Petición a la fiscalía desde Santa Marta

                                                    Por: Alejandro Arias

                                              E-mail: alejandroarias@dialnet.net

Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia

SEÑOR FISCAL, LOS SAMARIOS MERECEMOS

La Revista semana concluyó su publicación titulada “Un gobernador de miedo en La Guajira” haciendo la siguiente rogativa: “el gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia”. (Ver http://bit.ly/13b7fqF) 

Rogativa que hemos elevado los samarios a la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que supimos que Carlos Eduardo Caicedo Omar sería candidato para la Alcaldía de Santa Marta arropado por el aval del Partido Liberal.

Para entonces los samarios ya teníamos un amplio inventario de reproches en su contra como funcionario público.

Entre los reproches de naturaleza disciplinaria se cuentan 53 investigaciones, de naturaleza penal poco más de 30, sin incluir una relacionada con presuntos homicidios y acuerdos con   genocidas, y de naturaleza fiscal recordábamos el Auto 000634 de fecha 11 de diciembre de 2009 proferido dentro del proceso fiscal número 214 seguido en su contra, en calidad de rector de la Universidad del Magdalena, y de los señores César Augusto Henríquez Moreno e Isaac Enrique Pertúz Bolaño, hoy Secretario de Planeación Distrital, por la cual se determinó la responsabilidad fiscal de éstos al demostrarse que recibieron menores cantidades de obras de las contratadas con el contrato 0067 del 23 de abril de 2003. (Ver AUTO 000634 11DIC2009: http://sdrv.ms/19daVIv)

En ese inventario de reproches de forma especial los samarios seguimos aterrados el caso que por homicidio instruía, por ese entonces, la Fiscal 12 de DDHH y DIH bajo el radicado 832 en el que se vinculó a Caicedo Omar como presunto co-determinador  junto con alias Jorge 40 de los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli.

Aún hoy muchos nos mantenemos sorprendidos que en diciembre de 2011, ya siendo Alcalde electo Caicedo, sospechosamente la ex Fiscal General Viviane Morales dejó sin efectos la orden de captura que en su contra libró la Fiscal 12 de DDHH y DIH y en consecuencia no permitió que el General Mena materializara la misma. Hecho del que luego diera cuenta El Espectador. (Ver http://bit.ly/vGBjNu)  

Claro que Viviane Morales además de suspender la orden de captura también le regaló de navidad a Caicedo Omar un cambio de fiscal y entonces le remitieron el expediente al Fiscal 105 de DDHH y DIH quien a la fecha adelanta la instrucción de esa investigación y luego de año y medio de haberlo indagado no le ha resuelto situación jurídica al hoy alcalde de Santa Marta.

Proceso en el que actúa como parte civil el abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reconocidos y respetados defensores de DDHH en nuestro país. Uribe ha liderado la lucha jurídica para que estos crímenes no queden impune tal y como lo logró frente al crimen del sociólogo Correa de Andréis.

De la sindicación contra Caicedo Omar en diciembre de 2007 dio cuenta el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión, José Nirio Sánchez, al proferir sentencia de primera instancia en contra de Reinaldo de Jesús Torres Forero al determinar con ella que éste fue el autor material del homicidio de Julio Otero Muñoz. Ampliación

Cartas del lector

                                                                                                           Amigo Bernardo Socha:

Ab. Reinaldo Ramírez

Ahora cuando se debate la reforma de la Ley 100, concuerdo con las apreciaciones, denuncias y lamentos del prestigioso Doctor SALOMON SCHACHTER; sus conceptos y sus análisis son válidos para el modelo de salud implantado en Colombia y los demás países que sufren este flagelo; la salud, vista desde la perspectiva neoliberal, es simple y llanamente un negocio financiero, donde lo que menos importa es la salud.

Este "modelo de salud" impuesto en nuestro país por el capital financiero internacional es un mecanismo perverso para apoderarse de los recursos de la salud e incrementar las ganancias de unos pocos que nada tienen que ver con el ejercicio de la medicina y menos con la salud; el neoliberalismo ha convertido la enfermedad en uno de los negocios más rentables y de paso ha destruido y degradado la reputación de los médicos; el aprendizaje y el ejercicio esta noble e importante profesión son hoy un eslabón más del negocio financiero que pisotea por igual la dignidad de los médicos y los derechos a la vida y al bienestar de los pacientes.

