La institución de la extradición, basada en los tratados públicos y en las normas de procedimiento penal, es un acto jurídico de solidaridad internacional en la lucha contra el triste fenómeno de la delincuencia; de tal suerte que se garanticen las condiciones de la vida civilizada, conforme al derecho que es el cimiento y nexum de la sociedad.
Por manera pues, se torna paradojal que el Presidente Uribe al fin y a la postre, hubiese admitido la evidente alianza entre los paramilitares y el narcotráfico, ese tenebroso contubernio desde su origen; no obstante, que a lo largo del proceso de “negociación”, de trastienda en Santafé de Ralito, les prometió, contra la tradición jurídica universal, un tratamiento de delincuentes políticos con lo cual les garantizaba la no extradición. Para mayor escarnio y afrenta al constitucionalismo, amenazó con acudir a la activa colaboración del pueblo –bajo una apariencia democrática– para la vigencia del estatus político de los paramilitares. Todo, ambigüedad, impostura, agonía de la justicia y del Estado de Derecho.
El gobierno de Uribe, con la extradición de catorce “jefes” paramilitares, se echó sobre sus hombros el cadáver de la llamada Ley de Justicia y Paz, y con él la prioridad suprema y sagrada de la verdad, la justicia y la reparación, acibarando más el suplicio de los miles y miles de víctimas humildes e inocentes, en este espectáculo absurdo de nuestra patria ahogada satánicamente en sangre, con la pedagogía del resentimiento y el vacío de la moral del establecimiento.
Pero, ¿qué revela la lógica oculta de estas contradicciones? ¿Qué se aprestaban los extraditables a denunciar? Ante el desprecio desmesurado de la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó: “…la extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes, cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad e interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.
Entretanto, en el establecimiento solo hay “Silencio y Bruma. Soplos de arcano”. Como dice un poeta.
Y bien. ¿Es este, el respeto a la dignidad humana, que el gobierno demuestra en el caso de las víctimas y que la Constitución les otorga? ¿No es, pues, la intangibilidad de la vida un derecho fundamental que inequívocamente garantiza su óptima calidad cuando se aleja del sufrimiento? La interpretación del derecho fundamental a la vida, no puede hacerse al margen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El gobierno de Uribe, ha cerrado los ojos ante los crímenes de lesa humanidad de los narcoparamilitares, y el sufrimiento de sus víctimas, que no han tenido ni siquiera la alegría de vivir, contrariando así, la preceptiva constitucional, de nuestro Estado Social de Derecho.
Quedan las víctimas en un limbo pavoroso, como si su tragedia fuera un castigo sobrenatural, en tanto que sus verdugos reciben en la práctica una amnistía tenazmente enmascarada, encabezando una operación de impunidad en relación con ese repertorio de atrocidades, revestidas de reivindicaciones nacionales, según los parapolíticos de la “refundación de la patria”, los patrocinadores y beneficiarios de estos criminales.
Por otra parte, a la luz del Código de Procedimiento Penal, el Ministro de Justicia –tan visiblemente limitado– tiene la facultad para “diferir la entrega” de quien esté procesado y pedido en extradición, “hasta cuando se le juzgue y cumpla pena”.
El Ministro no solo desconoce los caminos de la justicia nuestra, sino que implica torpe barrera para la eficiente aplicación de la ley. Es la atroz secuela de ser Ministro de Justicia y de no honrarla. Elster, dice acertadamente que: “el poder, para ser efectivo, debe ser dividido y la omnipotencia, lejos de ser una ventaja, puede ser una calamidad”.
Las bellas palabras de la Constitución y de los Códigos se quedaron sin alma y sin medios de obrar, en este proceso con los narcoparamilitares, que no es otra cosa que la legitimación de la mentira. Volver a Inicio >
Por manera pues, se torna paradojal que el Presidente Uribe al fin y a la postre, hubiese admitido la evidente alianza entre los paramilitares y el narcotráfico, ese tenebroso contubernio desde su origen; no obstante, que a lo largo del proceso de “negociación”, de trastienda en Santafé de Ralito, les prometió, contra la tradición jurídica universal, un tratamiento de delincuentes políticos con lo cual les garantizaba la no extradición. Para mayor escarnio y afrenta al constitucionalismo, amenazó con acudir a la activa colaboración del pueblo –bajo una apariencia democrática– para la vigencia del estatus político de los paramilitares. Todo, ambigüedad, impostura, agonía de la justicia y del Estado de Derecho.
El gobierno de Uribe, con la extradición de catorce “jefes” paramilitares, se echó sobre sus hombros el cadáver de la llamada Ley de Justicia y Paz, y con él la prioridad suprema y sagrada de la verdad, la justicia y la reparación, acibarando más el suplicio de los miles y miles de víctimas humildes e inocentes, en este espectáculo absurdo de nuestra patria ahogada satánicamente en sangre, con la pedagogía del resentimiento y el vacío de la moral del establecimiento.
Pero, ¿qué revela la lógica oculta de estas contradicciones? ¿Qué se aprestaban los extraditables a denunciar? Ante el desprecio desmesurado de la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó: “…la extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes, cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad e interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.
Entretanto, en el establecimiento solo hay “Silencio y Bruma. Soplos de arcano”. Como dice un poeta.
Y bien. ¿Es este, el respeto a la dignidad humana, que el gobierno demuestra en el caso de las víctimas y que la Constitución les otorga? ¿No es, pues, la intangibilidad de la vida un derecho fundamental que inequívocamente garantiza su óptima calidad cuando se aleja del sufrimiento? La interpretación del derecho fundamental a la vida, no puede hacerse al margen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El gobierno de Uribe, ha cerrado los ojos ante los crímenes de lesa humanidad de los narcoparamilitares, y el sufrimiento de sus víctimas, que no han tenido ni siquiera la alegría de vivir, contrariando así, la preceptiva constitucional, de nuestro Estado Social de Derecho.
Quedan las víctimas en un limbo pavoroso, como si su tragedia fuera un castigo sobrenatural, en tanto que sus verdugos reciben en la práctica una amnistía tenazmente enmascarada, encabezando una operación de impunidad en relación con ese repertorio de atrocidades, revestidas de reivindicaciones nacionales, según los parapolíticos de la “refundación de la patria”, los patrocinadores y beneficiarios de estos criminales.
Por otra parte, a la luz del Código de Procedimiento Penal, el Ministro de Justicia –tan visiblemente limitado– tiene la facultad para “diferir la entrega” de quien esté procesado y pedido en extradición, “hasta cuando se le juzgue y cumpla pena”.
El Ministro no solo desconoce los caminos de la justicia nuestra, sino que implica torpe barrera para la eficiente aplicación de la ley. Es la atroz secuela de ser Ministro de Justicia y de no honrarla. Elster, dice acertadamente que: “el poder, para ser efectivo, debe ser dividido y la omnipotencia, lejos de ser una ventaja, puede ser una calamidad”.
Las bellas palabras de la Constitución y de los Códigos se quedaron sin alma y sin medios de obrar, en este proceso con los narcoparamilitares, que no es otra cosa que la legitimación de la mentira. Volver a Inicio >
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