La prestación del servicio público

Magdalena: Concurso en salud, una vagabundería

Por: Alejandro Arias

¿Qué Tienen en común los ex Gobernadores Trino Luna Correa y Omar Diazgranados Velásquez con el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar? Un nombre en particular, el del doctor Jairo Enrique Romo Ortiz.

El artículo 125 de la Constitución elevó a rango constitucional el mérito como principio rector del acceso a la función pública.

Primero para asegurar el cumplimiento de los fines estatales de manera eficiente y eficaz, al lograr con ello la prestación del servicio público por personas calificadas. Segundo porque el mérito como criterio rector del acceso a la función pública garantiza el derecho de las personas a elegir y ser elegido, así como el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y tercero porque la selección con fundamento en el mérito promueve la igualdad de trato y de oportunidades, permitiendo que cualquier persona calificada para el cargo pueda participar en el respectivo concurso.

No obstante que desde 1993 están instituidos los concursos de mérito en el sector salud, con la entrada en vigencia de la Ley 100, en el Magdalena solo hasta el año 2004 se abrió el primero con el objeto de proveer cargos de gerentes a la red hospitalaria del departamento.

Proceso de selección en el que el doctor Jairo Romo ocupó el primer lugar en el concurso que proveía de gerente al Hospital San Rafael de Fundación. Cargo que, a pesar de haber sacado la mayor puntuación, no ocupó porque el Gobernador de la época, Trino Luna Correa, no lo escogió de entre la terna de elegibles.

En el año 2008, siendo gobernador Omar Diazgranados Velásquez, el Departamento abrió concursos para proveer cargos de gerentes a los hospitales departamentales. Jairo Romo también participó e igualmente ocupó el primer. En esta oportunidad para gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, hoy Universitario Troconis, de Santa Marta cargo al que tampoco se pudo posesionar.

Una acción popular interpuesta por María Elena Jiménez en contra de la Universidad Sergio Arboleda y el Gobernador de Magdalena para que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público fue la excusa.

El calvario judicial empezó el 6 de noviembre de 2008 cuando el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta admitió la demanda. Admisión de la que se solicitó su anulación; anulación que el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió mediante auto de 11 de mayo de 2010 (dos años después) y fue ahí cuando apenas se dio inició de verdad verdad a dicho proceso. Acción Popular que de acuerdo con la ley 472 de 1998 no debería demorar más de 40 días incluida la segunda instancia.

Siendo Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, el 6 de marzo de 2012 la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Prospero Reverend, de la que también es Presidente, invitó a conformar la terna de elegibles del cargo de gerente de esa entidad. Concurso del cual ocupó el primer puesto Jairo Romo Ortiz. hecho que quedó consolidado el 21 de abril de este año cuando se hicieron las respectivas publicaciones.

Pero dos sentencias de tutela (Ver SEGUNDO FALLO: http://sdrv.ms/PTPkKE) y sendos pronunciamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil no han sido suficientes para que el Alcalde de Santa Marta honre el bendito concurso y dé legal posesión en el cargo a Romo Ortiz. Muy a pesar que así se comprometió en declaraciones que diera Caicedo Omar a la SillaVacía.com.

Publicó el pasado 3 de julio la SillaVacía.com que “El Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, ya accedió a posesionar al gerente de la ESE Alejandro Próspero porque éste ganó una tutela que interpuso. Sin embargo, Caicedo señala que en el proceso hubo eventualidades que cambiaron las reglas de juego estipuladas, motivo por el cual intentó detener el concurso”. (Ver http://bit.ly/LUwp79)

Pero ahora de debajo de la cama resultó un tercer fallo de tutela, de cuya existencia ya se escuchaban rumores que anunciaban que el concurso completo se tumbaría. runrunes que dejaron de serlo con el fallo de tutela proferido por el juzgado 7 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento  y Depuración de Santa Marta fechado 1 de agosto de 2012 con el cual se tumbó todo el proceso de selección, desde la convocatoria misma, amparando supuestos derechos de un ciudadano que alegó no le permitieron inscribir su nombre en el concurso. (Ver ULTIMA TUTELA: http://sdrv.ms/OSokQy) Fallo del que ya se enuncian particulares circunstancias.

Primero, se señala que el juez no aplicó, para efectos de este fallo, el principio de inmediatez púes pasados 5 meses desde la apertura de dicho concurso sólo hasta ahora el tutelante se acordó de reclamar.

El segundo aspecto se centra en el hecho de que al generar efectos este fallo sobre intereses de terceros, como la Universidad que adelantó el concurso y Jairo Romo quien vería afectados los derechos adquiridos, llama la atención que a los mismos no se les hubiere vinculado al particular proceso garantizándoles así el derecho a la defensa.

Ejemplos como estos son los que han permitido titulares como el publicado por el periódico El Tiempo el pasado 3 de mayo: “Once hospitales del Magdalena no tienen gerentes en propiedad” (Ver http://bit.ly/RAxkGM) 

Y mientras estas argucias jurídicas se hacen recurrentes son más los pobres de los municipios del Magdalena y Santa Marta muriendo en las puertas de los Hospitales suplicando les garanticen el más elemental de sus derechos: la vida.

Voces como la de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República son mudas mientras que en el Magdalena los concursos de meritos, en el sector salud, no pasan de ser una vagabundería. 
alejandroarias@dialnet.net.co

ESTIGMATIZACION HISTORICA

----------------------------------Por Gerardo Delgado Silva

Nunca ha cesado la horrible noche, como dice el himno.  La conquista fue una masacre del diablo en nombre de Dios.  No otra cosa afirma Juan Ginés de Sepúlveda, vocero de conquistadores, capellán y cronista del emperador Carlos V, cuando escribió un tratado docto, sobre Las justas causas de la guerra contra los indios donde sostenía que era “lícito y necesario hacer la guerra a los indios y reducirlos a la servidumbre”.

Se empeñó en aplicar a los nativos del Nuevo Mundo la doctrina aristotélica de la esclavitud natural, según la cual una parte de la humanidad es apartada por la naturaleza  para ser esclavos al servicio de amos nacidos para una vida de virtud, libre de labores manuales.  Además, por cinco razones entre las cuales destacó: “Los indios eran idólatras y cometían pecados contra natura, por lo cual el sufrimiento infligido por la Conquista debía interpretarse como el justo castigo de Dios sobre ellos.”. Para justificar la coacción “evangélica”, con el término “idolatría”, se designaron las creencias, ritos, costumbres, cultos y ceremonias indígenas consideradas como signos del extravío al que habían sido conducidos por el diablo los crédulos amerindios. 

