ÉPOCA ELECTORAL

Por: Pedro Gerardo Tabares C

Una situación especial se presenta en la época preelectoral. Los políticos en general recurren al ataque a sus contrincantes, pero solamente hacen señalamientos que las autoridades penales no tienen en cuenta para abrir las investigaciones y llamarlos para que ratifiquen sus asertos, pues  todas las personas pueden poner en conocimiento de las autoridades la consumación de delitos. Se dice teóricamente por quien  necesita obrar de ésta manera cuando se atropella un derecho, sufre un llamado viacrucis porque las autoridades no lo atienden y si se trata de la pérdida de un celular o de la cartera con valores mínimos la respuesta en todas partes es que no hay razón para recibir la información y si se trata de un mayor de 60 años está exonerado de pena, lo cual deja en la impunidad estas situaciones que no por lo nimias dejan de poner en entredicho la seguridades ciudadanas por desconocimiento de normas.

Pasadas las elecciones se olvidan los cargos que se hacen con excepciones muy contadas, pues no es extraño que algún funcionario con incompetencia, con espíritu inquisidor inicie investigaciones prescritas y las adelante con acuciosidad hasta el momento en que establece que no había lugar a tal investigación porque un anónimo que le dio origen, no tenía consistencia en la realidad y todos los esfuerzos quedaron sin efecto porque de todas maneras se administre justicia.

Estas situaciones hacen reflexionar sobre tópicos muy importantes, cómo al cambiar el procedimiento penal hay amplitud en las llamadas casas por las cárceles y estas quedaron para tener en su seno a los autores de graves delitos, lo cual puede catalogarse de loable, en donde no tengamos las costumbres que acompañan los pensamientos del raponero, el vendedor de estupefacientes en mínima cantidad, y otros que finalicen yendo a la cárcel en forma múltiple, con el agravante que quien haya arrendado un inmueble y quien lo usufructúa permitirá esas actividades, con el llamado a la expropiación del inmueble del titular de los derechos, que debe acudir a la defensa cuando lo notifican por tal hecho y el regreso del bien después de varios años, le dejan sinsabor, porque el cúmulo de trabajo impide la agilización en estos casos.

Como son situaciones que se van dando en el tiempo, se va creando en el tejido social una forma diferente a lo consagrado en las leyes y es probable que si no se alienta la educación para mantener ciertos valores morales mínimos, estos comportamientos que parecen inocuos se tornan en el común comportamiento de ciertas personas que transforman en una moral media que finalmente atenta contra las instituciones de una manera imperceptible.

Acaso quienes se lanzan a representar al pueblo no son personas en general de reconocidas cualidades como para que le pongan la seriedad necesaria a todo aquello que dicen, para que no se cambie la credibilidad popular. Creemos que tienen esos atributos y por eso no se debe usar el descrédito al otro para que crean en la persona que hace la afirmación, pues se deben cumplir primero los deberes ciudadanos y luego entrar a pormenorizar todo aquello que se conoce como defecto social y que se debe proteger sin tratar de sacar ventaja de esa protección.

LA CRISIS ENTRE VIVOS Y BOBOS

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)

Los profesionales de la psicología saben que cuando se normalizan conductas anormales, al final, éstas se vuelven patológicas. Cuando se incrementa el maltrato del compañero que insulta o menosprecia a su compañera, al final, la violencia de género se instala. Cuando se deja que el adolescente grite a su madre, no estudie, ni trabaje, consiga dinero para salir toda la noche, vuelva bebido, etc., al final se convierte en –desadaptado- psicópata. Cuando los organismos de orden público y seguridad: Policía y militares –algunos confabulan con la delincuencia- se pierde la confianza y se está a merced del delito y el crimen. ¿Qué puede hacer el ciudadano que es respetuoso, cumplidor del deber y la ley y pide protección de la delincuencia? 