La supuesta universalización de la salud en Colombia y en los demás países donde campea a sus anchas este "modelo" es solo una falacia estadística para justificar de algún modo el traspaso de los recursos públicos y privados de la salud a los monopolios farmacéuticos, a los bancos e inversores y a los demás negociantes que se lucran a destajo con la industrialización del dolor, los traumas y la enfermedad de los pacientes; cómo puede hablarse honestamente de la universalización de la salud en nuestro país cuando los pacientes son víctimas del llamado "paseo de la muerte" y deben recurrir a los jueces para que, mediante tutelas, obliguen a las empresas prestadoras del servicio a efectuar tardíamente un procedimiento quirúrgico o a entregar al paciente una droga fundamental para el tratamiento y curación de sus enfermedades y cuando los medicamentos esenciales tienen precios extravagantes que superan en un ochenta y noventa por ciento el valor de venta al público que  rige en otros países, por ejemplo, para no ir tan lejos, en Venezuela?

Todos los colombianos debemos unir nuestros esfuerzos  para devolverle el derecho a la salud a todos nuestros congéneres y restablecer en la conciencia de los pacientes la dignidad y el respeto que justamente merecen los médicos y los demás profesionales de la salud.

Atento saludo,

Reinaldo Ramírez  

Columna de Opinión

                      Política: confusiones y claridades

                                         Horacio Serpa

Se comenzó a aclarar el panorama con las recientes declaraciones del Procurador Ordóñez Maldonado, quien le dijo a María Isabel Rueda que no será candidato presidencial, al menos en 2.014: “No quiero, no puedo, no debo”. Siguen en la baraja conservadora Martha Lucía Ramírez y José Félix Lafaurie.

Por el Centro democrático dijo su coordinador general, ex viceministro Alejandro Arbeláez, que el candidato no será escogido a dedo y que “la baraja ya se cerró”. O sea, se escogerá entre Trujillo, Zuluaga y Vélez.

Por el otro lado está de por medio la reelección del Presidente Santos, quien en un par de meses se pronunciará al respecto. Pero no hay misterio, pues el propio mandatario, con la propuesta ante los Alcaldes de aumentar el período por solo dos años, destapó las cartas. Será candidato.

El partido de la U se quedó con su fundador y apoyará la reelección, con la oposición de tres o cuatro que tendrán que “aguantarse el varillazo”, pues no pueden cambiar de Partido. Los senadores  Lozano y Vélez,  el representante Gómez y un par más que los acompañan, no irán en listas al Congreso.

Cambio Radical está indisolublemente comprometido con la reelección y mucho se comenta que podría disolverse para conformar un todo con el Partido de la U. Su jefe, Ministro Vargas Lleras, renunciará antes del 24 del presente mes para asumir la jefatura reeleccionista. También para no inhabilitarse, “por si las moscas”.

El partido Liberal ha ofrecido, por boca de su director único Simón Gaviria, toda la solidaridad y apoyo a la reelección de “su jefe natural”. Algunos importantes dirigentes rojos, como  Eduardo Verano de la Rosa, solicitan que previamente haya reglas del juego aprobadas en consulta popular o en una gran convención democrática. 

Se construye una tercera opción con Polo, Verdes, Progresistas y organizaciones políticas y sociales de izquierda democrática. De ella podrían formar parte sectores del liberalismo Socialdemócrata que se sienten desconocidos por las actuales estructuras partidarias.

Y están las huestes de la Marcha Patriótica, a la que se insertarían los sectores sociales y políticos que hoy giran alrededor de las organizaciones insurgentes, si se llega a un acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla. Piedad Córdoba y la fuerza de la “izquierda liberal en marcha”, formarían parte de este movimiento.

Es posible que se presenten más opciones, pues hasta el momento no se ha dicho la última palabra en materia de candidaturas presidenciales. Pero al final, el cuadro no será muy diferente a lo mencionado.

En materia de la política tradicional, las posiciones “son firmes, sobre bases móviles”, como decía el recordado Senador Luis Guillermo Vélez. Mucho va a depender de la alianza Uribe-Pastrana, de lo que vayan informando  las encuestas y de los resultados de las elecciones de Congreso, en marzo del año entrante. También, claro, de cómo se unte la mermelada en la tostada.

Para cualquier análisis, es preciso recordar que en política, lo único cierto es lo que ya pasó.