Al combatir a los infieles o convertirlos al catolicismo, los españoles se sentían ejecutando en tierra el trabajo de Dios quien, por su parte debía recompensarlos.

Y bien. Recordemos que con el triunfo de los españoles en Granada el 2 de Enero de 1492 sobre los árabes, se puso fin a una guerra de siete siglos.

Es incontrovertible que aquellos veteranos cesantes de los combates con los moros, se convirtieron en los conquistadores con sus pasiones, angustias y sus fuerzas siniestras del nuevo mundo.

Empero, la guerra como afirma el psiquiatra Francisco Herrera Luque, “regresa al hombre a niveles primitivos y le devuelve placeres atávicos de los que lo privan la paz y la civilización: el crimen, el incendio, el pillaje y la destrucción”.

Y es que parecería ocioso, aclarar que toda guerra invierte los valores a tal punto que el conciliábulo del nuevo movimiento político creado en el Club el Nogal, irónicamente denominado Puro Centro Democrático, al descoger analíticamente los pliegues verbales de esos virtuosos maestros del nuevo concepto de pureza, persuadidos de ser pulcros y egregios patriotas: el señor Álvaro Uribe con los llamados falsos positivos, José Obdulio Gaviria, el primo del patrón del mal, señor Pablo Escobar Gaviria, y el señor Fernando Londoño Hoyos con la sombra siniestra de Invercolsa; contemplan la adopción de políticas represivas como única solución a la “subversión terrorista”, sin mantener el equilibrio del razonamiento, la ponderación del juicio y el freno guión de la conducta, sin buscar a esos males sus hondas raíces sociales, sin entender que la violencia nunca acaba con la violencia o como en la frase de Tolstoi basada en los evangelios: El fuego no apaga el fuego.  Quienes somos esencialmente pacifistas por honda convicción moral, rechazamos enfáticamente la violencia.

El Estado no puede concentrarse sólo en esfuerzos represivos.  Deben por ejemplo desactivarse las causas de fondo.  Con la guerra se aviva la hoguera de las pasiones subversivas y los resentimientos.  En ocho años de desfallecimiento moral con el Gobierno del Señor Uribe, no fue capaz de resolver el conflicto derrotando las guerrillas, como lo prometió.  Sus electores abanderados parapolíticos  aherrojaron la Nación al abismo de todas las locuras imaginables desposeyéndola así del solio de potencia moral con que generaciones la honraron durante muchos años de ecuanimidad, de probidad y de justicia.  Lo que anhelan los señores del Puro Centro Democrático, ya se probó en la patria, y sus desastrosas consecuencias están a la vista. 

Ahora bien. No se puede negar el expolio y el exterminio de indígenas como móvil de los conquistadores, lo cual conmovió las conciencias de frailes eminentes que emprendieron desde 1511, con Antón de Montecinos  a la cabeza, y Bartolomé de las Casas, una decidida lucha por la justicia.

Hoy, sigue el desangre sistemático y selectivo contra líderes y autoridades indígenas.  Y en medio, atrapada entre todos los fuegos, ha quedado la población indígena, no solo en el Cauca, sino en todo el país.

Claman por el respeto a la vida, la naturaleza y la cultura y se oponen desarmados a la intervención de grupos armados ilegales ya sean las Farc, el Eln, los paramilitares, y así mismo fuerzas oficiales.

Todos los grupos los acusan de ser “colaboradores” de los otros, y piden que se entienda que no hacen parte del conflicto. Los indígenas del Cauca, constituyen uno de los sectores más organizados e independientes frente a los “actores” del conflicto.  Su peso específico lo ha demostrado con el modelo de desarrollo que encarna el Proyecto Nasa, galardonado internacionalmente. 

A nadie pueden serle extrañas las tragedias de los indígenas, sumidos en la miseria y el desamparo.  Se hace imperativo un acto vigoroso de solidaridad y de fortaleza moral en torno a la dignidad de estos compatriotas, para cubrir la inmensa deuda social a la que las élites y los gobiernos han hecho a un lado por tantos años, agravada por la catástrofe humanitaria detectada tiempo atrás por la ONU.

Así las cosas, para nadie es un misterio el reclutamiento de menores de edad en las filas de la abominable guerrilla y los paramilitares en nuestro país.  Es una práctica tan horrenda como extendida.  Y, lamentablemente combatida apenas de palabras. 

Evidentemente, el riesgo de reclutamiento comprende a los niños indígenas del país, para ellos no existe un blindaje, como tampoco circunstancias atenuantes. 

Empero, no se puede estólidamente afirmar que las protestas de los grupos indígenas en el evento del Cauca, constituyen una asonada y obedezcan a infiltración y estrategias de las Farc según el liviano Ministro de Defensa; que asombra con su ostensible ignorancia del Derecho Penal y por tanto de la conducta típica.  Por el contrario, es un despliegue clamoroso a favor del respeto al derecho fundamental a la vida,  y demás derechos humanitarios.  Importante, pues buena falta hacen en Colombia demostraciones de protesta que, en lugar de la violencia, recurren a la fuerza de la organización popular.  Porque, para acudir a las “razones de Estado”, como principio y fin de todo discurso, no haría falta más que abrir un libro cualquiera de política o de historia y encontrar en los “medios” de Maquiavelo o de Hitler la legitimación trasnochada a toda tentación de un Estado más autoritario, la única forma de garantizar lo que la política no podría: la reconciliación con tantos colombianos a quienes la guerra, el odio, la intransigencia y sobre todo nuestra indiferencia condenaron.  Al país hay que rehacerlo y ese no es solo un ejercicio de la fuerza.  Más allá de la estrecha lógica de amigo – enemigo, se requiere entender la particular atención que merece los indígenas.  Crear en Colombia un remanso grato y ennoblecedor de seguridad social en contraste con el turbión de tragedias vividas.  Es la oportunidad de una multitudinaria ratificación de la paz, del fortalecimiento de los Derechos Humanos en otras palabras, la realización del Estado Social de Derecho, y de las prácticas democráticas.  Esa paz, de la cual entonando un canto de esperanza a la vida, con significación moral y filosófica declaró Pablo VI: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.

