformar de acuerdo a sus intereses, ya sean políticos o comerciales.
Porque lo que está sucediendo es algo similar a lo que pasó con la tragedia del Palacio de Justicia: así como ahora se ve como una revelación lo que siempre se supo -que fueron las fuerzas oficiales quienes desaparecieron a los 11 empleados de la cafetería (no podían ser ni 'autodesaparecidos' ni podía haberlo hecho el M19 puesto que todos murieron); y que por su estructura jerárquica debía ser subiendo a lo largo de la línea de mando que se establecieran los responsables-, lo que hoy sucede es que existe toda la información sobre las barbaridades que está viviendo actualmente el país, pero esta no llega a la ciudadanía por el interés que hay en ocultar lo grave de la realidad.
Puede uno ver en Youtube a Mancuso relatando cómo se montó el paramilitarismo en el Catatumbo o en Córdoba; o en un documental de cablenoticias las órdenes que dio Carlos Castaño de construir hornos crematorios y en ellos desaparecer los restos que habían enterrado en fosas comunes, y así evitar que se contradijera la versión oficial de la reducción de homicidios (en las listas de homicidios no se incluyen los desaparecidos), corroborando lo confesado por Iván Laverde, 'el Iguano', y Rafael Mejía, 'Hernán', ante fiscales de Justicia y Paz. "Mataban gente, la enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iban para la candela -cuenta una mujer-. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno".
Se estima en más de 30.000 los desaparecidos y en más de 13.000 los cadáveres en fosas comunes: el Fiscal aspira a desenterrar apenas 3.400 antes de irse.
En noviembre de 2006, el fiscal Mario Iguarán había informado que un taxi bomba descubierto en el sur de Bogotá era un "grosero montaje", así como la serie de "atentados terroristas" que sacudieron la ciudad habían sido actos criminales donde se vieron comprometidos miembros del Ejército. Ahora, informó a la opinión pública que por los casos de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército de Colombia se encuentran detenidos 426 militares.
Hasta el mes de abril de 2009 estaban siendo además investigados 143 oficiales, 11 de ellos coroneles, 167 suboficiales y 655 soldados profesionales, miembros del Ejército, la Armada, la Policía y el DAS por 1.666 asesinatos.
Según cifras afirmadas por José Humberto Torres en el marco del foro ¿Cómo juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia
, de junio 2006 a julio de 2007 se presentaron 237 eventuales ejecuciones extrajudiciales, de julio de 2007 a junio de 2008, fueron 533. En un acumulado desde el año 2002 de 3.634 muertes, de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 infantes.
Ante esto, mal se puede hablar de casos aislados o manzanas podridas; y menos cuando esto se produce bajo incentivos como la Directiva Ministerial Permanente No. 29 de 2005 (secreta), donde se pagan recompensas por todo (3'815.000 por 'guerrillas, escuadras o rasos'), o instigaciones como la del Presidente cuando ordena en el Consejo Comunitario de Medellín: "a esos que todavía quedan... acábenlos por cuenta mía".
A la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llegaron en 1998 denuncias de seis casos, en 1999 se conocieron 4, en 2000 nuevamente 4 y en 2001 se presentaron 3. Pero la historia cambió en 2002, cuando se presentaron diez investigaciones; en 2003, 36; en 2004, 84; en 2005, 112; en 2006, 197 y en 2007, 370.
Con la reciente aceptación por parte de la ONU de un nuevo relator, solicitado por la Corte Suprema de Justicia, son cinco los Relatores Internacionales pendientes de venir a rendir informe sobre diferentes temas de violaciones de Derechos Humanos (el Gobierno recibirá al Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales solo después de que el informe Colombia-Europa-Estados Unidos confirmó las acusaciones, y para los otros no ha fijado fechas para recibirlos).
Por algo, como lo señala el padre Francisco de Roux, las Naciones Unidas, la Unión Europea y los grupos humanitarios nos ponen en la breve lista de las tragedias humanitarias: Afganistán, Irak, Congo, Sudán, Palestina y Colombia.
La verdad del proceso de 'inserción' es que disminuyó la acción de los paramilitares porque el Gobierno iba a asumir sus luchas. Pero una vez consolidada esa etapa, lo significativo es que ha retornado la violencia en los últimos años.
Aún sin tener en cuenta como asesinatos los 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales, son expresivos datos como el número de homicidios en Córdoba: 2000, 441; 2001, 344; 2002, 323; 2003, 257; 2004, 230; 2005, 173; 2006, 268; 2007, 366; 2008, 5121.
O el caso de Medellín tras la 'pacificación' bajo Fajardo, donde después, al reducirse el poder de Don Berna, se abrió la sucesión al interior de la estructura mafiosa, con una sangrienta guerra en la capital antioqueña que ha significado un incremento en el número de homicidios del 35,4% entre los años 2007 y 2008. O algo parecido, el caso de Cali o Villavicencio, etc...
Según el último informe de Amnistía Internacional, el aumento del primer semestre de 2008 respecto a 2007 fue de 12% en homicidios, 20% de asesinatos de sindicalistas, 51% en desaparecidos, 47% en desplazados, del 100% en los homicidios cometidos por los paramilitares.
Pero nada más terrible que los 'falsos positivos', donde no se mata a un enemigo, ni se lo hace para una ventaja en la guerra, se acude a trata de personas y desapariciones forzadas de inocentes incapacitados mental o económicamente, por parte de hombres que no son terroristas, ni hampones, ni guerrilleros sino miembros de las Fuerzas Armadas, sin que asuman ninguna responsabilidad los directores de las políticas que producen ello, y que ante esto no reaccione la ciudadanía. Má noticias >