Bogotá D.C., 8 de Mayo del 2013 – Columna –nuevosiglo

Se acaba lo poco que le queda a Colombia…

¿Es el congreso de la república el respobnsable?

Por: Bernardo Socha Acosta

Aquí es innegable retomar una parábola y sentencia bíblica sobre la moral que está en entredicho. Luego de escuchar y ver documentos en el noticiero de televisión Noticias Uno, sobre el caso del abogado Alberto Rojas Ríos, (posesionado como magistrado) quien es  acusado de haber recibido la suma de 116 millones de pesos que correspondían a una indemnización de una viuda que él representó,  los colombianos  entramos en pánico.

Con esas acusaciones (leer informaciónde colprensa) nos queda a los colombianos y al mundo entero, el sinsabor y el  más mínimo asomo de confianza en la justicia de nuestro país. Para cualquier ciudadano de bien, desearía que todos esos documentos contra el señor Alberto Rojas Ríos, fueran apócrifos, pero lamentablemente creemos mucho en las investigaciones que un medio como NOTICIAS UNO realiza  frente a hechos anómalos que ocurren en nuestro medio.

Si bien es cierto que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, por ser un derecho fundamental,  tampoco podemos ignorar la máxima que dice, que ‘la prudencia hace verdaderos sabios’; y aquí sería lógico y sensato aplicarla, aplazando la posesión  del señor Rojas Ríos hasta que las investigaciones hubiesen avanzado hasta el punto de reducir las protuberantes dudas que hasta el momento tiene el país sobre esas denuncias.  Y  si el cargo que fuera ocupar el señor Rojas Ríos  no fuera de tanta trascendencia y alta responsabilidad, como quiera que es una Corporación donde se presume la verdad verdadera,  pues vaya y venga que no habría motivo de preocupación entre los ciudadanos de bien que somos la mayoría en Colombia, pero, imagínense, una Corte y en estas condiciones, cuando  las dudas  rodean hasta el más neófito…

Pero, desgraciadamente la conducta y honorabilidad comienza por el Congreso de la república que a pesar de encontrarse el señor Rojas Ríos en entredicho, fue torpe y lo eligió; pero (con todo el respeto) esto no le quita el manto de duda que hay sobre el señor Alberto Rojas, hoy Magistrado de la Corte Constitucional.

Los ciudadanos  se suponían (ver comentarios) que a una Corte que tiene que ver con lo constitucional  llegaban los hombres de la más intachable honestidad y ni siquiera con un asomo de duda.  ¿Con qué confianza para los colombianos y la imagen mundial queda esa alta corporación?

Y tienen razón quienes afirman que desde el Congreso de la república se han generado los grandes males que tiene el país. O, lo dudan, si la imagen del Congreso de la república, avergüenza a muchos, así sea muy respetable para otros. Por eso es que cada vez que hay elecciones la participación ciudadana, es menor, hasta que llegará el punto de una votación en blanco, para mostrar el verdadero rechazo. Habrá algunos congresistas que son excelentes hombres, pero infortunadamente quedan en minoría de quienes no les interesa sino el poder y en dinero, o sino miremos las altas pensiones, frente al hambre de una gran franja de compatriotas.

La Torpeza

                                       Por: Pedro Gerardo Tabares C

Con motivo de la elección de un magistrado para la más importante corte del país, que por su dignidad, las funciones y autoridad en todos los campos del derecho en Colombia, a la cual se le tiene el máximo respeto, por quienes profesen esa disciplina con integridad, encuentran que actualmente se puede explicar con el término torpeza, cualquier actuación relacionada con los impuestos al Estado, la responsabilidad de dineros, en cuanto al manejo de bienes que corresponde administrar personalmente, incluyendo el pago de los impuestos, deja en vilo aspectos éticos, no porque se sancionen sino porque el cultor del derecho sabe por principio elemental que la ignorancia del mismo no sirve de excusa, y menos el señalamiento de la procedencia de los dineros que se poseen, para cuando se trata de reunir requisitos para tomar posesión de un cargo.

Existió en el poco consultado código civil la definición de la buena fe o manera de obrar, como parte de la explicación de la culpa para encontrarla trascendencia en todas las normas y por ello la novedosa constitución de 1991, recogió el concepto  que impuso a servidores públicos y  administrados, lo cual permite asombrarse cuando una palabra de tal naturaleza se pronuncia por persona  de tan acendrados quilates intelectuales, al igual que tampoco se explique con la precisión que requiere la atención que merecen actos como contar las vueltas cuando se compra  un tinto, o cuando se recibe una indemnización que sobrepase el centenar de millones.

