Guillermo M Yeatts ( Fundación Atlas 1853)
La actual crisis financiera mundial ha abierto las puertas para echar la culpa a la falta de regulaciones, al fracaso de los mercados y al “capitalismo salvaje”.
Incluso se ha sostenido que mientras el fracaso del socialismo fue simbolizado por la caída del Muro de Berlín en 1989, el del capitalismo se cristaliza en la crisis financiera de los Estados Unidos iniciada en el año 2008.
Entonces ¿es cierto que la actual situación es consecuencia de la excesiva libertad de los mercados, que llevó a los agentes económicos a actuar con avaricia y en forma irresponsable? ¿O encuentra su origen en procesos más profundos de intervención estatal en los Estados Unidos?
Orígenes de la burbuja inmobiliaria
En 1995, durante la “era Clinton” (1993-2001), el Congreso promulga la Ley de Reinversión Comunitaria (Community Reinvestment Act), por la cual los bancos con garantías de depósitos del gobierno (FDIC) debían prestar un porcentaje de su cartera a los sectores con menores recursos. Asimismo, en 1996 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) dictaminó que Fanny Mae (Asociación Federal Nacional de Hipotecarias) y Freddy Mac (Corporación de Préstamos Hipotecarios de Vivienda) debían asignar entre el 12 y el 22% de la cartera de hipotecas a sectores de menores recursos. En 1997 se modificó la Ley de Crédito Federal (Federal Credit Act) para establecer que los préstamos hipotecarios deberían reflejar la composición de la comunidad en cuanto a raza, sexo y edad, a los efectos de disuadir la discriminación. Más tarde, la Administración Federal de Viviendas (FHA) extendió un seguro de default a los bancos que otorgaban hipotecas “sub-prime”a sectores de menores recursos (ingresos por debajo del 60% del promedio general),dado que en la mayoria de los casos no cumplian los parámetros para extenderles credito.
En este contexto, la incertidumbre generada a partir de la destrucción de las Torres Gemelas en septiembre de 2001 y la brutal caída de las cotizaciones de la industria tecnológica en marzo de 2000 incentivó –ya en el gobierno de Bush– a la Reserva Federal a reducir la tasa de descuento de 6,50% en 2001 a 1% en 2003.
La mayor demanda inmobiliaria elevó fuertemente los precios (13% por año) de las propiedades en las diez ciudades más importantes de los Estados Unidos desde 2001 hasta 2006 (Informe Shiller de Standard & Poor).
Por presión de la administración Bush a Fanny Mae y Freddy Mac (empresas allegadas al gobierno, no pagan impuestos municipales ni estatales) incrementaron peligrosamente su actividad, llegando a controlar la mitad del mercado hipotecario.
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(u$s 12 billones) . A partir de la compra de miles de hipotecas a bancos locales estas luego eran vendidas a bancos de inversión que las “empaquetaban” como MBS (Mortgages Base Securities) para vendérselas a bancos de primera linea y a fondos de pensión.
De esta forma, la situación se convertía en una “tormenta perfecta” para los intermediarios financieros que se manejaban con instrumentos que contaban con una garantía real (hipotecas); una renta mensual (fondos de pensión); un riesgo diversificado (miles de acreedores); una tasa de interés superior (bonos del Tesoro); una garantía de pago de AIG (mayor empresa mundial de seguros) y, finalmente, con un “grado de inversión” de Standards & Poors y Moody’s (lideres en informes crediticios).
Una vez más, el interés en evitar el costo político de la caída del nivel de actividad predominó por sobre los bolsillos de los contribuyentes. Desde diversos ángulos, la futura gran explosión se advertía ya en el mes de febrero de 2007, cuando un banco de primera línea mundial y New Century Financial incrementaron drásticamente su provisión para pérdidas por hipotecas sub-prime (el porcentaje de atraso de hipotecas se estimaba en 12%). El Wall St. Journal comenta en el artículo “Our Sub-prime Fed”, el 10 de agosto de 2007, y el Freeman, en “Sub-prime Monetary Policy”, en noviembre de 2007, sobre la crisis del mercado hipotecario. En septiembre de 2008, al no ser rescatado el banco de inversión Lehman Brothers, el gobierno se dio cuenta de que podía haber una corrida en el sistema bancario.
Rescatar el sistema financiero e industrial
La administración Bush se vio forzada a incrementar la garantia de los depositos a individuos a U$S 250.000 y las cuentas de Money Market a empresas y bancos, sin tope a través de la agencia federal FDIC ; a su vez la Tesorería –con la anuencia del Congreso– obtuvo la aprobación para un programa de rescate de u$s 700.000 millones. A través del programa TARP, el gobierno concedió préstamos a bancos y empresas con diferentes arreglos societarios. No obstante esto, el crédito inter-bancos y los pagarés de corto plazo (commercial paper) se paralizaron al no conocer el mercado cuánto había de activos tóxicos en el sistema.
Con la llegada de Obama se preveia que cambiaria el humor del mercado, ya que había condenado la especulación que produjo esta crisis. Pero no se refirio a las causas profundas de origen de la crisis :la distorsiva intervención de los gobiernos.
La propuesta presentada el lunes pasado por su administración intenta liberar a los bancos de activos tóxicos, pero los contribuyentes siguen siendo el pato de la boda. La propuesta consta de dos partes:
1) Nombran cinco firmas para valuar los activos tóxicos de los bancos.
Los bancos no estan obligados a participar ni a presentar posibles activos a licitar.
2) Licitan estos activos la Agencia Federal de Depósitos (FDIC) con 88%, el Tesoro
con 6% y los privados con 6%. En caso de que exista utilidad con los activos
comprados, el 50% se lo lleva el sector gobierno y el otro 50%, los privados.
En caso de pérdida la absorbe el gobierno, con un 93%, y los privados, con un 7%.
Una vez más, parece que los platos rotos serán pagados por los contribuyentes.
El daño moral y la solución del mercado
La política del gobierno parece confirmar que aquel que gana se queda con todo, y si pierde, se lo lleva el gobierno. Esto desvirtúa totalmente el mercado e incentiva conductas irresponsables y daño moral por parte del gobierno.
Otorgar u$s 173.000 millones a AIG, una empresa quebrada, sin negociar antes las condiciones estrictas en que serían desembolsado los fondos, es por lo menos irresponsable por parte de la administración de Bush. Luego de que los ejecutivos cobraran los honorarios por u$s 165 millones, Obama les exige que devuelvan ese monto cuando su administración iba a adelantar u$s 30.000 millones a AIG en marzo. En ese mes la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para sancionar un impuesto a las ganancias del 90% a los beneficiarios de estos honorarios. Esto no solo es anticonstitucional sino que no reconoce el Estado de Derecho de los contratos entre particulares (empresa y ejecutivos). No existe justificativo del gobierno por el manejo de este caso y otros similares .
La solución del mercado para transparentar los activos tóxicos es exigir a todas la empresas que entraron por el programa de rescate TARP acordar la entrega de un warrant por el paquete accionario o si no, verse expuestas a que no les renueven los préstamos acordados. Esto permitiría licitar las empresas al sector privado (sin un préstamo del gobierno) por el valor que el mercado les asigne, y el Estado quedaría comprometido por las garantías ya otorgadas.
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