Y Luis Carlos Sáchica, ese gran constitucionalista transido de patriotismo expresó: “La paz no es tan solo la ausencia de guerra; es un estado de ánimo colectivo que no depende de la organización jurídica”.

                                              

                                                                                                              Publicado por  Bersoa.com

¿Sin infraestructura para vivienda?

MAGDALENA, COMO EN LAS ÉPOCAS PARACAS

-----------------------------------------Por: Alejandro Arias

Vino al Magdalena, a Santa Rosa de Lima, el Ministro Germán Vargas Lleras y anticipó que el Departamento no ha aplicado para una sola casa de las 100 mil gratuitas del programa presidencial (Ver VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=auNKpZk7raI) 

Según explicó la Gerente del Plan Departamental de Agua el Departamento no aplicaba por casas ante la ausencia de infraestructura de acueducto rural y resulta que el mismo día se aplaudió porque se aseguraba el inicio de la construcción del acueducto rural. Pero la alegría fue corta, hasta que se supo que el acueducto rural dependería del Plan Departamental de Aguas del Magdalena. Felicidad corta por una razón evidente: el PDA a lo largo de estos años tiene muy poco para celebrar y mostrar.

Los señalamientos fluyen con facilidad y del carrusel contractual no están ajenos ni los Nule, de acuerdo a las denuncias conocidas. Por otra parte en los municipios donde se hizo el acueducto no se ha entregado el alcantarillado, en otros donde se entregó el alcantarillado no está el acueducto y en los pocos donde ya se entregó el alcantarillado y el acueducto estos no funcionan porque no hay quien los opere.

Hoy las denuncias precisan que sólo de 5 municipios están enredados más de $ 100 mil millones entregados a esta entidad para la ejecución del proyecto del Plan Departamental de Agua sin que se hubiere obtenido resultado alguno. Proyecto que además ha sido tres veces declarado siniestrado. Debate para el que la Asamblea Departamental, no obstante las evidencias, terminó escurriéndose. (Ver HOY DIARIO DEL MAGDALENA 31JUL2012: http://bit.ly/z4F6Pz)

Vino David Luna y exaltó la inclusión, en el Plan de Desarrollo Departamental, el eje estratégico de la “Productividad de la oferta laboral y Trabajo Decente”. Pero el Viceministro de Relaciones Laborales de lo que no está informado es que no ha habido un solo gesto que permita pensar que la Gobernación del Magdalena quiera acabar con la tercerización o intermediación laboral en los diferentes sectores públicos del entre territorial.

Así lo confirmó Nidia Castañeda, Presidenta del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (Sindess), al precisar, por ejemplo, que en el Hospital Universitario Trocconis el personal administrativo y de servicios generales es contratado a través de la firma RedSalud y el personal de asistencia médica, como auxiliares de enfermería, enfermeras y médicos, son contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios que nunca superan los dos meses.

Fórmulas de contratación que le niega estabilidad laboral, acceso a prestaciones sociales y demás garantías laborales a todos quienes son contratados por esta vía. Que de los siete meses corridos el Departamento no ha contratado con ninguna IPS Pública represando más de $ 5 mil millones afectando la calidad de los servicios, como el caso del Hospital Santander Herrera de Pivijay sometido a paro desde hace un mes.

Pero el tema de la salud no se queda ahí, también se ha denunciado corrupción en el proceso de selección de los gerentes de hospitales (Ver HOY DIARIO 17JUN2012: http://sdrv.ms/N9ONUV), el desangre del Hospital de Ciénaga que solo en el mes de enero de este año presuntamente se parrandeó $ 800 millones (Ver HOY DIARIO 28JUN2012: http://sdrv.ms/N0K7SS) y la entrega de los hospitales a las mafias (Ver HOY DIARIO 11JUL2012: http://sdrv.ms/NTlJ6g). Y aunque desde la Asamblea Departamental se lanzaron muchas de estas denuncias, para ello no hubo control político ni se conoce decisión de fondo.

Pero como si lo anterior fuera poco; el Gobernador del Magdalena y la Asamblea Departamental se inventaron una Tasa para la financiación del Fondo Cuenta Territorial para la Seguridad Ciudadana con cargos que van desde los $ 2.344 para el estrato dos hasta $ 23.445 para el estrato seis residencial y un porcentaje del valor del consumo eléctrico para los estratos comerciales e industriales que se cobrarán con el recibo de energía eléctrica. No obstante que para tal propósito algunos entes municipales ya cobran el 5% del valor total de los contratos de obra pública que suscriben y el 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que generan las concesiones. 

Decisión que desatiende, además, jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional así como conceptos de la Superservicios que proscriben la inclusión en las facturas, para efectos de cobros, de cargos que no correspondan a los servicios públicos domiciliarios o que no estén contemplados en el contrato de condiciones uniformes (Ver CONCEPTO 074 DE 1999: http://sdrv.ms/QczxuL, CONCEPTO 172 DE 2006: http://sdrv.ms/MawM89 y CONCEPTO 325 DE 2007: http://sdrv.ms/R1tplY) 

Tributo del que ni siquiera se sabe cuánto está proyectado recaudar, cuál será el plan de gastos y ni siquiera hay estudio de suficiencia financiera que garantice que nuestra gente podrá asumir el cumplimiento de este tributo pero en cambio sí se escuchan noticias que reportan que los primeros $ 65 mil millones por recaudar ya están pignorados.

Bastaron 3 días, menos de 2 horas y 45 minutos de debate en total y 3 sesiones para que la dichosa Tasa fuera aprobada por la Asamblea Departamental con sólo dos votos en contra.

Ni casas, ni agua, ni alcantarillado, ni trabajo decente y más cargas tributarias en contra de un pueblo empobrecido como el del Magdalena resultan ser el balance en 7 meses de administración que pasaron sin pena ni gloria ante una Asamblea que actuó sumisa como si los Diputados de las mayorías estuvieran a tiro de fusil como en las épocas paracas del Magdalena. 

Cartas del lector

Amigo Bernardo Socha:

En la política como en el amor corremos el riesgo de ser  víctimas de la seducción y de las promesas que jamás  se cumplen; una y otro tienen ese encanto que es difícil  resistir.

En esa fiesta de locura en que se prometieron riquezas  y poder muchos dieron el si sin reparar inocentemente  en las nefastas consecuencias de su aventura o, tal vez,  confiaron en que sus pecados nunca serían descubiertos;  ahora, un poco tarde, cuando apenas nos estamos reponiendo del guayabo de los "gobiernos Uribistas","Ernesto Báez",  ese personaje casi mitológico escogido por los dioses de  la guerra fratricida para repartir favores y prebendas entre  sus seguidores y adoradores, con su verbo encendido y sus promesas halagadoras, sedujo muchas doncellas.