Ya no decimos que esto es insólito en el país en que peyorativamente se menciona una advocación religiosa para dar a entenderlo, sino que debemos recurrir a la explicación que señalan algunos que las costumbres cambien con las generaciones, entendible porque los hackers presentan las irregularidades de las naciones que en nada importan las costumbres.

Por eso se aplicarán las normas existentes y lo que pueda llamarse un escándalo, no pasa de ser eso, porque si el postulado y escogido no toma decisiones voluntarias podrá posesionarse en uso del derecho que aún ni con una nueva constitución se tiene claridad al respecto, porque mientras no se posesione ninguna autoridad podrá investigarlo por  dignidad  no asumida y que el elector no podrá modificar, salvo responsabilidades económicas para el Estado.

Comentarios sin fundamento sobre el proceso de paz

                           Hay que acabar con los fantasmas”

Horacio Serpa

La frase no es mía. Se la escuché al representante Iván Cepeda el lunes en Hora 20, de Caracol, referida a la cantidad de comentarios infundados que se vienen haciendo sobre el proceso de paz.

Me parece  apropiada para decir que hay demasiadas exageraciones, mentiras, verdades a medias, desinformaciones y equivocaciones girando alrededor de las conversaciones que se adelantan en La Habana, entre Gobierno y Farc. Se ha dicho que se va a acabar la propiedad privada; que se limitará la libertad de empresa; que la guerrilla quiere imponer un modelo de desarrollo comunista; que el Ejército y la Policía se van a reducir a la tercera parte; que se van a nombrar por decreto 20 Senadores y 40 Representantes a la Cámara. Otros estropicios adicionales se han escuchado, para meter susto, desprestigiar el proceso y destruir esta posibilidad de lograr que después de 49 años de subversión no haya más guerrilla.

Hay que acabar con esos fantasmas. No he escuchado decir que los guerrilleros se van a indultar o a amnistiar. Tampoco que se va a absolver a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Mucho menos que se buscan unos acuerdos en los que, de lograrse, los subversivos entren a la legalidad conservando las armas con las que hacen la guerra. Tampoco es verdad que se van a repartir alcaldías y gobernaciones a granel.

Falta mucha confianza con el Presidente Santos y con la comisión  negociadora. Es injusto creer que se chifló el mandatario y que Humberto de la Calle con sus acompañantes estén de rodillas rogándole a la guerrilla el favor de suscribir unos acuerdos, cualesquiera que ellos sean. Es indelicado repetir especulaciones o simples rumores sin primero comprobar los comentarios o las consejas.

Lo peor de seguir llenando el proceso de paz de fantasmas, es que se puede echar a perder una posibilidad sería de conciliación. Se trata es de conseguir que la guerrilla entre al sistema legal. No es que quienes estamos en lo institucional nos metamos al de la guerrilla. Es para que se acaben las muertes que genera la guerra. Se trata es de brindarle a la juventud unos espacios apropiados en los que puedan desarrollar sus invaluables conocimientos. Es para que haya más inversión y se pueda producir y generar riqueza con tranquilidad.

Mucho hay que hacer, con proceso o sin proceso. Respetar los derechos humanos, por ejemplo. Fortalecer la democracia. Expedir el Estatuto de Oposición ordenado por la Constitución. Elaborar el Estatuto del Trabajador, también ordenado desde 1.991. Revisar el modelo económico para superar la ominosa desigualdad que sufrimos. Tener un nuevo sistema de salud. Crear más espacios de participación. Mejorar el ejercicio de la política. Reformar el sistema agrario. Generar ingreso con equidad. Luchar contra la corrupción. No son ni mucho menos consignas revolucionarias. Son necesidades para lograr el bienestar y vivir mejor.

Podemos lograrlo si cada colombiano o colombiana piensan en las ventajas de un país en paz. Pero hagámoslo.  

Bogotá D.C., 30 de Abril del 2013 – columna del NuevoSiglo

Aceptación del error judicial en Colombia

                                      Por: Pedro Gerardo Tabares

Los 12.657 procesos que se indican por la autoridad competente creada recientemente para la protección del Estado, y que acepta promedio de estimación de 1.700'000.000 de pesos por cada proceso, causa estupor, como también lo causó aquello que en el pasado constituyó la ingente desaparición de dineros que se desviaron de una entidad que en los últimos años  no ha manejado ese tipo de recursos.