Lo que está sucediendo con la actual crisis de la familia, los organismos del estado y la economía, en nuestra  sociedad globalizada y con troneras de la apertura que llevamos muchos años dando por buenas situaciones totalmente inmorales, ilógicas e intolerables desde cualquier pensamiento normal y, finalmente, con la crisis, sin soluciones. Durante estos tiempos estamos asistiendo pasivamente, a los pequeños estallidos de minorías, y un sinfín de despropósitos totalmente inviables, que se han normalizado y que al final se han vuelto patológicos también. Y, como dice el refrán, “quien siembra vientos, recoge tempestades” o “cría cuervos y te sacaran los ojos”

Dentro de todas las inmoralidades hay una que es la peor: la premeditación y alevosía. No se puede creer que personas importantes, ejecutivos y directivos de grandes empresas financieras, bancos y agencias, dirigentes políticos, grandes empresarios, economistas, letrados e intelectuales, policías, cuerpos investigativos y varios,  supieran lo que la gente normal y corriente sabe;  muchos desde el más pobre hasta el más rico, sabe que tener dinero más de lo que se tiene es meterse en el lumpen de la sociedad de los vivos, -y los bobos pagando los platos rotos- un espacio para el delincuente.

Es evidente que lo que pasa tiene que pasar. Es impajaritable. La situación es insostenible. Pero casi nadie dice nada. ¿Por qué? porque los que tienen la responsabilidad de decirlo y tienen estudios o proyecciones callan a medias. Saben que pasaría, pero también saben que a “ellos” no les afectará: todos los que se enriquecieron a partir de la indecencia y la inmoralidad, tienen sus ganancias a buen recaudo, sus sueldos asegurados y sus contratos blindados. Saben también, y esto es lo más terrible, que quien los afecta o pagan la crisis, casi siempre son los pobres y desgraciados que van a ser mucho más pobres y mucho más desgraciados. ¿Esto importa? Una vez aceptada la inmoralidad de los últimos años, en la que los sueldos de ejecutivos, banqueros, empresarios, políticos y militares, son indecentemente superiores a los de los trabajadores y trabajadoras, ¿qué importaba la indecencia? ¿Y el resto de los mortales? ¿Por qué se consigue tapar la boca a la justicia e investigadores, todos los que no se beneficiaron de esta gran estafa y ahora van a pagar los platos rotos con los escándalos? ¿Cómo pueden silenciar las voces críticas? ¿Cuál es la anestesia que utilizan para poder seguir con esta farsa? ¿Por qué se acepta un crecimiento económico subterráneo impresionante –tráfico de drogas, contrabando, estafas, robo al Estado- al mismo tiempo que un estancamiento de los salarios y la calidad de vida de los trabajadores? ¿Cómo se piensa vivir si la canasta familiar todos los meses sube y con bajos salarios y un consumo desenfrenado?

Como nadie coloca el grito en el cielo porque no existen sindicatos comprometidos, todo con el paso del tiempo va en aumento desorbitado, esto sin mencionar servicios públicos y vivienda. ¿Cómo se asiste impertérrito ante la destrucción de los ecosistemas que nos dan una vida digna? ¿Cómo dejamos que se de trabajo a los desplazados, pero se les niega su derecho a su territoriedad? ¿Cómo se puede criticar la falta de trabajo, la privatización de la educación, cuando los empresarios brindan trabajos precarios a los universitarios y trabajos rasos a los jóvenes sin preparación? ¿Cómo permitir que la política, de derechas, de centro y de izquierdas, se convierta en un gran negocio, en donde lo único que les importa es el beneficio personal?  ¿Nadie dice nada ante la abdicación de sus obligaciones y principios más sagrados en la Constitución - violentada, remendada- y los sindicatos y partidos democráticos callan? ¿Asistimos al aumento imparable de violencia infantil y juvenil sin reclamar atención y reinserción? ¿Cómo pensamos que podríamos vivir con unos horarios laborales imposibles de conciliar con una vida afectiva y el cuidado de los hijos e hijas? ¿Cómo estamos aceptando unas reformas educativas cuyo único fin es la escuela domesticadora y domesticada? ¿Quién cambiará el país,  si en ningún lugar enseñamos a hacerlo?

El problema de nuestra crisis, está en que unos pocos son los que están causando el daño y la mayoría nos quedamos callados. Señor Presidente esperamos su voz de aliento.

*Poeta y Escritor

Alfonso Cano, hágale a la paz

Por Horacio Serpa Uribe

El país debe estudiar la propuesta de Alfonso Cano, el comandante de las Farc, cuando manifiesta la disposición de ese grupo de iniciar acercamientos en búsqueda de la esquiva paz en Colombia.

A través de un video enviado al Encuentro por la paz de Barrancabermeja, realizado el pasado fin de semana, el dirigente guerrillero planteó que el “diálogo es la ruta” y que sigue creyendo que la solución política es la alternativa más expedita para cesar el enfrentamiento armado con el Estado colombiano.