Ese mismo oscuro e inteligente personaje organizador y promotor a destajo de la violencia, convertido por las circunstancias en una especie de Júpiter tonante, toca el clarín de la verdad y esgrime con soberbia, entre rayos y centellas, esa comprometedora lista de sus recuerdos que muchos prefirieran mantener en el olvido.

Los espectadores en la tarima y en el palco esperan ansiosos los resultados de la esperada y necesaria intervención de la Fiscalía y de los órganos de control del Estado.

El anunciado cambio de gabinete departamental tendrá algo que ver con las confesiones de alias "Ernesto Báez?

Atento saludo,

Reinaldo Ramírez

A propósito del comentario, ingrese a: Ernesto Báez Revela...

¿Se le llenó la copa al pueblo?

CONGRESISTAS, NO SE SIGAN EQUIVOCANDO

------------------------------------Horacio Serpa

La enérgica reacción ciudadana contra el Congreso a raíz del exabrupto de la Reforma a la Justicia, no lo fue solo por esa actuación. A la gente se le llenó la copa, con tanto desgreño, con tantos errores. Uno de los más criticados ha sido el propósito sistemático de reformar la Constitución. Equivocación grande es creer que todo se remedia modificando las normas superiores. Además, nunca tendremos un sistema político equilibrado, coherente, estable, si nos la pasamos probando instituciones, modificando reglas, inventando procedimientos, experimentado soluciones.

Parece que no todos los Congresistas se dieron cuenta de lo que pasó. O creen ingenuamente que solo fue una censura pasajera a la que no deben pararle muchas bolas. Por ello iniciaron la nueva legislatura, de la que los ciudadanos esperan seriedad, responsabilidad, trabajo, presentando otras propuestas de reformas constitucionales. Disculpas ofrezco a los Honorables Congresistas, a quienes aprecio y respeto, pero me parece increíble que no cogieran experiencia. El País está esperando otra cosa. Ojalá  leyeran bien la entrevista del nuevo Presidente del Senado. Si él siendo de la casa dice así del Congreso, imagínense lo que dicen los de afuera. ¡No se sigan equivocando!

Un ejemplo ilustra las observaciones. Con los comentarios de rechazo que se hicieron hace algunas semanas a la propuesta, pensé que no se volvería a hablar de eliminar la Vicepresidencia de la República. Las noticias dicen que ayer se presentó la iniciativa con el objeto de volver a la Designatura, una figura arcaica, antipopular, que en ocasiones se prestó para jugarretas, trapisondas y componendas.

Una de las razones que tuvo en cuenta la Constituyente para rechazar la Designatura fue la de que no es democrático que al eventual reemplazo del Presidente, elegido popularmente, lo escoja el Congreso. No hay razón que lo justifique. Con el riesgo de que un Congreso cuyas mayorías no sean amigas del Presidente, bien puede crear la expectativa de sucesión en una persona opositora o enemiga. Ni más, ni menos.

El argumento de que es necesario ahorrarse el sueldo del funcionario, es peregrino. ¿Con lo que vale esa asignación o el funcionamiento de la Vicepresidencia vamos a salir de pobres? Ahora, si el Presidente no le quiere asignar funciones, no sería empleado ni tendría sueldo.

Atribuirle competencias por Constitución sería como crear una Presidencia chiquita, con poderes plenos para desarrollarlas. Absurdo.

Pero lo más absurdo es creer que el País permitiría a los Congresistas elegir al eventual sucesor presidencial. Lo dispuso la Constituyente para suplir la falta absoluta del Vicepresidente, después de mucho debate y cuando el Congreso no estaba tan desprestigiado. 

Dificultades, ¿cuáles? Se presentaron cuando el Presidente Samper. Con los doctores Pastrana y Uribe no hubo problemas. En este tampoco.

Sin duda fue desobligante la presentación del proyecto estando enfermo el doctor  Angelino Garzón. Por fortuna son gratas las noticias de su recuperación. Debe estar sorprendido de que tan pronto dio la espalda para ir a la clínica, le comenzaron a mover la silla.

Bogotá D.C., 25 de Julio del 2012

El dolor que dejan los artefactos explosivos

INDÍGENAS Y FFMM DOS LENGUAJES

Por: Alejandro Arias

E-mail: alejandroarias@dialnet.net.co 

Cuando conocí a Olga Isabel apenas habían pasado 11 días desde el momento en que le dio el último adiós a su hijo Geider José Carrillo Robles, soldado profesional muerto el 13 de marzo de 2012 en Caucasia (Antioquia) al pisar un artefacto explosivo improvisado en medio de una operación militar. (Ver FOTO GEIDER CARRILLO: http://sdrv.ms/Lp1bUq)

Geider José no era cualquier soldado profesional aunque reconozco que todos son héroes de la patria; pero Geider además era indígena, un indígena Arhuaco. (Ver FORMATO DE CONCENTRACIÓN Y RECLUTAMIENTO: http://sdrv.ms/NoUv8x)

Resultó casi frustrante para mí escuchar cómo Geider a pesar de todos las oposiciones que se dieron para que se enlistara a las filas finalmente obedeció a su corazón y ofrendó, como en la oración patria, su vida por defenderla. Y digo que me resultó frustrante porque mi presencia en su comunidad era para enterarme cómo en 50 años esa misma institución, por la que ofrendó su vida y esos jefes, compañeros y subalternos a los que seguro jamás hubiera abandonado en acción de guerra, han invadido y se han apropiado, burlando todo marco legal, sus territorios sagrados y ancestrales como el cerro el “Alguacil o Inarwa”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas cuyos principios fueron acogidos mediante carta enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, comporta elementos de respeto muy explícitos que aterran su abierto desconocimiento por los agentes del estado.

Tal es el caso del artículo 30 que por ejemplo precisa que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”. Consulta que debe cumplirse antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

La Corte constitucional en reiteradas sentencias, a propósito de esta Declaración, ha sostenido que ésta refleja la posición actual de la comunidad internacional sobre la materia por lo que es una pauta de interpretación de los derechos fundamentales que debe ser tenida en cuenta por el juez constitucional. Lo que permite entender el grado de compromiso que adquirió y está obligado nuestro país en el respeto de los derechos territoriales indígenas.