El error judicial tiene una orientación que no se alcanza a definir.

Se determina la razón lógica de la condena a inocentes que deben acudir a demandar, no porque el daño deba resarcirse, sino porque en cada persona hay un mínimo de ética que le da valor para reaccionar ante el Estado cuando lo atropella.

Sin embargo, notamos que cuando se elabora una demanda de esa magnitud, nadie se preocupa por examinar el fondo de la situación que la produce, puesto que en verdad ya no interesa la persona que actúo, sino una demostración de que quienes manejan el Estado en este caso, la rama judicial no son  idóneos para hacerlo, y cada día se aumenta esta deficiencia. Por eso habrá necesidad de examinar así sea equivocadamente alguna razón para tan lamentable situación.

La creación del Consejo Superior de la Judicatura, fue una aspiración perfecta del constituyente, pero con sólo la aspiración frustrada de suprimirlo se puede deducir que no dio los resultados anhelados, puesto que en sus manos han pasado 20 años para dirigir a los administradores de justicia, en cabeza de jueces y las sanciones para abogados, al lado del manejo del presupuesto de la rama judicial.

Loable también fue considerar la carrera para funcionarios y empleados y a cada funcionario colocarle un buen número de empleados que hagan lo que le corresponde a aquel, desde el entendido que físicamente le es imposible evacuar las sentencias que se le imponen y en oportunidades surge la aplicación de caprichos tradicionales o también una ambición desmedida de poder, desconociendo las normas para resolver, de tal manera que en el primer caso se institucionalizó una posibilidad de dejar pasar, dejar hacer, en contrario a la dinámica que crean las leyes; en la segunda connotación con un reconocimiento profesional sin que interese cuál es la responsabilidad de quien presta el servicio gratis, se tornó en esa facilidad para tomar decisiones sin la mesura necesaria; pero a ello hay que agregar el cambio radical de la orientación de la justicia penal que de la investigación que hacia el Estado, pasó a la influencia del interesado en obtener una condena sin que interese a quien se la impongan, usando medios de presentación de prueba que le den fuerza a la acusación y luego, finalmente a la decisión del juez, con las consecuencias que se anotan. Seguramente que si se analizaran estas elementales situaciones, partiendo de la integridad moral de cada uno de los funcionarios habría horizonte.

Propuesta Conpes para asegurar recursos

Mininterior e indígenas, si es posible

Por: Alejandro Arias  
Correo: alejandroarias@dialnet.net.co

Pasado un mes luego de la respuesta que publicáramos de Gloria Amparo Rodríguez a la columnista del periódico El Tiempo María Isabel Rueda me di a la tarea de averiguar qué avances se han dado en la relación Gobierno Nacional,  indígenas y minorías atendiendo, a mi juicio, las más relevantes complejidades de esa relación según la respuesta de Rodríguez.

Precisó en su oportunidad  Gloria Amparo que “efectivamente se presentan obstáculos con la consulta previa, los cuales nos convocan a todos (sector institucional, grupos étnicos y a la sociedad en general) a superarlos en el marco de un Estado que según la Constitución, debe caracterizarse por ser democrático, participativo y pluralista”.

Hoy el Gobierno Nacional y delegados de los pueblos indígenas de Colombia han acordado una hoja de ruta que culminaría – en julio de este año – en una propuesta de documento Conpes que aprueba y articula la política pública integral para estas comunidades.

El Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, afirmó que “el objetivo es que en el mes de julio haya una propuesta conjunta, una propuesta Conpes para que los recursos se puedan asegurar en el plan de inversión del próximo año”.

Por su parte, el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, señaló que: “uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo es desarrollar una política pública construida participativamente con las comunidades indígenas. Luego de recibir propuestas de los delegados, y al cabo de varios espacios autónomos de decisión, elaboramos un cronograma que contiene todo el proceso de construcción colectiva y socialización de esta política intersectorial”.

La Mesa Permanente de Concertación determinó que durante éste y el próximo  mes las autoridades indígenas liderarán un proceso autónomo en las regiones para articular contenidos a partir de las experiencias y propuestas que tienen la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Confederación Indígena Tayrona, entre otras.

Por otra parte, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, se reunieron con líderes de los pueblos indígenas de Wiwa, Arhuaco, Kogi y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta; reiterando el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas.