Cano dijo que espera encontrar las condiciones necesarias para sentarse a negociar con la institucionalidad colombiana y abandonar, de manera definitiva, el camino de la violencia.

Pareciera que las Farc están entendiendo que su lucha armada no tiene futuro, no solo porque el Estado está en capacidad de cerrarles todos los espacios y golpearlos con fuerza hasta obligarlos a dialogar, sino también porque las condiciones del país y del mundo han cambiado dramáticamente. Nadie hoy cree, sinceramente, en el triunfo de la lucha armada, en la vigencia de sus ideas, ni en la justicia de sus luchas. La guerra de guerrillas es un esquema valetudinario al que nadie le rinde tributo.

Los últimos años dejaron la huella de la guerra en Colombia. Ahora se ha vuelto a hablar de paz. La puerta de la reconciliación no está cerrada, como anunció en su posesión el mandatario, sino que además se está abriendo y un nuevo aire de entendimiento ha ido entrando a la nación, trayendo la esperanza de la pronta liberación de los secuestrados, la eliminación del reclutamiento de menores, el compromiso de la guerrilla de no seguir sembrando minas antipersonales ni usar el plagio de personas como arma de guerra.

Alfonso Cano tiene que pasar de los anuncios a la concreción de sus promesas. Si deja pasar el impulso que está tomando la nación para apoyar la decisión del Presidente Santos, podríamos perder este momento histórico. Cano debe pensar en escuchar al Presidente cuando pide la libertad de los secuestrados. Los halcones acechan.

En 1992, en Tlaxcala, se perdió una oportunidad. Pasaron seis años para volverse a sentar a hablar de paz, en el gobierno Pastrana, y las Farc cometieron el peor error de su historia: burlarse del país, aprovechar el Caguán para envalentonarse y fortalecerse militarmente. De esa frustración colectiva nació la victoria electoral de Uribe, quien durante ocho años, con evidentes éxitos, hizo lo posible para derrotarlos militarmente.

Han pasado 19 años desde Tlaxcala. Cada día se pierden más vidas, se apagan más esperanzas. Los paramilitares se multiplican. No sé cuántas muertes han ocurrido. Ojala el jefe guerrillero avance en su decisión de negociar la paz. De parar cincuenta años de inútil sacrificio de vidas. Los demócratas haremos cuánto esté a nuestro alcance para que en una mesa escribamos la más bella página de nuestra historia. Y al final nos abracemos como compatriotas.

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Cortesía: Mónika María Leal Abril
Directora de Comunicaciones
GOBERNACIÓN DE SANTANDER

La compleja situación de acceder a los bienes del Estado

Por: Pedro Gerardo Tabares C

Son  ideas elementales las que permiten auscultar en la sociedad las situaciones que permiten la utilización de los bienes públicos bajo el determinante de corrupción.

El tejido social comprende a todas las personas que viven en Colombia.  El trabajador raso no tiene posibilidades de llegar a licitar obras de importancia, porque la facultad de sus presupuestos escasamente le permiten sobrevivir con la esperanza que  a nivel de Estado se hace de la creación de empleo y con base en esto no puede acceder a licitar pues solo presentar las pólizas de garantía se lo impiden. Por eso  la necesidad de que existan empresas que puedan realizar las obras públicas con solvencia que puedan reunir requisitos para acceder a la contratación pública, que de otra parte exige conocimientos que van más allá del simple empleo por parte de quienes elaboran los pliegos para evitar inconsistencias que devienen en sanciones, como lo señalábamos en una época anterior y cuyas consecuencias se observan. En este campo surge la creación de empresas con objeto, exclusivo para determinada licitación, que no obstante, exigir  existencia de empresas con trayectoria en trabajos de la naturaleza de los que se licitan, la antigüedad no se explica como aparece.

Esas grandes empresas por tener la confianza con base en el capital que manejan, mas no del que constan en su constitución, pueden efectuar el giro de negocios a nivel internacional y por ello se pueden consignar en el exterior los valores que reciben de anticipos, que después del tiempo se pretende evitar sin que se tengan mecanismos para recuperar.