No hay dudas en cuanto a la importancia del accionar de nuestras Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional sin excepción alguna pero no es de recibo que la institucionalidad pierda de vista los mínimos “modales” legales existentes a la hora de necesitar disponer de los más sagrado, cosmogónicamente hablando, de todo indígena: su territorio.

De hecho cuando se presentan este tipo de tensiones, entre los derechos fundamentales de los indígenas y cualquier otro derecho de carácter constitucional ha sido del criterio de la Alta Corporación Constitucional que solo son “admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas, cuando estas (i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas” y agrega que “la evaluación sobre la jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad”.

No en vano la Corte Constitucional ha considerado y reiterado que los derechos fundamentales son los mínimos de convivencia social y que deben estar protegidos de la arbitrariedad de las autoridades

La ocupación de los territorios indígenas por parte de las FFMM en ejercicio de la soberanía nacional demandan de nuestras tropas unos mínimos vitales que salvaguarden y garanticen el respeto a la dignidad humana de nuestras etnias, regularmente sometidas a condiciones de indefensión por los agentes legales e ilegales del conflicto.

Que la guerrilla atropelle, que vulgarmente desplace y atente en contra de nuestras sociedades tribales es un hecho repudiable pero aún igualmente inadmisible es que so pretexto de “defender la democracia maestro” se atente contra la integridad cultural de quienes deben ser sus protegidos.

Mientras a la fecha casi una docenas de indígenas Arhuacos creen en la entrega total en defensa de la patria la patria en la práctica invade y vulnera lo más sagrado de los indígenas. Ojalá el estado políticamente decida buscar la forma para que Indígenas y FFMM no sigan hablando dos diferentes lenguajes.

¿Reforma judicial o complicidad con la parapolítica?

------------------------------------Por Gerardo Delgado Silva

Si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido uno de los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Radbruch la clasifica entre los valores absolutos, como el bien, la verdad y la belleza, y Cicerón expresó de ella, que era “inclinación del alma que da a cada uno lo suyo”. Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Y bien. Nunca la opinión de los Congresistas se han formado realmente un serio propósito, consistente y perdurable en torno a nuestra administración de justicia. Se cree ingenua o malintencionadamente que con afrentar a Magistrados y jueces, como lo hizo el anterior Presidente, o con elaborar estatutos deficientes se soluciona el problema. Lo ocurrido con esta ominosa “reforma”, fue un ostensible repudio a todos los principios que soportan la excelsitud de la justicia, mancillando la propia piel transparente de la patria, pues evidentemente, como sostuvo Platón, la justicia es la razón de ser del Estado, su piedra angular.

Este panorama de destrucción institucional que estamos viviendo como legado del Señor Uribe, no es un designio divino de obligatorio cumplimiento: es la consecuencia de políticas abyectas que hay que remediar. Los Congresistas no son guardianes, como debieran serlo, de la moral pública, tampoco intrépidos defensores de los intereses nacionales en todos los aspectos de la vida republicana.  No entienden cual es su misión y en que consisten sus responsabilidades, ni para que son sus funciones dentro del contexto jurídico de la Carta, con la cual contamos.

Ningún colombiano ignora que el complejo proceso de males se recrudeció, por desgracia, por la poca atención que el anterior Presidente y el Congreso le pusieron a las prácticas vitandas, impulsadas por los parapolíticos y núcleos importantes de ese Gobierno, a despecho de la tradición jurídica y ética universal cambiándola por la sola y siniestra voluntad de unos paramilitares que le impusieron su propia ley al Estado. Ese Gobierno al que nos hemos referido se comprometió en una tarea de apaciguamiento que confundió con la entrega del orden jurídico y moral de la República. Evidentes ataduras con la delincuencia común.

La política torció su rumbo de servicio público, para convertirse en un negocio de trastienda venal que ha acomodado por el atajo de torcidas intenciones, la legislación a los intereses de los delincuentes.  En las horas de tinieblas del Congreso, por ejemplo, se ha conspirado abiertamente contra la institución democrática, al eliminar el régimen de inhabilidades; la detención preventiva establecida por 36 horas, para evitar obstrucción de la justicia; se legisló con estulticia en causa propia blindando a los Congresistas contra los hechos punibles de la parapolítica; aberrantemente se descorrió el velo de la intención proditoria de implantar la abominable impunidad; se suprimió a la Comisión de Investigación de la Corte Suprema, que sobresalientemente ha desempeñado su función, como una autentica cruzada  para ponerle valladar infranqueable a los hampones de la parapolítica; los presos en la hora fatídica saldrían libres, sin que la justicia pudiera abrirse paso en su sagrada misión, sin poder conservarse el orden jurídico. Es el olvido de los reales destinos de la dignidad y eficacia de la justicia.  Sencillamente porque el delito con la actitud permisiva del Congreso fue elevado oficialmente como fuente del derecho. Y, al propio tiempo se bendice con la aquiescencia oficial un pasado atroz manchado por los más horrendos crímenes de los paramilitares.  Todo esto vergonzosamente nos indica que el orden político, se convirtió en agencia del poder individual. Tiendas de campañas electorales, y no más.

No se puede montar un escándalo de las proporciones del que fuera montado, con pruebas concretas de desafecto a la Ley y a la Moral. Es un desprecio por el País que pueda exhibir cuerpo alguno deliberante.  En esta comedia de equivocaciones constitucionales y morales, intervino el Gobierno Nacional, consagrando la reforma con aguas bautismales. Y causa horror que las Cortes, dedicadas a hacer la luz en el desorden que nos rodea, a la labor de sanidad espiritual, hubiesen transigido con el engendro de reforma, desluciendo la toga, hecho que les está vedado.

En medio de la tempestad, en un acto plausible afortunadamente,  asumió el Presidente una posición de arrepentimiento, de enmienda y sobrepuso - en forma no ortodoxa - el interés Nacional a los acontecimientos adversos que socavarían para siempre la justicia y el Estado de Derecho, deteniendo los intereses de los depredadores legales.

La historia ha demostrado que la peor desgracia que puede acontecerle a un pueblo, es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia.

Es el “Suplicio de Tántalo”, por ignorar el don de la justicia que lleva a los hombres a ignorar los límites de la ética. Por allá en la época de los romanos se sentenció: “Corruptio Óptima, Pésima”, la corrupción es lo mejor de lo peor. Sentencia que subsume el aberrante conciliábulo de la comisión de conciliación prevaricadora.