Durante este encuentro se acordó conformar una Mesa Intersectorial que liderará el Ministerio del Interior la cual se encargará de hacer seguimiento a los temas que el Gobierno Nacional trabaje con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Otro de los temas tratados en esta reunión fue el de Consulta Previa. Frente a este punto, precisamente el Gobernador Kankuamo, Jaime Arias, solicitó que se aclare que no son las comunidades indígenas las que tienen detenidos los procesos de consulta previa sobre algunas leyes y pidió que se realice un protocolo para esta mecánica.

Por su parte el Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, resaltó que desde ya se va a empezar a trabajar en la reglamentación de la Consulta Previa, la cual se realizará con las propias comunidades y va ser uno de los temas que se incluirá en la Mesa Intersectorial.

Una de las preocupaciones sentidas de Gloria Amparo Rodríguez fue la de establecer el momento clave para saber cuál es la forma más idónea para garantizar el derecho a la consulta previa en medidas legislativas, entre otras.

En su oportunidad Rodríguez precisó que era “importante tener claro entonces, cuáles son las normas que deben consultarse ya que existe gran incertidumbre al respecto. Así las cosas, es posible también que exista seguridad jurídica en la garantía de los derechos de estos pueblos y por eso el Tribunal Constitucional ha instado al Congreso y al Gobierno para adoptar una reglamentación sobre la forma y el procedimiento para realizar la consulta”.

Al indagar sobre esta inquietud el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, expuso que la intención del Gobierno Nacional es construir conjuntamente con las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas y palenqueras y ROM protocolos para seguir profundizando y materializando el derecho fundamental a la Consulta Previa. “La idea es que se establezca de manera conjunta reglas claras en aspectos aun no reglamentados para que con esto se logre avanzar en los procesos de consulta sin que se vulnere el derecho que le asiste a las comunidades” acotó.

Si bien hay mucho trecho por recorrer, comparto el alcance de las palabras del representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, en Valledupar con ocasión de la presentación del informe de gestión 2012: se notan los cambios, se pueden palpar favorables avances.

Difícil dirección hacia la paz

                              Por: Pedro Gerardo Tabares C.

Los pronunciamientos en contra de la paz y la orientación hacia ella, con sus utópicos, pero necesarios apoyos, presentan las consabidas causas de enfrentamiento que los momentos históricos traen.

No hay pueblo en que la política haya influido con tan aguda divergencia, que se mantenga en el tiempo indefinidamente la aceptación de acuerdos o de imposición unilateral que acepte cualquiera de las partes, máxime cuando los comportamientos de una de ellas debe reconocer como contraria a la sociedad existente sus actuaciones y que por esa circunstancia causa graves traumatismo en la economía, las relaciones interpersonales, el dominio territorial que conlleva a calificativos muy pero que en nada práctico beneficia su pronunciamiento para el núcleo social en que se tornan pragmáticos.

Quienes han perdido batallas, se les ha truncado en atentados o aún vencido en batallas, no siempre con lo que se han pagado sus equivocaciones han sido sanciones que los elimine, sino que hasta han regresado al seno de una sociedad que los ha esperado para cambiar de alguna manera la concepción de la maldad.

Por eso cualquier radicalismo impide solucionar graves conflictos, y nuestro país no es ajeno a esa situaciones, por lo cual quienes no tienen dirección material de los acontecimientos con sólo su percepción y agudeza de pensamiento se tornen en orientadores decisorios de todo aquello cuya concepción es totalmente diferente, hasta el punto que que impida que haya nuevas propuestas, cuando las precedentes no han tenido acogida, y por ende sin resultados.

El pensamiento humano tiene aristas que quizá no se alcanza a comprender, cuando repudiamos una concepción, pero ésta se aplica quitándole alguna variante de la que el pensador que la entronizó modifica el conglomerado social con su aceptación, y aún en las democracias se modifica diametralmente la manera de pensar en una sociedad determinada, como se puede observar a cada momento.

Quienes por su calidad de intelectuales, directores de masas, intérpretes de pensamiento religiosos, o cultores de anquilosadas teorías que consideran válidas, pueden intervenir para morigerar sus candentes ataques, dejando un mínimo de criterio a quienes tienen decisión, claro está que con su aporte mesurado para buscar ese rótulo que ha sido la incógnita difícil de encontrar a través de los tiempos: la paz, que teóricamente está incluido en la Constitución Política Colombiana.