 Haciendo la reminiscencia histórica con base en documentos hoy en desuso, en el pasado, ---cuando la maquinaria no era de exigencia- le entregaba el Estado a personas capaces y que por ejemplo, en obras públicas asumían las labores con unos obreros a quienes les entregaban dineros con períodos de semanas, porque había un  director de obras públicas calificado y reconocido en el entorno como buen maestro y trabajador con obreros que lo acompañaban, y pago de jornales. Así se construyeron obras que hoy se determinan como monumentos nacionales. El desarrollo trajo otras costumbres y por ello, es necesario actualizar la legislación, para que dentro de la transparencia, se evite la falsedad de documentos y el monopolio de los bienes estatales. La situación es difícil, pero se pagan muchos dineros por estudios que hacen eruditos, fuera de la realidad nacional.

¿SE REFORMARÁ LA JUSTICIA?

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)*

La nueva reforma a la Justicia que el Presidente Santos y su Ministro Vargas Lleras tienen preparado para los correspondientes debates en el Congreso, tiene muchos pros como sus contras. Desde mi humilde punto de vista sociológico, donde me devané los sesos estudiando los diferentes métodos científicos. Las nuevas normas vienen trabajándose a nivel latinoamericano. Leyendo un estudio de la Universidad de los Andes, del doctor Andrés Ucrós (2004) titulado: “La Reforma a la Justicia en Colombia: Un Movimiento Amplio de globalizaciones Hegemónicas, plantea los intereses reformistas de la justicia global”. Los  recientes intentos desde el 2008 de la Reforma a la Justicia en Colombia, que empezará hacer trámite por los órganos legislativos, pueden enmarcarse dentro de este fenómeno.

Será un trabajo que realizarán, dejando ver lo común y silvestre que el pueblo conoce de la justicia por los medios de comunicación. Porque lo demás está en la palabra clave: “Globalización, reforma Judicial, desarrollo económico, mercado, derechos fundamentales”.    

Todo esto me hace recordar los titulares de prensa: “choque de trenes”. Donde la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, EL Consejo de Estado, El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administración de justicia y la Justicia Penal militar como reza en la Constitución en el Art. 116 se convierte en una torre de babel, en caso de dirimirla se les confunde la lengua.  Pero la justicia basada en el derecho, la gran mayoría de los colombianos se extraña de que las Altas Cortes de Justicia desconozcan mutuamente los fallos que cada una de ellas dicta. Es el espectáculo más grave por los nocivos efectos que han generado, perdiendo la confianza en los ciudadanos por no tener en sus jueces credibilidad, pero, paradójicamente, es un fenómeno perfectamente comprensible a los intereses económicos que se mueven en este país.

Colombia funciona simultáneamente con tres sistemas jurídicos, cada uno de los cuales tiene tras de sí unos supuestos teóricos serios, que conducen a considerar a los que son partidarios de cada uno de ellos, que están actuando correctamente, y que los demás están gravemente equivocados, o están actuando “con sesgo ideológico”. El tema es largo y académico, para explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas relacionados sería meternos en la hermenéutica. Pero dónde está el meollo de esta situación y no quieren el consenso, porque prefieren tener un statu quo que los hace poderosos con influencias. No sólo por las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, sino por el sistema de administración en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, burocratizado, clientelista y de presupuestos elevados. Con la reforma propuesta, las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano, como en su momento intentaron algunos y que su nombres son muy populares. Tendrían también que abandonar la práctica maluca de salir a litigar frente a quienes antes eran sus colegas. El régimen de inhabilidades propuesto es muchísimo más severo que el muy laxo que hoy existe.

La reforma de la justicia tiene 26 artículos modificatorios de la Constitución del 91, por lo cual debe surtir ocho debates en el Congreso y apunta a que el Contralor General lo elija el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes. También para la elección de Contralor se eliminan las funciones nominadoras de las Altas Cortes.

Igualmente pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo caso se crearía el consejo nacional judicial, con la participación de los presidentes de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), delegados no magistrados de las Altas Cortes expertos en administración o finanzas públicas, y el delegado de jueces y magistrados. Allí estarán con voz, pero sin voto, el Ministro de Justicia, la Fiscal General de la Nación y el Gerente de la Rama Judicial. El proyecto busca que se vuelva al sistema de cooptación, para que sean las propias cortes las que elijan a sus integrantes. También se aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes y se requieren de 10 a 20 años, para ser magistrado de estos tribunales.

A las Cortes no les gusta la propuesta. Ni podrá gustarles. El presidente de la Corte Suprema dijo que el proyecto "pone en peligro la institucionalidad". El del Consejo de Estado fue más lejos y sostuvo que la reforma "afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia". Será porque allí también existe el nido de la corruptela.

*Poeta y Escritor