Estamos en el instante preciso de que la inteligencia colombiana asuma la personería del destino histórico de Colombia. Han hecho los Congresistas, la mala historia, que deja sin piso la razón de ser del organismo. Porque la buena se hace con visión y grandeza.

'Auspicio del crecimiento de la extrema derecha'

HAY QUE APOYAR AL PRESIDENTE SANTOS

-------------------------------------Horacio Serpa

Las cosas ocurren a velocidad de vértigo. Después del terremoto legislativo surgió un nuevo Partido político con el objeto de hacerle oposición al gobierno nacional, desprestigiar al Presidente Santos, auspiciar el crecimiento de la extrema derecha, soliviantar a la Fuerza Pública contra la autoridad legítima del Estado, buscar el poder gubernamental en el año 2014, establecer odiosas formas de discriminación  y de nuevo crear ese clima de tensiones y enfrentamientos del que se ha podido descansar en los dos últimos años. El lunes se lanzó el primer candidato, pero todos sabemos que van es por un nuevo articulito.

Muchos creemos que no es lo que necesitamos. Ya lo tuvimos,  por partida doble. Nadie pretende desconocer nada de lo bueno, pero tampoco conviene seguir tapando lo inconveniente. Ni de fundas más de lo mismo. Ni con los mismos. Menos ahora, cuando se están portando tan mal con el Mandatario que ayudaron a elegir.

Se duelen porque el Presidente no funge de platillero sino que ejerce como tambor mayor. Ese es su deber. Y lo ha venido cumpliendo apropiadamente, así haya tenido que desmontar, con estilo propio como corresponde a un Jefe de Estado, algunos de los tinglados que se montaron la víspera de su posesión con la idea de que fueran utilizados ciegamente, atendiendo órdenes, sin derecho a reflexionar.

Alguien podría decir que el pupilo les resultó respondón. No es así. Fue que se equivocaron al pensar que el doctor Santos sería un correveidile de su antecesor. No lo conocían bien. El actual Presidente es hombre de carácter, de personalidad propia, con ideas políticas,  experimentado en lo público y en lo privado, enterado de sus responsabilidades, ducho en tareas de gobierno. Lamentable que lo hayan confundido con un pelele. Según tuvieron la osadía de decirlo algunos de los que se desempeñan más cerca del trono, sería lo ideal si no cuaja la estrategia de la relección indefinida. ¡Que tal!

Frente a tamaña intentona, hay que estar con el País, al lado de sus Instituciones, con la democracia. Todo ello es lo que representa el Presidente de la República, quien además hace esfuerzos por prodigarle bienestar a sus gobernados, seguridad y un buen vivir. No es fácil. Muchas fuerzas oscuras, gente violenta, sectores  corruptos, se oponen a su labor y a la de su gobierno. Por eso sería insensato pasar de agache y no asumir responsabilidades frente al insólito reto de los resentidos con el Presidente.

Como ciudadano brindo solidaridad y apoyo al Presidente Santos, para que siga gobernando en favor de todos los colombianos. También lo hago como militante del Partido Liberal, pidiéndole a todas las voluntades rojas del País que no dejemos solo al Mandatario. En momentos de extrema gravedad el gran jefe Benjamín Herrera escribió con tinta indeleble, “la Patria por encima de los Partidos”.

La Patria, expresión de la que se abusa sin tasa ni medida, está representada por el Presidente Santos. A su lado, sin condiciones, debemos jurar bandera. 

¡RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL¡

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR 

En la agenda mundial temas como cambio climático, activos ambientales, servidumbres ecológicas, daños ambientales y su responsabilidad; economía, costos y régimen tributario ambiental; medio ambiente urbano y ordenamiento jurídico medio ambiental, y seguridad y soberanía agroalimentarias y cadenas productivas, entre otros, son de tratamiento urgente, donde se busca un doliente, sea sociedad, industria ó instituciones.

En Colombia, pese a los esfuerzos políticos y jurídicos, las decisiones del usufructo de los recursos naturales han estado sujetas a los intereses particulares de los gobiernos y funcionarios de turno, donde las licencias ambientales a multinacionales explotadoras de minería se entregan a mansalva, y las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al hacerse sin ningún control, están ocasionando daños irreparables a ecosistemas protegidos.

Esta grave dispersión de gestión administrativa por parte de la autoridad ambiental e institucional del orden nacional, regional y local, ha generado una gran cantidad de conflictos y distanciamientos entre los usuarios de los recursos naturales y los responsables de aplicar la compleja y contradictoria normatividad ambiental en todo el territorio nacional.

“Una discrecionalidad en la interpretación y aplicación normativa que sumado a la autonomía de las corporaciones e instituciones ambientales del Estado, generan inseguridad jurídica en la aplicabilidad de las normas ambientales, cada institución para el mismo caso produce un acto administrativo diferente en su trámite, procedimiento y parte resolutoria. Este conflicto estructural y organizativo en el Sistema Nacional Ambiental SINA, lleva a una dualidad de funciones entre los entes administrativos y los funcionarios públicos que lo conforman, presentándose una sistematicidad y una discrecionalidad ineficiente e incapaz en la aplicación de la normatividad ambiental; así el derecho ambiental con su pretensión de ser general, único, coherente y sistémico, pierde espacios y se torna complejo en sus propias especificidades técnicas, jurídicas y administrativas; llegando en muchos casos a la arbitrariedad, desigualdad, ineficiencia e inseguridad jurídico administrativa del sistema ambiental y de sus normas”1

Por esta carencia de normas ambientales unificadas, coordinadas y eficaces, vivenciamos la destrucción del patrimonio cultural y paisajístico donde la violencia contra la naturaleza y el paisaje, (conducta antrópica), se expresa en el mercado irregular del suelo, la flora, el agua y la fauna que se exponen y venden al mejor postor. La destrucción de comunidades humanas y poblaciones conformadas por elementos naturales (ecosistemas)- etnias en la Sierra Nevada de Santa Martha, grupos poblacionales en Zona Andina, Choco y Amazonas. Un ejemplo especifico, El paramo de San Turban en Santander, donde se ha priorizado la generación de empleo con la explotación minera; y la comunidad para hacer valer el interés general sobre el particular, ha tenido que hacer múltiples marchas de concientización y sensibilización rural y urbana, logrando detener por lo menos temporalmente la licencia y explotación a cielo abierto, sobre este magno y macro ecosistema.

El 30 agosto de 2011, posterior a un debate de Control Político Sobre Minería y Medio Ambiente que realice en plenaria de Cámara sobre denuncia del usufructo irregular de la minería en Colombia, presente el macroproyecto de Articulación al SINA y posteriormente como resultado, se creó la Comisión Accidental de Seguimiento al tema de Minería, Concesiones Mineras, Hidrocarburos, Arrecifes Coralinos y Páramos y la Política Minera, con mi participación, además de los representantes Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Cesar Augusto Franco Arbeláez,  Didier Alberto Tavera Amado, Jack Housni Jaller, Augusto Posada, Juan Diego Gómez Jiménez, Juan Manuel Valdés, Ivan Dario Agudelo Zapata y Wilson Arias Castillo.

Además con la oportuna y acérrima contribución en investigación y propuesta de la Universidad libre-Seccional del Socorro, bajo el liderazgo de la Dra Amanda Parra Cardenas, y su equipo co-investigador, vamos hacer la presentación del proyecto de Articulación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el cual busca crear una la jurisdicción ambiental-agraria y minera en Colombia Sistematizada, articulada, integrada y transversal; el próximo 20 de julio radicaremos del macroproyecto lo que compete a la creación del nuevo Código Sustancial y Procedimental Ambiental; el cual desde el año 1974 no se actualiza.

“Resulta bastante ambiciosa la idea de unificar la legislación ambiental, de ahí que se considera este como el momento histórico para Colombia de establecer un instrumento jurídico, codificado recogiendo temas existentes ya reglamentados, o nuevos que en últimas solo buscan preservar el medio ambiente, como un bien público, responsabilidad de las Instituciones Estatales y sociedad en su conjunto, expresó su autora, Dra Amanda Parra Cardenas.”.

1 pag. 3 Documento Ejecutivo, Universidad Libre de Colombia – Seccional Socorro, Facultadad de De Derecho y Ciencia Políticas ,Dra Amanda Parra Cardenas y su equipo Coinvestigador.

De contratos… y razones

Magdalena: Bonnet se despachó y duele haberlo advertido

----------------------------------Por: Alejandro Arias

El 28 de abril de 2011 advertí que la suerte, de cara a la ola invernal de la época, de los municipios de Guamal, El Banco, Plato, El Piñón y Remolino estaba echada y al final se terminaron inundando porque el río, con su creciente, no encontró una sola obra que lo detuviera. No obstante que tales obras habían sido contratadas por Cormagdalena con el Consorcio Colombia Humanitaria conformada por las sociedades bumanguesas Constructora V. C. Ltda. y Valco Constructores Ltda, mediante el contrato suscrito el 15 de diciembre de 2010 bajo el N.° 0-0061-2011. (http://sdrv.ms/PyuHtB)

Y dijimos que sobre este contrato el Diputado Eparquio Karey, en el debate celebrado el pasado 21 de marzo de 2011, expresó su preocupación respecto a las obras porque de su desarrollo se concluía que las cosas olían mal. De ello, en dicho debate, se dejó constancia que la administración departamental había sido informada.

Informé además que con apoyo en el Decreto 694 del 10 de Septiembre de 2010, por medio del cual el Departamento del Magdalena declaró la urgencia manifiesta con ocasión de la Emergencia Invernal registrada en el año 2010 y que trajo consigo inundaciones ocurridas a lo largo de las poblaciones ubicada en el margen derecho del Río Magdalena, la Gobernación de Omar Díazgranados contrató el cierre de las dos aberturas  que se presentaron en la vía que de El Piñón conduce a Cerro de San Antonio. Así como la habilitación del puente averiado en la vía que de El Piñón conduce al corregimiento de Cantagallar. La reconstrucción del predique afectado. El arreglo y realce de las estructuras para el control de inundaciones en el casco urbano de Salamina, la rehabilitación de los prediques afectados en el tramo desde Salamina hasta el corregimiento de Guaimaro.

De igual forma se contrataron la construcción de los tramos de diques requeridos para el control de inundaciones y protección de la vía existente entre Salamina y Guaimaro y la Construcción de diques para el control de inundaciones, protección y rehabilitación de la vía existente entre el corregimiento de Guaimaro y Remolino, entre otros. Pero no fue posible que se cumpliera con el propósito de amparar a estos pobladores, sus patrimonios y la riqueza productiva de esa región.

Y no se cumplió, porque así quedó consignado en el informe del interventor Jorge Gómez Castro quien hizo constar que el contratista estuvo, durante lo corrido del año del 2011 “a la espera de la autorización por parte del Señor Gobernador, General (R) Manuel José Bonnet Locarno para darle inicio a las obras consignadas en los numerales 1, 2 y 3 de susodicha carta de autorización”. No sobra puntualizar que estas obras y la interventoria fueron contratadas el 30 de noviembre de 2010. (Ver adjunto INFORME INTERVENTOR: http://sdrv.ms/M6clbY)

Ese 28 de abril además revelé otros documentos con los que demostraban que fueron oportunamente contratadas las obras para el “diseño y construcción de obras de control de inundaciones y proyección de orilla para la emergencia en el sector de Santa Ana hacia Santa Bárbara de Pinto en el Departamento del Magdalena” ordenada para su realización el 23 de noviembre de 2010 a la empresa Valco Constructores y Consultores Limitada. (Ver adjunto CANTIDADES DE OBRA: http://sdrv.ms/OkiouM)

Sobre dicha contratación, mediante comunicación fechada 29 de diciembre de 2010 y entregada en la Gobernación el día 3 de enero de 2011, el contratista puso en antecedente a Bonnet Locarno que “a partir de la orden de inicio y a pesar de los problemas ya sabidos para la movilización de la maquinaria pesada debido al fuerte invierno, los equipos ya se encuentran ubicados en el municipio del Magangué-Departamento de Bolívar con disponibilidad inmediata y en espera de que los niveles del río Magdalena permitan iniciar la reconstrucción de los diques. De igual manera ya se encuentran localizados y apartados con pago anticipado el material seleccionado para la construcción de los diques y material pétreo para la fabricación del concreto para los muros de protección” (Ver COMUNICACIÓN VALCO: http://sdrv.ms/Pt4YSb)

No obstante la respuesta de la administración departamental fue un silencio perenne y las obras no se realizaron. Claro los niveles del río aumentaron y la tragedia se dio.

Bonnet entonces repartió mercados y colchones porque en vez de dejar a nuestra gente en la cuasi mendicidad y a su suerte se pudo hacer mucho para mitigar aquella desgracia. Hoy, un año después, la Contraloría General de la República se percató de esta realidad y de la lógica pérdida de más de $ 110 mil millones.

Muchas familias del Magdalena hoy más empobrecidas que nunca rumian su tragedia mientras Bonnet Locarno se despachó con la suerte de ellas, por eso duele haberlo advertido y más aún que el tiempo lamentablemente una vez más me ha dado la razón.

Momento de gloria y de esperanzas

¿NUEVA CONSTITUCION CON REELECCION INDEFINIDA?

Horacio Serpa (Columna semanal NuevoSiglo)

Hoy hace 21 años promulgamos una nueva Constitución Política, al término de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un momento de gloria y de muchas esperanzas para el País. Nunca antes funcionó una Corporación de esa naturaleza elegida popularmente, ni nunca fue posible consolidar un constitucionalismo tan democrático, tan de la gente, apoyado en la soberanía popular y sentidamente comprometido con la noción de Estado Social de Derecho.

Más de cuatro lustros no han alcanzado para poner en vigencia todas sus cláusulas. Al contrario. En el Congreso de la República, muchas veces bajo la inspiración de los gobiernos de turno, se la ha reformado sin necesidad y sin misericordia. No obstante, se mantiene su filosofía, gracias a la cual el País ha podido soportar estos 21 años de sobresaltos. Muchos critican a la Constitución de 1991; pocos se han puesto a pensar lo que hubiera sido de la democracia y de la vida y suerte de muchos, si se hubiera seguido gobernando al son de las normas contenidas en la Constitución de 1886.

Imagínense: Estado de Sitio permanente; Consejos Verbales de Guerra para los civiles; detenciones administrativas; Gobernadores y Alcaldes nombrados por el gobierno nacional; Cooptación en Corte y Consejo de Estado; Inmunidad Parlamentaria; Banco de la República dependiente de la Presidencia; sin Planeación; sin Tutela; sin Justicia independiente; sin Acciones Populares; sin Corte Constitucional; sin Fiscalía; sin Defensor del Pueblo; sin regulaciones para los servicios públicos; con una Procuraduría subalterna del gobierno; sin libertad religiosa; sin definiciones sobre igualdad étnica y de género; con censura de prensa; con solo dos Partidos políticos, en fin, algo realmente distinto a lo de ahora.

Pues esta democracia, los derechos ciudadanos, la justicia independiente, no les gustan a algunos que han comenzado a promover otra Constituyente para que expida una nueva Constitución. Añoran el conservadurismo de Caro y la volteada de Nuñez. Quieren un régimen autoritario con facultades extraordinarias al Ejecutivo para poder mandar sin talanqueras, instituir un sistema rígidamente policivo, tal vez instaurar la pena de muerte, controlar las noticias, declarar la guerra a los vecinos que no comulguen con sus ideas; privilegiar una sola opción partidista y colocar a los Jueces a sus omnipotentes órdenes. Ah…., también instituir la reelección presidencial indefinida.

Este clamor coincide con la creación de una organización contra el terrorismo, como si en el País no hubiere autoridad y fuera cierto que se le ha dado vía libre a la delincuencia en sus distintas modalidades. ¿Acabar el terrorismo con terrorismo? Esta y la anterior son acciones de alto contenido político partidista, con dimensión electoral, absolutamente sincronizadas.

Lo que debemos hacer los colombianos es apoyar la Constitución y conformar un gran Frente de Defensa de la Democracia, para que se respete la vida, se reconozcan los derechos ciudadanos, no vuelvan ni las chuzadas ni los falsos positivos, funcione la libertad de prensa y seamos respetados a nivel internacional. Como están las cosas, no es mucho pedir.

Bogotà D.C., 3 de Julio del 2012

El nuevo código contencioso administrativo

--------------------------------Por: Pedro Gerardo Tabares C

Este 2 de Julo entró en vigencia el nuevo código que rige las relaciones de los administrados y el Estado, que contiene además las exigencias a los servidores públicos. Tal vez en muchos años no se había concebido un código que observara la técnica jurídica propia de su elaboración. Por ello  no se puede decir que su estudio hubiese sido descuidado, como las normas que inquietan a gobernantes y conjuntamente a quienes representan la división tripartita de la democracia. Se elaboró con referencia a la tradición doctrinaria y jurisprudencial que en el tiempo se ha desarrollado con esmerado cuidado, porque tratándose de la solución de los conflictos entre los administrados y la ciudadanía, reivindicó a esta y el estado tiene precisiones que procuran  evitar que la posición dominante   que tienen los funcionarios, no trascienda en perjuicios irremediables y a su vez se prevenga cualquier conducta contraria a los principios que se enuncian y definen.

 Una orientación especial se hace con la elaboración y definición de principios importantísimos en su definición, que tendrán que observar quienes representan al Estado, desarrollando eficientemente los parámetros constitucionales y si se quiere, con orientaciones didácticas.

El derecho de petición encuentra la plenitud en el articulado y con las especificaciones a la autoridad administrativa para que observe el derecho a fin de precaver responsabilidades que finalmente devienen en las que tiene que afrontar cada persona.

Un extenso articulado va desarrollando la temática que permitiría  elaborar un tratado con cada capítulo   y   la regulación más importante que se enfoca al procedimiento oral. Esta modalidad ya está dando beneficios en las pocas actuaciones de los Juzgados laborales que la desarrollan. Como tratamiento digno de resaltar aparece la orientación que se da a la jurisprudencia para que no sea desestimada y tenga el fin que la constitución política orienta en la aplicación con fundamento en la jerarquía de la norma de tal manera que se se respeten las interpretaciones conforme a los estudios que permiten solucionar casos semejantes con la aplicación del derecho y se acabe lo que ocurre como una costumbre, que cada juez singular o plural se apartaba de la jurisprudencia del superior y del concepto del honorable Consejo de Estado, con inusitada extrañeza. No dudamos que habrá dificultades en la interpretación que la puesta en marcha del nuevo código se prestará para situaciones que devienen con la vigencia de una normatividad, pero también permitirá que con un nuevo código la justicia de lo contencioso administrativo siga dependiendo del derecho frente a las falencias de la administración para cumplir la orientación de la honorable corte constitucional en una forma global